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El diseño institucional nacional y su influencia en la política argentina a principios del siglo XX

El diseño institucional es un elemento fundamental a tener en cuenta en el momento de analizar la dinámica política argentina de principios del siglo XX, pues ésta se apoyaba en una determinada legislación que regulaba el funcionamiento de todo el sistema(1).

(1) Estos temas han sido extensamente desarrollados por Natalio Botana. “El Orden Conservador (la Política Argentina entre 1880 y 1916)” (1998). Ed. Sudamericana (5ta. ed.), Buenos Aires; y por Paula Alonso en sus trabajos “Entre la Revolución y las Urnas (los Orígenes de la Unión Cívica Radical y la Política Argentina en los Años ’90)” (2000). Ed. Universidad de San Andrés, editorial Sudamericana, Buenos Aires; “El Partido Autonomista Nacional y la Competencia Interliguista en las Provincias de Córdoba y el Litoral. 1880 - 1886”, en: “História” (2001), volumen 5, Nro. 4, pp. 51-82. Ed. Unisinos, en: “Revista do Programa de pos graduacao em História, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, y “La Política y sus Laberintos (el Partido Autonomista Nacional entre 1880 y 1886”, en: Hilda Sábato y Alberto Lettieri (comp.). “La Vida Política en la Argentina del Siglo XIX (Armas, Votos y Voces)” (2003), pp. 277 - 292. Ed. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires. // Todo citado por María del Mar Solís Carnicer. “La Cultura Política en Corrientes (Partidos, Elecciones y Prácticas Electorales. 1909 - 1930)”. Tesis Doctoral.

En la Constitución de 1853 se estableció el régimen Representativo, Republicano y Federal, pero no se precisó un sistema electoral particular. Además, otorgó al Poder Legislativo una estructura bicamarista y fijó la elección directa de los diputados en proporción a la cantidad de habitantes mientras que, para los senadores -dos por cada jurisdicción- se previó la designación por parte de las Legislaturas provinciales.

La elección de diputados nacionales se regía por cuatro principios generales: elección directa, creación de distritos electorales, representación por mayoría, designación a simple pluralidad de sufragios y reelección indefinida. El Senado, por su parte, tenía elección de segundo grado o indirecta y los mismos principios restantes.

La elección de presidente y vicepresidente se estableció también de carácter indirecto; los sufragantes elegían a los “electores” que integraban un Colegio Electoral donde se necesitaba obtener la mitad más uno de los votos para poder ser designado presidente; en caso contrario, el Congreso era el que debía optar entre los dos candidatos más votados.

Los principios que regían esta elección son diferentes a los de la elección de legisladores nacionales pues se trataba de una elección indirecta con creación de distritos, designación con mayoría absoluta y ausencia de reelección inmediata.

La primera ley electoral que vino a cubrir el vacío dejado por la Constitución fue la Nro. 140 de 1857. El sistema instaurado por esta ley tuvo vigencia, aunque con algunas modificaciones, hasta el dictado de la Ley Saenz Peña, en 1912, con excepción del breve lapso de la aplicación de la ley Nro. 4161 de 1902(2).

(2) Un listado de esta legislación -con sus principales resoluciones- se encuentra en Darío Cantón. “Materiales para el Estudio de la Sociología Política en la Argentina” (1968), tomo I, pp. LXVII - LXIX. Ed. ITDT, Buenos Aires. // Citado por María del Mar Solís Carnicer. “La Cultura Política en Corrientes (Partidos, Elecciones y Prácticas Electorales. 1909 - 1930)”. Tesis Doctoral.

De acuerdo a lo dispuesto por la ley de 1857 y las reformas posteriores, el voto era cantado y voluntario; se implantó el sistema de lista completa y se dividió al país en quince distritos (las 14 provincias y la Ciudad de Buenos Aires) donde cada sufragante votaba por una lista que contenía la totalidad de los candidatos necesarios para cubrir las bancas en disputa. El partido de la lista más votada obtenía todos los cargos de la provincia y las restantes fuerzas políticas carecían de representación.

La ley de 1902, por su parte, estableció el sistema de elección por circunscripciones uninominales, es decir, creó tantas circunscripciones como diputados debían elegirse; de ese modo, obtenía la banca en disputa el diputado más votado en cada una de ellas. En este sistema se mantenía el carácter público y facultativo del sufragio pero, a diferencia del anterior, se favorecía a ciertas minorías que pudieran tener fuerza electoral en determinadas localidades (por ejemplo, posibilitó la elección de Alfredo Palacios como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires). Posteriormente, la ley Nro. 4578 de 1905 reimplantó el régimen anterior.

La ley Nro. 4719, de 1905, suprimió el voto a viva voz, reemplazándolo por la entrega de una lista escrita en un papel doblado en cuatro partes. Esta lista debía introducirse en la urna sin abrir pero, dada la posibilidad práctica de hacerlo, se lo denominó voto semisecreto.

Un elemento fundamental del sistema lo constituía la elaboración del registro electoral, que tenía carácter permanente y se ampliaba cada cinco años. Una Junta Electoral de Distrito -formada por el juez federal de la provincia, el presidente del Superior Tribunal local y el presidente de la Legislatura- era la encargada de confeccionarlo.

Estas Juntas Electorales debían reunirse en Septiembre en el recinto de la Legislatura, en una sesión pública, y sortear las comisiones inscriptoras de cada sección electoral. Cada una de estas comisiones debía componerse de tres miembros titulares y tres suplentes. Ese sorteo se hacía en base a una lista de quince ciudadanos mayores, contribuyentes territoriales, que supieran leer y escribir y no fueran empleados públicos.

Estas comisiones, a su vez, nombraban inscriptores, que eran los encargados de recorrer los distritos y llenar los registros de inscripción. Los días 1, 2 y 3 de Diciembre se levantaba el padrón quinquenal, recorriendo cada domicilio de la sección, inscribiéndose a todos los que reunían las condiciones para votar, a los que se les entregaba un certificado que les servía para poder recoger la partida cívica en el Registro Civil, documento que debía presentar en la mesa receptora de votos para poder votar.

En el registro se anotaba el número del inscripto, nombre y apellido, edad, lugar de nacimiento, estado, profesión u oficio, si era ciudadano argentino o naturalizado, el domicilio, con calle y número en los centros urbanos o el nombre del propietario del terreno que habitaba en las zonas rurales y si sabía leer y escribir.

Además, el formulario del registro contaba con una columna para anotar las alteraciones por fallecimiento, cambio de domicilio, etc. La comisión inscriptora, por su parte, debía reunirse públicamente todos los días, desde el 15 al 30 de Noviembre y de cuatro a siete de la tarde, en la cabecera de la sección. Concluida la inscripción de cada día, los inscriptores debían enviar los registros a la comisión inscriptora para que formara una lista de los electores de la sección que debía estar terminada el 15 de Diciembre.

Posteriormente se publicaba el padrón y desde el 1ro. al 15 de Enero se abría el período de tachas y reclamos por falta de inscripción o por inscripción indebida. Terminado ese proceso, la comisión dividía el padrón en series de doscientos ciudadanos siguiendo el orden de las secciones y se volvía a publicar desde el 15 al 31 de Enero.

Una copia del registro se enviaba a la Cámara de Diputados, otra a la Junta Electoral y una tercera al Jefe de la Oficina Central del Registro Civil de cada provincia o al gobernador. Los reclamos posteriores se podían interponer en el Registro Civil desde el 1 de Junio al 31 de Octubre de cada año.

El Registro Civil, por su parte, era el encargado de otorgar la partida cívica, tanto para los inscriptos como para los que se presentaran con posterioridad solicitando la inscripción. La partida debía expresar el número de registro y la mesa electoral que le correspondían.

La lista de los inscriptos en el padrón cívico, durante el período de su reapertura, se publicaba cada quince días en las Oficinas respectivas por medio de cuadros o en periódicos locales. Desde la primera publicación quincenal quedaba abierto el período de tachas, que cerraba el 31 de Octubre.

En la renovación quinquenal se debían inscribir a los que en ese lapso hubieran alcanzado o recobrado la capacidad legal de electores o se hallasen por cualquier causa fuera del padrón.

Este sistema, que regía para todas las elecciones nacionales de la República, con algunas modificaciones, se mantuvo invariable por décadas, quitándole legitimidad al ejercicio del poder. El Gobierno era el que dirigía la confección del registro cívico y dominaba los comicios. La oposición tenía cerrados casi todos los caminos; y sólo le quedaba la opción entre el acuerdo y la insurrección. Prevalecía la fuerza del control del aparato electoral sobre el carisma popular de los dirigentes políticos y la maquinaria comicial mantenía la continuidad del sistema(3).

(3) Honorio Díaz. “Ley Saenz Peña (Pro y Contra)” (1983). Ed. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires. // Citado por María del Mar Solís Carnicer. “La Cultura Política en Corrientes (Partidos, Elecciones y Prácticas Electorales. 1909 - 1930)”. Tesis Doctoral.

El fraude formaba parte de esa maquinaria institucionalizada y se iniciaba desde la etapa preelectoral -en el momento de la inscripción en el registro electoral- y se completaba con tareas propias en los días previos al comicio, tales como la obtención de libretas cívicas, el día de la votación se les impedía llegar al atrio a los votantes opositores o directamente se modificaba el sufragio expresado.

Finalmente, como último recurso, quedaba el fraude postelectoral que consistía en la sustracción y el vaciamiento de urnas que se completaban con la incorporación de votos falsos y la modificación del escrutinio real. Además, debe mencionarse la práctica de la compra de votos que era común y formaba parte del sistema.

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