Actitud conspirativa del radicalismo personalista

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Mientras en todo el país las fuerzas de la “concordancia” asumían la responsabilidad del Gobierno, el radicalismo, desalojado del poder por la insurrección septembrina, volvía a las prácticas de la conspiración.

No obstante ello, uno de los últimos actos del gobierno del general José Félix Uriburu fue el de indultar al doctor Hipólito Yrigoyen en la causa que se le seguía y originaba su detención en la Isla Martín García. El ex mandatario y jefe natural del radicalismo personalista regresaba al puerto de Buenos Aires el 20 de Febrero de ese año de 1932 en el cañonero “Independencia” y reasumía la conducción de su partido.

Una de sus primeras acciones fue la de rechazar el indulto presidencial exigiendo un pronunciamiento en la causa que se le seguía, pero el juez federal interviniente se expidió en sentido contrario, interpretando que no correspondía a los jueces analizar las razones políticas o sociales que determinaron la medida y que estaban por encima de los intereses particulares.

Casi en el mismo momento de esta decisión, el ex presidente facto, general Uriburu, se despedía del presidente de la nación, general Agustín Pedro Justo, para ausentarse con rumbo a Europa por vía marítima, siendo objeto de una cálida ovación de las personas reunidas en la puerta de la Casa de Gobierno. Sería su última aparición en público, pues falleció en París a fines del mes de Abril de ese año, víctima de una cruel enfermedad que venía minando su organismo desde tiempo atrás y que no sería extraño haya sido ésta la causa de la disminución de sus ímpetus sediciosos en los proyectos que no pudo llegar a concretar en su gestión₍₁₎.

(1) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), ediciones del 2, 9 y 11 de Abril de 1932 y 2 de Mayo de 1932; y Hebe Clementi. “El Radicalismo (Trayectoria Política)” (1983), p. 67. Ed. Siglo Veinte, Buenos Aires. Una recepción conmovedora tributaron -a los restos del ex Jefe de Estado- el Gobierno y personas representativas, según informaba el diario “La Prensa”, (Buenos Aires), edición del 27 de Mayo de 1932. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

La vuelta de Yrigoyen fue un acicate para intensificar la actividad política, pero también para que muchos trataran de ubicarse en una mejor posición partidaria, para lo cual no se trepidaba en afectar el honor de sus propios correligionarios. Uno de los que sufrió esos ataques fue el ex vicepresidente de la nación, doctor Enrique Martínez, a quien se le atribuyó haber estado en connivencia con el jefe de la insurrección septembrina para que se le hiciera entrega del poder una vez lograda la renuncia del Primer Mandatario, por lo que reclamaba de su partido la formación de un tribunal de honor para que juzgara su conducta en aquellos episodios.

Luego de rechazar las calumniosas imputaciones, atacaba la actitud de sus propios correligionarios, incluso la del propio Yrigoyen, a quien había denunciado la grave situación sin merecer su atención, pues aquél estaba seguro de sobrellevarla en base a su prestigio personal. Expresaba que la insurrección de Septiembre fue un secreto a voces y que al producirse la misma, la manifestación popular que acompañaba a las tropas que iban a quitarles el Gobierno era sólo comparable con la inmensa que acompañó a Yrigoyen en 1928.

Admite que debió declinar el Gobierno ante la presión militar, pero la historia sabrá reconocer también -decía- que no tuvo necesidad de huir y que si en esos momentos -rodeado de muy pocos- debió presentar su renuncia al salvar su decoro, evitó al partido el espectáculo de la fuga total.

Al referirse a la actuación que tuvieron los ex ministros González y Abalos, señalaba que especialmente este último fue el único que lo acompañó en la confusión de la jornada. El doctor Abalos rectificó algunos de los conceptos expresados por el doctor Martínez, pero reconoció las disidencias que existían con el doctor Yrigoyen, amistosas, caballerescas y leales, traducidas en reiteradas advertencias, desgraciadamente desoídas, no escapándosele que en el proceso previo a la sublevación, el Gobierno iba perdiendo prestigio ante la opinión pública₍₂₎.

(2) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), ediciones del 7 y 19 de Marzo de 1932. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

A pocos dias de asumido el nuevo Gobierno, la convención nacional de la Unión Cívica Radical dispuso la reorganización general del partido en todo el país y dio un crítico documento en el que ratificaba su conocida posición del año anterior, declarando que los actuales poderes de la nación, de las provincias y de los municipios eran autoridades de fuerza, creadas al margen de la Constitución y de la ley, declarando, sin embargo, la validez de los comicios del 5 de Abril de 1931, realizados en la provincia de Buenos Aires.

Disponía, además, la cancelación de la afiliación de los ciudadanos que hubieran aceptado cargos electivos y políticos en los actuales Gobiernos y que los jueces que declinaron o declinaren su deber ante la arbitrariedad y la fuerza iban a ser sometidos a las sanciones constitucionales que correspondieran.

Previo a todo se propuso un voto de aplauso a los cabecillas de los movimientos sediciosos realizados el año anterior en Corrientes y a comienzos de este año en Entre Ríos.

En esa misma convención, el delegado doctor Perkins, propuso introducir en el manifiesto una declaración por la que se desconocían los compromisos financieros del país, lo cual fue rechazado, salvo el voto del proponente y del doctor Dellepiane que lo acompañó. En esos días realizaban -además- un mitin conmemorativo de las elecciones del 5 de Abril, al que asistió un regular grupo de personas₍₃₎.

(3) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), ediciones del 4 y 6 y 7 de Abril de 1932. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

No eran todas coincidentes las actitudes en el radicalismo; otros grupos de esa filiación, agrupados bajo la denominación de Junta Ejecutiva Pro-Organización de la U.C.R., dio a conocer una declaración dirigida al pueblo por la que rechazaba las declaraciones del personalismo que carecían de autoridad moral para juzgar la validez y legalidad del actual Gobierno constitucional, por haber sido los causantes de la situación que actualmente se vivía.

Terminaba expresando que por tales razones, los firmantes habían decidido apoyar las gestiones del actual Gobierno y reafirmar los principios del radicalismo por medio de una intensa campaña tendiente a la reorganización inmediata y definitiva de la agrupación en todo el territorio de la República₍₄₎.

(4) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), edición del 8 de Abril de 1932. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

No en balde, el general Justo era un reconocido radical, que contaba con muchas simpatías, especialmente en aquéllos que seguían al doctor Alvear, ex presidente de quien había sido su ministro de Guerra.

En Corrientes, poco después, se reunía también la convención partidaria radical y daba una declaración, a iniciativa del doctor José F. Benítez, en la que se expresaba el anhelo de reorganización amplia con absoluta prescindencia de círculos y tendencias, a fin de dar cabida a todas las voluntades patrióticamente inspiradas.

Los primeros meses del Gobierno del general Justo fueron motivados en su aspiración y esfuerzos para lograr la armonía nacional. Había surgido con el concurso de las fuerzas radicales antipersonalistas y conservadoras, nucleadas en el partido Demócrata Nacional. La oposición estaba representada en la Alianza Demócrata Progresista - Socialista, que cosechó votos y logró importantes posiciones legislativas merced a la abstención electoral del radicalismo.

Otro sector que conspiraba contra el general Justo era el nacionalismo, que acompañó a Uriburu, que consideraba al actual presidente como traicionando los ideales de la insurrección de Septiembre y, finalmente, la más importante de las oposiciones la encontraba en el radicalismo personalista.

Este último sector se debatía, a su vez, en las contradicciones internas sobre el modo operativo de concretar esa oposición. Desde las formas más extremas de proyectos sediciosos, en los que se propiciaba aplicar la violencia si ello fuere necesario, hasta quienes consideraban conveniente volver al comicio y por esa vía reconquistar el poder, pues se tenía la seguridad del apoyo de la gran mayoría del pueblo.

Dentro de quienes conspiraban con la realización de un golpe de fuerza, estaban los que consideraban que era necesario un levantamiento civil con el apoyo de fuerzas militares, y los que creían necesario el golpe puramente militar, seguido de un apoyo civil₍₅₎.

(5) El teniente coronel Atilio Cattáneo, en su libro “Plan 1932 (la Lucha Armada en la Década Infame)” (1959), Ed. Sophos, Buenos Aires, nos presenta un importante análisis de la labor conspirativa realizada por militares y civiles del radicalismo personalista y, también, la actitud reticente de algunos sectores civiles, especialmente los políticos, nucleados alrededor de la figura del doctor Marcelo Torcuato de Alvear. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

La provincia de Corrientes no era ajena a tales movimientos conspirativos y un hecho policial vino a poner en evidencia esa circunstancia: la muerte, en la Ciudad de Curuzú Cuatiá, del mayor Regino P. Lezcano por efectivos de la policía provincial₍₆₎.

(6) Atilio Cattáneo. “Plan 1932 (la Lucha Armada en la Década Infame)” (1959), pp. 68 y 124. Ed. Sophos, Buenos Aires. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

Este oficial había sido uno de los amigos personales del doctor Yrigoyen y había participado de la insurrección de 1905 en Córdoba y fue recluido en Ushuaia hasta 1906, en que lo benefició la ley de amnistía sancionada ese año.

Al asumir el Gobierno radical -en 1916- fue reincorporado al Ejército, alcanzando el grado de Mayor en 1918 y, tres años después, le fueron reconocidos antigüedad de servicios por el mismo Gobierno, ascendiéndolo a Teniente Coronel, en cuya oportunidad se lo designó jefe del regimiento 1ro. de Patricios, donde lo sorprendió la sublevación de Uriburu en la que se aprestó a defender el Gobierno radical tomando posiciones, enfrentamiento que se evitó al desviar la columna insurreccional -encabezada por Uriburu- el itinerario previsto por la zona de Palermo.

Posteriormente fue relevado y el nuevo Gobierno lo volvió a la situación de Mayor, desempeñándose en la jefatura de Distritos Militares, hasta que solicitó su retiro del servicio activo. Para Etchepareborda, esta muerte fue un asesinato, “cuando conspiraba para restablecer las autoridades legítimas de la nación”, posición que también sostiene el teniente coronel Cattáneo, quien lo considera un baldón para Corrientes y de la que se hace eco Potash en base a un despacho de la embajada de los Estados Unidos, del 7 de Julio de 1932, y a la propia opinión del anterior. También coincide en esa tesitura Gabriel del Mazo₍₇₎.

(7) Roberto Etchepareborda. “Tres Revoluciones” (1987), p. 278, nota 87. Ed. Pleamar, Buenos Aires; y Atilio Cattáneo. “Plan 1932 (la Lucha Armada en la Década Infame)” (1959), pp. 68 y 89. Ed. Sophos, Buenos Aires; Robert A. Potash. “El Ejército y la Política en la Argentina. 1928 - 1945 (de Yrigoyen a Perón)” (1985), p. 143. Ed. Hyspamérica, Buenos Aires; Gabriel del Mazo. “El Radicalismo (Notas sobre su Historia y Doctrina. 1922 - 1952)” (1957), p. 233. Ed. Guré, Buenos Aires. // Todo citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

La información periodística, en base a los partes policiales, decía que el mayor Lezcano venía siendo vigilado por la policía provincial que contaba con datos relativos a un intento de sublevar al regimiento 9 de caballería con asiento en la Ciudad de Curuzú Cuatiá, con la complicidad de algunos suboficiales, por lo que se había dispuesto la vigilancia de una serie de personas sospechadas de tener alguna vinculación con el propósito golpista.

Decían que en la noche del hecho vieron salir del domicilio del conocido vecino de esa ciudad, José Irazusta, una persona que les resultó sospechosa, a la que siguieron hasta el domicilio del sargento primero Cayetano Núñez, lugar al que también arribaban varias otras personas.

Teniendo en cuenta el número de los allí reunidos, y que aún no habían llegado refuerzos, se requirió el apoyo de personas civiles que se prestaron a secundar el procedimiento. Aproximadamente a las 23:30 salió una persona emponchada y comenzó a alejarse, oportunidad en que la autoridad le dio la voz de alto, sin ser acatada, y que en respuesta el desconocido extrajo de entre sus ropas un revólver y atacó a la partida policial, la que repelió la agresión y lo hirió de gravedad, produciéndose su deceso al ser trasladado al hospital, donde recién pudo determinarse de quién se trataba.

Se atribuyó la responsabilidad del hecho a uno de los civiles que cooperaron con la autoridad, el señor Justino Ezcurra, cuya detención se dispuso. De acuerdo a los mismos informes, era habitual que el mayor Lezcano viajara a la capital de la provincia y otras localidades de ésta y al vecino Territorio del Chaco, entrevistándose con dirigentes de reconocida filiación radical personalista.

“Entre mis papeles -dice el doctor Ricardo Harvey- se hallaron documentos comprometedores que lo asociaban a un golpe en preparación, cuyo texto coincide con el que muchos años después hizo conocer el teniente coronel Cattáneo en su obra referente a estos sucesos".

Los restos del militar fueron velados en el local del Distrito Militar Curuzú Cuatiá y posteriormente trasladados a la Ciudad de Buenos Aires, constituyendo su sepelio una clara demostración del repudio y condenación que el hecho había generado en los sectores radicales personalistas.

La circunstancia de que el gobernador de la provincia, doctor Numa Soto, hubiera hecho llegar su felicitación al personal policial por haber descubierto el plan sediciosos en aquella ciudad, fue el factor determinante para que el comité nacional del radicalismo elaborara un manifiesto en el que se atribuía al Primer Mandatario correntino haber felicitado al personal por la muerte del mayor Lezcano, circunstancia que fue desmentida, calificando a los dichos como de “burda patraña”, no sin puntualizar la circunstancia de que el radicalismo se solidarizaba con el homenaje póstumo pero negaba su participación en las actividades subversivas del extinto.

En su comunicado, el gobernador hacía referencia también al mitin realizado por la fracción yrigoyenista en Corrientes, en el que los oradores “se despacharon a sus anchas” contra los hombres de los Gobiernos nacional y provincial, en conceptos que no se podían reproducir por su procacidad, agravando su situación con expresiones que invitaban a la rebelión₍₈₎.

(8) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), ediciones del 30 de Junio; y 2, 4, 5, 8, 9 y 14 de Julio de 1932. Intervino la Justicia Criminal de la provincia, trasladándose al lugar de los hechos el juez, doctor Márquez, y el fiscal, doctor Alberto M. Balbastro y, también, la Justicia Militar, trasladándose con tal fin el comandante y el auditor del comando de la III Región Militar. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

Unos meses después, el juez del Crimen, doctor Paiva, absolvía de culpa y cargo a Justino Ezcurra y Froilán Ortiz en el proceso por la muerte del mayor Lezcano, con la declaración de que la causa no afectaba su buen nombre y honor₍₉₎.

(9) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), edición del 20 de Noviembre de 1932. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

El diario “La Prensa” repudiaba en un editorial el nuevo plan sedicioso descubierto con motivo del luctuoso suceso, el cual revelaba que hombres y círculos del radicalismo opositor persistían en su primitiva táctica y que el Congreso Nacional se vería ahora en una situación incómoda para considerar los proyectos de amnistía política que tenía a estudio y, en otro similar, decía que no se justificaba la pasividad de las autoridades del radicalismo frente a la actividad de elementos de sus filas que tramaban motines cuarteleros o predicaban la sublevación civil atribuyéndose la total representación partidaria.

Finalmente, las autoridades de ese partido publicaron un manifiesto expresando que la Unión Cívica Radical era extraña a las actividades insurreccionales atribuidas al mayor Lezcano y que en el supuesto caso de que miembros del partido -en forma individual- conspiraran, el Gobierno tenía todos los resortes de la ley para reprimir cualquier alteración, pero que primero era necesario individualizar a los autores antes que hacer imputaciones colectivas.

El mismo diario consideraba de “lamentable insuficiencia” la del documento emitido, que no levantaba de manera categórica el cargo formalmente imputado de estimular movimientos sediciosos.

La situación no era fácil para el presidente Justo, pues el radicalismo continuaba conspirando y tratando de ganarse la adhesión de militares en actividad. El teniente coronel Cattáneo, en su obra “Plan 1932”, relata los trabajos que se fueron realizando y la forma en que finalmente abortó el movimiento en Diciembre de 1932, al par que señala la actitud de algunos dirigentes radicales a los que atribuye contactos y relaciones con el presidente de la nación, sobre la base de una promesa de aquél de dar elecciones absolutamente correctas.

Por su lado, los estudiantes universitarios convocados por la F.U.A. (Federación Universitaria Argentina) realizaban en Buenos Aires el II Segundo Nacional, el que presidieron -rotativamente- Alberto May Zubiría, Héctor José Cámpora y el correntino Isidro J. Odena y en el que se discutió con mayor interés los deberes sociales del estudiante y sus tácticas políticas₍₁₀₎, con actitudes claramente antigubernistas.

(10) Horacio Sanguinetti. “La Democracia Ficta. 1930 - 1938” (1975), p. 124. Ed. La Bastilla, Buenos Aires. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

El fracaso del complot radical trajo como consecuencia un nuevo resto y confinación del doctor Hipólito Yrigoyen en la Isla de Martín García, y la detención del doctor Marcelo Torcuato de Alvear, que hacía poco se había hecho cargo de la presidencia del partido, del doctor Adolfo Güemes, del doctor Honorio Pueyrredón y d otros dirigentes, además de decretarse el estado de sitio en todo el país.

En la provincia sufrió detención el doctor Raúl F. Arballo y, en el vecino Territorio del Chaco los doctores Flores Leyes, Pereno y Taboada. Tiempo atrás ya había sido detenido por motivos similares y puesto a disposición del Juzgado Federal, el doctor F. Daniel Mendiondo, todos ellos dirigentes radicales personalistas.