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Fracaso político del oficialismo. Loza solicita la Intervención Federal

El doctor Mariano Indalecio Loza estaba en su cuarto año de Gobierno. Sin Cámaras, sitiado por los partidos opositores, que llegaban sumados sus elementos a más de los dos tercios del pueblo elector, ultimóse por el oficialismo el plan defensivo cuyo primer acto había terminado con la división del radicalismo.

Consistía él en la reorganización de un partido nuevo que arrastrase esos elementos dispersos, al que se dio el nombre de Concentración Cívica, y al que se afiliaron de inmediato el liberalismo y los autonomistas de Principios que restaban al doctor Breard.

Pero si el plan consultaba el interés del Gobierno o de la situación política, lesionaba fundamentalmente valores consagrados en largos años de acción pública, que son los que definen las agrupaciones ciudadanas, imprimiéndoles la vitalidad como condición de éxito en las luchas de la democracia.

Convencidos de que era un error disolver el partido liberal para dar vida a otro con la esperanza de algunas adhesiones, y convencidos sobre todo de que los radicales disidentes no habrían de incorporarse a ese nuevo partido que -por ende- jamás llegaría a ser mayoría absoluta en la provincia, buen número de liberales se resistieron a acatar las decisiones de la mayoría, levantando la bandera histórica y organizando el partido liberal de Tradición. Estaban a su frente el doctor Adolfo Contte y Eulogio Cruz Cabral y, entre los jóvenes, el doctor Carlos S. Abadie Acuña.

Cuando la Concentración Cívica no logró las adhesiones que se buscaban, la derrota se filtró en el espíritu del gobernante y en la masa oficialista. Dentro de los plazos legales llamóse a elecciones para designar electores de gobernador y vicegobernador de la provincia pero, ratificados los partidos opositores en su propósito de no concurrir a los comicios, estos apenas si se organizaron en un pequeño número de mesas sufragando un número escaso de ciudadanos.

El gobernante, ante esta situación, no tuvo más solución que solicitar nuevamente la Intervención Federal y, el nuevo presidente, el doctor Hipólito Yrigoyen, la dispuso luego como acto espontáneo de su política “reparadora” en Noviembre de 1917, a poco más de un mes de la finalización del mandato gubernativo provincial.

El oficialismo se rindió, solicitando al gobernador Loza la Intervención Federal, que fue decretada recién, como acto espontáneo del presidente Yrigoyen, el 23 de Noviembre de 1917.

- Administración Loza: esterilidad y desorganización

Dentro de los sucesos referenciados en cuanto al orden político, que ataron y preocuparon excluyentemente a los hombres del Gobierno, poco o ningún tiempo quedó para los asuntos de interés general que competen al Poder Ejecutivo como administrador.

Pero el gobernante no tuvo la sinceridad de confesarlo. En su primer Mensaje a la Legislatura, inaugurando sus sesiones, el 26 de Mayo de 1914, le dice: “... apenas ha habido tiempo para ordenar los resortes, todo está en comienzo ...”.

En el del 13 de Junio de 1915, expresa: “... la labor realizada ha sido escasa, con relación a mis propósitos y anhelos. Y si para los espíritus juiciosos el fenómeno no ha de ser mirado sino como una natural derivación de obstáculos insalvables, no por eso los que asumen la responsabilidad de una obra prometida y no cumplida sino en parte, dejan de experimentar la inquietud de lo irrealizado...”.

En el Mensaje del 21 de Agosto de 1916 -porque en ese año, recién en tal mes funcionaron las Cámaras, a las que envió el mensaje porque no asistió a la Asamblea Legislativa- agrega:

Ningún pensamiento, ninguna obra necesaria o de utilidad ha podido llevarse a cabo con eficacia en medio de esta tirantez económica que todo lo restringe”.

En 1917, sin Poder Legislativo en funciones, no existió la palabra del Poder Ejecutivo que pudiera ser síntesis de su acción de gobernante.

La causa del estatismo administrativo no estuvo únicamente en la preeminencia de la preocupación política; su razón -que bien pudiera ser causal de primer orden- fue la disminución de los recursos fiscales, como resultado del hondo desequilibrio económico sufrido por el país, consecuencia de la conflagración europea.

Su consecuencia primera fue inmovilizar la riqueza pecuaria de Corrientes, que quedó sin salida, sin más mercado que el de las tabladas y el consumo de su territorio, y de tiempo en tiempo -por breves períodos- el de la Capital Federal. La policía sanitaria, los baños y la profusa reglamentación nacional cerraban temporariamente esa vía de ventas agravando la situación de la ganadería correntina.

Cuando las ventas se regularizaron, se creó por ley de Octubre de 1914, un impuesto extraordinario al ganado, a pagarse en el momento de la operación, con fines especiales, pero su producido -como el de todas las rentas afectadas a gastos determinados- se incorporó a la masa del Tesoro.

En balde los mensajes y las memorias ministeriales se engolfaron en cálculos de lo percibido de menos, al deducir de la renta general estas especiales; todo fue papel escrito y empeño de hacer oscuro un asunto que debatió la oposición con perjuicio del prestigio oficial.

Cuando el Poder Ejecutivo, arrastrado por sus errores fiscales, llegó a imputar a la Administración pasada el legado de deudas a pagar que hacían más difícil su situación, el debate de la cuestión financiera usó de las cifras dadas por el gobernante en sus mensajes, probando la irregular política fiscal.

En el Mensaje de 1915, el gobernador Mariano Loza había consignado los siguientes antecedentes:

Recaudación total de 1914: $ 2.812.465, inferior en medio millón a la de 1913, último año del Gobierno del doctor Juan Ramón Vidal. Pero no había confesado qué suma recibió en efectivo de su antecesor, en las arcas fiscales.

Con sus informes sobre lo pagado en dinero en 1914, de $ 3.048.361, deduciendo la recaudación de ese año, teníase un exceso de pagos en dinero de $ 236.000, sin contar los efectivos que al fin del ejercicio de 1914 debieron quedar en las arcas de todas las receptorías.

Cuando esto se dedujo como consecuencia de sus alegatos sobre la “pesada” herencia fiscal de su antecesor, la opinión se aficionó a la exégesis de los datos oficiales, con los que el pueblo correntino fuera indiferente. Se vio entonces que, a pesar de ser la renta calculada para 1914 de $ 3.174.750, el Poder Ejecutivo había gastado la friolera de $ 3.824.779, es decir una suma mayor a la más alta recaudación fiscal.

El pasivo para 1915 no resulta entonces de la crisis sino de los gastos excesivos del año, situación que se produce otra vez en 1916.

El mensaje de esta año da un total para la recaudación de $ 3.152.667, y confiesa haber pagado $ 2.152.610 de los $ 2.982.855 gastados en concepto de presupuesto, leyes y acuerdos. Quedaba -entre lo cobrado y lo pagado- un millón de pesos, al que se imputó la suma de $ 783.698 abonados como saldos del presupuesto de 1914, de lo que resulta que el ejercicio de 1916 se inició con un saldo en efectivo de más de 200.000 pesos, y un débito correspondiente a gastos impagos de 1915 de $ 800.000 más o menos.

Esta restricción de pagos de 1915, teniendo fondos, apresuró la sanción de la ley del 31 de Diciembre de 1915 sobre Letras consolidadas, con la que se solucionó el problema de la deuda interna flotante.

Pero el Poder Ejecutivo no salió de sus urgencias ni de sus protestas por la precariedad de las fuentes de renta, anulando el crédito externo de la provincia al no servir el empréstito a oro convenido en el período anterior.

Los datos de la política fiscal de 1916 y 1917 no tienen otro interés que afirmarnos en los errores que se venían cometiendo, y que la Intervención Federal de fines de este último año reparó en buena parte.

El fracaso de la gestión financiera trajo el de toda clase de iniciativas. Apenas se puede consignar la refacción de un pequeño mínino de edificios fiscales y la iniciación del de la Escuela Graduada de Yapeyú, como algunos trabajos en los caminos en formación de la provincia. En este sentido, debemos recordar la construcción de un puente de madera en el camino de Santo Tomé al Aguapey; de terraplenes y alcantarillas en el de Lomas de Vallejos; idem de Villanueva; en el de Estación Riachuelo a Colonia Latorre Cué; un puente en la cañada Antúnez Cué, camino Saladas a Mburucuyá.

Además, con dinero de la Nación, técnicos provinciales iniciaron el desagüe de los esteros de San José y Riachuelo, que son las fuentes de las Maloyas.

Estudios y trabajos de gabinete, para obras públicas futuras, y un mapa gráfico de la provincia (obra del período anterior), revelaron por lo menos una buena voluntad en el personal a cargo de esas actividades. En cuanto a colonización, apenas si se procedió al amojonamiento y división de las colonias de Libertad, Garabí y San Carlos.

Indice de la esterilidad oficial fue un decreto curioso, levantado como una bandera de cargo para el Poder Ejecutivo. Declaróse en él la incapacidad administrativa de la provincia para reparar y completar las obras que desde hacía años se venían haciendo en el puente y terraplenes de cruce del Ayuí, departamento de Mercedes, verdadero timbre de honor de las pasadas Administraciones, y en cuyas obras había puesto toda su energía uno de los representativos del liberalismo, Eulogio Cruz Cabral.

Por lo expuesto, cuando la Intervención Federal clausuró el período del gobernador Loza, ninguno de los resortes funcionales del organismo provincial entendió que se había atentado a su porvenir.

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