El fracaso de los proyectos de Pujol

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La década de 1850 es testigo de los intentos de implementar una serie de proyectos tendientes a reformar la estructura institucional y de poder provincial, de la resistencia de diversos actores sociales asentados en distintos puntos del espacio provincial frente a estos intentos y, consecuentemente, del fracaso de aquéllos.

Ni Pujol, ni su sucesor, José María Rolón, pudieron contrarrestar el poder de los Jefes Departamentales ni modificar sustancialmente el sistema municipal.

La capacidad de decisión que dichos Jefes conservaron en sus localidades y en la Legislatura tuvo -en este caso- un rol decisivo. Los proyectos de reforma fueron rechazados o aprobados sólo parcialmente lo que muestra, en gran medida, lo asentado que ya estaba por entonces el poder autónomo de las estructuras departamentales.

Es así que las iniciativas de Pujol tendientes a transformar la organización municipal merecen, en este contexto, una descripción breve. En primer término, procuró el Gobierno suprimir la Comandancia General de Campaña. En Mayo de 1853 decretó su eliminación. Esta medida se dirigía particularmente contra el poder que el general Nicanor Cáceres, que ocupaba ese cargo, ejercía en las regiones del sur de la provincia.

Los poderes del Comandante General de Campaña chocaban a menudo con los del Poder Ejecutivo en cuestiones administrativas y le daban además la capacidad de disponer, en caso de emergencia, de los fondos de las Receptorías de campaña. Cáceres se resistió, apoyado por otros dirigentes departamentales.

Aunque luego se llegó a un acuerdo, el caudillo de Curuzú Cuatiá desafió permanentemente -durante la década del cincuenta- al liderazgo gubernamental ejercido desde la ciudad capital, debilitando y desestabilizando a la autoridad provincial.

Con respecto a la organización departamental, Pujol concibió la creación de una nueva figura administrativa, la del “Teniente de Gobernador”. Se trataría de un funcionario con poder efectivo -asentado en la Ciudad de Goya, situada al sur de la provincia, sobre el Paraná- lo que permitiría así controlar a los Comandantes departamentales de toda aquella región.

Esto exigía, además, elevar la categoría de la Ciudad de Goya, de Villa a Ciudad. En Febrero de 1856 elevó un proyecto de Ley de Municipalidades al Congreso Provincial en la que les concedía facultades amplias en lo que se vinculaba con la seguridad, la higiene, la educación, las obras públicas y la Administración de Justicia en primera instancia. Un mes más tarde, a través de un decreto, derogó las facultades militares de éstas.

En 1858, un nuevo proyecto de ley subordinaba los Departamentos a la ciudad capital de la provincia, además de limitar sus facultades judiciales. Como ya señalamos, todos estos proyectos fracasaron. Su fracaso, como se ha subrayado, debe leerse en el contexto de la permanente tensión entre el poder político local y los nuevos actores sociales fortalecidos, sobre todo en las áreas de frontera, a lo largo de las décadas de 1830 y 1840.

Una vez más debemos señalar que los aspectos derivados de la configuración geográfica de la provincia y el propio proceso de crecimiento económico y militarización de su región sur, tuvo aquí un papel decisivo. La tensión entre los funcionarios del Estado y las élites departamentales recorre toda la década de 1850, resolviéndose finalmente a favor de estas últimas.

Los últimos años del Gobierno de Pujol y luego los de su sucesor Rolón, se caracterizaron por el enfrentamiento permanente entre el Gobierno -centrado en la ciudad- y diferentes sectores de la élite local, particularmente los de aquélla cuyos intereses radicaban en los Departamentos de más reciente colonización.

De alguna manera, los proyectos de Pujol apuntaban a morigerar o controlar los efectos de ese proceso por el cual se habían concentrado en distintas regiones de la provincia el poder militar efectivo, la representación de la autoridad pública y la posesión de la tierra.

Pero, nuevamente -en este sentido- es preciso señalar que, a pesar de su limitada capacidad de acción, los funcionarios que representaban al Estado local seguían siendo actores con una fuerte presencia en todo el ámbito provincial. Los agentes del Estado procuraban intervenir controlando la moral pública, fundando escuelas, ordenando el Gobierno municipal.

Por supuesto también trataban de hacerlo regulando el acceso a la tierra. En este contexto se sitúa la organización y puesta en marcha del Departamento Topográfico ya mencionado, creado durante los últimos años del Gobierno de Pujol y organizado bajo el de su sucesor.

La tensión permanente entre el Estado y los grupos departamentales puede ser ilustrada aquí en relación a varios episodios puntuales acaecidos en la década de 1850 y principios de la de 1860: uno de ellos involucró a Víctor Silvero, un notable local al que ya hemos mencionado y que tuvo un destacado protagonismo en la vida pública de la provincia durante las décadas del cincuenta y sesenta.

Silvero provenía de una activa familia de comerciantes de la zona de Restauración. Se trataba de un personaje muy cercano al círculo gobernante, que se había desempeñado como encargado de la Oficina de Rentas Provincial entre 1852 y 1854. En Abril de 1861 elevó un airado reclamo al Gobierno de la provincia del que había sido -como señalamos- estrecho colaborador₍₁₎.

(1) “Víctor Silvero al Excmo Señor Gobernador Constitucional de la Provincia”, en el Archivo General de la Provincia de Corrientes, Expedientes Administrativos, Legajo Nro. 137, s/f. // Citado por Pablo Buchbinder. “Caudillos de Pluma y Hombres de Acción (Estado y Política en Corrientes en Tiempos de la Organización Nacional)” (2004), Ed. Prometeo Libros, Buenos Aires.

En su presentación, Silvero llevaba a cabo una breve recapitulación de su trayectoria, destacando que había consagrado su vida a la actividad mercantil. Recordaba así su desempeño al frente de la Colecturía General de la Provincia y señalaba que, a partir de 1854, advirtiendo la incompatibilidad entre el negocio mercantil y la función pública en la misma actividad, había resuelto establecer una pequeña hacienda de pastoreo.

Había optado entonces por comprar la acción enfitéutica de un campo en una zona de reciente población, como era el Departamento de La Cruz. En 1856 había poblado el campo edificando casas, corrales y comprando hacienda vacuna y yeguariza.

Una vez organizado el establecimiento, había advertido la existencia en el lugar de un numeroso vecindario. Con éste mantenía Silvero una permanente disputa por la hacienda y los frutos del campo. Tanto él como los vecinos habían recurrido al Juez de Paz que había fallado a favor de estos últimos.

Silvero reclamaba entonces ante el Gobierno Provincial frente a lo que entendía como un despojo y una violación de la ley de enfiteusis de Julio de 1830, entonces vigente. En función de estas circunstancias, exigía una indemnización de la autoridad pública.

El episodio mostraba entonces cómo en las regiones de frontera -como la de La Cruz- se consolidaba una sociedad con un grado de autonomía relevante con respecto a los grupos de la élite asentada en la capital. Surgía con claridad cómo los funcionarios departamentales, en este caso los Jueces de Paz, se manejaban en forma independiente, interviniendo activamente en la regulación de los vínculos entre los pobladores y los miembros de la élite.

Como lo han evidenciado diversos trabajos centrados en Buenos Aires, también en Corrientes los pobladores rurales defendían su acceso a distintos bienes apelando a antiguos derechos y condicionando, con el apoyo de las autoridades del Departamento, la influencia de los hombres de la élite urbana y la posibilidad de estos de acceder al control de la tierra en esas mismas regiones₍₂₎.

(2) Jorge Gelman. “Un Gigante con Pies de Barro. Rosas y los Pobladores de la Campaña”, en Noemí Goldman; y Ricardo Salvatore. “Caudillismos Rioplatenses (Nuevas Miradas a un Viejo Problema)” (1998), pp. 223-240. Ed. Eudeba, Buenos Aires. // Citado por Pablo Buchbinder. “Caudillos de Pluma y Hombres de Acción (Estado y Política en Corrientes en Tiempos de la Organización Nacional)” (2004), Ed. Prometeo Libros, Buenos Aires.

Era evidente -además- cómo, ante la inexistencia de registros o catastros de esas mismas zonas de frontera que permitiesen determinar con claridad los derechos sobre la tierra, el poder de los Jueces de Paz que decidían en este tipo de casos, se revelaba fundamental.

Otros episodios muestran aún con mayor claridad el nivel notable de independencia adquirida por los actores locales asentados en los Departamentos.

Las dificultades de los funcionarios de la élite gobernante de la década de 1850 eran particularmente graves allí donde debían enfrentarse con grupos propietarios al mando de fuertes contingentes armados. En un capítulo anterior hicimos alusión al surgimiento de focos de poder autónomos en los Departamentos de Curuzú Cuatiá y Mercedes. El Poder provincial fue desde aquí cuestionado y jaqueado en diversas oportunidades durante el mismo Gobierno de Pujol.

Como hemos señalado, dicho foco rebelde estaba liderado por el general Nicanor Cáceres, una figura estrechamente vinculada a Justo José de Urquiza. Cáceres organizó varias insurrecciones contra el Gobierno local y operó como la principal autoridad en la zona.

Dejó de constituir una amenaza real para aquél recién en 1855. Pero este hecho no se debió a la capacidad del mismo Estado local para someterlo, sino a la intermediación del propio Urquiza, entonces también presidente de la Nación.

Que las autoridades del Estado local de la década de 1850 no contaban con capacidad efectiva para controlar los movimientos de Cáceres, como los de otros líderes locales, da testimonio el Informe que un oficial dependiente de la Administración provincial envió al gobernador. Fue durante una de las tantas oportunidades en que el caudillo se encontraba en prisión como castigo por haber organizado una revuelta contra el Gobierno local.

La carta ilustra -por un lado- sobre los mecanismos que regían la militarización en la zona. Por otro, muestra la independencia que había adquirido el líder de Curuzú Cuatiá, la forma ostensible en que se burlaba de la autoridad provincial y la impotencia de esta última para controlar sus movimientos. Cáceres se encontraba entonces prisionero en Goya -relataba este oficial apellidado García- sin cumplir con las disposiciones de seguridad que le habían sido impuestas.

Debía estar encarcelado e incomunicado. Sin embargo se le permitía “que entrase en el calabozo a dormir con él una mujer muy conocida por su conducta”. Cáceres recibía permanentemente la visita de mujeres que le brindaban serenatas “y en cada conclusión él decía -el general- que les suplicaba que no alzacen tanto la voz porque él estaba incomunicado y que no quería que nadie supiese y se reían todas a carcajadas”.

Además de no hacerse efectiva la incomunicación, el oficial contaba al gobernador que Cáceres había hecho traer una tropa de ganado de su estancia con la que había sobornado a los oficiales obligados a custodiarlo.

El representante del Gobierno acusaba al Jefe Político de Goya de permitir esta situación, burlando así la confianza que en él había depositado el gobernador. García terminaba por convencerse de la complicidad de las tropas supuestamente leales al Gobierno y acantonadas en la ciudad a la hora de visitar el Cuartel donde residían éstas. No había podido encontrar allí a la gran mayoría de los oficiales que, o estaban con licencia o se habían ido a cenar.

Tampoco por razones similares había logrado que se cumpliese con éxito la orden de pasar lista a la tropa. Azorado, relataba al gobernador que el capitán le había respondido “que no podía hacerlo porque había muchos licenciados que no recordaban quiénes eran”.

Al no encontrar fuerzas leales al Gobierno, la ciudad estaba a merced de las tropas afectas a Cáceres. Alarmado, describía entonces el grado de desorganización de estas milicias y el saqueo sistemático que hacían de las casas y los bienes de los pobladores₍₃₎.

(3) Comunicación de Juan García al Excmo. Sr. Gobernador Dn. Juan Pujol, Goya, Octubre 31 de 1854. Señalaba en relación a la prisión de Cáceres: “En el mismo momento que llegué -que serían como las doce de la noche- ya me convencí que las disposiciones de V. E. son infringidas y burladas completamente...”. Agregaba posteriormente: “También estoy informado que hizo traer Cáceres una tropa de ganado, la vendió y el dinero lo invirtió en hacer dádivas a la tropa y a algunos oficiales, sobornándolos, de este modo a su favor, diciéndoles que les tenía lástima porque veía las necesidades que estaban sufriendo...”. Finalmente destacaba cómo “en el Cuartel General suceden robos escandalosos diariamente que hasta las armas se llevan; en el pueblo, noche por noche, se escalan casas, no dejan lecheras, terneros ni gallinas en las casas”, en el Archivo General de la Provincia de Corrientes, Correspondencia Oficial, tomo 146, fojas 85-88. // Citado por Pablo Buchbinder. “Caudillos de Pluma y Hombres de Acción (Estado y Política en Corrientes en Tiempos de la Organización Nacional)” (2004), Ed. Prometeo Libros, Buenos Aires.

El Informe de García mostraba además las dificultades en muchas regiones de la provincia -durante la década mencionada- para organizar fuerzas leales al Gobierno en condiciones de hacer efectiva su autoridad. Era extremadamente complicado obtener tanto los alimentos como los hombres necesarios para mantener a las fuerzas milicianas.

A menudo, cuando se trataba de agentes del Gobierno asentados en la ciudad capital de la provincia, las dificultades eran aún mayores. En 1854, uno de los jefes de las milicias dependientes del Gobierno Provincial testimoniaba la resistencia de los “vecinos” del Departamento de Restauración a entregar las reses para alimentar a las tropas del Estado. Señalaba así que “no había vecino que pudiera auxiliarnos con la carne”.

Uno de los “hacendados” de la zona se había negado ante el pedido de un oficial “diciendo que él había comprado las haciendas que posee a patacones y que siendo para mi particular había de enviarme de buena gana, más si es para el Estado, él no tiene animales para auxiliarnos”₍₄₎.

(4) De Eusebio Payba al Excmo. Señor Gobernador Juan Pujol, La Cruz, Octubre 6 de 1854, en el Archivo General de la Provincia de Corrientes, Correspondencia Oficial, tomo 146, foja 21. // Citado por Pablo Buchbinder. “Caudillos de Pluma y Hombres de Acción (Estado y Política en Corrientes en Tiempos de la Organización Nacional)” (2004), Ed. Prometeo Libros, Buenos Aires.

El oficial representante del Gobierno escribía entonces con resignación ante el gobernador que los vecinos apoyaban sus argumentos en la Constitución y, preocupado, se preguntaba cómo iba a ser posible sostener una fuerza militar si aquéllos “por opinión” no querían “servir a la patria”.

Los testimonios de García, Silvero y Payba, como otros señalados anteriormente, muestran de todas formas una voluntad permanente de los sectores ligados al Gobierno local, centrado en la ciudad capital, por extender y afirmar el dominio del Estado en todo el territorio provincial.

Dicha intervención contemplaba diversos planos que afectaban las costumbres, los hábitos, las relaciones de clientela política y militar, los vínculos laborales de los miembros de esta sociedad entre sí y, por supuesto el acceso a la tierra, convertido en un elemento cada vez más significativo en la medida en que se extendía el predominio de la actividad ganadera.

Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en otros Estados provinciales rioplatenses, la experiencia correntina mostraba con crudeza el carácter infructuoso de estos esfuerzos.