FELIPE JOSE CABRAL, 26to. GOBERNADOR

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La nueva situación, el Gobierno Provisorio de Gregorio María Pampín, veía aún enemigos exteriores en pie: los aliados de Derqui, que continuaban siendo una amenaza, cuya conjuración era indispensable para afianzar el triunfo liberal en la provincia. El presidente Nicolás Avellaneda ocupaba el primer lugar entre ellos, un hombre que encarnaba la oposiciòn al nacionalismo mitrista en la Nación.

No obstante haber remitido profusamente tarjetas de felicitación a los prohombres del movimiento triunfante, era de indiscutible verdad su profunda pena por la caída del doctor Manuel Derqui y constaba su ardiente deseo de reconstruir la liga de los gobernadores del Litoral, rota en parte con el triunfo liberal en Corrientes. Así lo revelaban la actitud del Gobierno de Entre Ríos, la conducta del gobernador del Chaco y la propaganda de la prensa oficial y republicana de Buenos Aires.

El gobernador de Entre Ríos, Ramón Febre, puso en pie de guerra los Departamentos fronterizos y un ejército de más de mil hombres, al mando del general Ayala, ocupó la línea divisoria de las dos provincias, después de disueltas las fuerzas del coronel José Toledo.

Partidas de aquél y grupos montoneros autonomistas, penetraban al territorio provincial buscando, quizàs, un conflicto interprovincial.

Además, en el pueblo de La Paz, daba Febre a Derqui, la protección de un colaborador que ayuda a una empresa, no la simple que se prodiga a la desgracia: tropa armada, compuesta de los llevados del Chaco y los dipersos de Toledo y tres vapores, a las exclusivas órdenes de Derqui, formaban allí un núcleo de fuerza, cuyo objeto no podía ser otro que dar un golpe sobre Corrientes, tanto más cuanto que Derqui seguía recibiendo el tratamiento y las consideraciones de gobernador, y diariamente dirigía telegramas oficiales a Buenos Aires, anunciando operaciones militares.

Aquéllo no era obra exclusiva de Febre; el presidente movía su mano. Paralelamente, el ministro del Interior, Saturnino Laspiur, le conminaba -en nombre del presidente- a que guardase la neutralidad pero de todo hacía Febre caso omiso, porque sabía que Avellaneda no deseaba eso y que su ministro, por enérgico que fuera, no le arrancaría jamás un acto mayor que la formalidad de una nota.

Como el de Entre Ríos, el gobernador del Chaco, Pantaleòn Gómez, tomó por suya la causa del gobernador derrocado; en todo el territorio de su jurisdicción, especialmente en la Colonia Resistencia, se hacían preparativos bélicos y, sin reserva alguna, se decía que tenían por objeto concurrir a la reposición de Derqui.

Además de estos hechos, se observaban frecuentes viajes de comisionados del presidente y de los republicanos a Entre Ríos, y de Febre y Derqui a Buenos Aires, y la prédica ardiente de los diarios oficiales estimulando al presidente a intervenir en Corrientes para impedir la guerra civil que empezaba y los degüellos, robos e incendios salvajes atribuidos a los liberales. El mismo Derqui solicitò al Senado Nacional una nueva Intervención.

Esas eran las nubes levantadas a la vista del Gobierno Provisional de Pampìn, más allá de las fronteras de la provincia. Este se propuso disolverlas con una política amigable y una actitud enérgica.

Caliente aún la sangre derramada, proclamó el olvido de los recientes sucesos. En Nota-Circular del 30 de Julio -el mismo día de instaurar el Gobierno en la Capital- el ministro de Gobierno, doctor Manuel F. Mantilla, decía lo siguiente a las autoridades de la provincia:

“Como el Gobierno Provisorio tiene una gran misión que cumplir -restablecer el régimen constitucional, dando garantías a todos los ciudadanos, cualesquiera que sean sus opiniones políticas-, ordeno a Vd. que tome todas las medidas conducentes a fin de que ningún ciudadano sea atacado en sus intereses ni en su persona, debiendo guardarse con todos una conducta moderada y prudente, pues las diferencias pacíficas que han llevado a los hijos de Corrientes al combate, no han roto ni romperán jamás los vínculos que nos hacen hermanos”.

Un decreto de amplia amnistía, expedido poco después, “para borrar los odios y los rencores que la usurpación pudo engendrar”, empeñó, aún más, la voluntad de limar asperezas. Esa política, reclamada por las conveniencias públicas, traducía el alcance de la victoria de una Administración que acababa de derrocar a un Gobierno constitucional.

“Entregando al fallo histórico -según decía el Gobierno de Pampín-, la responsabilidad de los culpables, buscó en la Justicia la reparación de los males sembrados por la guerra fratricida, convencido de que las persecuciones y el abuso del poder no eran los resortes que debían fundar una situación realmente digna de los sacrificios realizados.
“El triunfo se completaba, así, sobre un enemigo, cuya divisa había sido el exterminio”.

El esfuerzo tuvo puesto en tranquilizar a los vencidos, reconociéndoles y garantiéndoles la plenitud de sus derechos; se puso a la provincia en condiciones de defensa, para burlar las enmarañadas combinaciones de sus enemigos exteriores.

El Gobierno Provisional distribuyó armas a los ciudadanos y los sometió a una organización prudente, que no los distrajo de sus tareas ni les impuso carga pesada y, así, tuvo listo, para cualquier momento, lo que vale más que un ejército: un pueblo armado cuya vista no se apartó del horizonte en que se dibujaban las nubes del peligro.

Ante la ley del Congreso, que entregó a los correntinos la solución de sus dificultades políticas, cualquier ataque llevado a la situación fundada por la victoria de los insurgentes, partiera de quien partiese, lo autorizaba plenamente a rechazarlo con todo su poder, y estaba dispuesto a no ceder de su derecho, conquistado a caro precio, bien fuera la Nación entera la que sobre él cayese. La situación era delicada.

La protección del presidente a Derqui, por importante que fuese, no podía conmover la situación sin un escándalo nacional que conflagraría el país entero. Para volver a levantarse en Corrientes la bandera de los autonomistas, era preciso que el Gobierno de Entre Ríos, o el de la Nación, la desplegaran al viento, ya por una invasión del general Ayala, ya por una Intervención Federal.

Los liberales correntinos no quería conflictos y los evitaban con prudencia; esa actitud de armar al ciudadano liberal, sin formar ejército, conjuró los peligros. De mal grado, fueron sometiéndose los aliados de Derqui al triunfo de la sedición liberal y dejar que la provincia se dedicase a la reconstrucción de sus Poderes Públicos; todo lo abandonaron, al menos durante el año de 1878.

El pedido de Intervención dirigido al Senado Nacional, no llegó a presentarse; los republicanos, Avellaneda, De la Plaza y Roca, aconsejaron a Derqui que ahorrase el esfuerzo. Pero los hombres del Partido Autonomista Nacional no olvidarán la revuelta liberal y la provincia pagará la ceguera política de sus líderes, al ser cercenada con un 25 % de su legítimo territorio.

El Gobierno Nacional convenció al gobernador derrocado que finiquite su Gobierno de La Paz. Hizo depositar, en una casa particular, el armamento de que disponía, y, con promesa de un inmediato regreso para otra campaña, se marchó a Buenos Aires y de allí a Concepción del Uruguay, donde fue nombrado Vocal del Superior Tribunal de Justicia.

Un periódico autonomista, “El Látigo”, publicado en Corrientes, en 1881, habrìa dado cuenta del destino que tuvieron aquellas armas. En el nùmero 3 dice:

“Allá por el año de 1878, fue derrocado un gobernador de Corrientes, que disparó, dejando colgados a fieles servidores.
“En su retirada, se llevó como trescientos Remington, comprados con los dineros del Estado.
“Esos trescientos Remington no han vuelto a la provincia y tampoco pasaron a poder del Gobierno Nacional.
“La voz pública dice que ellos fueron vendidos al Gobierno de Entre Ríos. Y su importe, ¿qué se hizo?”

El escrito, redactado por opositores autonomistas a Derqui, continuaron con el tema en el número 4, que “esclareció” el punto en un artículo titulado: “Monólogo”, del que copiamos lo siguiente:

“El negocio aquél de las armas se hizo debido a los buenos oficios del doctor Febre; 300 Remington, a $f 10 cada uno, dieron $f 3.000.
“Inversión:

Un juego de sala                                   $f. 500
Un juego de escritorio                         $f. 200
Muebles para dos dormitorios             $f. 500
Menaje de comedor                             $f. 400
                                                              $f. 1.600₍₁₎

“Saldo a mi favor $f. 1.400, que lo he gastado. El que lo hereda, no lo hurta - M. D.”

(1) "El Látigo” era órgano de Antonio Bautista Gallino, íntimo del doctor Derqui, en 1878. // Todo citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

Muchos correntinos autonomistas, cansados de sufrir miserias, regresaron a la provincia en los vapores de Resoagli, recogidos por un comisionado especial, enviado desde Corrientes.

El Cuerpo Legislativo no existía; el Poder Judicial estaba abandonado por sus miembros; el Poder Ejecutivo debía constituirse; las Arcas Públicas no guardaban un centavo; nueve meses de guerra civil destruyeron la Administración Pública. Sobre esos escombros, tuvieron que levantar los vencedores el orden constitucional, de un modo tal que llenase las condiciones y formas de una situación regular.

El personal del Poder Ejecutivo provisorio se constituyó con la base del Gobierno que había estado al frente de la resistencia, compuesto de Gregorio Pampín, en carácter de gobernador provisorio, y del doctor Manuel F. Mantilla, en el de Ministro General. La cartera de Hacienda e Instrucción Pública fue confiada al doctor Miguel G. Morel; la Inspección General de Milicias, al coronel Plácido Martínez; la Policía de la Capital, al comandante Basiliano Ramírez, proveyéndose los demás empleos con ciudadanos liberales, tanto en la Capital como en la campaña.

Pero la verdad es que se había abierto de nuevo en Corrientes un período de persecuciones y venganzas. Dentro de ese ambiente caldeado, que le daba la seguridad de un acto comicial sin contendores, el Gobierno Provisorio, que organizó su Ministerio con los doctores Mantilla, en Gobierno; y Morel, en Hacienda, llamó a elecciones de Diputados para integrar la Cámara Representativa.

El Gobierno no era legal; su origen fueron proclamaciones populares de un sector polìtico de la provincia, hechas en virtud de la acefalía del Poder Legislativo, cuyo presidente cesó en sus funciones, aunque rechazado en su conformación por los Poderes Nacionales.

Más allá de su legalidad, no podía, pues, transmitir a su sucesor un carácter, del que no estaba investido, según las leyes constitucionales, y de ahí la necesidad de proceder previamente a la reconstrucción de la Legislatura, a fin de dar un punto de apoyo legal a la nueva situación.

El proceso eleccionario y la aprobación de los diplomas, efectuóse con la intervención de la minoría no cesante, es decir, interpretándose el régimen de las Instituciones en el sentido favorable a su existencia, tal como sostuviera el Partido Autonomista durante el interinato Díaz Colodrero.

Existían siete Diputados y, aunque en su elección había quejas, eran al fin Diputados legales por las formas llenadas; para legalizar el triunfo de la insurgencia, se los respetó y se los reconoció y, sobre esa base, se decretó elecciones para integrar la Legislatura. El Cuerpo que así se formase, iba a ser correctamente constitucional, pues el hecho se reducía a la incorporación de nuevos representantes, y nada tendrían que decir de él los aliados de Derqui, porque continuaba el mismo poder que declararon legítimo.

Otro tanto se hizo en el Poder Judicial: fue respetado, pero la conducta conservadora y discreta del Gobierno Provisorio fue mal correspondida. De los tres Camaristas que componían el Superior Tribunal de Justicia, sólo el doctor José Benjamín de la Vega aceptó la invitación de continuar en su puesto; el doctor Ramón Contreras, abandonó la provincia, y el doctor Cavia, se negó a asistir. El juez de 1^ra. instancia, doctor Pujato, continuó también en su Juzgado; el de igual clase, Cáceres, siguió el ejemplo de Contreras.

En vista de estos hechos, se declararon vacantes los puestos de los tres magistrados, proveyéndolos con abogados. Se consideró que el abandono de un puesto importa su renuncia de hecho, y el desconocimiento del Gobierno existente era un acto punible.

Finalmente, gracias a su superioridad militar, el Gobierno Provisorio liberal que se había instalado, pudo consolidarse y entonces convocó a elecciones para integrar la Càmara de Representantes. El 7 de Agosto de 1878, la Cámara de Representantes se instalaba, elegía a Nicolás Ferré, presidente y, en tal carácter, recibía el P. E. del Gobierno Provisorio. Luego de confirmar a los doctores Mantilla y Morel, se convocó (2 de Septiembre) a elecciones de Electores de Gobernador y Vicegobernador, para el 29 de Septiembre.

Estas elecciones, como las de gobernador -que se realizaron el 29 de Septiembre de 1878-, en realidad fueron una parodia, pues el Partido Liberal no tuvo oposición, ya que sus adversarios se encontraban en el exilio y los que no lo estaban, por temor, no se presentaron a votar.

Reunido el Colegio Electoral, el 20 de Octubre, integrado exclusivamente por liberales, eligió gobernador al doctor Felipe Josè Cabral y, vicegobernador, al doctor Juan Esteban Martìnez, a quien correspondió ocupar (día 27) el P. E.

Pero retrocedamos un poco. El 27 de Agosto de 1878 se instaló el Poder Legislativo. Los nuevos Diputados concurrieron al estudio y aprobación de sus diplomas, en unión con los existentes. Fue elegido presidente, Nicolás Ferré, uno de los miembros de la anterior Legislatura, y el único liberal de ella, elección acertada, por su mandato anterior a los sucesos. Desde ese instante correspondía a Ferré el ejercicio constitucional del P. E., y el gobernador provisorio le entregó el mando. Los tres Poderes del Estado estaban constituidos.

Durante el Gobierno provisorio de Ferré se decretó una amnistía con el propósito de atraerse la buena voluntad de los renuentes pero, lamentablemente, la soberbia del triunfo llevó a las masas populares adictas al Partido Liberal -y a sus caudillejos- a no colaborar con esa política, y las garantías para la oposición sólo quedaron en el papel. El periódico "La Libertad" fue el portavoz de esa política prepotente y el justificador de las medidas de fuerza que se tomaban.

Un algo faltaba, sin embargo, para dar por definitivamente concluida el proceso, y era el reconocimiento oficial de la nueva situación por el Gobierno de la Nación. El presidente Avellaneda lo resistió cuánto pudo, esperando, sin duda, que una imprudencia le daría ocasión de poner la mano sobre Corrientes, pero la marcha sin sobresaltos de la provincia y el funcionamiento normal de sus Poderes, vencieron su tenacidad y, el 10 de Octubre fue formalmente reconocido por la Nación el Gobierno de Ferré.

Después de ese hecho, se practicó la elección de gobernador y vicegobernador propietarios, siendo nombrados los mismos hombres que lo fueron en 1877 por el Colegio Electoral opositor, el doctor Felipe José Cabral y Juan Esteban Martínez; y el 27 de Octubre asumió el Poder Ejecutivo el segundo, en ausencia del doctor Cabral. Recién el 8 de Noviembre de 1878 prestó juramento el doctor Cabral que, el 4, había llegado a la Capital, asumiendo el mando gubernativo, y designando su Ministerio, que integraron el doctor Mantilla, en Hacienda, y el agrimensor Virasoro, en Gobierno.

La obra del movimiento sedicioso liberal estaba concluida.