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LA EUROPA BARROCA

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Los grandes problemas

El 25 de Mayo se produce la quiebra del deteriorado sistema virreinal, el desconocimiento del Consejo de Regencia como soberano y la constitución de una nueva autoridad en virtud del principio de la reversión de la soberanía al pueblo en ausencia del monarca.

También comienza a exteriorizarse un cambio de tipo social que va a transferir progresivamente el poder social y económico a los criollos. La forma de gobierno adoptada -Junta- no constituye, en cambio, una novedad: Desde el comienzo de la guerra de la Independencia española la formación de Juntas locales y regionales constituyó un expediente nacional y el ejemplo se propagó a América, donde sirvió alternativamente a movimientos absolutistas o españolistas, como el de Montevideo de 1808, y a movimientos reformistas o criollos, como el de La Paz de 1809.

El 25 de Mayo, pese a toda su importancia como hecho exteriorizador de la Revolución, no es la revolución misma, sino sólo un momento de ella -muy destacable, por cierto- y como tal inseparable de los acontecimientos anteriores y posteriores. No es esencial, pues, aunque resulte apasionante, establecer cuáles eran los propósitos e ideología de la Junta de Mayo, y tal intento lleva a escindir la continuidad del proceso revolucionario y a perderse en discusiones bizantinas sobre sus objetivos.

Estos no pueden determinarse sino considerando el proceso revolucionario en su conjunto y superando las variantes episódicas y circunstanciales propias de toda revolución auténtica, que es, en esencia, cambio. Por otra parte, no es lícito hablar de “una” ideología ni de una unidad de propósitos entre los integrantes del primer gobierno patrio. La Junta del 25 de Mayo fue práctica­mente un Gobierno de coalición, pues sus miembros no tenían plena unidad de ideas.

Objetivo: A pesar de este mosaico de opiniones, es obvia la existencia de un objetivo común:  Una reorientación política con el fin de asegurar la libertad de la comunidad americana, adecuando a este fin la organización y estructura del Estado.

En efecto, el Estado es el primer objetivo de los revolucio­narios: Se trata primero de reocupar sus estructuras y luego de modificarlas. La Nación está en segundo término; es una idea confusa que adquirirá forma progresivamente durante el proceso emancipador. Si queremos hacernos una imagen fiel de los problemas que tuvieron que encarar los protagonistas de la Revolución, conviene que formulemos tres preguntas, y respondamos a ellas, que se les presentaron inevitablemente: ¿Para qué la revolución?, ¿para quién? y ¿cómo?

Propósito emancipador: Acabamos de indicar cuál era la respuesta, común a todos los revolucionarios, a la primera cuestión. Ya hemos indicado antes que para unos se trataba de un cambio de personas, para otros de un cambio de políticas, para los más profundos de una emancipación, y entre estos había quienes la pensaban como la de un poder extranjero (Francia), quienes la consideraban como la adquisición de la libertad civil y política a través de un reino autó­nomo dentro de la Corona española y, finalmente, quienes aspiraban a constituir un Estado independiente.

Es evidente que este último propósito alentaba a varios dirigentes y a algunos de los nuevos gobernantes. Esta posición fue ganando terreno rápidamente entre los revolucionarios, sea por convencimiento, sea por imperio de las circunstancias, sea por el “endurecimiento” propio de todo proceso revolucionario.

A partir de Agosto de 1810 la idea emancipadora fue la política oficial y constituyó la orientación del proceso revolu­cionario, por vagas y confusas que hayan sido sus primeras aspira­ciones. Este es el hecho fundamental que se expresa a través de una década entre los vaivenes de la lucha militar, las circunstancias cambiantes de la política internacional y la fe -fuerte o vacilante- de los políticos revolucionarios en los objetivos que propugnaban.

Al cabo de esa década, la emancipación queda consolidada como hecho y como convicción popular. Por ello la revolución puede y debe llamarse emancipadora.

Ideal americanista: ¿Para quién era esta emancipación? Aunque la Revolución haya sido municipal en su primera manifestación y nacional en su resultado, fue americana en su planteo y en sus proyecciones. Para los revolucionarios no existía en un comienzo una idea definidamente nacional, propiamente argentina.

Existían por enton­ces dos nociones predominantes de patria: una restringida y localista, referida a la ciudad de origen; y otra amplia y conti­nental: la de América española. Así se fue configurando en las rela­ciones económicas, sociales, éticas y jurisdiccionales una cierta unidad de hecho en lo que constituyó luego el territorio argentino, pero esta unidad no había alcanzado en 1810 a configurar una aspiración política.

Es cierto que fue propósito manifiesto de la Junta extender la Revolución a todo el Virreinato, pero tam­bién lo es que aspiraba a que sus pasos fueran imitados por los restantes Virreinatos españoles para que todos los pueblos americanos se reuniesen en una nueva experiencia política y social. Esta idea americanista, que caracterizó la gesta libertadora, encontraba un obstáculo insalvable en la diversa idiosincrasia de los diferentes pueblos americanos: la diversidad de ámbitos geográficos, razas y hábitos sociales, y el aislamiento recíproco en que habían crecido los pueblos se oponían a que esta idea pudiera cuajar en expresiones institucionales.

Sin embargo, no se trataba de una pura quimera. Se apoyaba en la vieja tradición Imperial española que había concebido a las Indias como un ente diferenciado dentro del Imperio, cuyos diversos reinos estaban animados por un mismo ideal, sometidos a una unidad de mando, a una misma estructura, y cuyos habitantes reconocían una hermandad en el nombre común de españoles americanos.

Un indiano de paso por la Metrópoli era americano antes que peruano, rioplantense o chileno. Unidos durante siglos a la misma Corona y a la persona de un mismo rey, la vigencia de la concepción americana se expresa en los pasos de los precursores. Viscardo escribió para los “españoles americanos” y Miranda patrocinó una logia que respondía al sugestivo nombre de Gran Reunión Americana, a la que per­tenecieron varios libertadores.

Una idea americanista presidió en 1810 a los revolucionarios venezolanos que invitaban a constituir una gran confederación americano-española. Producida la revolución chilena, a ambos lados de los Andes alentó en ciertos momentos la idea de constituir una unidad entre los dos países, frente a la cual los propósitos de alianza eran subsidiarios. La política británica, a la vez que veía con velada satisfacción la destrucción del Imperio español, temía la pulverización en múltiples Estados de aquel Imperio, situación que habría perturbado los intereses comerciales ingleses.

Cuando Belgrano declaraba a la infanta Carlota sus temores de que el país se sumiera en la anarquía, no sólo estaba previendo los inconvenientes del desorden y el desgobierno, sino las nefastas consecuencias de la división de la América española, que la dejaría sometida a la influencia de cualquier potencia extraña.

A medida que el conflicto con España se desarrolla, se va definiendo con mayor claridad la entidad nacional y adquiere forma y límites el ideal americano. La Revolución debió admitir la separación de ciertos territorios del Virreinato, lo que no significaba simplemente una claudicación política, sino la materialización de situaciones que ya estaban configuradas en otros terrenos.

Pero no por ello se abandonó la concepción americanista del movimiento. Por el contrario, algunos hombres comen­zaron a pensar en el proyecto político que materializase la unidad continental. Los caminos eran dos: Una monarquía única, o una confederación que podía ser de reinos o de repúblicas.

Tanto el Congreso de Tucumán -que comienza declarando la Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica y no del Río de la Plata y termina entre gestiones monárquicas- como San Martín en el Perú y Bolívar en Venezuela, no perdieron de vista esta circunstancia. Pero si el proyecto político continental de la Revolución americana no se concretó, sí se materializó en cambio la estrategia militar continental.

Belgrano, San Martín y Bolívar no concibieron la guerra de la Independencia sino como una operación que terminaba en Lima, bastión del poder real en América. Cuando el ideal americanista naufragaba en el localismo político de las provincias argentinas, San Martín y Bolívar estaban a punto de concluir felizmente la estrategia continental en el plano militar.

Las elecciones generales de 1951

- El llamado a elecciones

La reforma de la Constitución Nacional en 1949 había posibilitado la reelección presidencial. De la misma manera, aunque en abierta violación del Derecho Público Provincial, lo había hecho en las Constituciones provinciales.

En el caso nacional, como ha ocurrido últimamente en el país, se buscó adelantar las elecciones, para tomar desprevenida a la oposición y sacar ventaja de la organización de la rama femenina que, por primera vez, iba a votar en elecciones nacionales. Fueron finalmente convocadas para el 11 de Noviembre de 1951.

También procedió a modificar la Ley Saenz Peña, estableciendo el sistema uninominal, con lo cual tendía a eliminar o disminuir, aún más, la oposición parlamentaria. Se señala, como hecho demostrativo, lo que se logrará, en estas elecciones de 1952, en la Ciudad de Buenos Aires: con 832.000 votos (55 %) del total, se obtuvieron 28 diputados, mientras que el radicalismo, con 607.000 (45 %), sólo obtuvo cinco. Cabe señalar que con el régimen de la Ley Saenz Peña, la representación radical habría sido mucho más numerosa.

Otro aspecto que conmovió la etapa que nos estamos refiriendo fue la decisión de proclamar la candidatura vicepresidencial, que acompañaría al candidato indiscutido, que era el general Juan Domingo Perón. La Confederación General del Trabajo organizó un acto, llamado Cabildo Abierto del Justicialismo, convocando a las representaciones gremiales de todo el país a la Plaza de Mayo, en el que se anunció como compañera de fórmula a la esposa del presidente, María Eva Duarte de Perón.

Tras cuatro días de expectativa, la postulada renunció a su candidatura, al parecer a consecuencia de la oposición de los sectores castrenses. Finalmente, fue designado, para ser reelegido, el doctor Juan Hortensio Quijano, quien estaba internado en un policlínico. A la fecha de la asunción, había fallecido.

Adelantemos ya que, realizado el escrutinio, la fórmula Perón - Quijano había obtenido 4.744.803 votos contra 2.416.712 de Balbín - Frondizi (U. C. Radical).

A esta altura de los acontecimientos, no cabían dudas de que la fuerza de mayor gravitación en el país era el partido creado y dirigido por el general Perón. Sin embargo, muchos esperaban que Corrientes pudiera ser nuevamente la expresión de una oposición mayoritaria al régimen imperante.

En rigor de verdad, esta expectativa resultaba carente de sustentación, habida cuenta de las reformas introducidas a la reglamentación de los partidos políticos que impedían alianzas, como así también a la ley electoral que había suprimido el tradicional sistema de la repartición proporcional, lo que hacía ilusorias tales esperanzas.

- Las elecciones en la provincia

En la primera quincena de Septiembre se dio a conocer el decreto de convocatoria para las elecciones del 11 de Noviembre de 1951.

Se elegirían -en la provincia- presidente y vicepresidente de la Nación; dos senadores y cinco diputados nacionales; gobernador y vicegobernador; 18 senadores provinciales y 36 diputados provinciales, con igual número de suplentes.

Para gobernador de la provincia se constituye en distrito único y durará 6 años de gestión. Diputados y Senadores provinciales, 6 años de mandato (artículos 40 y 45 de la Constitución Provincial).

A este último efecto, la provincia se dividía en cuatro secciones:

* 1ra. Sección: departamentos de Capital, Empedrado, Itatí, San Cosme, San Luis del Palmar, eligen 4 senadores y 9 diputados.
* 2da. Sección: departamentos de Bella Vista, San Roque, Lavalle, Goya, Esquina, Sauce. Eligen 5 senadores y 11 diputados.
* 3ra. Sección: departamentos de Berón de Astrada, San Miguel, Ituzaingó, Santo Tomé, Concepción, Saladas, Mburucuyá y General Paz. Eligen 4 senadores y 7 diputados.
* 4ta. Sección: departamentos de Mercedes, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros, Paso de los Libres, General Perón (ex Alvear) y General San Martín. Eligen 5 senadores y 9 diputados.

Corresponde 1 diputado cada 14.500 habitantes o fracción no menor de 7.500 y, 1 senador por cada 29.000 habitantes o fracción no menor de 15.000.

La reacción realista

La necesidad de enviar una expedición militar al Interior se vio rápidamente confirmada en los hechos. Desde los primeros días de Junio, fue evidente que Córdoba y Montevideo iban a oponerse a las autoridades de Buenos Aires. Liniers y Gutiérrez de la Concha, apoyados en el Cabildo cordobés, habían comenzado a movilizar los recursos de la provincia para levantar una fuerza armada destinada a resistir lo que consideraban una insurrección.

El 6 de Junio ese Cabildo había resuelto no reconocer las autoridades surgidas del 25 de Mayo, manifestando que emanaban sólo de la fuerza. El mismo día Montevideo condicionó su reconocimiento a que la Junta jurara al Consejo de Regencia. Desde el 30 de Mayo las autoridades de Montevideo habían acordado cerrar el puerto a los barcos procedentes de Buenos Aires.

Tal resistencia tenía sus reflejos en la misma Capital. El Cabildo porteño había sugerido a la Junta la rotación de su presi­dencia, sugerencia que la Junta sintió como una intromisión. A mediados de Junio, Cisneros, que permanecía en Buenos Aires rodeado de la consideración oficial a su antigua investidura, invitó al Cabildo a reconocer el Consejo de Regencia. Aquél consideró inoportuno hacerlo en ese momento, pero un mes después, el 14 de Julio, procedió a dicho reconocimiento en secreto, es decir, sin que lo supiera la Junta.

La Real Audiencia, a su vez, desde principios de Junio había exhortado a la Junta a reconocer la instalación del Consejo, pese a no haber recibido informaciones oficiales al respecto. El asedio interior crecía de punto y era acompañado de una ola de rumores. En esas circunstancias la Junta se enteró de que Cisneros y la Real Audiencia proyectaban trasladarse a Monte­video y reinstalar allí la autoridad virreinal, por lo que optó por el recurso drástico de arrestar a todos aquéllos y embarcarlos secretamente con destino a Europa.

Los episodios de Córdoba y Montevideo no eran únicos. Las provincias del Alto Perú, dirigidas por hombres de prestigio y que disponían de tropas, habían rechazado la autoridad de la Junta, con excepción de Tarija. El virrey Abascal había declarado provisoriamente anexas al Virreinato del Perú las provincias que formaban el del Río de la Plata, para sustraerlas a la autoridad de Saavedra. El Paraguay había optado por una prudente expectativa sin perjuicio de mantener cordiales relaciones con la Junta. Santiago de Chile, por fin, sin reconocerla abiertamente, la aceptaba como un hecho consumado.

No obstante, para respiro de los revolucionarios, casi todas las ciudades del territorio argentino apoyaron rápidamente a la Junta. En Junio lo hicieron Santa Fe, las villas de Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Catamarca, Salta, Mendoza y San Juan; en Julio lo hicieron los pueblos de Misiones, Santiago del Estero y Jujuy; en Agosto por fin, se adhirió Tarija.

Fracaso de Liniers: La reacción cordobesa careció de apoyo popular. Cuando Liniers, consciente de la debilidad de su situación, resolvió retirarse hacia el Norte para unirse con las tropas del Alto Perú, sus cuatrocientos hombres comenzaron a desertar en tal cantidad que pronto dejaron de existir como fuerza organizada y, unos días después, Liniers, Gutiérrez de la Concha, el obispo Orellana y demás cabecillas carecían de tropas ni más seguidores que unos pocos fieles.

Por ello hacia el 5 de Agosto, mientras las fuerzas de Ortiz de Ocampo llegaban a la ciudad de Córdoba, sabedor Liniers que González Balcarce le perseguía de cerca, resolvió, en las proximidades de la villa del Río Seco, disolver el grupo para burlar la persecución. Todo fue inútil, pues en la noche del 6 al 7 de Agosto todos, incluso el reconquistador de Buenos Aires, cayeron en poder de las fuerzas de la Junta.

Ignoraban por entonces los prisioneros que el 28 de Julio aquélla había dictado sentencia de muerte contra ellos, “por la notoriedad de sus delitos”, partiendo del criterio que “el escarmiento debe ser la base de la estabilidad del nuevo sistema”. Las diversas ramificaciones de la reacción realista y la per­sonalidad y prestigio de Liniers explican la severidad de la Junta. Si quería sobrevivir debía actuar con decisión y violencia para no dar aliento a los indecisos ni alas a sus contrarios.

Diversas voces de clemencia se alzaron entre los propios elementos re­beldes, entre ellas la del deán Funes y la del coronel Ortiz de Ocampo. Esta actitud le valió a este último ser despojado del mando militar, pues, como dijo en la oportunidad Mariano Moreno, la obediencia era la mejor virtud de un general y el mejor ejemplo para sus tropas.

El doctor Castelli, la mente más jacobina de la Revolución, fue encargado por la Junta de hacer cumplir la sentencia, que se ejecutó el 25 de Agosto en el paraje de Cabeza de Tigre, cerca de Cruz Alta, fusilándose a todos los prisioneros con excepción del obispo Orellana. Con la ejecución de un ex virrey y de un gobernador-intendente, la Junta había quemado las naves de la Revolución. El camino, desde entonces, no tenía regreso. La sangre de las primeras víctimas era la garantía de una “reciprocidad de trato” que cerraba el camino de las transacciones.

1 de Agosto: en tanto, el cura de La Cruz, fray Lorenzo Gómez, y el mismo sudelegado, José de Lariz, son apresados y remitidos a Buenos Aires, por actos conspirativos contra el nuevo Gobierno.

Las relaciones con la Iglesia: La Revolución se reflejó también en las relaciones de la Iglesia y el Estado, dado que ejerciéndose por los reyes de España el Real Patronato, la Revolución y la consiguiente lucha armada entre realistas y patriotas condujo a la incomunicación entre la Sede Romana y los obispos del Virreinato.

La Iglesia local se vio abocada así a un serio problema, agravado por la militancia más o menos velada de algunos prelados españoles a favor de la causa real, lo que provocó su destitución por el poder civil. No obstante, las nuevas autoridades procuraron mantener buenas relaciones con la Iglesia, tanto por razones de pacificación y de convenien­cia política, como por el hecho de ser en su mayoría hombres de fe católica y en muchos casos de pública religiosidad.

Esta circunstancia y su reconocimiento por el clero, que además, en buena medida, se adhirió a la causa revolucionaria, per­mitió una adecuación progresiva y una convivencia más o menos feliz entre los revolucionarios y la Iglesia Católica local. Contribuyó a ese entendimiento la mentalidad regalista dominante en­tonces, no sólo entre los laicos sino entre los mismos clérigos, propia de la época y heredada de la España borbónica.

Cuando la Junta de Mayo consultó al deán Gregorio Funes y al doctor Juan Luis de Aguirre si correspondía al nuevo Gobierno el ejercicio del vicepatronato que habían ejercido los virreyes sobre la Iglesia en estas regiones, ambos dictámenes concordaron, con argumentos típicamente regalistas, en que la Junta pasaba a ejercer aquel vicepatronato, como inherente a la soberanía.

Si por un lado ésta era la actitud de los canonistas, por el otro la Junta perdonaba la vida de monseñor Orellana, Obispo de Córdoba, complicado en el movimiento contrarrevolucionario de Liniers, en homenaje a su investidura eclesiástica, y posteriormente le restituía el gobierno de la diócesis. Pero esta tolerancia no sería completa.

Mientras el Gobierno revolucionario estimulaba por una parte a los sacerdotes y reli­giosos a que apoyasen desde el púlpito y el confesionario la causa de la libertad, se mostraba sumamente celoso cuando la prédica de aquéllos se orientaba en sentido contrario. Un cura de los alrededores de Buenos Aires fue acusado de loco y despojado de su curato a causa de su postura prorealista.

Por otra parte la incomunicación con autoridades eclesiásticas legítimas y el estado de vacancia de muchos cargos superiores de la jerarquía eclesiás­tica, unida a la difusión franca de nuevas ideologías y a la versa­tilidad de la naturaleza humana, produjo cierto grado de anarquía en la Iglesia, que se puso de relieve con mayor vigor en la vida de los religiosos, cuyos conventos pasaron a ser en ciertos casos ejemplos de desorganización y desobediencia.

Esta situación estaba en la base de la reforma eclesiástica rivadaviana, hecha desde el poder civil contra los cánones eclesiásticos, pero corrigiendo males reales.

3 de Agosto: La Junta gubernativa de Buenos Aires comunica que ha resuelto cortar las relaciones entre los dos centros realistas: Montevideo y Asunción. A mediados de Agosto, la Junta dispuso cortar las comunicaciones con Montevideo y poblaciones dependientes.

7 de Agosto: En Córdoba, son reducidos a prisión Santiago de Liniers, ex virrey del Río de la Plata; el gobernador de Córdoba, general Juan Gutiérrez de la Concha; y otras personas acusadas de conspirar contra la Junta Provisoria de Gobierno establecida en Buenos Aires.

8 de Agosto: Otro Decreto, del 8 de Agosto de 1810, dispone que todos los géneros y efectos que viniesen de Montevideo “y de todos los puertos de la otra Banda”, no fuesen admitidos sin abonar los derechos que debían pagar viniendo en derechura de los puertos de su procedencia, aún siendo estos de distintos puertos que los de Europa(1).

11 de Agosto: La Junta de Gobierno rompe sus relaciones y cierra toda comunicación con Paraguay y Banda Oriental por no haber reconocido al nuevo Gobierno.

La Gazeta: Las drásticas medidas del Gobierno porteño contuvieron a los descontentos. Entretanto, la Junta había creado un órgano periodístico orientador de la opinión pública, la Gazeta de Buenos Ayres, cuya dirección originaria asumió un miembro del Gobierno, el presbítero Alberti y, más tarde, Mariano Moreno.

16 de Octubre: La Junta Provisional dispuso la remoción de los funcionarios del Cabildo porteño, sin esperar la finalización de sus mandatos, desterrándolos al Interior, salvo al Regidor perpetuo Manuel Mansilla.

Tomás M. de Anchorena fue indultado, al probarse que no había reconocido al Consejo de Regencia.

La Junta nombró -de inmediato- un nuevo Cabildo porteño adicto.

Noviembre: Se autoriza la reunión de Cortes no estamentales en Cádiz (España).

Nota

(1) Registro Nacional - Pág. 62.

La situación internacional hacia 1775

La campaña provocó la airada protesta de Lisboa y convenció a los portugueses de la necesidad de armar sus posesiones brasileñas en una proporción nunca registrada en América del Sur(1).

(1) Citado por Carlos Floria y César A. García Belsunce. “Historia de los Argentinos”, tomo 1, capítulo 8.

Pero, en cambio, Gran Bretaña no hizo ningún gesto impre­sionante de apoyo a su aliada. Estaba demasiado preocupada por los incidentes en sus propias colonias americanas, que se sucedían desde 1770 en forma cada vez más alarmante y que habían llevado a los elementos radicales a dominar en los gobiernos coloniales.

Era evidente que Carlos III había elegido bien el momento para actuar, En 1775 reforzó su alianza con Francia, tratando a la vez de ceñir el conflicto sólo a América. Las hostilidades entre los ingleses y sus colonos norteamericanos habían pasado del plano político al militar, lo que también favorecía sus planes.

En ese momento culminante Portugal cometió uno de sus pocos y grandes errores en el orden internacional. Deseosa de eliminar la espina en su costado que representaba la presencia de los españoles en el puerto de Rio Grande, procedió a atacarla a principios de 1776 y tomarla tras una encarnizada resistencia de dos meses.

Las potencias europeas trataron de mediar y este gesto obligó a Portugal a suspender las hostilidades, pero su imagen internacional se deterioró fundamentalmente.

Francia aprobó a partir de entonces una acción ofensiva española. Gran Bretaña a su vez encontró el pretexto necesario para replegarse sobre su problema colonial y dejar obrar a España, admitiendo que una eventual réplica española no sería sino una retribución a la agresión portuguesa.

Ante este panorama Madrid decidió lanzar su expedición en Junio de 1776 y mientras se la programaba se conoció la declaración de la independencia de las colonias angloamericanas. A partir de entonces, subraya Octavio Gil Munilla, la preocupación de Carlos III fue finiquitar su asunto con Portugal antes de que Jorge III lo hiciera con sus colonos rebeldes.

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