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El último año de la gestión Torrent. Dificultades financieras

La situación financiera de la provincia era el aspecto más preocupante del último año de la gestión del doctor Juan Francisco Torrent. En los primeros meses, el gobernador dictaba el decreto reglamentario de la ley de bonos Nro. 815, modificatoria de las leyes 611 y 629, disponiendo que se emitieran títulos amortizables hasta la suma de $ 6.000.000, haciéndose la salvedad de que los cupones vencidos serían recibidos para el pago de impuestos y otras obligaciones fiscales.

Por otra parte, la nueva ley de impuestos aprobada por la Legislatura, había causado alarma en el comercio, que se dirigió al Gobierno solicitando su veto pero, el Poder Ejecutivo no lo consideraba conveniente, aunque se manifestara dispuesto a suspender su aplicación momentánea, lo que concretó mediante el dictado de un decreto.

El comercio inició una campaña de agitación contra los nuevos tributos, disponiendo el cierre general de sus puertas durante un día, pero se arribó a un acuerdo en virtud del cual el Gobierno se comprometía a solicitar de la Legislatura la derogación de algunos de aquellos gravámenes, lo que no dejaba de causar sorpresa, pues si el Gobierno no estaba de acuerdo con ellos, lo que habría correspondido era ejercer el derecho constitucional del veto(1).

(1) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), ediciones del 8, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 25 y 26 de Enero de 1939. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Juan Francisco Torrent al doctor Blas Benjamín de la Vega. 1936-1946)” (1997). Ed. EUDENE (Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste), Corrientes.

Otro de los problemas traído por la nueva ley de impuestos se refería al gravamen a la producción del arroz, cuya derogación conminó el Ministerio de Hacienda de la Nación al Gobierno de Corrientes, exigiéndole que ella se realizara a la mayor brevedad, antes de que la nación se viera en la necesidad de usar los recursos que la ley le otorgaba.

Le hacía notar que las provincias debían armonizar su legislación con el régimen al que estaban adheridas y revocar los gravámenes que no estaban autorizados a percibir pues eran contrarios a la ley 12.139 de impuestos internos unificados, evitando los serios perjuicios que aquella medida provocaría a su crédito y a su economía.

El Gobierno respondió a la humillante conminación con sólidos argumentos jurídicos que le permitían sostener su posición, aunque aclaraba que en ejercicio de sus propias facultades y antes de ser intimada, ya había procedido a suspender la aplicación de ese gravamen, no sin dejar de señalar la irritante desigualdad en relación a otras provincias(2).

(2) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), ediciones del 2, 3, 14 y 15 de Marzo de 1939. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Juan Francisco Torrent al doctor Blas Benjamín de la Vega. 1936-1946)” (1997). Ed. EUDENE (Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste), Corrientes.

- Reclamos de los ganaderos

La situación de los ganaderos se tornaba difícil como consecuencia de dos factores: el primero, el aumento del abigeato y la ineficaz acción policial; el segundo, por la falta de pago de los subsidios que le correspondían derivados de la comercialización de sus haciendas.

El tema de las cuatrerías venía constituyendo un mal endémico de la provincia pero, por temporadas, tendía a hacerse más intenso, en la medida de mayores necesidades o un aflojamiento de la actividad represora policial.

Las reiteradas denuncias sobre casos de abigeato determinaron al jefe de policía a disponer una severa investigación para esclarecer los hechos, pues en Departamentos como los de Concepción, Mburucuyá, Saladas y otros en el norte de la provincia, la situación se tornaba insostenible, especialmente por la impunidad con que se desenvolvían sus autores(3).

(3) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), edición del 15 de Enero de 1939. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Juan Francisco Torrent al doctor Blas Benjamín de la Vega. 1936-1946)” (1997). Ed. EUDENE (Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste), Corrientes.

Las continuas denuncias a través de la prensa escrita llevaron al ministro de Hacienda, doctor Danuzzo Amadey, a publicar un comunicado censurando la forma en que la oposición hacía las imputaciones del caso pues, a su juicio, tendía a crear un estado de confusión al denunciar los hechos en forma que no facilitaba la acción represiva del Gobierno.

Criticaba el ministro que teniendo la oposición representantes en ambas Cámaras, estos no hayan denunciado los supuestos casos que aparecían en la prensa, asegurando que sólo se registraban algunos casos aislados de abigeato y contrabando, que no tenían el alcance que se les pretendió dar y que en todos los casos el Gobierno había procedido con energía y justicia.

A manera de réplica, el diario “El Noticioso” -órgano del partido liberal- transcribía la carta de un ganadero, hermano de un ministro del Superior Tribunal y afiliado autonomista, de una denuncia hecha en Santo Tomé que no tuvo resultado alguno. Esta nueva circunstancia determinó el traslado del juez del Crimen a aquella localidad para instruir las actuaciones de rigor, informándose posteriormente que no hubo tal denuncia(4).

(4) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), ediciones del 28 y 29 de Enero; y 4 de Febrero de 1939. El diario “El Noticioso”, de Corrientes, denunciaba sistemáticamente los casos de abigeato en la provincia e, incluso, criticaba que el viaje del juez, doctor Elena, a la Ciudad de Santo Tomé, con motivo de la denuncia de Luis T. Ruiz, le hubiese llevado solo un día de estadía en el lugar para llegar a las conclusiones a que arribó. Conf: periódico “El Noticioso”, (Corrientes), edición del 3 de Febrero de 1939. Conf. también diario “La Nación”, (Buenos Aires), edición del 2 de Febrero de 1939. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Juan Francisco Torrent al doctor Blas Benjamín de la Vega. 1936-1946)” (1997). Ed. EUDENE (Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste), Corrientes.

Asegurando no tener la debida atención policial, un grupo de ganaderos se reunió en asamblea para exteriorizar públicamente su protesta por las cuatrerías que asolaban la provincia pero, como hemos señalado en el capítulo anterior, terminaron convirtiendo un legítimo reclamo en un factor político en pro de la Intervención Federal(5), lo que originó un comunicado del ministro de Gobierno, doctor Bonastre, en el sentido de que no tenía conocimiento de ninguna denuncia por robo de ganado y que no había antecedentes de que hubiera denuncias de esa naturaleza a la Jefatura de Policía, por lo que consideraba la actitud de esos ganaderos incursos en una maniobra de aquella naturaleza(6).

(5) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), ediciones del 22 y 27 de Octubre de 1939.
(6) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), edición del 29 de Octubre de 1939.
// Todo citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Juan Francisco Torrent al doctor Blas Benjamín de la Vega. 1936-1946)” (1997). Ed. EUDENE (Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste), Corrientes.

En el mismo ámbito, las declaraciones de un ganadero correntino, Carlos Gotuzzo, que llevaba la representación de la Sociedad Correntina de Hacendados ante una reunión en Gualeguaychú, cuestionando la forma en que el Senado Provincial aprobó el convenio entre el Gobierno y el Mercado de Haciendas y Carne, determinó que el Senado se sintiera agraviado y aplicase al productor un arresto de 15 días, cuyo cumplimiento se efectivizó en el propio recinto legislativo(7).

(7) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), ediciones del 29 y 30 de Noviembre de 1939. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Juan Francisco Torrent al doctor Blas Benjamín de la Vega. 1936-1946)” (1997). Ed. EUDENE (Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste), Corrientes.

La otra preocupación de los ganaderos estaba referida a la entrega de los subsidios por venta de animales en el mercado. Los ganaderos de la provincia habían solicitado de las altas autoridades nacionales y de los presidentes de la Junta Nacional de Carnes y del Banco de la Nación Argentina, la inclusión en el subsidio nacional(8).

(8) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), edición del 3 de Marzo de 1939. Los ganaderos que suscriben el reclamo son Carlos J. Benítez, Marcos M. Costa, Mariano Llano, Alfredo Nalda, Francisco Benítez, Miguel Angel Amadey, Daniel F. Mendiondo, Dardo Llano, Antonio Amadey, Adolfo Miranda Gallino, Amadey & Ring Spark, Ernesto Meabe, Rómulo Amadey, José Eudoro Robert, Juan Desimoni e Hijos, D. Nicolini, Justo Díaz de Vivar, Miguel Remezzano, Clemente Benítez, Sucesión de Adolfo Contte, José F. Benítez y señora María E. Andreau de Billinghurst. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Juan Francisco Torrent al doctor Blas Benjamín de la Vega. 1936-1946)” (1997). Ed. EUDENE (Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste), Corrientes.

En esa instancia fue recibida la noticia de la decisión de las compañías Bovril y Liebig de suspender las compras de animales en la provincia lo que, en opinión de los interesados, se trataría de una maniobra que se repetía todos los años, consistente en paralizar las compras cuando los animales estaban en condiciones de faena, dejando el campo libre a los intermediarios, con grave perjuicio de los productores que, a través de esta maniobra, veían reducidas sus posibilidades de acceder a los subsidios que engrosaban las ganancias de los primeros.

La regulación oficial del comercio de hacienda y carnes, en definitiva, no mejoraba la situación de los auténticos productores ganaderos, pilar básico de la economía correntina.

- La deuda con el magisterio

Pero la situación más difícil que debió atravesar la Administración Torrent en su último año de gestión estuvo referida a los atrasos en el pago de haberes a la Administración Pública, especialmente la referida al sector de la docencia y del personal policial.

Recordemos que al iniciarse este Gobierno, su mayor preocupación había sido la de poner al día los haberes de la docencia, actitud que le valió el reconocimiento de los sufridos maestros correntinos. Pero, a consecuencia de las dificultades financieras, la situación había vuelto a deteriorarse, volviéndose sumamente crítica, tanto que los docentes se vieron en la necesidad de “vender” sus sueldos a quienes se dedicaban a esta clase de operaciones, pero éstos se habían vuelto más cautelosos y exigentes por temor a que hubiera de transcurrir mucho tiempo para cobrar o que se les abonara mediante los famosos bonos, mientras que el personal policial, en algunas comisarias, comenzó a abandonar sus puestos por falta de cobro de sus haberes.

En los Departamentos del interior de la provincia -los más atrasados- comenzaron a realizarse reuniones de padres y fuerzas vivas para considerar la angustiosa situación por la que atravesaban los maestros. Ello motivó la atención periodística que reclamó resolver de una vez el atraso en el pago de los haberes, sean 20, 25 ó 30 los meses que se adeudaban, pues consideraban tal morosidad inaceptable en una provincia que por su calidad de tal debía asegurar la instrucción primaria(9).

(9) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), ediciones del 25 y 30 de Enero; 13 y 28 de Marzo; y 8 de Abril de 1939. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Juan Francisco Torrent al doctor Blas Benjamín de la Vega. 1936-1946)” (1997). Ed. EUDENE (Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste), Corrientes.

El magisterio provincial realizó una asamblea en la Ciudad de Curuzú Cuatiá para analizar su situación y las posibles vías de solución, a resultas de la cual y en cumplimiento de lo allí resuelto, el presidente de la misma reclamó enérgicamente el pago de los haberes, determinando como respuesta la suspensión de este docente por parte del Consejo Superior de Educación(10).

(10) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), ediciones del 3 y 5 de Junio de 1939. El Consejo suspendió a Ramón E. Vallejo, Director de la Escuela Superior Nro. 1 de la Ciudad de Santo Tomé. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Juan Francisco Torrent al doctor Blas Benjamín de la Vega. 1936-1946)” (1997). Ed. EUDENE (Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste), Corrientes.

Con miras a sanear esta situación, el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley para autorizarlo a entregar $ 700.000 al Consejo de Educación; $ 400.000 a la Municipalidad de la Capital; y $ 300.000 a la Caja de Previsión, todos en títulos de la ley Nro. 815, de conversión de la ley Nro. 611, lo cual motivó variados comentarios ya que los maestros y empleados municipales temieron que se les pagara con esos títulos, lo que los obligaría luego a buscar a quién se los comprara, pues muy pocos de ellos estarían en condiciones de conservarlos para percibir anualmente las amortizaciones e intereses respectivos, y la posibilidad de comercializarlos -en caso de obtener compradores- difícilmente habría podido lograr sumas mayores al 50 % de su valor nominal(11).

(11) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), edición del 30 de Agosto de 1939. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Juan Francisco Torrent al doctor Blas Benjamín de la Vega. 1936-1946)” (1997). Ed. EUDENE (Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste), Corrientes.

Pero la situación que se venía soportando hizo crisis cuando los maestros y el personal directivo de una escuela de Saladas, luego de una reunión en la que entonaron el Himno Nacional y enviaron un telegrama al Consejo Superior de Educación, hicieron abandono de sus tareas entregando las llaves del local a una comisión popular de vecinos. Habían enviado también sendos telegramas a los demás directores de escuelas provinciales, al presidente de la nación y al ministro de Justicia e Instrucción Publica informando de las razones que movían su actitud y la del movimiento que se había iniciado.

El ministro de Hacienda e Instrucción Pública de la provincia, al tomar conocimiento de la medida, manifestó su extrañeza, por cuanto entendía que este Gobierno era el que más se había preocupado por la deuda al magisterio, haciendo fuertes anticipos al Consejo de Educación y obteniendo la sanción de la ley de conversión de la deuda provincial, la que no pudo realizarse por estar limitada la emisión de valores en el orden nacional.

Hizo referencia al atraso en el envío del subsidio nacional por cuatro bimestres, como también los reclamos de gastos efectuados por las Intervenciones Federales de Gilberto Míguez y Atilio Dell’Oro Maini fuera de presupuesto -que sumaban alrededor de $ 1.700.000- suma que habría bastado para saldar todo el endeudamiento y que si se le autorizaba la cotización de los títulos -señalando que la provincia de Corrientes era la única que no había logrado esa autorización- los maestros cobrarían en efectivo e inmediatamente sus haberes.

Pero, a su vez, dejaba en claro que si los maestros de Saladas no desistían de su actitud, sería enviado un inspector para hacer funcionar el establecimiento con nuevo personal designado al efecto(12).

(12) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), edición del 11 de Octubre de 1939. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Juan Francisco Torrent al doctor Blas Benjamín de la Vega. 1936-1946)” (1997). Ed. EUDENE (Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste), Corrientes.

La amenaza, lejos de amedrentar a los maestros, hizo extender el movimiento como un reguero de pólvora hacia la mayor parte de los Departamentos del interior provincial, pese al envío de inspectores y personal superior, a los que en muchos casos se les negó hasta el lugar de alojamiento, debiendo hacerlo en edificios de oficinas públicas(13).

(13) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), ediciones del 11, 12, 13, 14 y 15 de Octubre de 1939. Fue enviado a Saladas el secretario del Consejo, Genaro Verón, y los inspectores Julio Alsina, Pablo Pintos, Antonio del Gobbo y E. Lacava; y, para Curuzú Cuatiá, el profesor T. Aníbal Pereyra. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Juan Francisco Torrent al doctor Blas Benjamín de la Vega. 1936-1946)” (1997). Ed. EUDENE (Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste), Corrientes.

El presidente del Consejo dirigió una circular a los docentes haciéndoles saber que se había dispuesto la suspensión colectiva y que serían totalmente reemplazados para asegurar la continuidad de las clases, pero la nueva intimación no surtió efecto alguno.

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