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Designación del interventor Míguez. Repercusión en el Congreso

Para cumplir la misión federal, se designaba al doctor Gilberto E. Míguez, funcionario judicial con más de 25 años de servicio que se retiraba como miembro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires para acogerse a los beneficios de la jubilación(1).

(1) Diario “La Nación”, (Buenos Aires), edición del 1 de Mayo de 1929. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

Tan pronto fue conocido el decreto de Intervención se reunió el bloque de la derecha de la Cámara de Diputados de la Nación resolviendo repudiar el hecho, motivando esa circunstancia la renuncia al bloque por parte de los diputados de filiación liberal correntina que lo integraban(2).

(2) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), edición del 24 de Mayo de 1929. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

La decisión presidencial tan apresuradamente adoptada, pocos días antes de la apertura de sesiones del Congreso, amenazaba con convertirse en una crisis institucional muy delicada. Si bien la Cámara de Diputados había aprobado con media sanción el proyecto de Intervención Federal a la provincia en la última sesión del período anterior, ese tema debía ser motivo de tratamiento por el Senado al iniciarse el período de sesiones del nuevo año.

Si este cuerpo modificaba el texto aprobado por Diputados, la Intervención quedaría desvirtuada en sus objetivos y, si rechazaba totalmente el proyecto -lo que era de presumir- la Intervención quedaría virtualmente anulada, no pudiendo reglamentariamente repetirse el tratamiento del proyecto hasta el año siguiente.

En realidad, la situación, más allá de las consideraciones de orden constitucional y reglamentario, tenía ciertas connotaciones políticas de futuro que no podían dejarse de tomar en cuenta. Si, como parecía evidenciarse en el proyecto, la Intervención Federal iba a aplicar en la provincia la ley electoral nacional de mayoría y minoría (Ley Saenz Peña), tratando de imponer al radicalismo como mayoría, no resultaría difícil que liberales y autonomistas, deponiendo sus diferencias y actuando juntos nuevamente, impusieran su mayoría al oficialismo radical.

Si, por el contrario, se aplicara el régimen de la proporcionalidad establecido por la Constitución Provincial, el equilibrio de fuerzas políticas existente daría motivo a que los partidos concurrieran en forma independiente a la lucha, negociando luego una salida en el Colegio Electoral, donde presumiblemente nadie obtendría la mayoría absoluta, en el que seguramente el radicalismo no se vería beneficiado, dada la permanente intransigencia que lo animaba en todos sus actos. ¡Salvo para recibir..!

- Se dilata el envío de la Intervención

La Intervención Federal que parecía habría de llegar en forma inmediata a la provincia, se fue dilatando en su envío, generando el natural desconcierto y desencanto entre los sectores opositores que ya descontaban su inmediata presencia y hacían planes y toma de posiciones.

El radicalismo personalista -en primer lugar- se preparaba febrilmente y también lo hacían los liberales rupturistas, citando éstos últimos a su Comité Ejecutivo para tratar la actitud que se adoptaría cuando se hiciera cargo del Gobierno de la provincia el interventor nacional. Para asistir a esa reunión llegaron los legisladores nacionales Pérez Virasoro, Contte y Bermúdez.

Cuáles fueron las causas de esta demora en el envío inmediato de la Intervención, es un tema no suficientemente aclarado. Anticipémonos a decir que decretada ésta -en Abril- recién fue efectivizada el último día de Noviembre de ese año, es decir, siete meses después.

Para muchos, la causa fundamental de esta demora fue la firme actitud del Senado de la Nación que consideraba a la decisión presidencial como un claro enfrentamiento a las facultades que les eran propias, en cuya esfera debía ser tratado el proyecto con media sanción en la Cámara de Diputados, debates a los que ya nos hemos referido.

Tal vez la respuesta más acertada a aquel interrogante serían las palabras expresadas por el senador radical, doctor Del Valle, en el debate originado con motivo de la presentación de un pedido de informes presentado por el senador Juan Ramón Vidal reclamando por lo que consideraba un avasallamiento de las prerrogativas del Congreso -por una parte- y de la autonomía de su provincia, por la otra.

Decía el senador Del Valle que “la Intervención a Corrientes no se ejecutaba porque el señor presidente esperaba que el Honorable Senado se pronunciara sobre la cuestión” -sometida a su conocimiento- y que “no quería llegar a la violencia para llevar a cabo esas Intervenciones y por ello las ha detenido” (se refería a las Intervenciones decretadas a las provincias de Corrientes, Santa Fe, San Juan y Mendoza).

Y terminaba afirmando que “ellas estaban decretadas y que no habría fuerza que las pudiera remover”, ya que “en Corrientes irá la reparación”, pues “había terminado ya aquella época en que convenios de partidos hacía del Gobierno cosa propia y establecían rotación periódica para el ejercicio de ese Gobierno ... y Corrientes será redimida” (¡!)(3).

(3) “Diario de Sesiones”, Honorable Cámara de Senadores de la Nación, Sesión del 27 de Junio de 1929. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

- Posición del doctor Juan Ramón Vidal

El proyecto de comunicación presentado por Juan Ramón Vidal reclamaba tomar conocimiento de la Intervención decretada y pedía el envío de los antecedentes que sirvieron de base para ordenarla. Decía que, de las varias Intervenciones dispuestas por decreto a pocos meses de iniciado este Gobierno, no había dado cuenta al iniciar el período parlamentario y recordaba que en otro caso de Intervención a Corrientes -durante la presidencia del doctor Nicolás Avellaneda- decretada en receso del Congreso, al reunirse éste había solicitado la correspondiente autorización para proseguirla.

Señalaba que, en este caso, el decreto presidencial fue expedido a pocos días de inaugurar sus sesiones el Congreso sin causa alguna de urgencia que la justifícase y en base a falsedades que eran destruidas por tratarse de hechos de pública notoriedad que no le daban sustento.

Con relación a la afirmación de que los poderes del Gobierno de Corrientes se originaban en el fraude, le recordaba que este Gobierno provenía de las elecciones de 1925, en las que participaron las dos fracciones unidas del radicalismo y ellas fueron inobjetables.

Seguía analizando que la renuncia a sus bancas por los legisladores provinciales radicales y la abstención decretada por el mismo partido con el apoyo de los liberales, no era sino un recurso sugerido por el propio Poder Ejecutivo Nacional para justificar el envío de la Intervención, cuando era un hecho que hacía diez años que venían aprobando las elecciones de esa provincia y ocupando sus bancas sin protestas de ninguna especie.

Terminaba diciendo el proyecto presentado por el doctor Vidal, que el decreto de Intervención no era producto del ejercicio de una facultad constitucional, sino lisa y llanamente el empleo arbitrario de la fuerza y que en la emergencia “no se jugaba el interés de un partido ni los intereses locales de una provincia, sino la vida misma de las instituciones que nos rigen”.

Al fundamentar la minuta, decía que “el decreto de Yrigoyen presentaba a este Estado como un lugar inhabitable, entregado al bandolerismo y a la barbarie. Son ellos conceptos manifiestamente falsos, una afrenta a la civilización argentina y a la cultura del país...”. Decía después que “Corrientes atraviesa un período de gran prosperidad, mientras que en el orden nacional el malestar se acentúa cada día más. Verdadero contraste el Gobierno de Corrientes entregado a una labor progresista e intensa, inteligente, respetuoso de todos los derechos, sin odios ni prevenciones, y el Gobierno Nacional que lo injuria y le imputa sus propios errores...”.

Refiriéndose al gobernador de la provincia, decía el doctor Vidal que era un médico distinguido conocido en la Ciudad de Buenos Aires que había ido a Corrientes animado de un espíritu patriótico, libre de prevenciones políticas, porque no había hecho vida en ningún partido y la proclamación de su candidatura fue recibida con aplausos por la gran mayoría de la provincia y con confianza por todos los partidos.

- La posición de los opositores

Al senador Del Valle (U.C.R. Personalista) le correspondió la defensa de la posición del Gobierno, expresando que eran bien concretados los cargos que se hacían a aquella Administración, ya que en Corrientes las libertades públicas estaban suprimidas y la mayor parte de las personas que ejercían funciones policiales eran delincuentes y criminales, recordando como ejemplo la dolorosa situación provocada con la muerte de varios conscriptos a manos de la autoridad policial.

Destacaba el legislador que la Intervención fue tomada en ejercicio de facultades indiscutibles, sin importar cuántos días antes de la apertura del Congreso y fue hecha en base a pedidos apremiantes de los partidos políticos, no sólo la Unión Cívica Radical, sino también del partido liberal y de una fracción del partido autonomista.

Lo acompañaron con diferentes argumentos los senadores, doctores Antille y Molinari, oponiéndose a la aprobación de la minuta con pedido de informes.

Finalmente, la posición del partido liberal estuvo a cargo del senador Pérez Virasoro, quien votó a favor de la aprobación de la minuta, “para demostrar con hechos concretos la necesidad de la Intervención y justificar la actitud del partido liberal. No existen garantías electorales -decía- no sólo porque las elecciones estaban en manos de policías, sino de procesados y condenados y, además, por los fraudes hechos por la Junta Electoral compuesta de miembros del Superior Tribunal”.

El proyecto fue aprobado y remitido al Poder Ejecutivo para que produjera el informe solicitado.

- Otras causas de la demora en enviar la Intervención

Otra de las causas que fueron tenidas en cuenta para demorar el envío de la Intervención Federal -se afirma- fue el estado de anarquía en que se desenvolvía el partido radical en la provincia. En rigor de verdad, este estado no hacía sino reflejar la situación nacional del radicalismo en la que también varias líneas internas se disputaban el predominio partidario en miras de una muy probable y cercana decrepitud del presidente Yrigoyen, que obligaría a su sustitución en la conducción del partido y de la nación.

Los apetitos de predominio, los celos entre los principales dirigentes por futuras sucesiones, ya que la jefatura máxima parecía pronta a estar vacante, inficionaban la estructura partidaria y quebraban su solidez(4).

(4) Fernando L. Sabsay y Roberto Etchepareborda. “El Estado Liberal Democrático” (1987), p. 289. Ed. Eudeba Macchi, Buenos Aires. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

Dentro de los cuadros directivos cundía la desazón, impidiendo encauzar y afrontar los graves interrogantes del momento. Se perfilaron pronto dos tendencias, encabezadas, respectivamente, por Elpidio González y Horacio Oyhanarte.

El embajador de los Estado Unidos, Robert Bliss, en correspondencia reservada a su Gobierno, ya señalaba esta disputa entre los integrantes del gabinete para apoderarse de la presidencia, haciéndose eco de que el Primer Mandatario sería persuadido de tomar un descanso, creyendo el diplomático que sólo un golpe de timón podría salvarlo, reputando esto improbable en vista de su edad y mentalidad cada vez más desfalleciente:

Los antagonismos políticos y personales dentro del gabinete adquieren un carácter tal que permiten expresiones y opiniones, en conversaciones privadas, que se asemejan en mucho a la traición”.

La existencia de estos antagonismos es también reconocida por Alen Lezcano(5), de cuya notoria afinidad radical no puede dudarse, quién, además de las corrientes internas mencionadas, hace aparecer, más adelante, una tercera liderada por el vicepresidente, doctor Enrique Martínez.

(5) Luis C. Alen Lezcano. “La Argentina Ilusionada” (1975), p. 329. Ed. La Bastilla Editorial Astrea, Buenos Aires. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

En Corrientes se cuestionaba la conducción del presidente del Comité Central del radicalismo personalista, doctor Julio G. Guastavino, y aparecía nuevamente la figura del doctor Héctor Lomónaco y, junto a ellos, figuras jóvenes como la del doctor Raúl F. Arballo que en reñidos comicios vencía a su contrincante, José Lorenzo, por la presidencia del comité de la capital, o la del doctor Blas Benjamín de la Vega en pleno ascenso de su prestigio, mientras que figuras de mayor edad y gran predicamento como el doctor Eudoro Vargas Gómez se mantenían retirados de los enfrentamientos intestinos y se hablaba de la reorganización partidaria en la provincia, tarea que estaba a cargo del senador, doctor Diego Luis Molinari.

Sobre las causas de la demora en el envío de la Intervención Federal, hay una tercera explicación que encontraría su fundamento en la existencia de lazos de amistad entre el gobernador Benjamín Solano González y familiares del presidente de la Nación, especialmente con su hermano Martín Yrigoyen(6).

(6) En una conversación mantenida por el doctor Ricardo Harvey con Sofía González Alemán de de la Fuente -hija del gobernador Benjamín Solano González- en fecha 21 de Febrero de 1990, refería que su señor padre le había hecho saber que en su calidad de médico en la Ciudad de Buenos Aires había cerrado los ojos en su lecho de muerte a la señora madre del presidente Hipólito Yrigoyen y había tenido además muchas atenciones para con su hermano, Martín Yrigoyen. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

Ligado a lo anterior estaría también un compromiso de no llamar a elecciones hasta el último momento legalmente posible y de allí que la fecha fijada para elegir al nuevo gobernador fue llevada para el día 1 de Diciembre, ya que el doctor González finalizaba su mandato el día 25 de ese mismo mes.

Sin duda, como en muchos hechos de la historia, es posible que no sea una sola la causa de la demora, sino el conjunto de circunstancias las que determinaron la actitud presidencial.

Se vivió en Corrientes, a partir del decreto de Intervención -dice Edmundo F. Serpa(7)- momentos tensos de incertidumbre e indignación, resolviéndose no obstante que se llevaría a cabo el acto eleccionario para cumplir con la Constitución”.

(7) Edmundo F. Serpa. “Historia de los Cuatro Siglos de Corrientes” (1989), p. 261. Ed. Cicero Impresiones, Corrientes. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

Por su parte, Hernán F. Gómez(8) dice que “largos e inciertos días vivió la provincia bajo ese acto insólito del Poder Ejecutivo Nacional. El desconcierto público que le siguió, vio transcurrir un tiempo suficiente para que se acallasen las marejadas de la reacción y la protesta, y la vida del Gobierno y del pueblo de Corrientes volvió a los cauces serenos de la iniciación del período gubernativo”.

(8) Hernán Félix Gómez. “Los Ultimos Sesenta Años de Democracia y Gobierno en la provincia de Corrientes” (1931), p. 323. Ed. L. J. Rosso, Buenos Aires. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

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