Con Madariaga en el Gobierno, la grieta se ensancha más

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Juan Vicente Pampín apenas pudo gobernar un poco más de un año, pues falleció el 9 de Marzo de 1876, y quedó al frente de la provincia el vicegobernador, José Luis Madariaga, que era miembro del Partido Liberal pero que, enojosas relaciones con sus propios copartidarios, hizo inclinar sus afectos, por medio del periódico “La Verdad” -ya antes de asumir el P. E.- hacia la oposición al gobernador en funciones.

El fallecimiento del gobernador Pampín hizo que el vicegobernador Madariaga sea constitucionalmente gobernador. Es el 24^to. en la cadena constitucional de mando y poder.

Madariaga residía en Paso de los Libres. Cuando fue llamado a ejercer el Poder Ejecutivo, algunas voces le previnieron que sectores afines al gobernador fallecido, en la Capital, trataban de impedir su elevación al poder, por lo cual retardó su viaje, a fin de combinar, con el ex gobernador Miguel V. Gelabert -que estaba en Mercedes-; con Luciano Cáceres -hijo del ya desaparecido caudillo, Nicanor-; y otros jefes del sur provincial, los medios de sofocar la supuesta revuelta anunciada.

Madariaga incluso llegó a conferenciar -cuando venía hacia la Capital- con el coronel Raymundo Fernández Reguera, llamado por él, en uno de los Pasos del Batel.

El movimiento no sucedió. ¿Fue falsa la alarma? Desde el núcleo liberal capitalino se dijo que

“la falsedad tenía por objeto precipitarlo ya contra los liberales, y él la creyó”, y que “nadie pensó en tal cosa” pues, si el proyecto hubiera existido, “no habrían impedido su ejecución, porque la fuerza pública de la capital y de la campaña estaba en manos de los supuestos conspiradores y se contaba, además, con el pueblo”₍₁₎.

(1) Citado por Manuel Florencio Mantilla, “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

Hay que darle la derecha a Mantilla ya que, cuando falleció Pampín, el Gobierno quedó en poder de los liberales ortodoxos pues, aunque Benito Villegas, como legislador a cargo del P. E., se encargó -provisoriamente- del mando hasta el 23 de Marzo, nada se innovó; la Administración continuó como la había constituido el Mandatario desaparecido: ministros, jefes de fuerzas, autoridades superiores de la capital y campaña.

De esto se infiere que, si las sospechas federales eran ciertas, Villegas hizo caso omiso de las tentaciones rebeldes y se impuso la uniforme opinión de respetar la imposición de la ley. Sin embargo, la idea de una insurgencia permanecerá en la mente de los federales, la que se hará pública más adelante en testimonios escritos del propio gobernador Madariaga.

En realidad, si el supuesto movimiento se registraba, se adelantaban los tiempos de la guerra civil, sin dejar de lado que, un paso semejante, hubiese desencadenado represalias presidenciales. No hay que olvidar que a la élite liberal -que rodeaba al ex gobernador Pampín-, se les había ocurrido sospechar, incluso, que éste pudo haber sido asesinado por envenenamiento.

José Luis Madariaga asumió la Primera Magistratura el 23 de Marzo de 1876. Se constituía así en el 24^to. Gobernador constitucional propietario de la provincia y debía completar el período 1874-1877. Varios proyectos, que el desaparecido Pampín había querido llevar a la práctica, fracasarán a su muerte.

A principios de 1877, la división del fusionismo se tornó evidente y se modificaron nuevamente las agrupaciones políticas en la provincia. El autonomismo o federalismo, liderado por Manuel Derqui, concentraba el control del Ejecutivo Provincial. El nacionalismo, que reunió bajo su ala a los mitristas con los alsinistas y fusionistas que no aceptaban el rol de Madariaga ni de Derqui como dirigentes del fusionismo, contaba con mayoría en la representación legislativa nacional₍₂₎.

(2) Ver: Archivo General de la Nación, Fondo Dardo Rocha, Leg. 2.708: Cartas de Manuel Derqui a Dardo Rocha, Paraguay, 6 de Marzo y 26 de Junio de 1876; Cartas de Justino Solari a Dardo Rocha, 30 de Julio y 11 de Noviembre de 1876; Leg. 2.709: Carta de Manuel Derqui a Dardo Rocha, Corrientes, 16 de Enero de 1876; Cartas de José Luis Madariaga a Dardo Rocha, Corrientes, 5 de Enero y 1 de Febrero de 1876. // Todo citado por Raquel Bressan, “Las repercusiones en Corrientes de la política de conciliación de partidos (1877-1880)” — Instituto de Ciencias — Universidad de General Sarmiento [UNGS] — Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas [CONICET].

Bajo este contexto, las elecciones a gobernador que debían realizarse a fines de 1877, serán concebidas como una oportunidad óptima para destrabar la aparente equiparación de fuerzas que ostentaban uno y otro grupo.

Sin embargo, Madariaga pensó -en un primer momento- que podría volverse a la política de conciliación del denominado “fusionismo”, recreado en tiempos del ex gobernador Gelabert y quien probablemente lo sedujo con esa idea y, por ello, confirmó en sus carteras a los ministros liberales de Pampín, los doctores José Luis Cabral y Nicanor García de Cossio.

Sin embargo, ambos renunciarán a sólo 15 días de ser confirmados en sus cargos, el 6 de Abril de 1876. ¿Qué había sucedido en el ínterin?

El cambio ministerial de Abril de 1876 obedeció a un curioso incidente que da una pauta del antagonismo político que existía, que hasta llegaba al terreno de la agresión personal.

El ex gobernador Gelabert llegó a la Capital cinco días después que el vicegobernador. “La Verdad” registró, poco después, escritos suyos, plagados de críticas hacia sus adversarios políticos. Uno de los peor tratados fue el Diputado Nacional, doctor Juan M. Rivera. El destino hizo que ambos hombres se encontrasen, casualmente, en una misma vereda. De este hecho privado, con consecuencias institucionales, obran en nuestro poder dos versiones, que son las siguientes:

a.- La primera fue dada a conocer por el doctor Hernán Félix Gómez la que, años después, será reproducida por el profesor Antonio Emilio Castello, y dice así:

“Dirigiéndose el ex gobernador Gelabert a la Casa de Gobierno, fue atacado por un grupo de personas entre las que se encontraba el señor Mosqueda, que había sido Jefe de Policía de Pampín.
“El agredido fue oportunamente defendido por el capitán Solís que, casualmente, se encontraba en el lugar, consiguiendo así conservar su integridad física y llegar a su destino.
“Llegado Gelabert a la Casa de Gobierno requirió la intervención de la fuerza pública y, airadamente, solicitó al gobernador que se castigara a los autores del atropello.
“Pero el procedimiento de intimidación de los opositores también se extenderá al doctor Severo Fernández, quien fue agredido en la vía pública, revólver en mano, por una eminente figura del liberalismo, el doctor Manuel Florencio Mantilla, siendo oportunamente salvado, esta vez, por dos distinguidas señoras, Dolores Hidalgo de Toledo y Luisa Blanco que, enérgicamente, se interpusieron entre el agresor y el agredido”₍₃₎.

(3) Hernán Félix Gómez. “Los últimos Sesenta Años de Democracia y Gobierno en la Provincia de Corrientes. 1870-1930” (1931), p. 105. Ed. L. J. Rosso, Buenos Aires. // Citado por Antonio Emilio Castello. “Corrientes, Tejedor y la Revolución de 1880” (2002). Moglia Ediciones, Corrientes.

b.- La segunda versión fue dada por uno de los protagonistas de estos hechos, el doctor Manuel Florencio Mantilla, quien relata lo siguiente:

“... provocado el doctor (Rivera), aplicó (éste) a Gelabert una buena paliza.
“Como este hecho mereció tanta importancia y, por otra parte, Gelabert lo refiere frecuentemente a su modo, debemos consagrar una nota a su narración. Ocurrió así:
“El doctor Rivera iba a su casa por la vereda de la acera en que estaba la de Gelabert; éste conversaba en los corredores de la suya, con el Ayudante de Gobierno, Santiago Solís.
“No sabemos si, por buscar pleito o por necesidad, cuando el doctor Rivera fue visto, Gelabert caminó a su encuentro; al enfrentarse ambos, Gelabert dio un empellón al doctor Rivera, diciendo: ‘Salga de aquí, pícaro’.
“El ofendido levantó, entonces, su grueso bastón de ballena e hizo sentir su peso en la cabeza del agresor...
“Después de algunos instantes, Gelabert atropelló al ‘inhumano’, agarrándose del bastón y, en la lucha por quitárselo, recibió nuevos golpes de puño en la boca y en la nariz, los que le hicieron saltar sangre.
“En eso pasó casualmente por el lugar, el Jefe de Policía; les intimó desapartarse y, no siendo obedecido, se introdujo entre ellos, en momentos que también llegaba el Ayudante Solís, a quien Gelabert decía: ‘¡Mate a este pícaro; hachéelo!’.
“El Jefe de Policía ordenó a Solís que se abstuviera de hacer nada, pero, desobedeciéndolo también, saltó de su caballo, con espada en mano, y se dirigió al grupo.
“El doctor Rivera soltó el bastón, para ir a su encuentro. ‘¡Párese, Solís! -le dijo, teniendo el revólver montado- porque lo mataré!’.
“La contestación de aquél fue descargarle un hachazo, que felizmente no tocó a Rivera porque, al ver el movimiento, se aprovechó de la corta distancia y atropelló a Solís, tomándole la espada cerca de la empuñadura y, acto continuo, lo dio en tierra a golpes de revólver en la cabeza, porque no quiso matarlo.
“Cuando Gelabert vio esto, abandonó el bastón al Jefe de Policía y salió corriendo, sin sombrero y dando gritos, en dirección a la Casa de Gobierno. Allí pidió el inmediato fusilamiento de los ‘bandoleros revolucionarios’”₍₄₎.

(4) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

Más allá de los pormenores, el gobernador Madariaga repudió estas agresiones llevadas a cabo “por adictos del ex gobernador Pampín”. El caso era policial o, cuando más, un delito particular; pero Madariaga lo tomó como cuestión de Estado.

En nombre de los “altos intereses públicos” comprometidos con la paliza, y, sin miramientos a sus ministros (que también eran liberales), destituyó al Jefe de Policía, nombró Inspector de Armas (empleo que no existía), al comandante Ramón Acosta₍₅₎, destituyó a todos los Comisarios de Sección y empleados de Policía, despachó chasques a la campaña y telegramas al Litoral, autorizando a sus correligionarios para que se apoderasen del Gobierno de los Departamentos y, según Mantilla, bajo la presión de la “exaltación del mártir” (Gelabert) y por consejo de la élite federal, ordenó la prisión del ex Jefe de Policía, del Fiscal del Estado, del Jefe del Detall, del doctor Rivera y de varios ciudadanos más.

(5) Ibidem. Ramón Acosta había sido separado por el ex gobernador Juan Vicente Pampín.

Una importante consecuencia de estos lamentables sucesos, es que el grupo liberal se sintió desplazado por la nueva situación, produciéndose así el alejamiento de ese sector del liberalismo correntino que pasó, decididamente, a la oposición y que tendrá como vocero al periódico “El Argos”, del que era copropietario el doctor Mantilla.

Nunca fue de tanta trascendencia una pelea callejera entre dos hombres. Estos escándalos fueron el punto de arranque de la completa variación de las cosas existentes, el camino de una nueva situación, y necesitaban ser justificados o, por lo menos, explicados. Así lo comprendieron sus autores, cuando en la prensa y en documentos oficiales pretendieron colocarlos al nivel de los hechos anormales pero necesarios, que los gobernantes pueden ejecutar por espíritu de propia conservación y por las conveniencias públicas, a cuyo fin echaron mano de las cosas. El periódico “La Verdad” dijo, sosteniendo al Gobierno

“Tenían formada una conspiración para hacer rodar algunas cabezas en un momento, imponerse por el terror y apoderarse, enseguida, de la provincia; los crímenes no se han podido cometer, porque felizmente fueron avisadas las víctimas de la conjuración, y el día en que debía estallar, se ocultaron en los lugares más apartados, donde no podían ser asesinados.
“Es por esto que ha fracasado la matanza, reduciéndose los asesinos a atacar a don Miguel V. Gelabert y al doctor Severo Fernández. La situación está felizmente salvada con las medidas de orden público tomadas por el gobernador, y podemos garantir que los criminales serán escarmentados”₍₆₎.

(6) Ibidem. “La Verdad”, núm. 41.

Estos hechos fueron la confirmación -para los federales- del supuesto golpe de estado que estaban preparando sus adversarios, antes de asumir Madariaga la titularidad del P. E. El gobernador se justificó con su ministro de Gobierno, el doctor José Luis Cabral, quien le había pedido explicaciones. Madariaga le respondió en su descargo lo siguiente:

“... [consideraba que] el escándalo producido hoy, y que yo me temía hace días, no sólo fuese un acto aislado, sino que tuviera ramificaciones que pudieran trastornar el orden público; por datos que tengo de muchas partes, ha hecho que hoy -en momentos de aquel conflicto- hubiera tomado medidas de precaución porque, francamente, sé que muchos conjurados no están conformes con mi Gobierno, y te prometo que temí en aquel momento y tomé aquellas medidas que, creía, me aseguraban; fueron momentos supremos.
“En manera alguna creo al ministro [se refiere a Cabral] complicado en nada de lo que se trama, desde el coronel Reguera y demás amigos de él, contra mi persona y mi Gobierno. Te declaro que todas mis medidas no fueron más que consecuencias de mis temores y, en aquel momento, creí estuvieran minadas las fuerzas, pues sabido es que, del incidente más pequeño, resulta una gran convulsión”₍₇₎.

(7) Ibidem. Carta del gobernador Madariaga al doctor Cabral, publicada en el periódico “El Argos”.

De esto se infiere, que el gobernador persistió en la sospecha de una eventual insurgencia liberal, de la que se mantuvo alerta desde que ocupó el P. E.

No obstante, las declaraciones públicas de que el Gobierno tenía los hilos de la conjuración criminal y de haber mantenido encarcelados a los principales conjurados de la Capital (incluso el coronel Fernández Reguera pidió ser encausado), la teoría de la conspiración fue desinflándose y los culpables de la bochornosa pelea también comenzaron a ser olvidados al día siguiente de los sucesos. Los presos fueron puestos en libertad a los ocho días, sin castigo alguno ni ulterior juicio.

Afortunadamente, el gobernador acertó en no escuchar algunos consejos, como el que le ofreciera “un pariente de Madariaga”₍₈₎, quien parece que decía, a cuántos con él hablaban:

“He dicho a José Luis que el mejor medio de tranquilizar la provincia es fusilar a esos anarquistas que están presos, poniendo en práctica, por ocho días, el sistema de Rosas”. Este “sabio” consejo no fue felizmente escuchado.

(8) Ibidem. Son palabras del doctor Mantilla. El historiador no identifica al autor de estas palabras. ¿Era Juan Antonio Madariaga?

Los ministros, doctor José L. Cabral y Nicanor G. de Cossio, presentaron sus renuncias indeclinables. El primero decía:

“Desde que se produjeron las medidas violentas, adoptadas por P. E., única y exclusivamente por un acto personal, sin acuerdo de los Ministros, lo que afecta su constitucionalidad, comprendí que no podía continuar al frente del Ministerio, porque no es una política de paz, de libertad y de garantías, la que funestamente se inicia.
“Me persuado de que mi presencia en el Ministerio no puede ser sino sacrificando mi dignidad, mi respeto a la Constitución y a las leyes y, aún a mi honor, sacrificio imposible a mi carácter y al deber”.

El segundo, aunque menos enérgico, fue, sin embargo, categórico:

“No estando conforme -decía- con la marcha iniciada por V. E., y menos con las medidas violentas adoptadas por hechos puramente personales, elevo mi renuncia indeclinable”.

Los renunciantes eran miembros del Partido Liberal, pero de esos correligionarios pasivos que, por no haber figurado en el ardor de las luchas como elementos activos, inspiraban -si no indiferentismo- al menos poca antipatía a los federales; al lado de Pampín, fueron el término medio conveniente para la realización del programa del ex gobernador y, en las mismas condiciones, aceptaron acompañar a Madariaga, previas “sus protestas y promesas de gobernar, ciñendo sus actos a la Constitución y a las leyes”₍₉₎.

(9) Ibidem. Carta oficial del doctor Cabral al gobernador Madariaga, del 5 de Abril de 1876.

Una prueba de que el doctor Cabral, por ejemplo, no encarnaba la intransigencia del Partido Liberal, es que el día 5 de Abril cedió a las exigencias de Madariaga, destituyendo injustamente al Jefe de Policía, Basiliano Ramírez, por el escándalo desatado por Gelabert y Rivera, quizá por haber creído bastante satisfacción y, también, que ambos no presentaron inmediatamente sus renuncias sino que, esperanzados en encontrar un punto medio, primero optaron por pedir explicaciones al Primer Mandatario. Se supone que no querían ser vistos por sus correligionarios como “viles y degradados instrumentos”₍₁₀₎.

(10) Ibidem.

El gobernador reemplazó los ministros salientes, nombrando Ministro General al doctor Severo Fernández; tres meses después, más precisamente el 10 de Julio de 1876, designará a Sebastián Alegre en la cartera de Hacienda e Instrucción Pública. Ambos eran federales. El 2 de Abril de 1877 renunciará Alegre y será llamado en su reemplazo el doctor Manuel Derqui, quien renunciará el 12 de Noviembre de ese año, para abocarse a su candidatura a gobernador, quedando nuevamente Fernández de Ministro General₍₁₁₎.

(11) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Crónica Histórica de la provincia de Corrientes” (1928), tomo II, capítulo XXVI: “Período Constitucional”, parágrafo 260. Notas biográficas por Angel Acuña, Buenos Aires. Ed. Juan Ramón y Rafael Mantilla.

Se puede, pues, invocar, como testimonio irrecusable de la veracidad del relato, los términos de las renuncias de los ministros de Madariaga. Pero los liberales más ilustrados originarán un nuevo relato que, en definitiva, será el fundamento de lo por venir, y su premisa será: “Madariaga reproduce fielmente el Gobierno de Evaristo López Soto”, derrocado en 1868. Basaban su premisa en que él y Miguel Gelabert, “eran los únicos hombres nuevos”; los demás “eran de los pasados tiempos, desesperados por cancelar sus créditos de odio”₍₁₂₎.

(12) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

Para dar una idea de la innovación operada, basta recordar los nombres de la Administración Madariaga. El doctor Severo Fernández, era ministro de Gobierno, un hombre muy cercano a Gelabert y que tuvo participación en el triunfo electoral legislativo del ex gobernador en San Luis del Palmar; Sebastián Alegre, ministro de Hacienda e Instrucción Pública; Ramón Acosta, un hombre cercano al ex gobernador Gelabert, ocupó el cargo -inconstitucional, dicho sea de paso-, de Inspector General de Armas; Casildo Cossio, Jefe del Escuadrón Libertad; Juan Andrés Lovera, Jefe del Detall; José B. Romero, Fiscal de Estado; Teodoro Maciel, Juez de Paz, Receptor y Comandante Militar de Lomas; Santiago Portillo, en 1867, Juez de San Cosme₍₁₃₎.

(13) Estos hombres soportaban el apodo de “paraguayistas”. Cossio y Lovera eran señalados como “soldados de los paraguayos”; Maciel, era apuntado como ex vaqueano del Ejército invasor, en 1865, además de asociárselo como “uno de los federales del año 40”, es decir, rosista.

Podemos citar otros nombres a quienes los liberales miraban con desdén, por estar ligados a la Administración de López Soto: Gabriel Espíndola, quien era autoridad superior en San Luis del Palmar al estallar el movimiento insurgente de 1868 y, ahora, Juez del mismo Departamento; Jacinto Gómez, de los caídos con López Soto, Juez de Empedrado.

Sin embargo, hay que mencionar algunos nombres que, en los liberales, despertaban total rechazo: Juan Candia, hombre fuerte de Bella Vista; Onofre Aguirre, Jefe Superior, con facultades extraordinarias en Lavalle, Goya y Esquina; Luciano Cáceres, hijo del otrora hombre fuerte del Sur provincial, Nicanor Cáceres (“cuyas condiciones heredó y superó”, según sus opositores)₍₁₄₎.

(14) Son caudillos autonomistas que, en su lucha contra los liberales fueron frontales, vehementes, impetuosos. Por supuesto, aquéllos terminaron odiándolos y temiéndolos. Entre las imputaciones se puede leer lo siguiente: de Candia, se decía que era un homicida, “uno de los más feroces caciques, en que todos los Gobiernos federales se habían apoyado”; Aguirre era también un antiguo caudillo de las causas federales. Temido por sus enemigos [Mantilla relata que en la colección del periódico “La Patria”, de Goya, se historiaron sus hechos delictivos]; Varela era acusado de haber “invadido la provincia en 1873, con elementos brasileños”.

Luciano -al igual que Aguirre en su jurisdicción- era Comandante absoluto de Monte Caseros y Curuzú Cuatiá; Benjamín Varela, Juez de La Cruz; Serapio Sánchez, Dámaso Sánchez Negrette (a) “Jagua Blanco”; José Pujol; Ramón Lotero, Wenceslao Lugo, autonomistas acentuados todos, Jueces y Jefes Militares de Itatí, Caá Catí, Saladas, Candelaria y Concepción, respectivamente. Los únicos Departamentos, cuyas autoridades no tenían vinculaciones autonomistas en el pasado próximo, fueron: Mercedes, San Miguel, Mburucuyá y Paso de los Libres.

En la cima del aparato administrativo y partidario se dibujaban claramente tres apellidos: Madariaga, Gelabert y Derqui. Quizás este último era el más influyente, aunque Gelabert llevaba la iniciativa. El gobernador hacía el papel de rubricador responsable, que daba fuerza ejecutiva a todo lo decidido. Los ministros hacían las veces de consejeros, los que estaban en consulta permanente con el doctor Derqui.

- El presidente y su política de la Concordancia. Consecuencias

En Mayo de 1876, el presidente Nicolás Avellaneda expuso la fórmula de la Concordancia con toda claridad al inaugurar el Congreso de 1876:

“No fundaremos un régimen de Instituciones libres sino cuando las oposiciones dejen de ser sediciosas y los partidos dominantes absurdamente excluyentes”, dijo₍₁₅₎.

(15) Avellaneda. Mensaje al Congreso (Mayo 6 de 1876), en: H. Magrabaña, “Los Mensajes (Historia del desenvolvimiento de la Nación Argentina redactada cronológicamente por sus gobernantes. 1810-1910)”, tomo III, p. 411. Buenos Aires, Comisión General del Centenario, 1910, (5 volúmenes). // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. El Ateneo, Buenos Aires.

El presidente se movía en un contexto de grandes amenazas para la estabilidad política. La proclamación de la conciliación de los partidos tenía el propósito de alcanzar una sucesión presidencial ordenada a través de elecciones, con listas consensuadas para los gobernadores que debían ser elegidos a fines de 1877.

La política de conciliación presidencial constituyó una estrategia para superar un momento crítico, donde se habían aunado diversos factores desestabilizadores para el Gobierno Nacional: la amenaza de una revolución mitrista; la potencialidad de un conflicto armado con Chile; la fractura del autonomismo porteño; y las demandas de pacificación impulsadas por importantes asociaciones de profesionales y propietarios₍₁₆₎.

(16) Ver: Alberto Lettieri, “Repensar la política facciosa: La conciliación de los partidos políticos de 1877 en Buenos Aires”. En: Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, tercera serie, núm. 19, primer semestre de 1999; y Fernando Enrique Barba, “Los autonomistas del 70”. Pleamar, Buenos Aires, 1976. // Citado por Raquel Bressan en: “Las repercusiones en Corrientes de la política de conciliación de partidos (1877-1880)”— Instituto de Ciencias - Universidad de General Sarmiento [UNGS] — Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas [CONICET].

En los últimos años se destacaron las dificultades para extender este tipo de acuerdos más allá de los límites de Buenos Aires, principalmente porque, bajo el contexto de la conciliación se incrementó el nivel de conflictividad entre grupos nacionalistas y autonomistas de diversas provincias que consideraron esa política como una oportunidad óptima para que los nacionalistas recuperaran posiciones en los escenarios locales₍₁₇₎.

(17) Laura Cucchi, “Antagonismo, legitimidad y poder político en Córdoba”. Ediuns, Bahía Blanca, 2015, pp. 95-102; Laura Cucchi y María José Navajas, “Garantizar el orden: debates sobre el derecho de revolución y el federalismo en el Congreso Nacional durante la Intervención a Corrientes de 1878”. En: Polhis, núm. 11, primer semestre de 2013; y Diana Ferullo, “La Conciliación de partidos de Nicolás Avellaneda y su impacto en la dinámica de funcionamiento de los grupos políticos en Tucumán, Argentina, 1878/1880”, En: Ana Frega Novales - María Medianeira Padoin - Fábio Kuhn - María Celia Bravo -Sonia Rosa Tedeschi (orgs.). “Historia, Regioes e Fronteiras”, CAPES, FACOS – UFSM, Santa María, Brasil, 2012. // Todo citado por Raquel Bressan en: “Las repercusiones en Corrientes de la política de conciliación de partidos (1877-1880)”... op cit.

La política de Conciliación del presidente posibilitó que se contuvieran los ánimos en la provincia de Corrientes. Iniciada por Avellaneda, aplacó transitoriamente la violencia, facilitando que volviesen a la vida activa los partidos. Aparecieron entonces los periódicos “La Libertad”, “La Patria” y “El Constitucionalista”₍₁₈₎.

(18) Ver: Manuel Florencio Mantilla. “Bibliografía Periodística de la provincia de Corrientes” y también citado en su “Crónica Histórica de la provincia de Corrientes” (1928), tomo II, capítulo XXVI: “Período Constitucional”, parágrafo 259. Notas biográficas por Angel Acuña, Buenos Aires. Ed. Juan Ramón y Rafael Mantilla.

A pesar de la oposición de los nacionalistas (mitristas) y de los liberales, el gobernador Madariaga pudo llevar a cabo alguna obra constructiva, dentro de lo que era posible en esas circunstancias, contando con el apoyo del Partido Federal. La zona del río Uruguay comenzó a progresar gracias a la instalación del Ferrocarril Nordeste Argentino, que comenzó a funcionar el 20 de Abril de 1875, uniendo Monte Caseros con Federación, en Entre Ríos.

Se llevaron a cabo algunas obras públicas, como la muralla sobre el Paraná en la Capital; una tablada₍₁₉₎ en Curuzú Cuatiá; y la fundación del pueblo de Paso de la Patria. También se reglamentó -por ley- la profesión de abogado, el que se llevó a cabo, por medio de las Municipalidades; y se crearon nuevas escuelas en San Miguel, Sauce, Santo Tomé y la Capital; se dieron también subvenciones a colegios particulares.

(19) Lugar en las afueras de una población, donde se reconoce el ganado destinado al matadero.

Se ordenó la delineación de los pueblos de Laguna Brava e Itá Ibaté; se creó el Departamento San Javier y se proyectó la fundación de once pueblos en el actual distrito de la provincia de Misiones -por esos años territorio correntino-, destinándose los lugares respectivos.

Un saldo negativo para Corrientes -en esta época- dejó el Tratado de Paz firmado el 3 de Febrero de 1876 por la Argentina y el Paraguay, por el que la provincia perdió definitivamente el territorio comprendido entre los ríos Paraná, Paraguay y Tebicuary, que había pertenecido a la jurisdicción de la Ciudad de Corrientes en la época colonial y sobre cuyo dominio había hecho reservas periódicas.

- El tercer levantamiento de López Jordán (h)

A mediados de 1876 se produjo, en Entre Ríos, el tercer levantamiento de Ricardo López Jordán (h) -el caudillo que había regresado por segunda vez desde el exilio para enfrentar al Gobierno de su provincia y al de la Nación- y el Gobierno de Corrientes movilizó doscientos Guardias Nacionales, regularizando el servicio de fronteras con un régimen que alivió esa carga ciudadana.

López Jordán (h) había invadido, por entonces, la provincia de Entre Ríos, con un grupo de emigrados. Era la tercera vez que el caudillo famoso de los últimos tiempos pretendía hacer triunfar su causa. Contaba engrosar pronto sus filas con sus viejos y numerosos amigos de Entre Ríos, y esperaba la decidida cooperación de sus correligionarios de Corrientes, situados en situaciones prominentes en la Administración de dicha provincia.

El estado político de Entre Ríos era tenso; todo el derecho con que la autoridad nacional intervino en él -durante las dos rebeliones anteriores de López Jordán (h)- y todo el prestigio que pudo darle su victoria, habíanse convertido en despotismo irritante, que incitaba a la revuelta. López Jordán (h) quiso aprovecharse de ello y desplegó su bandera. Si tenía el Gobierno en contra, confió tener de su lado a la población.

En Corrientes era igual la situación, pero en orden inverso; los correligionarios del invasor componían el Gobierno y eran tenientes suyos los principales jefes que mandaban fuerzas. No podía dudar de unos ni de otros. Levantar a Entre Ríos con la base en Corrientes, fue su plan.

El presidente de la República asistió inmediatamente a Entre Ríos con la Intervención, declarando, al mismo tiempo esta provincia y las del Litoral -incluyendo Corrientes- en estado de sitio. Tenía fundamentos. Muchos de los hombres que apoyaban la Administración de Madariaga habían sido muy cercanos a López Jordán (h). Luciano Cáceres y Onofre Aguirre, Comandantes de Frontera y señores omnipotentes en sus territorios, eran de los vencidos en Siete Arboles y Ñaembé. Antecedentes y palabra empeñada hacían presumir que podían secundar el movimiento de su antiguo jefe.

El coronel Manuel Obligado, un hombre de la Presidencia, fue nombrado Comandante en Jefe de las milicias movilizadas, pero, en los hechos no llegó a tener ejército, ni el Gobierno puso en pie de guerra la provincia. Pero el estado de sitio otorgó facultades preponderantes para los actos de represión, que servirán para cerrar las imprentas de la oposición y para encarcelar y perseguir a los descontentos.

De acuerdo con el decreto nacional, que establecía el estado de sitio en las cuatro provincias litorales, el Gobierno Provincial lo declaró el 28 de Noviembre de 1876 y, como la oposición liberal -justo en esos momentos tan álgidos- arreciaba en su violenta campaña, se tomaron medidas contra ella, siendo clausurados los órganos periodísticos opositores: “El Argos” (el 30 de Noviembre de 1876), a raíz de la violenta prédica que llevaba a cabo el doctor Mantilla, quien será puesto preso en seis oportunidades; y “La Campaña”, el 10 de Marzo del ‘77, del que era editor Carlos Fava y redactores Tomás Luque, Miguel G. Morel y Juan Eusebio Torrent.

Lo único que ofrecía algo de refugio a la oposición liberal era la prensa. En principio, el Gobierno no dio importancia a la condenación diaria proveniente de estos medios, estando seguro de que esa prédica no asumiría el carácter de una resistencia en los comicios y en la Legislatura.

Tras “El Argos” y “La Campaña”, los liberales sostenían -con su aliento y estímulo-, la defensa de su causa con la pluma, afrontando el peligro de vidas y sufriendo con energía las multas y las prisiones. Es que los diarios se erigieron en una pieza clave del sistema político.

Si bien muchos funcionaban como voceros coyunturales de partidos en los períodos electorales, otros se constituyeron en espacio de difusión de discursos políticos, de valores ciudadanos y republicanos, y de los debates legislativos y las opiniones en torno a ellos. Ejercieron fuerte influencia en la opinión y, a través de ellos, también se buscó movilizar electores y adherir voluntades.

La libertad de prensa, en general, no fue puesta en cuestión a partir de 1853. La Constitución la institucionalizó y se consideró como mecanismo clave en la construcción de la opinión pública, pieza inherente al sistema republicano.

Los diarios no eran, como en nuestros días, emprendimientos comerciales o periodísticos, sino empresas políticas. Sus lectores eran escasos y, por lo general, solían estar sostenidos por sus propios dueños, por suscripciones estatales o por los amigos políticos.

Hubo diarios nacionales, entre ellos “La Tribuna”, “La Nación Argentina”, “La Nación” y “La Prensa”, y también hubo provinciales, como los señalados más arriba. Incluso, por estos años, comenzó a desarrollarse una prensa de características satíricas, como “El Mosquito”.

Los diarios tenían un formato bastante uniforme. Algunos de tirada nacional poseían ediciones matutinas y vespertinas. Se mantenía la primera página para noticias del exterior, documentos oficiales y folletines; la segunda para editoriales, columna de opinión, noticias locales y nacionales; y, las dos últimas, para publicidad, despachos de aduana y comunicados judiciales.

Se vendía por suscripción y en la calle. Aunque podían apoyar a diferentes candidatos y partidos, se observa en todos ellos un liberalismo indiscutido; pero cada uno desarrolló su propio estilo: más formal, coloquial o militante. Locales o nacionales, partidarios o independientes, los periódicos de la época nunca dejaron de manifestar su opinión sobre la vida política, los conflictos interpartidarios y el desarrollo de la República o de la Provincia. Por ello, resultaron fundamentales en el desarrollo del juego político y en la construcción de la opinión pública.

La autocracia gubernativa, lejos de nulificar la acción de la propaganda, la vio crecer día a día. La supresión del voto y la violación de casi todos los derechos políticos y civiles, aseguraban el exclusivismo oficial, pero, el continuo batallar de la oposición en la prensa hizo mella en la sociedad.

De un día a otro, perdía terreno el Gobierno, a pesar de su inmenso poder. Hacer callar totalmente la voz de la prensa llegó a ser una de las necesidades de su política, un medio preciso para su tranquilidad; y lo adoptó.

Los periódicos “El Argos” y “La Campaña” fueron los jordanes a quienes Madariaga hizo sentir el peso del estado de sitio. “El Argos”, acusado, primero, por haber anunciado que la Provincia estaba en manos de hombres peligrosos, adictos al caudillo entrerriano, fue condenado a silencio, como publicación anarquista, por el Jefe de Policía, que ordenó la clausura de la imprenta. El carácter anárquico de sus escritos consistía en pedir al Gobierno que pusiera la Provincia en condiciones de defensa y no ocupara a los jordanistas.

“La Campaña” siguió la misma suerte, por razón más pueril: publicó un excelente escrito, del doctor Juan Eusebio Torrent, sobre los títulos incuestionables de Corrientes al Territorio de Misiones, refutando las ideas de los partidarios de la nacionalización de aquél y atacando las pretensiones del Gobierno Nacional en igual sentido.

Aquéllo nada tenía de política, expresamente evitada para sostener la publicación; pero el Gobierno conceptuó también anárquico el escrito y, “La Campaña”, quedó suprimida. De este modo, lo que el valor cívico había conservado en bien de la libertad, fue destruido con el estado de sitio. La oposición quedó asfixiada.

- Control electoral y exclusión de opositores

No hay que dejar de subrayar que el Partido Liberal en Corrientes era vigoroso. Y los hombres del Partido Federal tenían muy en claro cuál era la situación. Por ello no dudaron en usar los instrumentos del Estado para dirigir el futuro resultado comicial y anular la competencia entre partidos. Los Jueces de Paz y Comandantes Militares serían las máquinas electorales del Gobierno.

El período en estudio fue de alta competencia electoral, pero no todos aceptaban las reglas democráticas. Muchos políticos e intelectuales procuraron instaurar otras formas de hacer política que, sin cuestionar los principios republicanos, garantizaran el desarrollo sin sobresaltos de las votaciones que legitimaban la representación y el acceso a los cargos de gobierno.

Esta alta competencia electoral originó disturbios y enfrentamientos, dado el nivel de parcialidad alcanzado, que fue sedimentando odio y resentimientos año a año, con derrocamientos de gobernadores e insurgencias permanentes; en Corrientes nunca se podrán privilegiar acuerdos y, por ende, el control del voto.

Los candidatos se imponían desde arriba, mediante una lista única, y no se toleraba ninguna clase de oposición. De ahí que, tras la derrota de la insurgencia mitrista de 1874 -motorizada por las denuncias de fraude electoral en contra de las candidaturas de su partido- el presidente Nicolás Avellaneda propuso un sistema conciliatorio, que finalmente fracasará.

Se trataba de acordar las listas electorales entre los partidos enfrentados, para evitar confrontaciones el día de la elección. La lista pactada terminaría con la competencia electoral y, por lo tanto, con los conflictos.

Pero, ¿en qué consistía la Conciliación? El concepto distaba de ser uniforme, pues el propio presidente debió explicar varias veces que no se trataba de un pacto o compromiso con los partidos, sino del repudio de la violencia -por los opositores- y de la usurpación, por los gobernantes. Nunca pretendió la confusión por “refundiciones imposibles”: quería que las pasiones y los intereses se debatieran bajo los recursos de la ley, servida por una tolerancia larga₍₂₀₎.

(20) Avellaneda. Carta al doctor Leguizamón (Junio 19 de 1877), en Avellaneda. “Escritos y Discursos”, tomo XI, p. 126. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. El Ateneo, Buenos Aires.

Más, ¿cómo convergir en una acción pacífica los partidos rivales, si en el proceso electoral triunfaba únicamente la audacia y el fraude precedía, acompañaba y seguía al acto de depositar el voto? De una sola manera: acordando antes de cada elección listas comunes de candidatos. Por eso el pueblo creía en una “fusión” de los grupos hostiles...

Mucho antes que desde Buenos Aires se intentara esta experiencia, Corrientes ya había ensayado estas ideas al asumir Miguel Gelabert la titularidad del Poder Ejecutivo. Y dio resultado. Lamentablemente el sistema se rompió con Juan Vicente Pampín quien, desde el P. E., fortaleció el Partido Liberal en desmedro de los federales.

El equilibrio buscado por Avellaneda también quedará inopinadamente roto a fines de 1877. El 29 de diciembre, falleció el doctor Adolfo Alsina, caído en medio de la campaña militar que absorbió sus últimas energías, al intentar el ensanche del dominio real de la Nación por el establecimiento de nuevas fronteras contra el indígena.

La importancia de las operaciones militares emprendidas, poniendo por sobre todo interés el puramente técnico, indicaba que la cartera vacante debía ser confiada al general Julio A. Roca, eficaz colaborador de Alsina en el cumplimiento del plan, pero adversario en la concepción del mismo, como que le había contrapuesto el más amplio de arrojar de la Patagonia a la población originaria.

Ante el fracaso de la política presidencial en Corrientes, en la provincia solidificará una etapa en la que se impondrá una política de control de las elecciones sobre la competencia y los acuerdos. La exclusión lisa y llana de la oposición, mediante el uso de los instrumentos del Estado, hizo que muy pronto se denunciara a este sistema como un verdadero régimen oligárquico y dictatorial.

Una vez en el poder, uno de los objetivos centrales del tridente Madariaga-Gelabert-Derqui será pacificar la vida política y controlar los resultados electorales, especialmente aquéllos vinculados con la elección del gobernador, mediante el manejo del sufragio desde el Gobierno.

Para esto, estos hombres idearon estrategias que supuestamente garantizarían la contención de los conflictos y de los enfrentamientos entre partidos, sobre todo, en tiempos electorales. Si la sucesión gubernativa era controlada por el gobernador en ejercicio, si la oposición más extrema era neutralizada y si los opositores moderados eran cooptados, es decir, incorporados al partido oficial mediante acuerdos y negociaciones recíprocas, la política adquiriría una dinámica diferente.

Para ellos, el progreso, la competencia y la violencia política no podían coexistir. La noción de “revolución” debía ser eliminada del vocabulario político: lejos de ser una expresión de la virtud ciudadana -como creían Mantilla y sus allegados-, ésta era la causa de todos los males de la Provincia.

El resultado de esta concepción tuvo como consecuencia la instauración de un régimen político que se articuló a partir de una fortísima influencia del Gobierno de turno en el proceso electoral. De ahí que la oposición liberal vería sólo opresión en la Administración de Madariaga:

“Marchar con la opinión; hacer cumplir las leyes que resguardan la amplitud de los derechos civiles y políticos; garantir el orden, conservando el equilibrio del poder que no abusa y del pueblo que obedece sin violencia; servir con honradez la conservación de los adelantos conquistados, y procurar nuevos; ensanchar la esfera de la acción política, intelectual e industrial del pueblo; no oponer barreras de ningún género al curso natural de la sociedad; en una palabra, administrar con equidad, dedicar a los objetos precisos los recursos oficiales; no herir un derecho, garantir la Justicia y cuanto es consecuencia del principio fundamental que sirve de base a la creación de los Gobiernos -la felicidad de la comunidad y de cada uno de sus miembros” eran las banderas que había que recuperar y que levantaba como estandarte el notable tribuno₍₂₁₎.

(21) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

Quizás estas palabras esclarecedoras de Mantilla pierdan su brillo cuando, al mirar retrospectivamente el proceso en marcha, se observa una miopía en la política adoptada por el ex gobernador Pampín. Ahí se originó un relato, es decir, el de hacer creer que la fórmula Pampín-Madariaga era una fórmula de “fusión”. Nada más lejos de la verdad. Fue un Gobierno de élite, que no dio lugar alguno a la oposición. Pese a tener apoyo popular, desestimó el diálogo y eligió la confrontación.

También los liberales pretendieron controlar la sucesión gubernativa desde el Gobierno y asumieron la función de agentes de Bartolomé Mitre y, de alguna u otra manera, se incorporaron al juego político que, una vez fallecido Pampín, el destino otorgará a sus adversarios la posibilidad de estructurar un sistema similar.

- Elecciones provinciales de 1876: los federales van por todo

El pedido de conciliación del presidente Avellaneda tuvo su efecto por muy breve tiempo en Corrientes. Aquí, todo quedó en agua de borrajas. Particularmente en Corrientes, la conflictividad alcanzará una escala de singular magnitud, que desembocará en una guerra civil que se extenderá sobre su territorio y que tendrá repercusiones no sólo a nivel local, sino también nacional. En el escenario local, se agudizará la crisis y la inestabilidad de los grupos de poder.

Las elecciones provinciales de 1876 serán practicadas, exclusivamente, por las autoridades gubernativas, con supresión absoluta del voto libre. El Gobierno dio los candidatos; los Jueces y Comandantes reunieron militarmente los ciudadanos que -”sostenidos con las haciendas” de los opositores-, “sufrieron tres días de acuartelamiento riguroso, hasta llegar el designado para la farsa inicua de rodear la Mesa Electoral con soldados, presente el Juez y el Comandante, y hacer votar a los encerrados por los designados del Gobierno, sin permitirse, a los perdonados del arrebato, ni siquiera aparecer en la Plaza Pública”, según denunció Manuel F. Mantilla.

Parece ser que “los atrevidos que osaron ejercer algo diferente, según su ciencia y consciencia, pagaron con prisión y fuertes multas su criminal insolencia”.

La libertad de la prensa estuvo bajo control permanente; se habló, incluso, “de asesinos pagos para suprimir periodistas”. El periódico oficial, redactado por el Ministro de Gobierno, bajaba línea del Gobierno; los redactores y tipógrafos de “El Argos” y “La Campaña” -periódicos liberales- sufrían semanalmente una o dos prisiones en el Cuartel de la Batería, sin perjuicio de ser obligados, todos los domingos, a ejercicios militares; algunos canillitas sufrieron golpizas y prisiones, después de ser despojados de los impresos.

En el Interior estaba prohibida la circulación de los periódicos opositores; los Jueces, que también eran Administradores de Correos, detenían los paquetes de impresos que no llevasen sello oficial y, cuando sabían que existía algún número de los periódicos excomulgados en poder de alguien, prendían y multaban a su dueño, “por leer publicaciones anarquistas”.

El periódico federal “La Verdad”, justificaba los atentados contra los periodistas e impresores opositores, diciendo:

“Traidores a la patria son los que, engañando a los incautos, crean resistencias al Gobierno. El Gobierno, la Policía, y todas las autoridades a quienes está confiado el orden público, tienen el deber de contener los desbordes de la prensa.
“El artículo 6^to. de la Constitución dice que todos los habitantes deben obediencia al Gobierno y, los que faltan a él, como lo hacen los cuadrilleros de ‘El Argos’, se deben llevar a la Policía y con una multa que, según el Reglamento de ella, se les aplica, la prensa tendrá libertad, no licencia, y la Policía tendrá cómo beneficiar a un establecimiento público”₍₂₂₎.

(22) Ibidem. Periódico “La Verdad”, núm. 47.

“La inmunidad personal desapareció ante el vejamen inicuo del ‘registro’. El ‘registro’ fue una novedad”, dirá el doctor Mantilla. Pero, ¿qué era el registro?

La teoría que fundamentaba este procedimiento era que el Poder Público tenía el derecho de impedir que los particulares buscasen la garantía de su vida en un arma que llevasen oculta, cualquiera que fuese y, para hacerlo efectivo, se prescribió a todo empleado policial la obligación de registrar a los ciudadanos donde los encontrasen, de día como de noche, con el derecho de hacer uso de la fuerza en caso de resistencia:

“Son muchas las disposiciones prohibiendo cargar armas -decía “La Verdad”, sosteniendo la medida-; por eso se registra a los mazorqueros (se refería a los liberales, por supuesto) de ‘El Argos’, que son criminales conocidos por cuadrilleros y, de día, y hasta en los templos, deben ser registrados.
“¡Qué se les registre a buenas o a malas!”₍₂₃₎

(23) Ibidem.

Esos “criminales” -a los que se refería el periódico- eran liberales. Se comprende el resultado que diera aquella torpe vejación. Desde el adversario más exaltado del Gobierno hasta el pacífico y anciano extranjero, todos podían caer en manos de gendarmes, serenos y comisarios de policía quienes, cuando eran generosos, limitaban el “registro” a una ligera frotación del cuerpo, por sobre las ropas, pero, cuando tenían prevención u orden expresa, “desnudaban, en media calle, hasta dejar en camisa y calzoncillo”. Es Mantilla quien hace referencia al procedimiento. Este relata:

“¡Y no había más que ceder! De lo contrario, el machete policial tomaba la palabra y, si no, a golpes, a hachazos, imponíase el ‘registro’ al resistente que, después, era todavía llevado preso y multado”.

En un ilustrativo material sobre esta cuestión, el doctor Dardo Ramírez Braschi señaló que los delitos más usuales y repetitivos en materia criminal, en aquella época, habían sido el abigeato, el homicidio y la vagancia. Respecto a las penas, aclaró que estas fueron muy variadas y aplicadas indistintamente, de acuerdo a las circunstancias particulares y al pulso político del momento.

“Las principales penas aplicadas fueron el presidio y la cárcel, el servicio en casas particulares, el servicio de obra pública, el servicio en las armas, la pena de muerte, el destierro y los azotes.
“Se debe diferenciar conceptualmente estos dos términos: el presidio era un lugar físico donde debía quedar toda persona denunciada ante un Juez y encontrada semipartícipe de un hecho delictivo, pero que aún no había recibido sentencia firme. Consistía en una medida de seguridad destinada a conservar la persona del reo durante el trámite del proceso.
“En cambio la cárcel correspondía a un sitio físico donde debía quedar toda persona juzgada y condenada en juicio.
“Cada Juzgado de Paz de los Departamentos improvisaba algún calabozo para los detenidos; demás está en subrayar la precariedad que caracterizaban a estas celdas de aquellos Juzgados.
“En el siglo XIX, la cárcel de la Capital estuvo ubicada en el edificio del Cabildo (sobre la ex Calle Real, luego denominada Libertad y hoy Fray José de la Quintana), donde también fue notoria la precariedad en las condiciones de vida de los detenidos, que sólo contaban con algunas tablas que servían de cama para no dormir en el piso, además de estar engrillados permanentemente”₍₂₄₎.

(24) Archivo General de la Provincia de Corrientes, Hemeroteca, periódico “La Opinión” del 21 de Mayo de 1858. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Moglia Ediciones, Corrientes.

Ramírez Braschi hace luego referencia a una medida aplicada por Mantilla mismo, siendo ministro del P. E., situándolo en los tiempos que se está estudiando:

“En algunos casos también se hizo uso de la llamada prisión domiciliaria, sobre todo cuando la persona resultaba condenada a prisión por incumplimiento de deudas. Así, por ejemplo, ‘... el preso por deudas, Pellegrín Lotero, guarde en su casa la prisión correccional impuesta por el Juez de primera instancia de Segunda Nominación, encargándose el Departamento de Policía la conveniente vigilancia para su cumplimiento...’”₍₂₅₎.

(25) Ibidem. Memoria presentada a la Honorable Cámara Legislativa de la provincia de Corrientes por el ministro de Gobierno, doctor Manuel Florencio Mantilla, Julio de 1879, p. 384 supra.

Mantilla relató también:

“El rigor de la vejación era durante la noche; el que tenía la desgracia de salir de su casa, llevaba la seguridad de ser estropeado y robado por la Policía, y de dormir en un calabozo, tuviera o no armas, porque los ‘registradores’ eran premiados cuanto mayor daño hacían.
“La inviolabilidad del domicilio era burlada por los allanamientos sin causa y sin forma. Cualquier partidario del Gobierno, el vigilante más atrevido, tenía el derecho -garantido por la impunidad- de entrar en las casas o de hacerlas abrir en altas horas de la noche. La misma Policía mandaba saltar las paredes para atemorizar a las familias o espiar la vida íntima del hogar.
“Frecuentemente, partidas de seis u ocho soldados, comandados por oficiales insolentes, daban serenatas ‘federales’ a las más distinguidas familias de los opositores que, aterradas y esperando siempre un atropello mayor, tenían que soportar, sin saber a quién pedir justicia, los alaridos salvajes de ‘mueras’, y el golpeo infernal de puertas y ventanas y de tarros de lata y cencerros”.

Parece ser también que “al derecho de locomoción, se oponía la necesidad del pasaporte”. En la Capital y pueblos nadie podía salir sin especial permiso de la autoridad, ni entrar en ellos sin presentación previa. Quien desobedecía, era arrestado por sospechoso y multado como infractor de una medida policial.

“En la campaña, se prohibía transitar y pasar de un Departamento a otro sin un pasaporte firmado por el Juez de Paz o Comandante, y no gratis, sino a precio de dos pesos fuertes.
“Raro era el Juez o Comandante Militar que dejara de ordenar arreos de los establecimientos de los que consideraban opositores, ya para venderlos en los mercados de abasto de la provincia, ya para negociarlos en el extranjero o Entre Ríos”₍₂₆₎.

(26) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

Como se puede colegir, la vida de los ciudadanos, especialmente los de pueblos, oscilaba entre la persecución, la tropa de línea y la muerte. ¿Era esto propio de la Administración Madariaga?

El doctor Ramírez Braschi relata que el servicio en las armas -o “tropa de línea” como lo denomina Mantilla- “era una condena [que] estuvo muy difundida en la época de las guerras civiles, es decir, durante gran parte del siglo XIX. Su origen lo hallamos en el Derecho Indiano. Se aprecia con frecuencia la aplicación de esta pena en causas de ‘vagos y malentretenidos’”.

Y agrega luego:

“Tal fue la facultad que poseía expresamente el Juez de Vagos, al destinar al servicio de la milicia a los condenados, como lo demuestra el caso del carnicero Valentín Alcaraz quien fue condenado a purgar una pena siendo derivado al Batallón Constitución”₍₂₇₎.

(27) Archivo General de la Provincia de Corrientes, Correspondencia Oficial, tomo 145, foja 150 y Correspondencia Oficial, tomo 146, foja 141. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)”.

Y finaliza con una referencia significativa:

“En su Mensaje a la Legislatura, en 1870, el gobernador Baibiene [liberal] se manifestó sobre el servicio de armas, al señalar su utilización en reemplazo de otras penas como ser el internado en prisiones o cárceles”₍₂₈₎.

(28) Ibidem. Mensaje del Poder Ejecutivo a la Honorable Cámara Legislativa de la provincia, año 1870, pp. 4 y 5, Corrientes. Imprenta de “La Esperanza”.

Por supuesto que los homicidios estaban a la orden del día, ya que el contexto y la cultura social y política de muchos años había creado el clima necesario para que ello sea posible. Se habla de “degüellos y muertes a lanza”, en particular en los Departamentos de Bella Vista, Esquina y Curuzú Cuatiá, es decir, los territorios de Juan Candia, Onofre Aguirre y Luciano Cáceres, comandantes que gozaban de un poder absoluto.

Detrás de este escenario, como piedra angular, estaba la política: todo aquél que no llevaba al cuello un pedazo de trapo punzó, debía emigrar o guarecerse en los montes; de otro modo, moriría o era destinado a El Rey, la Comandancia General de la primera línea de Frontera sobre Santa Fe, verdadero presidio para muchos correntinos.

El derecho de reunión pacífica dependía de asentimiento policial. No existían ni podían existir centros políticos. Cuando sospechaba la Policía que, en alguna parte, celebraban reunión algunos opositores, al punto era asaltada la casa y prendidos los encontrados en ella.

“Las autoridades subalternas tenían facultades amplias para hacer estas condenaciones, sin forma alguna de juicio. La abolición de la tortura y de las penas infamantes, consagrada en la Constitución Nacional y leyes expresas del Congreso, era cumplida aplicándose como castigo los azotes, el estaqueo y el bárbaro cepo colombiano”, denunciará Mantilla₍₂₉₎.

(29) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

Las imputaciones del doctor Mantilla parecen ser veraces, pero esconden el concepto que lo denunciado no era privativo de sus ahora adversarios políticos. Los azotes, por ejemplo, era una

“pena que estuvo arraigada en el Derecho Indiano y fue aplicada reiteradamente para castigar numerosos delitos, como ser el hurto y el robo. La pena corporal se aplicaba siempre en este último delito; pero la cosa se agravaba cuando el delincuente era reincidente, en cuyo caso el castigo podía llevar a la muerte”, apunta el doctor Ramírez Braschi.
“En el Derecho Patrio argentino estas penas siguieron aplicándose, pero de una manera no tan severa y reiterada como en el Derecho Indiano. Puntualmente, en la provincia de Corrientes, los azotes formaban parte habitual de una sentencia, lo que llevó al gobernador Juan Gregorio Pujol ha solicitar a la Legislatura la sanción de algún tipo de castigo que sustituya a la pena de azotes que había sido suprimida por la Constitución de 1853”₍₃₀₎.

(30) Registro Oficial de la Provincia de Corrientes, año 1855, pp. 97 y 98. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Moglia Ediciones, Corrientes.

Ramírez Braschi nos informa luego que “las fuerzas de seguridad aplicaban en oportunidades azotes y torturas en muy diversas modalidades, siendo las más conocidas las llamadas en la época ‘la traba’, ‘la estaca’, ‘el tambo’ y ‘el cepo colombiano’”₍₃₁₎.

(31) Ibidem. Archivo General de la Provincia de Corrientes, Hemeroteca, periódico “La Esperanza” del 8 de Mayo de 1873.

Todas eran sumamente violentas y buscaban lesionar la integridad física del individuo. La degradación que provocaba el llamado “cepo colombiano” nos brinda una muestra de la brutalidad que ejercían los carcelarios de entonces.

“Este se reducía a colocar duras maderas detrás de la nuca y de las pantorrillas, las que estaban unidas por tientos de cuero fresco y húmedo. A medida que pasaban las horas y el cuero se secaba y contraía, la víctima era forzada a tomar una posición fetal, llegándose al punto culminante cuando la columna de la misma se quebraba. Lógicamente los daños físicos resultaban permanentes”₍₃₂₎.

(32) Ibidem.

“En la segunda mitad del siglo XIX fue menos habitual el uso de esta pena en las sentencias judiciales, pero se siguió registrando la aplicación de medidas brutales, en particular por los Jueces de Paz que, por desconocimiento de las normas vigentes o por una ideología violenta de la época, practicaban azotes o vejaciones a los detenidos”, agrega Ramírez Braschi, y pasa a dar ejemplo:

“Así por ejemplo, por citar sólo algunos, se encuentra la sentencia aplicada en 1873 por el Juez de San Miguel, quien utilizó ‘cintarazos’ hasta ensangrentar el cuerpo de un hombre identificado como Manuel Bernal”₍₃₃₎.

(33) Ibidem. Archivo General de la Provincia de Corrientes, Hemeroteca, periódico “La Esperanza” del 4 de Mayo de 1873.

Esto último tuvo lugar en los tiempos de Gelabert. De igual modo, Ramírez Braschi encontró en los archivos las denuncias por prácticas de tortura a reos. Tal fue el caso del detenido Alejo Medina, quien tuvo por verdugo al Juez de Paz de Sauce.

Un documento de la época nos cuenta que “este Departamento fue puesto en una horrible tortura por el bárbaro Juez Pedáneo del Sauce, N. Barrías, colgándole de los pies hasta venirle sangre a la nariz y oídos, mientras que, con espantosa crueldad, le desgarraban las carnes con una tenaza candente”₍₃₄₎.

(34) Ibidem. Archivo General de la Provincia de Corrientes, Hemeroteca, periódico “La Esperanza” del 23 de Enero de 1873.

Y, como corolario, Ramírez Braschi afirma que

“la competencia de los delitos mayores correspondió siempre al Juez de primera instancia en lo Criminal. Pero hay que recordar que había sólo uno con asiento en la Capital y que la mayoría de estos crímenes se cometían en los Departamentos por lo que actuaba, en primer lugar, el Juez de Paz local, quien debía levantar el sumario correspondiente y realizar las primeras actuaciones, incluyendo la detención del sospechoso.
“Fue en esta parte del proceso en el que se cometieron las mayores atrocidades. Como se señaló, el Juez de primera instancia tenía por asiento la Capital Provincial y su jurisdicción era toda la provincia; recién hacia 1880 se creará otro Juzgado del Crimen, el que tendrá por sede la Ciudad de Goya”.

La tortura es paradójica por definición ya que, mientras su supuesta función es extraer información veraz, en la práctica produce algo bastante alejado de la verdad. Cualquier persona, bajo coerción física, dirá todo lo que sus torturadores le pidan que diga. Ellos saben que él sabe que ellos saben cuán indignos de crédito suenan sus palabras, y no importa. La verdad, si es que lo es, existe antes de ser dicha y, como el producto final en la mente del escultor, tiene una forma precisa y lapidaria.

En estos casos, aquéllos en las prisiones correntinas que comprendían los mecanismos de este teatro, también comprendían que la realidad era descartable. Todo lo que se necesitaba era que los hombres y mujeres acusados proporcionaran detalles con los cuales rellenar de color los contornos del cuento de la conspiración.

La pena de muerte fue la máxima y más extrema pena aplicada por los Tribunales correntinos en el siglo XIX. La misma recaía exclusivamente en delitos de máxima gravedad, como lo es el homicidio calificado. Y acudimos nuevamente a Ramírez Braschi, quien cita varios casos al respecto:

- Sentencia de muerte contra José María Aguirre, el 15 de noviembre de 1855 (periódico “El Comercio” del 9 de Diciembre de 1855);
- Sentencia de muerte contra Claudio Humeres, del 18 de Febrero de 1856 (periódico “El Comercio” del 2 de Marzo de 1856);
- Sentencia de muerte contra Hipólito Villalba del 3 de Marzo de 1858 (periódico “La Opinión” del 10 de Marzo de 1858); sentencia de muerte contra Donato Prado del 16 de Octubre de 1860 (periódico la “Unión Argentina” del 3 de Noviembre de 1860)₍₃₅₎.

(35) Ibidem.

“Una vez que se comprobaba el crimen en el debido proceso, el Juez de primera instancia en lo Criminal, elevaba el expediente con la correspondiente sentencia a la Cámara de Justicia y ésta podía confirmar o desaprobar la pena de muerte. En caso de confirmarla, el expediente volvía al Juez de primera instancia y éste ordenaba su fiel cumplimiento.
“La ejecución del reo se realizaba en el Departamento de la provincia donde se había cometido el delito, por lo que éste tenía que ser trasladado hasta la plaza correspondiente custodiado por una partida policial de seguridad.
“En ocasiones la misma tenía la responsabilidad, conjuntamente con el Comandante Militar del Departamento, de hacer efectiva la ejecución. La muerte se lograba a través de disparos por pelotón de fusilamiento y, si lo ordenaba la sentencia, el cuerpo debía ser expuesto en la horca por algunas horas.
“La Justicia de la época consideraba que el reo tenía que ser ejecutado en el Departamento donde cometió el crimen y, fundamentaba esta postura, en que de esa manera ‘sirva de ejemplo a los que abriguen malos sentimientos y moralicen en tanto las masas’.
“En la Capital correntina, por lo general las ejecuciones se realizaban en la Plazoleta de La Cruz de los Milagros”₍₃₆₎.

(36) Ibidem. Archivo General de la Provincia de Corrientes, Copiadores de Notas, Ministerio de Gobierno, Poder Judicial, Legajo 20, Fs. 27 y 27 Vta.

El autor al que hacemos referencia brinda material obrado en el Archivo de la provincia que hace mención a sentencias de la década de los años ‘50 y principios del ‘60. Pero, “en un Informe de 1877, el Gobierno [de Madariaga] llegó a afirmar -para casos excepcionales- que todavía seguía en vigencia en la provincia la pena de muerte”₍₃₇₎.

(37) Ibidem. Registro Oficial núm. 150, Mayo 19 de 1877, Corrientes.

Finalmente, traemos a colación una imputación particular del doctor Mantilla. El historiador lo cuenta así:

“Más, ¿a qué cansar, tal vez, siguiendo la enumeración? Cuanto digamos será todavía pálido reflejo de aquella atroz realidad. ¡Si hasta el casamiento se impuso bajo pena de destierro, o de servicio militar, en el Guardia Provincial!
“Conservamos, como una curiosidad, el original de la Orden dada en el Departamento de Lomas -distante dos leguas de la Capital- por Teodoro Maciel, en cuya persona estaba reunida la suma del poder público de dicha localidad; dice así:
‘De Orden superior, todo vecino del Departamento que viva amancebado, está obligado a casarse en el plazo de quince días y, el que no cumpla, será desterrado o destinado al piquete’.
“Se casaron algunos, pero, a título de amancebados rebeldes; a la expiración del plazo, fueron remitidos a la capital muchos ciudadanos, atados codo con codo, y destinados al Guardia Provincial, y perseguidos tenazmente otros.
“El Gobierno, a cuyas barbas se consumaba la iniquidad, no tuvo una palabra de reproche para el nuevo obispo”₍₃₈₎.

(38) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

Mantilla olvidaba que esta resolución sólo era un eco de tiempos pasados. Por ejemplo, en los años 1850, el ex gobernador Juan Gregorio Pujol ya había llegado a establecer una serie de disposiciones tendientes a limitar los amancebamientos y evitar la organización irregular de las familias, separando y legitimando las relaciones.

En cuanto al Poder Judicial, en la Administración de José Luis Madariaga, en los años 1876 y 1877, al frente del Superior Tribunal de Justicia estuvo el doctor José Benjamín de la Vega. Lo acompañaron, como Juez de primera instancia en lo Civil y Mercantil de Paso de los Libres, Ramón A. Saráchaga (reemplazado por Antonio Lódola el 1 de Septiembre de 1876 y, éste, por el doctor Ricardo Osuna, el 27 de Septiembre de 1876); y como Juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de Goya, Heliodoro Gonzales.

El Defensor de Pobres y Menores era Genaro Márquez (reemplazado por el doctor Lisandro Segovia el 17 de Octubre de 1876).

En el año 1877 habrá cambios: el Juez de primera instancia en lo Comercial y Criminal de Capital será José G. Ballestero (asumirá el 23 de Octubre de 1877) y, como Juez de primera instancia en lo Comercial y Criminal de Goya, Desiderio Rosas, quien ocupará el cargo el 23 de Octubre de 1877)₍₃₉₎.

(39) Ibidem. Desiderio Rosas será ministro del gobernador Manuel Derqui.

Como se observará, fue provisto el Juzgado de primera instancia de Paso de los Libres -contra la letra de la Constitución- siendo aquella Circunscripción Judicial la más importante de la Provincia y la más distante del asiento del Superior Tribunal de Justicia, el que debía fiscalizar su conducta.

El doctor Tomás J. Luque, Fiscal de los Tribunales, fue destituido; el doctor Antonio Lódola, quien fue Juez de primera instancia en Paso de los Libres y separado de su puesto, sin forma de juicio -era inamovible-, fue reemplazado con un hombre oriundo de Córdoba, el citado más arriba, doctor Ricardo Osuna, de quien se decía que era simpatizante del “Chacho” Peñaloza, cuando José Pío de Achával fue gobernador interino de la provincia mediterránea. Estos cambios producían alborotos en la oposición.

También en la Legislatura se registraron tumultos y escándalos: los Diputados (liberales), Gregorio Pampín y David A. Mantilla fueron expulsados de la Legislatura, sin ningún derecho, porque ni la Constitución ni el Reglamento interno del Cuerpo consagraban tal facultad. La Legislatura fue ocupada por federales, que impedían la oposición parlamentaria, llenando todas las bancas. Los comicios fueron cerrados.

Completa, acabada, aunque extremadamente radicalizada en su proceder, fue la victoria electoral legislativa del Gobierno de Madariaga en el año 1876. Pero no fue una victoria definitiva, fundándose en los resultados inmediatos de la fuerza, ya que sembró el germen de una derrota próxima, por cuanto la oposición liberal no iba a quedar de brazos cruzados.

- Las grietas de la oposición liberal

En aquellos momentos, sin embargo, un defecto o vicio orgánico del Partido Liberal favorecía el predominio federal: la oposición no era compacta, sólida, unida, con un solo pensamiento y una sola dirección, que permitieran utilizar en el ataque, una vez iniciado decisivamente, todo el vigor necesario.

El Partido Liberal estaba dividido en dos grupos que, si bien de acuerdo en sus miras generales contra los federales, estaban alejados por los sucesos insurgentes de 1872 (que derrocó al gobernador liberal Agustín Pedro Justo) y por la lucha presidencial de 1874 (que menoscabó ostensiblemente al mitrismo). Esta separación constituía debilidad, un verdadero mal para la causa común de la facción.

La uniformidad, la disciplina, la acción conjunta subordinada a un solo plan, a un solo centro, duplica el poder, aumenta el valor, realiza el prodigio de un puñado de veteranos batiendo a un enemigo indisciplinado cinco o diez veces mayor. Así lo entendió la intelectualidad del partido, que observó que estaban desunidos, y era relativamente débil cada fracción para luchar contra el poder.

Por consiguiente, la cuestión de la recíproca inteligencia presentábaseles como de patriotismo y de interés común. La unión franca y leal corregiría los errores del pasado y daría el poder invencible con que siempre se había triunfado. No existía motivo que pudiera seguir justificando la división. Si para ella hubo razón, y mejor si no existió una fundamental, el adversario común y sus actos eran más que causas de unión: la imponían.

Los tradicionales adversarios estaban de pie, desplegando en el poder el refinamiento de su inteligencia y su rudeza. El recuerdo en los liberales de cómo desalojaron del poder a otro federal, Evaristo López Soto, derrocado por los liberales unidos, animaba a la acción. El producto aquél del error de muchos, era preciso borrarlo con la experiencia del dolor de todos. El partido vencedor en 1862 y 1868, quería volver al poder.

Los reproches estaban puestos en aquéllos que, después del movimiento de 1868,

“fueron causantes de la división del Partido Liberal”, que “no sospecharon, sin duda, el encumbramiento [federal] por efecto del fraccionamiento pues, de proveerlo, se hubiesen detenido, por espíritu de propia conservación”.

Estas son palabras de Mantilla, y apuntaba a las disputas partidarias de 1868, que tuvo al ex gobernador Santiago Baibiene como centro de ellas.

Este pensamiento de unión ya se había manifestado con Juan V. Pampín en el Gobierno. Si bien en 1876 una de las fracciones lanzó el pensamiento de la unión, la otra -la nacionalista- reservó pronunciarse sobre ella.

Pero la enemistad con los federales venía de lejos. En el discurso liberal se reflexionaba incluso con la época de la Confederación Argentina. Era una visión muy particular. ¡Por todas partes veía enemigos, tiranías, oscuridad, silencio impuesto por la fuerza!, dejando en claro que, “sólo en Buenos Aires se vivía libre y feliz, bajo un Gobierno de su elección, pero tan lejos de Corrientes e interpuestos Santa Fe y Entre Ríos, que no le alcanzaba su protección”.

Esta visión -quizás agobiante para el partidario federal- hizo que, una vez que los liberales recuperasen el poder, tendría consecuencias imprevisibles. No olvidaban

“el Gobierno del clérigo [José María] Rolón”₍₄₀₎ que “cayó al empuje de esa fuerza, subiendo la oposición al poder. Pero, la división de los vencedores en dos bandos, por torpes ideas de antagonismo local y de predominio personal, esterilizó la victoria. Un partido dividido no solamente pierde su importancia, sino que también refleja su debilidad en el Gobierno que funda y sostiene”.

(40) Ibidem. Rolón fue el 15^to. Gobernador constitucional propietario y Evaristo López Soto el 18^vo.. Ambos fueron derrocados por movimientos sediciosos liberales.

Los liberales habían mantenido el poder hasta fines de 1865. Consumidos por la lucha intestina, que día a día los desangraba, fueron dejando campo ancho a los federales, hasta que un hombre astuto e inteligente, prevalido de su posición militar y de la postración causada por la desunión del adversario, Nicanor Cáceres, impuso, a Corrientes, la dominación federal.

Evaristo López Soto y su época fueron la consecuencia lógica de la anarquía opositora. La reacción liberal fue la reunión de sus dos fracciones que, esta vez, contó con el apoyo incondicional del presidente Bartolomé Mitre; y López Soto cayó.

Disipado el “peligro”, al siguiente día de la victoria renacieron, por segunda vez, las animosidades y rivalidades pequeñas entre liberales; no hubo sensatez para ahogarlas; crecieron fomentadas por hechos nuevos y dieron, en definitiva, como resultado, nuevas derrotas. Los mismos liberales habían sido el cuchillo de su partido.

Las frecuentes divisiones en el Partido Liberal, verdadera anormalidad, tienen su explicación natural. La división ha nacido siempre por causas de circunstancias, independientes de los principios que constituían el credo del partido; causas, aparentemente fútiles y, en tal concepto, desatendidas.

El Partido Liberal carecía de la organización conveniente y regular indispensable a toda asociación humana, tanto para la acción como para la defensa; tenía principios inalterables, tradición histórica, elementos de distintas clases y popularidad, pero no tenía constitución, gobierno ordenado, espíritu de Cuerpo disciplinado en su régimen interno.

Cuando estaba con el enemigo al frente, se presentaba como un Organismo sujeto a un orden fijo; cuando no tenía a quién combatir, desaparecía su cohesión y vivía como disperso. El triunfo no modificaba sus aspiraciones, ni hacía degenerar sus principios; más, como le faltaba verdadero gobierno, y su adversario no le disputaba el terreno estando abajo, la victoria lo perjudicaba, aflojando los vínculos y suscitando contrariedades internas.

“Un partido debe actuar con su código, su instrucción, su táctica, sus jefes subalternos, su dirección única; todo dado por él mismo, con entera libertad y conciencia de sus ventajas.
“Así son los partidos ingleses y norteamericanos, organismos sujetos a reglas inquebrantables; por eso luchan con éxito, aunque sean pequeños; viven sin anarquía que los devore, vencen y no se deshacen”, catequizará Mantilla.

El Partido Liberal de Corrientes había descuidado, siempre, su organización constitucional, pagando así un tributo a la vida política. Sin embargo, hay que dejar en claro que no era una excepción. El doctor Ramírez Braschi califica a este período político de la provincia -al que se refiere Mantilla- de “embrionario”, en el cual “emergían los diferentes Clubes Políticos”₍₄₁₎.

(41) Citado por Dardo R. Ramírez Braschi. “Origen de las Agrupaciones Electorales en la provincia de Corrientes (de Caseros a las Presidencias Liberales)” (2004). Moglia Ediciones, Corrientes.

Así como Mantilla clamaba por una organización política más perfecta para hacer frente a la coyuntura política, sus adversarios estaban en las mismas condiciones y situación.

- El Partido Federal. Trayectoria

Tanto el “liberalismo” como el “autonomismo” correntinos se originaron tras un proceso concatenado de hechos históricos relacionados entre sí (cada uno fue causa y consecuencia de otros) y que mantuvieron una dinámica, pues evolucionaron diacrónicamente (a través del tiempo), además de sincrónicamente (en relación con otros hechos y procesos simultáneos).

Por ejemplo, el federalismo fue primero un principio que se esparció en Corrientes en su larga lucha por la defensa de los derechos locales, materializado originariamente en los postulados del artiguismo que, a partir de 1814,

“se hizo fuerza en un vasto sector del poder político de la Provincia, principios estos extraídos de la perspectiva organizativa confederal que surgiera de los asunceños en los días mismos del proceso revolucionario que se iniciaba en 1810”₍₄₂₎.

(42) Ibidem.

Ramírez Braschi ilustra este proceso, al señalar que

“el federalismo, como doctrina, no se mantuvo invariable, sino por el contrario, sufrió permanentes mutaciones basadas en las necesidades temporales y el perfil de los problemas en circunstancias diferentes. El artiguismo -a pesar de su derrota- prendió en la conciencia política del correntino y sus banderas quedaron en el subconsciente colectivo.
“Los derechos autónomos de la provincia estuvieron constantemente presentes, tal vez en ocasiones no utilizándose con la prudencia o la estrategia conveniente, ya que, en las luchas civiles, sus enfrentamientos a Rosas, hicieron de ella una provincia destruida, con recursos casi agotados.
“Cinco sublevaciones contra el rosismo, y posteriormente una larga lucha que continuaría después de Caseros, fueron consumiendo sus fuerzas.
“La batalla de Caseros será una bisagra, por la cual la Constitución Nacional -que surgiría el año posterior-, daría un carácter orgánico casi definitivo. Aquellas antiguas ideas autónomas, se hicieron presente a partir de 1852 muy fuertemente con el urquicismo y en la figura de Juan Gregorio Pujol como hombre de prestigio en la sociedad local”.

Pero, paralelamente, algunas ideas liberales, “asociadas muchas veces a cuestiones portuarias” emergerán en algunos sectores correntinos. A modo de ejemplo citaremos la dicotomía ideológica surgida después de Caseros entre los militares correntinos, como fue la rebelión porteña de septiembre de 1852, dando paso a la secesión provisoria del Estado de Buenos Aires de la Confederación.

“Aquella insurrección porteñista, portuaria y con claros planteos antiurquicistas, tuvo -entre los correntinos- a Juan Antonio Madariaga como su mayor exponente”, dirá Ramírez Braschi, y agregará:

“Dentro de la corriente federalista existía en algunos sectores un claro sentido antiporteñista, que tomó fuerza durante la década de 1860, siendo éste el período de mayor reflejo del urquicismo. Por otro lado, se fue formando una corriente fuertemente opositora al personalismo de Urquiza, que se opuso tenazmente -en otras oportunidades- a la figura de Juan Manuel de Rosas”.

Hay que considerar también que este planteo no fue lineal, es decir que en distintas oportunidades y circunstancias “el propio Urquiza convocaba, reiteradamente, a hombres del antiguo proyecto unitario, como Del Carril, De la Peña, Elías Bedoya, Juan M. Gutiérrez, Facundo Zuviría, entre otros”₍₄₃₎.

(43) Ibidem. Ernesto Quesada. “Pujol y la época de la Confederación” (2002), p. 22, segunda edición. Amerindia Ediciones, Corrientes.

“Levantar banderas liberales llevó a sectores correntinos a incursionar, en diversas oportunidades, en estrategias poco prudentes y felices para con la provincia, como había sucedido con el sector político que entusiasmó -en 1814- a Genaro Perugorría a oponerse a la política federal de José Gervasio Artigas y salir así de la Liga de los Pueblos Libres; también el ejemplo visto con Juan Madariaga en la insurrección porteña del 11 de Septiembre”.

Acertado este concepto, ya que el proceso de reacción liberal contra el “federalismo” impuesto por José Luis Madariaga y heredado por Manuel Derqui, alcanzará su culminación al involucrarse torpemente, en 1880, con el problema de la capitalización de Buenos Aires, cuando los liberales correntinos se enfilarán detrás de Buenos Aires y la figura del gobernador porteño, Carlos Tejedor.

En los constantes y repetitivos enfrentamientos ideológicos en Corrientes, por medio del sufragio o de las armas, era la legitimidad de los actos lo que daba sustento al proceder político.

“Durante los treinta años que van desde 1850 a 1880 sucedieron momentos de maduración institucional y conflictos armados, o ambos combinados, los que le dieron a la lucha por la obtención del poder provincial aspectos democráticos, otras veces mezquinos y violentos, y en oportunidades facetas quijotescas.
“El más importante historiador correntino, Hernán Félix Gómez, reflexiona sobre aquella particularidad constante en la vida pública correntina:
‘El principio fundamental de la soberanía popular en cuyo nombre se realizó la Revolución de Mayo, tiene en el pasado de la provincia antecedentes ponderables ajustados a las dos formas en que pueden manifestarse: la inmediata, del pronunciamiento popular en armas; la mediata, conforme a una disciplina previa que regulariza y crea un sistema de representación.
‘En el período inorgánico y de definición de las formas del Estado, ambas manifestaciones de la soberanía coexisten, ya porque el pueblo sin disciplina no cabe ajustarse a las incipientes instituciones que ensaya, ya por la imperfección lógica a toda obra inicial que olvidó arbitrarles la elasticidad necesaria para las crisis de los valores en juego.
‘El Organismo correntino no pudo escapar a estos principios básicos de sociología y es así que, junto a las formas democráticas que lentamente perfecciona, se anota la acción directa del movimiento en armas, pero no extemporáneamente, sino guardando una proporción automática con el índice de perfección de las Instituciones’”₍₄₄₎.

(44) Ibidem. Hernán Félix Gómez. “Instituciones de la Provincia de Corrientes” (1999), p. 89, segunda edición. Amerindia Ediciones, Corrientes.

La provincia de Corrientes, como el país todo, fue protagonista de una prolongada tragedia en la cual la conflictividad de los intereses políticos encontrados sumergirá a toda la región del Río de la Plata en un estado de belicosidad casi permanente durante varias décadas del siglo XIX.

Más allá de escudriñar semejanzas y diferencias entre liberales y federales (o autonomistas como se denominarán poco después), lo cierto era que, para el período en estudio (1876-1880), el centralismo político porteño continuaba siendo absoluto. El concepto “federal” -para todos los contendientes políticos- era sólo retórico.

Buenos Aires continuaba su tradición; desde 1810, pasando por Rivadavia, Rosas, Mitre y los que le sucederán en el Gobierno Nacional -aún presidido por hombres del Interior- sostendrán los mismos principios, sólo que con distintas modalidades.

Y tanto Derqui, como quien lo sucederá en el Gobierno de Corrientes, el liberal José Luis Cabral, serán agentes del porteñismo: una vez para Avellaneda y otra para Mitre. Corrientes ya no tendrá autonomía política. Esa continuidad histórica subyacente se hará muy evidente en la política correntina contemporánea.

¿Qué es lo interesante políticamente de este problema?

Que genera una contradicción, un ruido mental en una provincia dividida en dos. Pero, ¿cómo? El liberalismo o federalismo (denomínese autonomismo), Miguel Victorio Gelabert, Manuel Derqui, tan distintos de Manuel Florencio Mantilla o Juan Eusebio Torrent, o Valentín Virasoro; y, estos, tan distintos de Manuel Derqui y su círculo.

Son enemigos, los tengo en dos distintos lugares del cerebro, son blanco y negro, negro y blanco. ¿Hay en algún punto donde se parecen, un punto delicado, las relaciones con la prensa y su uso abusivo o el modo de administrar la cosa pública? ¿O la reacción cuando están incómodos en la oposición o son oficialistas, es similar? La respuesta es sí.

Es difícil entender este tema, porque lo que se pretende contar aquí es el parecido entre Derqui y Mantilla, parecido que nadie da por supuesto, porque pareciera que están en mundos muy distintos, que son el día y la noche.

Bueno, estas continuidades entre cosas que en la superficie parecen tan distintas, son muy difíciles de capturar y muy perturbadoras, porque hay una manera muy fácil de estar tranquilos, que es: ‘todo el mal lo hace el otro; en mi grupo no hay contradicción. Mi grupo es todo bien. El otro es todo mal’. Que haya una salpicadura de lo otro en lo mío, que aparezca algo del otro en lo mío, me genera un ruido, con lo no quiero convivir ni tengo por qué tolerar.

Este era el problema de los líderes políticos de la sociedad correntina del tiempo que estudiamos. Entonces, las reglas generales serán suspendidas. Los principios las pondrán en suspenso y seguirán personas y armarán facciones, donde se atribuirán -como grupo- una superioridad moral respecto del otro.