El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El “plan intervencionista”

La idea central era el desalojo de la titularidad del Poder Ejecutivo Provincial del doctor Benjamín Solano González y concretar lo que se dio en llamar el “plan intervencionista”, que culminó con el tratamiento en Diputados de varios proyectos que fueron unificados con un despacho de mayoría en la Orden del Día Nro. 101, que fue considerada el día Domingo 30 de Septiembre, fecha en que vencía el período ordinario de sesiones.

Este proceso intervencionista ya había comenzado unos meses antes en el Congreso, votándose las Intervenciones a las provincias de San Juan y Mendoza, gobernadas respectivamente por el “bloquismo” y el “lencinismo”. En el tratamiento de ambos proyectos, el antipersonalismo votó en contra, solidarizándose con sus aliados de las recientes luchas comiciales.

Votaron a favor de la Intervención el resto de los sectores, incluido conservadores, socialistas y radicales. Por ello no llamó la atención de que los senadores correntinos Vidal y Pérez Virasoro, aunque enfrentados sus partidos en la provincia, votaran en forma coincidente la Intervención proyectada.

Si la grave situación atravesada por las provincias cuyanas hacía justificable el envío del remedio federal, no ocurría lo mismo en las provincias de Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe, San Luis y Corrientes, a las que -en sesiones maratónicas- se buscaba aplicar el mismo correctivo sin causas valederas que le dieran andamiento.

Para el caso de Corrientes, puede decirse que desde el momento mismo de la ruptura del pacto político que unía a liberales y autonomistas, se montó un plan destinado a lograr aquel objetivo el que, si en un primer momento no llegó a prosperar, se debió a la actitud decidida del presidente Alvear que en ese sentido mantuvo una conducta irreprochable.

Hay que recordar las causas que movieron a los integrantes de filiación liberal del Superior Tribunal de Justicia a solicitar la Intervención Federal, originadas básicamente en una dual interpretación acerca de a quién le correspondía la presidencia del alto cuerpo judicial.

Esta presentación fue derivada al Congreso por el ministro del Interior aunque, al responder a los peticionantes, les expresaba que “la incidencia debía ser resuelta, a su juicio, dentro de las propias instituciones locales de acuerdo al artículo 105 de la Constitución Nacional”.

Ahora se volvía a la carga con el mismo tema, expresándose que habían fracasado todos los intentos conciliatorios de solución y que no existía autoridad legal alguna que pudiera constitucionalmente resolver el conflicto surgido y el diputado nacional, doctor Adolfo Contte (partido liberal), pedía la inserción de este petitorio en el Diario de Sesiones como un elemento de juicio válido para ser considerado en el tratamiento de la Intervención Federal a Corrientes.

Contemporáneamente, el senador provincial, doctor Miguel Andreau (radical personalista) presentaba un proyecto al cuerpo del que formaba parte por el cual “ante el desquicio administrativo, la subversión institucional, la malversación de caudales públicos, los atropellos del Poder Ejecutivo a los municipios autónomos de Curuzú Cuatiá, Mercedes y Goya, a las comisiones municipales de Concepción y otros departamentos, la acefalía judicial, la del Consejo Superior de Educación y otras reparticiones, fenómenos éstos que resienten en forma visible el régimen republicano y representativo de gobierno y convierten a un Estado Federal en una verdadera ‘dictadura’” (sic), pedía se solicitara al Congreso de la Nación la inmediata sanción de una ley de Intervención amplia para reorganizar los tres poderes y el régimen municipal.

El comité de la capital de la Unión Cívica Radical personalista, en forma inmediata, se solidarizaba con el proyecto, reclamando a su vez que el sector de diputados de esa tendencia presentara un proyecto en tal sentido a la Cámara de que formaban parte.

Lo mismo hacía la Junta Ejecutiva del partido liberal, pero apoyando el pedido de los camaristas del Superior Tribunal, doctores Millán, Robert y Contte, y el proyecto ya presentado por los diputados nacionales Manuel Bermúdez y doctor Adolfo Contte(1).

(1) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), ediciones del 19, 20 y 27 de Julio de 1928. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

Claro está que ninguno de los peticionantes decía ni reconocía que muchas de las causas invocadas para demostrar la subversión institucional de la provincia tenían origen en actos u omisiones de los mismos, que ahora las exhibían en favor de sus aspiraciones.

Otro hecho que vino a agravar el ya complicado panorama provincial fue la designación por decreto de un juez en lo Civil en la persona de un magistrado que se había venido desempeñando hasta ese momento como juez del Crimen, lo que no tendría nada de objetable si no fuera que al ser elevada más adelante la propuesta al Senado le fue negado el acuerdo constitucional. Ante esa situación, el Gobierno no encontró mejor expediente que el reintegrarlo a sus anteriores funciones judiciales, en las que ya había cesado por medio de otro decreto.

Rápidamente, un abogado autonomista disidente le desconoció el carácter de juez y, ante esa pretensión, el propio magistrado le aplicó una sanción de arresto. Un mitin programado contra esa decisión judicial y en solidaridad con el abogado y su patrocinante -también sancionado- fue impedido por la Policía. Esto motivó que la comisión formada con aquel fin dirigiera un telegrama al Ministerio del Interior denunciando que en la provincia existía un “estado de sitio” mantenido con el apoyo de las fuerzas armadas de un Gobierno local que ha merecido el repudio unánime de la opinión sin distinción de colores políticos, al mismo tiempo que planteaba un recurso de amparo ante el juez federal de sección.

El diario capitalino “La Prensa” calificó editorialmente el caso como de “subversión institucional”(2).

(2) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), ediciones del 6, 8, 10 y 11 de Julio de 1928. Suscribían el documento -dirigido al Ministerio del Interior- los doctores Justo Alvarez Hayes (h) y Ulises Alvarez Hayes y el señor Jorge Isaac Rivero, liberales rupturistas; Carlos Moreno, autonomista disidente; Carlos Yanzi y Juan Stup, radicales personalistas; y el doctor Delio J. Martínez, socialista. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

- El tratamiento en el Congreso

Sin embargo, de toda esta actividad concertada en miras a lograr la aprobación de la ley de Intervención Federal, el Congreso no se pronunciaba pese al transcurso de los meses y a las instancias más o menos periódicas que planteaban los interesados.

Recién el último día del período ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados trató el tema. Antes de hacerse la discusión ya se sabía el resultado, teniendo en cuenta la holgada mayoría radical. Pero lo que no dejaba de sorprender era lo apresurado de este tratamiento al filo del período de sesiones, teniendo en cuenta de que el Senado de ninguna manera le daría sanción definitiva, teniendo en cuenta su composición netamente opositora.

Había sus razones; la provincia que recibía esta media sanción intervencionista quedaba prácticamente en situación de “liquidación”, lo que era ciertamente un acicate para que muchos oportunistas resolvieran con el tiempo suficiente “correr en tropel al éxito”, a adherir a los recientes triunfadores radicales. También era un valioso antecedente para que más adelante el futuro presidente de la Nación pudiera resolver por decreto, en receso del Congreso, la anhelada Intervención, avalando su decisión en el voto mayoritario de los representantes del pueblo de la Nación.

El tratamiento legislativo del proyecto no fue demasiado extenso; ya todo estaba dicho. Hubo un despacho de mayoría aconsejando la Intervención amplia. Pero había una novedad, que resultaba de la inclusión de un artículo proyectado por el sector radical personalista en cuya virtud se procedería a la reorganización de los poderes “de acuerdo con las leyes nacionales de elecciones”, o sea, con el sistema de mayoría y minoría, lo que motivó la justificada alarma del sector liberal que expresó claramente su disidencia afirmando que esa inclusión era inconstitucional ya que no podía modificarse por ley del Congreso una norma constitucional provincial que establecía un régimen electoral distinto sobre la base de la proporcionalidad.

Más allá de los atinados escrúpulos doctrinarios expuestos por la bancada liberal, era evidente que de aplicarse el sistema nacional de elecciones, su situación en la provincia perdía toda fuerza y corría el serio peligro de que sus electores pudieran diluirse en las filas de algunas de las dos fuerzas con mayoría electoral. Ya había sido bastante duro haber perdido los dos diputados nacionales, cuya elección descontaban, para tener ahora que resignarse a perder su gravitación electoral en la provincia.

En el debate del Congreso, correspondió al diputado Bergalli (U.C.R. personalista), producir el informe del despacho de la mayoría de la comisión. Su discurso se basaba en los siguientes argumentos más políticos que institucionales: comenzaba esgrimiendo el razonamiento de que Corrientes era una de las provincias que estaba “bajo la férula del régimen falaz y descreído”, lo que de por sí bastaba para hacer procedente la Intervención Federal, pues era conocido el concepto institucional, político y social que sobre tales provincias se tenía.

Esgrimía luego la bandera de los comicios libres y garantidos que en Corrientes habían sido conculcados, olvidando que muy pocos meses antes la misma Cámara había aprobado e incorporado a los diputados surgidos de tales elecciones y de que en las mismas había triunfado con amplitud el candidato presidencial, doctor Hipólito Yrigoyen.

Seguía luego atacando al Gobierno de Corrientes, “esencia del más crudo régimen’’ -decía- que está gobernado por una familia que se transmite como cosa propia y se transmite la cosa pública como si fuera una estancia.

Entraba luego al meollo de su argumento, que consistía en atribuir al régimen electoral de la proporcionalidad la causa de todos los males de la provincia, señalando que “se trataba de una ‘ley trampa’, que se esgrimía como mejor les place”, para terminar su alegación diciendo que existía subversión en la Justicia y enfatizando en que el propio Superior Tribunal de ese Estado había solicitado la Intervención.

Resultaba un discurso muy pobre para un miembro informante y evidenciaba un total desconocimiento de los temas que le tocó desarrollar.

Por el lado liberal -autores del proyecto de Intervención- hablaron los diputados Adolfo Contte y Manuel A. Bermúdez. El primero reclamaba la Intervención fundado en “los altos y permanentes intereses nacionales para encauzar dentro de las normas constitucionales y legales la vida de aquel Estado”.

Para el doctor Contte, las razones que hacían procedente el pedido de Intervención eran el desconocimiento de las facultades de la Legislatura al realizar el Poder Ejecutivo nombramientos de funcionarios sin el previo acuerdo del Senado, la Intervención a las comunas autónomas y de las otras, lo que importaba la abolición del régimen municipal en la provincia, la absorción y el sometimiento del Poder Judicial a la voluntad del Poder Ejecutivo y la nulidad del llamado Superior Tribunal de Justicia; se incluía además el hecho de la designación de magistrados judiciales que al no obtener acuerdo del Senado volvían a sus anteriores funciones y, finalmente, la inmoralidad política y administrativa, el despilfarro y la malversación de los fondos públicos.

No participaba el doctor Adolfo Contte del criterio de aplicar la ley nacional de elecciones en la provincia por considerar que estaba en contraposición a la Constitución Provincial, reconociendo además que las leyes vigentes en la provincia no son malas y son mejorables, ya que “lo malo de allí es el Gobierno de Corrientes”, según afirmaba.

El diputado Bermúdez, que advirtió el sesgo que estaba tomando el debate, en el que la mayoría personalista fustigaba el “régimen” en el que quedaban los liberales necesariamente incluidos, adoptó una postura defensiva de los Gobiernos que habían venido rigiendo la provincia, en los que el propio legislador había actuado como ministro en dos oportunidades.

Si bien se declaraba partidario de la Intervención, sostenía que lo que había pasado en Corrientes era común en los Estados en que se gobiernan por una coalición o acuerdo de partidos de tradición diferente, desavenencias por distintos criterios de interpretación de los actos de gobierno, diversidad en el modo de aplicar las leyes o de practicar lo que cada uno entiende son los ideales de su partido, etc.

Dos partidos han gobernado la provincia al amparo de una política de concordia y de solidaridad, que han dado apreciables frutos para la paz y tranquilidad. A pesar de ello, se ha producido un desacuerdo, una disidencia, que ha dado como resultado el retiro del Gobierno de uno de los partidos, y la negativa de continuar colaborando en la Administración Pública”, dice el citado legislador y, más adelante, rechaza las expresiones del miembro informante de la mayoría que afrentan a Corrientes al decir que es un Estado en el que no se puede vivir, que no hay allí libertad electoral, que no se goza de garantías de ninguna especie, para concluir afirmando que “probablemente muy pocos Estados argentinos ofrecen el espectáculo de su civilidad ciudadana, de su progreso cívico y electoral” y que “¡hace un cuarto de siglo que en la provincia es un hecho la libertad efectiva del comicio!

Sus palabras reivindican -como era de esperarse- el modo de vida de los correntinos:

Puedo afirmar -dice- que desde hace veinticinco años en Corrientes el comicio ampliamente garantido es una verdad, una verdad cuya realización en mejores condiciones no habría de alcanzar nunca la Unión Cívica Radical.
Los Gobiernos de Corrientes -continúa- se han distinguido por la regularidad y el orden en el manejo de la Administración Pública, especialmente cuando la responsabilidad del Gobierno ha estado en manos del partido liberal.
No ya desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista administrativo y moral, la provincia de Corrientes es un ejemplo en el país”.

Señalaba como prueba de sus dichos que al ascender Yrigoyen a la primera presidencia, en 1917 se llevó a Corrientes -como a muchas provincias- una Intervención Federal que duró dos años aproximadamente y tuvo sus horas de extravío muy grandes, pero concluyó sin embargo en medio del respeto de las instituciones y el derecho de los partidos que se disputaban el triunfo.

Al amparo de esa Intervención Federal dirigida por el doctor José M. Giuffra, triunfaron los partidos conservadores de Corrientes y se aseguró el Gobierno del doctor Adolfo Contte.
Desde entonces -continuaba- nunca ha podido triunfar el partido radical porque las fuerzas conservadoras se afianzaron en el Gobierno y a todas las elecciones concurrieron los radicales, lo que es una prueba inequívoca de que gozaban de libertad y garantías.
La última renovación del Poder Ejecutivo en la provincia fue un espectáculo cívico notable. La Unión Cívica Radical concurrió a la lucha con un candidato muy respetable y digno de consideración pero, a pesar de ello, las fuerzas conservadoras triunfaron sobre el radicalismo por cerca de 10.000 votos y nadie discutió en el país la legitimidad de ese triunfo”.

Luego de sostener que sólo el Gobierno actual, probablemente por impericia, tacto político o de mesura en el manejo de la cosa pública ha dado origen a que se apele a este recurso heroico de la Intervención, pero los casos concretos expresados por el diputado Contte -afirmaba- no son lo común en la vida política de Corrientes, reivindicando para su provincia el derecho y el honor de ser tratada en otra forma.

Siguió luego incursionando en el tema de la aplicación de las leyes nacionales electorales para reorganizar los poderes de la provincia, según el agregado propuesto por la mayoría radical, señalando que ello importaba un atropello a las instituciones provinciales. Se preguntaba después “¿a quién se le puede ocurrir que si mañana en una elección que realice la provincia de Buenos Aires, manejada por los radicales, deba imponerse la ley nacional de elecciones cuando licúe el sistema de representación proporcional?"

Bermúdez seguía argumentando que las leyes de Corrientes no tenían nada de contradictorias con la Constitución Nacional y en la sanción de todas ellas habían colaborado todos los partidos que allí actuaban y nunca habían merecido el repudio ni la desaprobación de ninguno de ellos. Y el partido radical, que es una minoría muy relativa y escasa en Corrientes, cuando se sancionó la ley electoral, le brindó su apoyo y la aplaudió más que nadie porque gracias a ella podía obtener representación en la Legislatura.

Terminó su exposición reclamando al cuerpo que no se insista en cometer un verdadero atropello, una verdadera suplantación de las instituciones de la provincia. ¡Qué se haga la Intervención, pero dentro de sus instituciones!

La defensa de la provincia también estuvo a cargo del diputado de la provincia de Buenos Aires, doctor Míguez, quien fustigó a la mayoría radical en razón de que ésta -por haber obtenido el Gobierno de la nación- pretendía tener el derecho de adueñarse de todas las provincias. Su bien preparado discurso puso de manifiesto muchas de las falacias empleadas para justificar la ley de Intervención, especialmente cuando desnudaba que la proclamada mayoría radical en los últimos comicios no era sino el fruto de una maniobra política en que el liberalismo conservador volcó sus votos a favor del radicalismo personalista, pero que de ninguna manera ello significa el triunfo plebiscitario de Yrigoyen en Corrientes.

También demostraba que la ley vigente en Corrientes -para las elecciones- sobre la base de la proporcionalidad, tiene su similar en la provincia de Buenos Aires donde hace mucho tiempo que gobiernan los radicales y nunca han criticado el sistema.

Luego de escucharse varios oradores, lo hizo el señor Caamaño (radical) que señaló su satisfacción por ver el resultado de más de cuarenta años de lucha por el triunfo del derecho electoral, conquista que enarbolaba gallarda la Unión Cívica Radical, pero advertía que ese partido confundía la victoria con el abuso, porque eso importaban las Intervenciones Federales que se estaban decretando ya que por ese camino se iba a volver a los Gobiernos de la unanimidad, pues con el abuso intervencionista la victoria resultaría a la larga que el radicalismo tendrá mayoría y minoría y surgiría como una ley fatal “el unicato”.

Volverán -decía- las nuevas generaciones a soportar la misma coyuntura electoral que se estampó en el año 80 por haber cometido abusos vencedores y vencidos.
Esa responsabilidad -seguía diciendo- será para el partido radical a quien lo veo fuerte y poderoso, pero no lo suficientemente coherente para que pueda gobernar la nación respetando las leyes y a las clases opositoras como lo hacen todas las democracias avanzadas del mundo

Terminaba señalando que el radicalismo tiene un gran peligro dentro de sí, al no tener un enemigo organizado a su frente, ya que la oposición que representa la derecha se va descomponiendo y la otra gran fuerza que es el socialismo en la Ciudad de Buenos Aires, se ha dividido de medio a medio, y ello constituía el mayor peligro, por lo que instaba a los radicales a levantar la mira y no valerse aquellos recursos porque sino se seguiría por la senda del desprestigio y cuando menos lo creyese se encontraría despedazado.

Sin lugar a dudas sus palabras encerraban una profecía.

En la continuación del debate no fue muy feliz la intervención del diputado correntino Alfredo Tressens (U.C.R. personalista), quien luego de historiar algunos antecedentes que consideraba negativos de la ley electoral vigente en la provincia, que hacían necesaria la implantación de la ley electoral nacional, seguía su discurso machacando sobre las presiones policiales en las campañas políticas para asegurar la mayoría del partido oficialista, arrancando libretas y castigando ciudadanos:

El comisario -decía- es un matón que sirve a los intereses del oficialismo que se convierte en un Gobierno de opresión y de injusticia”.

Este último argumento dio pie al diputado Felipe C. Solari (autonomista de Corrientes) para preguntarle cómo había sido posible que frente al panorama que exhibía de las presiones policiales, había podido permanecer durante dos años aproximadamente hasta el día en que se proclamó su candidatura a diputado nacional, como empleado de la Policía Provincial.

El aludido respondió que él nada tenía que ver con aquellos hechos ya que era médico de policía, es decir, ¡un cargo técnico! Solari, rápido en su réplica, le señalaba: “El Gobierno habrá sido despótico o en el concepto del señor diputado pero, sin embargo, no tuvo empacho en desempeñar un cargo en ese Gobierno”.

Agotado el debate, el resultado fue aprobatorio del proyecto, según lo había despachado la mayoría de la comisión respectiva(3).

(3) Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, período de sesiones ordinarias - Año 1928. Sesión del 30 de Septiembre. El proyecto aprobado decía:
“Art. 1.- Declárase Intervenida la provincia de Corrientes a los efectos de restablecer la forma republicana de gobierno, de acuerdo con las prescripciones de la Constitución Nacional.
“Art. 2.- El comisionado f ederal procederá a reorganizar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y autoridades municipales, de acuerdo con las leyes nacionales de elecciones y sobre la base del padrón nacional y de conformidad con las leyes respectivas en cuanto atañe al régimen municipal”. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

Votó favorablemente la bancada radical personalista, además de los diputados Bermúdez, Contte y Raffo de la Reta, del sector de la derecha. Lo hicieron en contra los demás diputados conservadores, los socialistas de ambas fracciones y los radicales antipersonalistas. Estaba dado el primer paso para avasallar una vez más la autonomía de la provincia.

Información adicional