Pronunciamiento de Simón Luengo

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Las victorias de San Ignacio y del Pozo de Vargas restablecieron la autoridad nacional, pero sin afianzar del todo la tranquilidad pública. Las montoneras subsistieron por largo tiempo en algunas provincias, obligando a mantener sobre las armas, milicias considerables y a retener en el país parte del contingente venido del Paraguay.

Sin embargo, el espíritu del presidente estaba en la guerra y no en la rebelión, tan seguro se sentía en cuanto al aniquilamiento de ésta. Apenas disipados los principales temores, Mitre resolvió volver al Paraguay, a pesar de la oposición del sustituto.

Este envió entonces su dimisión al Congreso y reprodujo en ella los conceptos que confidencialmente ya había expresado: el presidente no debe abandonar su puesto; la historia de todos los pueblos enseña que el alejamiento del Jefe del Estado produce deplorables consecuencias; los Gobiernos interinos, provisorios o delegados no son más que una rémora para el adelanto y los progresos de la sociedad que dirigen₍₁₎.

(1) Paz. Nota al Congreso, en: “Senado”, sesión de Junio 27 de 1867. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo VII: “La rebelión de Cuyo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El 27 de Junio de 1867 el Congreso, reunido en asamblea, rechazó la renuncia y, a partir del 22 de Julio del mismo año, el Ejecutivo volvió a quedar a cargo del vicepresidente, decidido esta vez a ejercerlo sin limitaciones, lo cual acentuó el distanciamiento ya insinuado entre él y Mitre.

El 6 de Septiembre, Paz reorganizaba el Gabinete, del cual salieron los doctores Rufino de Elizalde y Eduardo Costa, a quienes reemplazó con los doctores Marcelino Ugarte y José Evaristo Uriburu.

Al mes de haberse ausentado Mitre, la rebelión dio en Córdoba el último zarpazo, torpe y débil en esta oportunidad. Vanamente intentaría reeditar la lucha una provincia que permaneció quieta en los momentos críticos de la misma.

Hallábase accidentalmente en Córdoba, en Agosto de 1867, el ministro interino de Guerra y Marina, coronel Martínez, quien prestó apoyo al juez federal Laspiur, a efectos de que fuesen cumplidas algunas sentencias relacionadas con la reciente rebelión de Cuyo.

Se entendía que el gobernador negaba la colaboración necesaria y, por ello, el ministro de Guerra impartió la orden de que algunas fuerzas del Ejército entraran en Córdoba con el objeto de que ejecutasen directamente las decisiones judiciales.

Sin embargo, los deseos del gobernador no eran plantear un conflicto: alimentaba, según se dijo, el propósito de cambiar el rumbo de su política, marchando en adelante de acuerdo con el Ejecutivo.

En la noche del 15 de Agosto partió Luque de Córdoba, en viaje a Buenos Aires, a efectos de comunicar sus ideas al vicepresidente. Al día siguiente se pronunció la rebelión, encabezada -como en 1863- por el famoso Simón Luengo, a la sazón Inspector de Armas de la provincia.

Luengo sublevó los gendarmes de la policía, atacó el piquete del Ejército que había llevado el ministro y redujo a prisión a éste y al Juez Federal. Entendía sostener así la autonomía de la provincia. Acto continuo asumió de hecho las funciones de gobernador, prescindiendo del delegado que dejó Luque.

Llegada la noticia a Buenos Aires, el vicepresidente dictó las medidas del caso por medio del Departamento de Guerra y Marina. Declaró rebeldes a los autores del atentado y estableció el perfecto derecho del Gobierno Federal para perseguirlos directamente, ya en Córdoba, ya en cualquier otra provincia donde se asilasen.

Por consiguiente, ordenó al general Emilio Conesa que marchara de inmediato a libertar a las autoridades y a perseguir y aprehender a los rebeldes, quienes serían sometidos a la Justicia Federal; y colocó bajo sus órdenes cuantas tropas había disponibles, decretando también la movilización de las milicias de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba y San Luis. Este es el Acuerdo de Agosto 20 de 1867:

Departamento de Guerra y Marina

Buenos Aires, Agosto 20 de 1867

Resultando de comunicaciones oficiales y de informes fidedignos que ha recibido el Gobierno, que el día 16 del corriente ha estallado en la ciudad de Córdoba un movimiento revolucionario que, a la vez de derrocar las Autoridades Constitucionales de la misma Provincia, ha llegado hasta el escandaloso atentado de reducir a prisión al excelentísimo señor Ministro de Guerra y Marina, que allí se encontraba accidentalmente en desempeño de una comisión nacional, al Juez Federal de aquella Sección y a otras Autoridades dependientes de la Nación;

Y considerando:
Que por este incalificable atentado, doblemente criminal por el auxilio que viene a prestar al enemigo extranjero, los ejecutores de aquel movimiento se han constituido en abierta rebelión contra la Constitución y las Leyes de la Nación;
Que es un deber sagrado del Gobierno General prestar a las personas que obran a su nombre y a nombre de la Nación la más amplia y eficaz protección, sin lo que el ejercicio de los Poderes Públicos es imposible;
Y, finalmente, que por la violencia perpetrada contra las personas de autoridad nacionales, el Gobierno tiene un derecho perfecto para perseguir directamente a los que lo han perpetrado, en la Provincia de Córdoba y en cualquiera otra en que se asilasen, hasta obtener la libertad de las citadas Autoridades Nacionales presas y el castigo de sus criminales autores;
Por todo esto:
El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional,

Acuerda:

1.- Que los ejecutores del atentado del 16 de Agosto en la ciudad de Córdoba son reos de rebelión contra la Nación y deben ser perseguidos y castigados dondequiera que se encontraren por todo el poder de la Nación y con todo el rigor de la Ley.
2.- Que todas las Fuerzas de que pueda disponer la Nación marchen sin pérdida de momento sobre la Provincia de Córdoba a dar libertad a las Autoridades Nacionales presas por la rebelión, y a perseguir, aprehender y someter a la acción de la Justicia Nacional a los perpetradores de aquel atentado.
3.- Que el general, don Emilio Conesa, queda nombrado para que inmediatamente marche al frente de todas las Fuerzas que han de ponerse en campaña a los objetos de este Acuerdo.
4.- Que por los Ministerios respectivos se impartan las órdenes más perentorias a los Gobiernos de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe, de Santiago y de San Luis para la movilización de la Guardia Nacional que deba concurrir a este solemne desagravio de la Autoridad y de la Justicia Nacional y para que presten al expresado general Conesa toda la cooperación que les pidiere, con aquella actividad y eficacia que es de esperarse de su patriotismo y de la decisión que en otras oportunidades han acreditado por la causa nacional, que atentados de esta naturaleza pondrían en peligro si no fueran pronta y enérgicamente reprimidos con el concurso de todos.
5.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

PAZ
José María Moreno

Los revolucionarios colocaron al ministro y al juez en el duro trance de escribir órdenes y pedidos a los jefes que marchaban sobre Córdoba, pero aquéllas no fueron acatadas ni estos satisfechos, y las fuerzas nacionales llegaron a la ciudad a los trece días de haber estallado la rebelión.

Luengo se sometió, al comprobar desalentado que el propio Luque venía entre los atacantes, cabalgando sereno junto al General, “resuelto a afrontar el peligro que le cupiese”₍₂₎.

(2) Conesa. Nota al ministro Rawson (Agosto 28 de 1867), en: “La Tribuna”, N^ro. 4.076, Septiembre 4 de 1867. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo VII: “La rebelión de Cuyo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Conesa libertó al ministro y al juez, y dictó una resolución para reponer al gobernador en el ejercicio de su cargo₍₃₎.

(3) Conesa. Resolución de Agosto 28 de 1867, en: “La Tribuna”, N^ro. 4.074, Septiembre 1 de 1867. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo VII: “La rebelión de Cuyo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Este último paso lo dio de propia iniciativa, creyéndolo tal vez pertinente, por constarle que aquél había pedido su reposición. La actuación de Conesa determinó la renuncia del ministro Martínez, quien protestó así por el retorno de Luque, al que consideraba autor o cómplice de la revuelta.

Paz rechazó la dimisión del ministro. El 12 de Octubre, las fuerzas nacionales emprendieron el regreso, dejando a Córdoba tranquilizada.

Un diario cordobés predijo que iba a asombrar a Buenos Aires la llegada del primer Comisionado que volvía sin el recuerdo de la sangre y la maldición de los pueblos₍₄₎.

(4) “El Progreso”, (Córdoba), N^ro. 31, Octubre 13 de 1867. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo VII: “La rebelión de Cuyo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El Ejecutivo procedió en Córdoba como en otras provincias, sin requerimiento y a objeto de reprimir una rebelión. Estas circunstancias aparecen contradichas en el Mensaje con que el presidente Mitre inauguró el Congreso en 1868.

“En la provincia de Córdoba -dijo Mitre- tuvo lugar una revolución contra el gobernador, que lo era entonces el doctor don Mateo J. Luque.
“Requerido por éste, el Gobierno Nacional acordó la Intervención, movilizándose al efecto las fuerzas necesarias y obteniéndose el restablecimiento del orden muy luego, siendo repuesto el gobernador en el ejercicio de sus funciones”₍₅₎.

(5) Mensaje (Mayo 1 de 1868), en: H. Magrabaña, “Los Mensajes (Historia del desenvolvimiento de la Nación Argentina redactada cronológicamente por sus gobernantes. 1810-1910)”, tomo III, p. 267. Buenos Aires, Comisión General del Centenario, 1910, (5 volúmenes). // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo VII: “La rebelión de Cuyo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

La relación adolece de graves errores: la revolución de Córdoba no se dirigió contra el gobernador, sino contra las autoridades nacionales, y el derrocamiento del gobernador delegado se produjo porque su permanencia significaba un obstáculo para el movimiento, no porque ello fuera su finalidad; el Ejecutivo obró sin requerimiento del gobernador, sólo por la prisión de las autoridades nacionales y con la finalidad bien definida de reprimir una rebelión; y el Ejecutivo no dispuso intervención alguna, ya que lo calla el decreto, que ni siquiera se dictó por el Ministerio del Interior, como entonces y siempre se ha acostumbrado, y ya que se omitió la venia del Congreso, a pesar de hallarse éste reunido, cosa de la que jamás hubiera prescindido el escrupuloso Rawson de tratarse de una intervención.

El error es explicable: en el momento de escribirse el relato, Mitre era presidente y Costa ministro del Interior; cuando ocurrieron los sucesos, esos cargos estaban ocupados por Paz y Rawson. En análogo yerro, explicable por idéntico motivo, incurrió Mitre en el mismo Mensaje al relatar la actuación del general Taboada en La Rioja, a la que también califica de Intervención₍₆₎.

(6) Mitre. Mensaje, en: H. Magrabaña, “Los Mensajes (Historia del desenvolvimiento de la Nación Argentina redactada cronológicamente por sus gobernantes. 1810-1910)”, tomo III, p. 264. Buenos Aires, Comisión General del Centenario, 1910, (5 volúmenes). // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo VII: “La rebelión de Cuyo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Al apreciar los sucesos en esta forma, Mitre -quizás inadvertidamente- retornaba al concepto del federalismo agresivo, ya abjurado por él, según el cual significa Intervención la presencia de tropas nacionales en el territorio de las provincias.

Un error origina otros y, el falso calificativo sirvió a Sarmiento -un año después- para afirmar que el Ejecutivo había intervenido en Córdoba prescindiendo de autorización legislativa, durante las sesiones del Congreso y sin la protesta de éste, o sea, contando con su asentimiento tácito₍₇₎.

(7) Sarmiento. Mensaje al Congreso (Julio 30 de 1869), en: “Obras de D. F. Sarmiento”, XXXII, p. 122. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo VII: “La rebelión de Cuyo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Esta persistencia es también excusable, pues ni Sarmiento ni Vélez Sársfield -que refrendó con su firma la afirmación- tuvieron injerencia oficial o personal en los asuntos de Córdoba.

- La Montonera en Salta y Jujuy

Después de Córdoba, sufrieron Salta y Jujuy los efectos de la rebelión, aunque ésta no produjo ya alarma en la República, porque se la sabía en camino de irremediable aniquilamiento. Aventado de La Rioja por segunda vez, Varela reapareció por el Norte y el 5 de Octubre de 1867 derrotaba fuerzas salteñas en el lugar de Cachí.

El gobernador Sixto Ovejero organizó la defensa de Salta, designando Jefe al general boliviano Nicanor Flores y, con unos doscientos hombres, resistió por algún tiempo, hasta que el 10 de Octubre la montonera se apoderó de la ciudad, a costa de unas cien bajas, entre muertos y heridos.

Sólo una hora duró la ocupación, pues Varela tuvo que huir al aproximarse el coronel Octaviano Navarro que -reconciliado con el Gobierno Federal- marchaba por orden de éste con milicias catamarqueñas y salteñas en persecución de los rebeldes.

Con el mismo fin, llegaron poco después a Salta las milicias tucumanas, a cuyo frente iba el gobernador Luna. Para auxiliar en esta forma a las provincias castigadas, el Ejecutivo no dictó decreto de Intervención, con arreglo a la buena práctica que ya quedó como sistema.

El 12 de Octubre, Varela entró en la ciudad de Jujuy, que le fue entregada indefensa y, poco después, la abandonó, perseguido por Navarro, y fue a internarse en Bolivia.

El Gobierno de la Nación recompensó a Navarro, ascendiéndolo a General; en cuanto a Salta y Jujuy, esquilmadas por la montonera, tuvieron también que soportar las milicias vecinas y a veces no sabían quién temer más, si a aquélla o a éstas.