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La guerra guaranítica y sus consecuencias en los pueblos del Uruguay

Por el Tratado de Permuta de 1750, España se comprometió a entregar a Portugal todo el territorio formado por el ángulo entre los ríos Uruguay e Ibicuy, en cuya jurisdicción se encontraban siete pueblos misioneros con una población de casi treinta mil almas. La entrega del territorio debía ir precedida de la demarcación de la nueva frontera por comisiones mixtas de ambos Estados.

Los portugueses, tradicionalmente, desde la época de las “bandeiras”, se habían constituido en un azote para aquellos indios, por lo que la perspectiva de caer en manos de los tradicionales perseguidores les atemorizó de tal modo que se dispusieron a resistir la medida proclamando que aquellas tierras eran las suyas, que no querían emigrar ni caer bajo la autoridad de Portugal, e impidieron en 1753 el paso a las comisiones demarcadoras de límites, reteniendo a los Padres para impedir que a falta de estos fueran violentados por las autoridades civiles y militares.

La reacción de los funcionarios reales no se hizo esperar.

El gobernador Andonaegui, suponiendo la complicidad de los jesuítas, se decidió a actuar rápidamente. En 1754 comenzó la campaña represiva en la que colaboró una columna portuguesa. Los indios, faltos de preparación militar adecuada y de equipo, fueron batidos al año siguiente en Bakakay, Kaivate e Yvaveju, tras lo cual cesaron la resistencia(1).

(1) Citado por Carlos Alberto Floria / César A. García Belsunce. “Historia de los Argentinos”, tomo 1, capítulo 8.

Aunque no se pudo comprobar la participación de religiosos en el alzamiento, quedó subsistente la sospecha de que los jesuítas pretendían constituir “un Estado dentro del Estado”. Los restantes pueblos continuaron su vida pacífica y una buena parte de la política de límites, pero además constituyó otro episodio para malquistar a la Compañía con la autoridad real, mientras se consumaba el proceso de su liquidación.

Es que la vecindad de los portugueses en Colonia y, poco después, en Río Grande, afectó las relaciones con España y complicó en ello a los pueblos guaraníes del Uruguay(2).

(2) Citado por Ernesto J. A. Maeder y Alfredo J. E. Poenitz en, “Corrientes Jesuítica (Historia de las Misiones de Yapeyú, La Cruz, Santo Tomé y San Carlos en la Etapa Jesuítica y en el período posterior, hasta su disolución)” (2006), Corrientes.

La región de Río Grande permanecía aún desierta en su mayor parte. Del ámbito español se había producido su ocupación por las siete misiones guaraníes fundadas por los jesuitas entre 1687 y 1707, ubicadas entre el río Uruguay y las cuencas de los ríos Iyuí y Piratiní.

Esa ocupación se había complementado por la expansión de sus estancias, en los valles del Yacui e Ibicuy. Cabe recordar que, desde tiempo atrás, tanto Yapeyú como La Cruz y Santo Tomé poseían vastas estancias en la misma región.

Al mismo tiempo que se producía esta ocupación del espacio por los pueblos de las Misiones, se iniciaba desde el litoral atlántico la expansión portuguesa. Ese movimiento, que buscó inicialmente una vinculación terrestre con Colonia del Sacramento, se tradujo rápidamente en la ocupación paulatina de espacios en la cuenca de los ríos Jacuí y Pardo, y se afirmó luego de la fundación de Porto Alegre, en 1742.

A mediados de siglo, los constantes conflictos entre España y Portugal llevaron a ambas Coronas a lograr un arreglo que definiera sus límites coloniales en América del Sur. Ello se concretó en 1750, con la firma del Tratado de Madrid(3).

(3) Sobre el Tratado de Madrid y la guerra guaranítica, además de las obras generales sobre el tema, se puede acudir al testimonio del Padre Bernardo Nusdorffer, “Relación de la guerra de los siete pueblos”, en: “Manuscritos de la Colección Pedro de Angelis” (1969), tomo VII, Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. // Citado por Ernesto J. A. Maeder y Alfredo J. E. Poenitz en, “Corrientes Jesuítica (Historia de las Misiones de Yapeyú, La Cruz, Santo Tomé y San Carlos en la Etapa Jesuítica y en el período posterior, hasta su disolución)” (2006), Corrientes.

En ese documento se adjudicaba a cada una de las partes los territorios que en ese momento poseía, abandonándose así la antigua línea de Tordesillas y reemplazándola por fronteras apoyadas en accidentes geográficos enumerados en el Tratado. Ello favoreció a Portugal, que de ese modo consolidó su dominio en la cuenca amazónica y en Río Grande.

España, si bien retuvo las Filipinas, cedió territorios importantes, como las Misiones
Orientales, cuya permuta habría de traerle innumerables problemas y el fracaso final del Tratado. El territorio cedido a Portugal en Río Grande determinaba que la línea demarcatoria debía apoyarse en el río Ibicuy y, desde allí, hasta el río Uruguay. Ello involucraba a los siete pueblos misioneros y la mayor parte de sus estancias.

A la sorpresa de los jesuitas se agregó pronto el malestar de los guaraníes, que se negaban tanto a incorporarse a Portugal, como a abandonar sus tierras y entregarlas a sus seculares enemigos, desde la etapa bandeirante. Esta situación dio origen a un conflicto largo y penoso, que demoró la ejecución del Tratado y provocó el alzamiento de los guaraníes del Uruguay.

Si bien en 1752 los misioneros, apremiados por los oficiales reales procuraban compeler a los indios a trasladar sus pueblos a otros lugares al oeste del río Uruguay, la resistencia se generalizó, hasta convertirse, en 1753, en franca rebelión. Se había quebrado la disciplina; los curas se vieron afectados en su autoridad y poco pudieron hacer para evitar los desórdenes.

El 26 de Febrero de 1753 una avanzada de los guaraníes, encabezada por Sepé Tiarajú, cortó el paso a la partida demarcadora de límites en Santa Tecla. Ese incidente provocó la intervención militar hispano-portuguesa. En 1754 se inició una campaña desde Buenos Aires y Colonia, que no tuvo éxito. 

A fines de 1755 se movilizaron nuevamente las fuerzas coloniales de ambos países, desde Río Grande y Montevideo, y el 7 de Febrero de 1756 se enfrentaron con los guaraníes, cuya vanguardia fue dispersada. Tres días después, en Caaibaté, las milicias guaraníes fueron derrotadas, con gran pérdida de vidas y prisioneros. A ello sucedió un desbande general y la posterior sumisión de los pueblos.

Entre Junio y Diciembre se reiniciaron los traslados y la recuperación de los dispersos guaraníes. Cerca de dos terceras partes de la población de los siete pueblos orientales fueron trasladadas al Oeste del río Uruguay y distribuidas en las restantes reducciones, excepto en Yapeyú, La Cruz y Santo Tomé, por ser fronterizas de aquéllas. En San Carlos, se alojaron, en esos años, 1.126 guaraníes de San Luis, 30 de San Miguel y 14 de Santo Angel.

Finalmente, el incumplimiento portugués en devolver Colonia del Sacramento, así como otras desinteligencias, condujeron al estancamiento de la demarcación y en 1761 a la anulación del Tratado. Como consecuencia de ello, los pueblos pudieron retornar a sus anteriores sedes.

Tras este somero relato de lo ocurrido en las misiones, en la década de 1750, debe señalarse que además de la participación en el alzamiento de los siete pueblos orientales, también lo hicieron los otros tres del Uruguay. Así lo hicieron La Cruz y Santo Tomé, aunque estaban sólo parcialmente afectados, pues aunque no necesitaban mudarse, perdían sus estancias en Río Grande.

Y también lo hizo Yapeyú, cuyas tierras se hallaban al sur del Ibicuy y por ello no se veían afectadas por la cesión a Portugal. Los tres pueblos fueron muy activos en resistirse al cumplimiento del Tratado y en prestar su ayuda a los guaraníes de los siete pueblos. San Carlos, en cambio, no participó del movimiento, como ocurrió con los pueblos del Paraná.

El estado generalizado de agitación e incertidumbre y su ubicación sobre el curso del río Uruguay, facilitó los contactos entre unos y otros pueblos. Santo Tomé comenzó a trasladar parte de sus haciendas desde las estancias orientales. Los guaraníes de San Borja, colonia de Santo Tomé, procuraron mudarse a este pueblo, pero luego desistieron.

Ya en 1754, cuando la insurrección se había generalizado, Santo Tomé envió 120 soldados a esperar a las fuerzas españolas. Aunque no hubo encuentro con ellas, al regreso desearon festejar ruidosamente el éxito de la expedición. La negativa del cura a tal recibimiento, dio lugar a un motín: los caciques se impusieron al Cabildo y tomaron a su cargo la Administración temporal del pueblo, desplazando así a los jesuitas de esa función.

La Cruz, al perder sus estancias, obtuvo en compensación campos en la banda Oeste del río Miriñay, desde el Iberá al río Corriente, para lo cual se tramitó el título respectivo ante el Gobierno de Buenos Aires. A su vez, los indios de San Luis procuraron, en un primer momento, ubicarse también en esas tierras, pero luego desistieron de su intento por temor a los charrúas.

Yapeyú, convertida por su ubicación en centro de comunicaciones entre las Misiones y Buenos Aires fue, según noticia del Padre Bernardo Nusdorffer, “uno de los pueblos más alborotados, y lo que padecieron los Padres en otros pueblos por esta causa, no se puede comparar con lo que padecieron en el Yapeyú”.

Y agrega que “no faltaron algunos caciques altivos y noveleros”, como Rafael Caracatu y Santiago Caendi, que depusieron al corregidor, mientras “el común gobernaba y el Cabildo se encogía de hombros”. Los amotinados dijeron a los Padres que se ocuparan de lo espiritual y que ellos lo harían de lo temporal, para lo cual abrieron los almacenes y distribuyeron todos los bienes, interceptaron las cartas y sacaron a las mujeres del kotiguasu.

A ello se añadió el enfrentamiento de los yapeyuanos con los correntinos que formaban parte de las fuerzas españolas. En el paso del Miriñay detuvieron a Bernardo de Casajús, regidor de la ciudad, y tras un altercado, lo mataron en 1754.

En la Banda Oriental, en el territorio de sus estancias, integraron las milicias guaraníes a la espera de los españoles. Tuvieron con ellos varias escaramuzas, en las cuales Paracatu fue hecho prisionero en Septiembre de 1754. Santiago Caendi regresó al pueblo, donde comenzó a gobernar despóticamente, hasta que sus abusos hicieron que sus vecinos lo depusieran y remitieran preso a Candelaria. Al pasar por Santo Tomé, la gente de este pueblo lo liberó.

Todo ello habla de una generalizada alteración del orden en el Uruguay. La tensión es interna, entre quienes se adhieren a la lucha y los que intentan aquietar los ánimos. El conflicto, que se generalizó, involucró no sólo a los españoles, sino también a los correntinos. La proximidad de la frontera común en las tierras entre el Miriñay y el río Corriente, dará lugar a nuevos conflictos entre ellos en el último tercio del siglo XVIII.

La expulsión de los jesuitas y el fin de una etapa

Una vez resuelta la anulación del Tratado de Madrid, la situación hispano-portuguesa pareció retornar al anterior estado de cosas. Los jesuitas procuraron el regreso de los indios a los pueblos orientales, al mismo tiempo que los portugueses retornaban a Río Grande, y mantenían reforzada la guarnición de Colonia. Pero, como se presumía, un nuevo conflicto volvió a enfrentar a ambas monarquías, acompañadas, ahora, por otras potencias.

La guerra se inició en Enero de 1762. En el ámbito rioplatense, el gobernador Pedro de Cevallos, con la participación de las milicias guaraníes, sitió y ocupó la plaza fuerte de Colonia, el 21 de Octubre de 1762.

Posteriormente, avanzó sobre Río Grande, ocupó los fuertes de Santa Teresa y San Miguel el 18 de Abril de 1763 y, más tarde, alcanzó la población portuguesa de San Pedro, en la costa atlántica. Por su parte, las milicias guaraníes, al mando de Antonio Catani, avanzaron por el centro de Río Grande, pero fueron vencidas. En esa oportunidad, fue apresado por los portugueses el teniente de gobernador de Corrientes, Bernardo López Luján, que conducía al tercio correntino.

La firma de la paz en Europa y la derrota de España en otros escenarios, impidió que se consolidaran los triunfos de Cevallos en Río Grande. Como consecuencia del Tratado de París del 10 de Febrero de 1763, España volvió a devolver Colonia, aunque el límite entre ambas monarquías quedó centrado en Río Grande.

En ese ámbito, donde se hallaban las grandes estancias de las misiones, los pueblos comenzaron a recuperar su ritmo de vida anterior y sus indios a contribuir, como en tiempos pasados, a la vigilancia de la frontera y la construcción de defensas.

El resquemor y la tirantez con los guaraníes, que se había agudizado durante el alzamiento de 1754, parecía haberse atenuado. El juicio promovido contra algunos jesuitas, culpados de haber estimulado el alzamiento, concluyó demostrando la inocencia de estos. Incluso el rey autorizó nuevos envíos de misioneros a la provincia del Paraguay.

Pero esa calma era aparente. El nuevo gobernador, Francisco de Paula Bucareli y Ursúa, que llegó en reemplazo de Cevallos, recibió, a principios de Junio de 1767, un conjunto de documentos que disponían la inmediata expulsión de los jesuitas de América, así como detalladas instrucciones para llevar a cabo el procedimiento en el Río de la Plata, Tucumán y Paraguay.

En cumplimiento de dichas órdenes, el gobernador intimó la expulsión de los jesuitas de todos los colegios y residencias, el 2 de Julio de 1767. Para las Misiones de guaraníes se dispuso que dicha orden se cumpliera al año siguiente, con el apoyo de una fuerza militar que recorrió cada uno de los pueblos, concluyendo su labor el 22 de Julio de 1768, sin hallar la menor resistencia(4).

(4) La expulsión de los jesuitas puede seguirse en Magnus Mörner, capítulo 13 de la obra colectiva de Pedro Borges, “Historia de la Iglesia en América y Filipinas” (1992), tomo 1. Ed. BAC, Madrid; los “Inventarios” de 1768 (salvo el de Yapeyú, publicado en la obra  de José Torre Revello, “Yapeyú. Ensayo histórico” (1958), Buenos Aires) se hallan inéditos en el Archivo General de la Nación. // Citado por Ernesto J. A. Maeder y Alfredo J. E. Poenitz en, “Corrientes Jesuítica (Historia de las Misiones de Yapeyú, La Cruz, Santo Tomé y San Carlos en la Etapa Jesuítica y en el período posterior, hasta su disolución)” (2006), Corrientes.

Si se tiene en cuenta una serie de hechos que, por esos mismos años afectaron a la Compañía de Jesús, es dudoso que la medida constituyera una sorpresa para los misioneros.

En Portugal, el ministro, marqués de Pombal, había dispuesto, desde 1757, el destierro de varios jesuitas del Brasil, así como la secularización de las misiones portuguesas en la cuenca del Amazonas, para concluir en 1759 con la expulsión de la Compañía de la metrópoli y de los dominios ultramarinos. Ello indicaba la fuerza y dirección de los vientos que soplaban en las Cortes europeas contra la Compañía de Jesús.

Algo semejante ocurrió en Francia, en 1764, donde la Orden jesuítica también fue disuelta y los Padres desterrados. Las razones de la expulsión dispuesta por Carlos I1I no se hicieron públicas, lo cual dio lugar a diferentes interpretaciones.

Las modernas investigaciones históricas han esclarecido el tema, al conocerse el dictamen del fiscal del Consejo Extraordinario, Pedro Rodríguez de Campomanes, encargado de investigar el motín contra el ministro Esquilace, ocurrido en 1766, en Madrid. La pesquisa secreta que realizó, concluyó con la inculpación a los jesuitas, así como una serie de cargos sobre la actividad religiosa y política de la Compañía.

No cabe duda que los sucesos de la guerra guaranítica influyeron en la determinación, así como la supuesta independencia que se adjudicaba a las misiones de guaraníes, tipificadas en su escrito como el “Reino Jesuítico del Paraguay”. Los argumentos del fiscal fueron adoptados por el rey, que sobre la base de ellos, promulgó la real cédula de expulsión. Las reducciones de guaraníes fueron así reorganizadas, creándose para ello un distrito, dividido en Departamentos, a cargo de un gobernador militar y sus respectivos tenientes.

La atención temporal de los pueblos se encomendó a administradores laicos, y la atención religiosa a frailes dominicos, franciscanos y mercedarios. Los tres pueblos del Uruguay, junto con el de San Borja, integraron, desde entonces, el Departamento de Yapeyú, que fue sede del teniente respectivo. Los restantes Departamentos fueron el de Santiago, con cinco pueblos; Candelaria, con ocho; Concepción, con siete, inclusive el de San Carlos, y el de San Miguel, con seis. Esa estructura político-administrativa se mantuvo, con pocas variaciones hasta la época independiente.

¿Cómo recibieron la medida los pueblos del Uruguay y en qué condiciones se hallaban entonces? La información disponible es abundante y se halla fundamentalmente en las actas de ocupación y en los inventarios de los bienes que en ese momento poseía cada uno de los pueblos.

La expedición, al mando de Nicolás de Elorduy, llegó a Yapeyú el 8 de Julio de 1768; a La Cruz, el 26; y a Santo Tomé, el 4 de Agosto. En San Carlos, la entrada de las nuevas autoridades ocurrió el 9 de Agosto. En cada uno de dichos pueblos, se intimó a los jesuitas con la orden de expulsión y la entrega de las llaves de los almacenes y aposentos, para luego ser detenidos e incomunicados hasta su remisión a Buenos Aires.

Cumplido este paso, se hizo entrega de las iglesias a los nuevos misioneros, con quienes se cotejó el inventario del templo, para luego realizar lo propio con los bienes temporales del pueblo. En este último caso, el procedimiento se completó con un interrogatorio al Padre jesuita que dirigía la misión, respecto de la administración de los bienes del pueblo y las deudas o acreencias que le correspondieran.

El texto de los Inventarios es algo desigual y no siempre facilita la comparación entre ellos. De todos modos, algunos pueblos se hallaban en mejores condiciones que otros. Los aspectos edilicios y la estructura urbana está mencionada con menos detalle que las prolijas listas de ropa, utensilios y bienes hallados en los depósitos.

De los cuatro pueblos, el menos favorecido era Santo Tomé, a la fecha cargado de deudas y con escasos bienes en depósito. Su cura justificó esta situación por haber asilado durante años a los habitantes de uno de los pueblos orientales, luego de la evacuación en 1756. Yapeyú y La Cruz eran, a su vez, acreedores de varios pueblos, en su mayoría orientales, por cifras superiores a $ 17.000 y $ 7.000, respectivamente. Santo Tomé, a su vez, era deudor por más de $ 13.000.

Cabe señalar que, en 1767, Yapeyú tenía 1.719 familias y 7.974 habitantes, mientras que La Cruz y San Carlos, contaban con 724 y 543 familias y 3.243 y 2.367 habitantes, respectivamente. El menos poblado, era el decaído Santo Tomé, con 419 familias y 2.172 pobladores.

Las iglesias y las casas grandes o colegios, con sus dos patios, se hallaban al parecer, en buenas condiciones, al igual que las viviendas de los indios y las casas para viudas y huérfanas. Las descripciones sobre estos edificios, son en general, muy escuetas.

En cambio, los inventarios del patrimonio de las iglesias y sacristías son particularmente detallados. Se describen con minuciosidad las vestiduras y los ornamentos del culto, los vasos sagrados y aras, pilas bautismales, cuadros e imágenes, retablos, púlpitos, confesionarios y escaños.

Otro tanto ocurre con el mobiliario, alfombras, cortinados, espejos, hacheros, con algunas peculiaridades, como en el templo de San Carlos, que poseía ventanas “con vidrios y rejillas de alambre”. Consta en el Inventario de La Cruz la existencia de dos relojes de cuerda, en funcionamiento. Otro tanto ocurre con los bienes de los aposentos de los sacerdotes y más aún, con aquéllos en los cuales se guardaban las ropas y trajes de los danzantes, el vestuario de gala de los cabildantes y de los capitanes y cabos de las milicias.

Las armerías sólo tenían en ese momento armas blancas y bocas de fuego inútiles o descompuestas; otra vez, se destaca el inventario de San Carlos, donde se hace constar la posesión de dos pedreros, cedidos al pueblo de Santiago, para su defensa, ante las incursiones de los mocovíes.

También consta que Santo Tomé guardaba cinco barriles de pólvora. Otro aspecto interesante de los inventarios es el registro de los instrumentos musicales y de las bibliotecas. En el primer caso, el pueblo mejor equipado era Yapeyú, tradicionalmente destacado por sus orquestas y coros. Allí se anotaron 9 arpas, 13 violines, 5 bajones, 11 chirimías, 2 claves, y clarines, trompa de caza y flautas. Algo menor era la dotación de La Cruz y de Santo Tomé.

En cuanto a los libros, estos se hallaban en los aposentos de los Padres misioneros. Se sabe que en La Cruz había 261 volúmenes; en Santo Tomé 217; en San Carlos, con cifras semejantes.

El listado de los mismos fue clasificado por temas morales, sagrada escritura, filosofía y teología, biografías, homilética; en Yapeyú, la biblioteca poseía 360 tomos, entre ellos, varias obras referidas a la lengua guaraní o publicadas en esa misma lengua por la imprenta que, desde 1700 a 1722, funcionó en los pueblos de las misiones.

Particularmente detallado, hasta la minucia, es el inventario del equipamiento de los distintos talleres que poseían los cuatro pueblos: herrería, carpintería, telares y, en algunos casos, como el de La Cruz, fábrica de barriles, o, en Yapeyú, carpinteros de ribera y de carretas.

El caudal de herramientas, metales varios y vidrios, sorprende por su variedad y magnitud, especialmente en San Carlos. Sin duda, era el mejor equipado de los cuatro pueblos en ese aspecto.

Finalmente, los almacenes fueron abiertos en esa oportunidad y dejaron ver a los nuevos administradores las reservas de lana, algodón, yerba, tabaco y lienzo que había en cada pueblo. Las cantidades de esos bienes en Yapeyú eran, en general muy superiores a las de los otros tres pueblos, salvo en lienzos de algodón; en este rubro, La Cruz había acumulado más de diez mil varas de tejidos en sus talleres.

Más allá de los almacenes, se hallaban los percheles o silos, donde se guardaba el maíz, el trigo o la cebada, así como sacos con diversas cantidades de habas, porotos y otras leguminosas para futuras siembras. En cada inventario se describen también las dimensiones de granos o de leguminosas sembradas en las huertas comunes.

Por último, la prosperidad o decadencia de los pueblos se medía en sus existencias ganaderas. Las vastas estancias de Yapeyú y de La Cruz llevaban la delantera, frente a las existencias más limitadas de Santo Tomé y San Carlos.

La expulsión de los jesuitas y la entrega de los pueblos a la nueva administración secular, marca el fin de una época en la vida de las misiones y de los guaraníes. Queda atrás un siglo y medio de realizaciones y de conflictos, en cuyo transcurso se había logrado formar, a la vera del Paraná y del Uruguay, una sociedad indígena cristiana, que ya en su época se señalaba por sus rasgos originales.

Los cuatro pueblos del Uruguay, que poblaron el Nordeste de la actual Provincia de Corrientes, fueron parte principal de aquella sociedad, y desde su propia perspectiva contribuyeron a ocupar y poblar un espacio que creció y se organizó al mismo tiempo que, desde el Paraná, la sociedad correntina iniciaba su expansión hacia el sur del mismo territorio. Durante aquella época, guaraníes y correntinos vivieron de espaldas unos de los otros, separados físicamente por ríos y lagunas y ocupados cada uno en su propio desarrollo.

La nueva etapa que se abrió en 1768 trajo, entre otras novedades, el acercamiento de sus respectivas fronteras en el Miriñay y también los cambios, en general desafortunados, que atravesaron las otrora florecientes misiones.

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