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Primeras acciones de la Intervención Míguez

Mientras en la capital de la República se seguía atentamente los acontecimientos, en medio de un clima cada vez más enrarecido por los hechos de violencia cometidos por adictos al oficialismo en contra de afiliados conservadores, especialmente en la provincia de Buenos Aires, en Corrientes las nuevas autoridades federales adoptaban las primeras medidas para dar cumplimiento a su cometido.

Teniendo en cuenta el carácter amplio de la medida intervencionista, procedió inmediatamente a declarar la caducidad del Poder Legislativo, declarando cesante además a todo su personal administrativo, designándose a Felipe Berta para recibir la documentación y bienes bajo prolijo inventario, nombramiento que se deja sin efecto, designándose en su reemplazo a Nicanor Aramburu.

El conflicto judicial con el Superior Tribunal de Justicia, una de las causas invocadas para el envío de la Intervención, dio lugar a nerviosas consultas, especialmente con los doctores Adolfo Contte, José E. Robert y Augusto Millán -de reconocida filiación liberal- y aunque se dijo que se trataba de una mera visita de cortesía, lo real es que en forma inmediata los dos últimos fueron designados camaristas e integrantes del más alto cuerpo judicial.

Los demás cargos necesarios para integrarlo fueron completados con designaciones de abogados de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos, los doctores Rodolfo Gómez, Zacarías Sánchez, Manuel Sabas y Enrique B. Prack y, como Procurador General, al doctor Luis R. Burgos. Integraban además el Poder Judicial, como jueces de primera instancia, los doctores Teodoro Granel, Luis Viera y Guillermo Zúñiga y, como Fiscal, Alberto Ochoa Castro; Defensor de Pobres, Fernando Alsina; juez en Goya, el doctor Gregorio Loza; y Agente Fiscal, el doctor Eduardo Segovia.

- Actitudes del partido liberal

El partido liberal, uno de los responsables del envío de la Intervención, se reunió a través de su Junta Ejecutiva y autorizó a sus afiliados a aceptar cargos en la Justicia, aclarando, sin embargo, que esta autorización no significaba atar al partido, el que seguiría con absoluta independencia y sin ningún compromiso con el partido radical.

Esta solución de compromiso mostró a las claras que las diferencias de criterio en el seno de la fuerza liberal eran muy profundas y determinó las renuncias del presidente de dicha Junta, doctor Raymundo Meabe, y de Eliseo A. Paiva y otros dirigentes, quienes sostenían que el partido debía quedar en estos momentos con amplia libertad de acción, la que quedaba coartada por la presencia de estos magistrados en el Gobierno.

Finalmente, el partido liberal dio un manifiesto en el que ratificaba su posición de desvinculación de toda otra agrupación política, orientación que estuvo señalada desde el momento mismo de la disolución del pacto que lo ligaba con el autonomismo -en el año 1927- y que no había variado en absoluto:

Fundamentales razones de orden político, institucional y moral obligaron al partido liberal a desvincularse del partido autonomista -decía el manifiesto- y a retirar su apoyo al Gobierno del doctor González, derrumbándose éste como una consecuencia fatal y necesaria”.

Más adelante expresaba que el partido anhelaba y esperaba que el acto cívico que debía consagrar a las nuevas autoridades se realizara lo más pronto posible para volver a la provincia al goce de su autonomía:

Una propaganda adversaria pretende hacer aparecer al partido, dispuesto a participar en las responsabilidades de la misión federal, por el hecho de que dos distinguidos afiliados, los doctores Millán y Robert, formaron parte del Tribunal de Justicia, una rama del poder público desvinculada de la política.
El hecho no tiene otro significado que el reconocimiento de la razón y justicia que inspiraron a los camaristas liberales en el conflicto en ese Tribunal y que originara la reclamación de Intervención Federal por el partido y los propios camaristas. Pero ello no altera -terminaba- su posición y luchará con su propia bandera en las próximas luchas cívicas”.

Firmaban el documento, el doctor Raymundo Meabe, como presidente, a quien se le había rechazado su renuncia; los doctores José A. Contte y F. Benigno Martínez, como vicepresidentes; Carlos Abadie Acuña y Mariano Gómez, como secretarios; y Benigno Martínez, Evaristo Pérez Virasoro, Manuel Bermúdez, Justo Alvarez Hayes, Ernesto R. Meabe, Eliseo A. Paiva, Gervasio M. Siris, Fernando Valenzuela y Adolfo Mohando, como vocales. Se había logrado conciliar posiciones, pero las diferencias latentes no tardarán en eclosionar(1).

(1) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), ediciones del 9 y 10 de Diciembre de 1929. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

Una de ellas se sintetizaba en el pensamiento de la juventud liberal que en el diario “El Día” comentaba el manifiesto diciendo “ni con los radicales ni con los autonomistas, tal la síntesis del documento que traduce fielmente sentimientos y anhelos de la gran masa del partido”. Pero lo que no se decía era cómo se esperaba solucionar el problema de la consagración gubernativa una vez efectuadas las elecciones, ya que las tres fuerzas mayoritarias de la provincia -radicales, liberales y autonomistas- difícilmente hubiesen podido lograr cada una de ellas por si sola el número de electores exigidos por el sistema electoral vigente, el que inevitablemente llevaría a la necesidad de arribar a un acuerdo de por lo menos dos de esas fuerzas.

- El desastre de Wall Street trasciende a Estados Unidos

Mientras la Intervención Federal asumía en Corrientes, graves hechos ocurrían en el mundo y en el país. Las secuelas de la tremenda crisis desatada en los Estados Unidos, en lo que dio en llamarse el “Octubre Negro” de Wall Street, afectaban sin duda al país, donde un Gobierno manejado por un hombre de avanzada senilidad no encontraba las fórmulas más adecuadas para afrontar el difícil trance en que se hallaba la Nación, salvo la decisión de cerrar la Caja de Conversión que trajo como natural consecuencia una importante depreciación del peso argentino, ahora falto del respaldo oro necesario, creando la lógica incertidumbre en los círculos bancarios.

El estado de inquietud ciudadana se manifestaba en los más variados círculos, especialmente aquellos de elevado nivel intelectual, que comenzaban a advertir las resquebrajaduras de un régimen que empezaba a hacer agua, sin tener capitanes idóneos para enfrentar la tormenta y, por el contrario, evidenciaba la existencia de tendencias disolventes que amenazaban la necesaria organización y acción ante los acontecimientos que se suceden en forma alarmante sin adoptarse las previsiones para conjurarlos.

No resultaban así extraños los movimientos de los estudiantes de Derecho que tomaban su Facultad, como tampoco que las fuerzas gubernistas reprimieran a los adversarios mediante sangrientos incidentes en la provincia de Buenos Aires, disparándose armas de fuego en Tornquist contra elementos del Partido Conservador, otro tiroteo en la localidad de Tigre o la muerte alevosa de un afiliado de ese partido en la localidad de Junín.

- Se comienza a pensar en golpes militares

La situación cada día más dramática va creando la necesidad de formar un gran partido nacional de oposición a través del cual se canalicen las inquietudes y protestas de las fuerzas del orden y la responsabilidad, gravemente amenazados; pero, por el momento, ello no llega a concretarse y, por el contrario, como se sabrá después, los sectores castrenses, también alarmados por la seria situación, comienzan a pensar si no es llegado el momento de adoptar decisiones para sanear lo que consideran alarmantes corruptelas que llevan al país al vacío y a la desorganización nacional.

No debe extrañar, entonces, que en este período, los políticos opositores encuentren en este medio la única posibilidad de restablecer el orden de las instituciones de la República y realicen contactos con los militares para buscar una salida que satisfaga el interés de la nación.

Rosendo Fraga, con acceso a buena documentación de fuentes castrenses, asegura que los sectores militares afectos al general José Félix Uriburu, comenzaron a conspirar a fines del año 1929(2).

(2) Rosendo Fraga. “El General Justo” (1993), p. 175. Emecé Editores, Buenos Aires. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

Por su parte, Juan V. Orona, en su conocida obra “La Revolución del 6 de Septiembre”, refiriéndose a la fecha en que comenzó a tomar cuerpo la idea insurreccional dice que según el general Uriburu, jefe de la misma, ello comenzó ocho meses antes; según algunos nacionalistas, al despejar las urnas el triunfo de Yrigoyen en 1928; y, según ex logiados de la Logia Militar Gral. San Martín, cuando se retornó al mismo desquicio institucional de la primera presidencia de aquél.

- Reemplazo de funcionarios en Corrientes

El interventor, doctor Míguez, ya en posesión del mando, comienza la serie de sucesivos cambios en la Administración Pública, eliminando a los funcionarios que son expresión del “régimen”, aunque manteniendo a muchos que de él provenían, creando nuevos cargos rentados fuera de presupuesto y organizando la Justicia sobre la base de elementos llevados de Buenos Aires y con otros que consultaban con sus respectivas cúpulas partidarias antes de aceptar el cargo, originando un interesante editorial del diario “La Prensa” criticando la forma en que se reclutan los “empleados jueces” en las provincias que habían sido Intervenidas (Mendoza, San Juan y Corrientes) "contratando abogados jóvenes recién recibidos de Buenos Aires y La Plata, sin experiencia, sin conocimiento de los Códigos Procesales provinciales, tomados con la promesa de ubicarlos a su regreso en funciones judiciales de la Nación(3).

(3) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), edición del 7 de Diciembre de 1929. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

Enseguida de tomar posesión del cargo, el interventor reemplazó por “razones de mejor servicio” a aquellos funcionarios y empleados que no aparecían claramente definidos en favor de la causa por él representada. Por supuesto, las opiniones periodísticas son contradictorias pues, mientras “El Liberal” -diario de los desplazados- criticaba agriamente a la Intervención, “El Día” -diario liberal rupturista- decía que ésta se había iniciado por la buena senda.

Pero, no obstante ello, se aseguraba que entre los círculos radicales se habían producido desinteligencias como consecuencia de los nombramientos hechos por el interventor.

A ese respecto, el diario “El Pueblo” -que era el más antiguo de aquella filiación- expresaba que debía salvarse la dignidad partidaria, ya que no eran todos los radicales los que estaban haciendo cuestión de estado por los puestos públicos, solicitando los mejores rentados para ellos o sus amigos, posponiendo méritos y posiciones bien ganadas y que, si bien se miraba, no eran radicales los que usaban tales procederes, ya que el verdadero radical observaba una conducta bien distinta y, terminaba diciendo: “la dignidad del radicalismo ante todo, pese a quien pese y proteste quien proteste”.

Para expresar ante las altas autoridades del partido su disconformismo con la Intervención, viajaba a Buenos Aires el doctor Héctor Lomónaco(4). Seguramente no le resultaría demasiado satisfactorio la mezcla de radicales y liberales rupturistas que comenzaban a poblar el escenario político-administrativo de la provincia(5).

(4) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), ediciones del 9 y 13 de Diciembre de 1929.
(5) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), ediciones del 3 de Diciembre de 1929 al 11 de Enero de 1930. Además de los dos integrantes del Superior Tribunal de Justicia, doctores Millán y Robert, se designó secretario de Policía a Edmundo Andreau; comisario en Goya a Alberto Escalada; en el Consejo de Educación a Juan Francisco Jáuregui y Abdul Aguilera; intendente de Goya a Camilo López Lecube; en el F. C. Económico, al ingeniero Wenceslao Ward; en el Archivo General de la Provincia al doctor Valerio Bonastre; intendente de la capital al doctor Schenone; Escribano de Gobierno a Julio Mohando; secretario del Superior Tribunal a Eugenio Balbastro; escribiente a Carlos Saling; comisario de Mercedes a Saúl Fernández, que era presidente del comité radical de ese departamento; Inspector General de Justicia a Américo R. Zandini; Oficial 1ro. de Policía a Antonio Lecontte; médico del Hospital “San Juan de Dios” al doctor Santiago Lorenzo; tesorero municipal a Emilio Diaz; en la Municipalidad son nombrados en distintos cargos: Carlos Echániz, Miguel T. Palma, Aníbal Dávila y Manuel Arballo; Inspector General de Justicia al doctor Julio Acosta; Director General del Registro Civil a Mamerto Ruizdíaz; en el Consejo Consultivo de Salubridad a los doctores José Benítez y Alberto Uviñas, manteniéndose a los doctores Héctor Desimoni y Adolfo Ageret, entre otros.
// Todo citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

- Cesantías policiales

Uno de los primeros actos de la Intervención parece encaminarla a poner orden y tranquilidad en la provincia, al disponer la cesantía de todos los comisarios y empleados de las comisarías departamentales, reemplazándolos por oficiales del Ejército hasta tanto se designaran los titulares.

Sin embargo, tan pronto son designados comisarios civiles, algunos de ellos con pésima reputación y antecedentes, se suceden hechos de sangre, como en Monte Caseros o en Lavalle, donde fue muerto un ciudadano con catorce tiros de Winchester, alegándose que éste se resistió sin tener un solo rasguño la policía. En realidad, el muerto fue ultimado estando desarmado e indefenso.

En San Roque se producía el asesinato de un caudillo autonomista, como una consecuencia inevitable de la organización netamente partidista que se había impreso a la Policía Provincial. En San Cosme, fue herido por la policía y falleció poco después, Manuel Gauna, fuerte y activo caudillo autonomista de ese Departamento.

El diario “La Prensa”, refiriéndose al tema, dice que “alarma la forma en que recrudecen los sucesos sangrientos, observando que en la mayor parte de ellos intervienen empleados de policía(6).

(6) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), edición del 23 de Enero de 1930. Han ocurrido hechos sangrientos, además, en las ciudades de Corrientes, Santa Lucía, Ituzaingó, San Luis del Palmar y San Cosme. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

Los argumentos con que se había pretendido justificar la Intervención Federal eran ahora hecho corriente de cada día en la provincia, sólo que empleados por quienes vinieron a corregirlos. El diario “El Día”, además de criticar estos procedimientos, dice que parece que se quiere “radicalizar” a la provincia de cualquier manera y, en otro orden de ideas, critica también al Gobierno de la Intervención por las liquidaciones que se hacen en favor del diario oficialista, lo que repite lo antes condenado en el Gobierno de Benjamín S. González(7).

(7) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), ediciones del 24 y 25 de Enero de 1930. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.

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