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El presidente Castillo dispone la Intervención Federal de Corrientes

El decreto que disponía la Intervención Federal expresaba que, desde hacía aproximadamente tres años, llegaban al Poder Ejecutivo de la nación denuncias de diverso origen relativas a la situación política y social de la provincia de Corrientes, que acusaba una honda descomposición de sus instituciones.

Seguía señalando que numerosos antecedentes acumulados por el Ministerio del Interior habían sido remitidos en Agosto de 1941 a la Cámara de Diputados de la Nación con destino a su Comisión de Asuntos Constitucionales, la que produjo despacho favorable sobre un proyecto de ley de Intervención a la provincia para reorganizar los tres poderes de gobierno.

Expresaba luego que el Poder Ejecutivo se había limitado a tomar nota de ellas, en el deseo de que las autoridades corrigiesen las desviaciones de orden institucional denunciadas por la prensa del país, los partidos políticos de oposición local y algunas entidades representativas de las fuerzas económicas de la provincia y presumía que, por una razón análoga, el Congreso de la Nación no había considerado el proyecto de ley de Intervención.

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo seguía diciendo que no habían bastado las solicitaciones verbales que se le formulara ni el tiempo transcurrido para poner remedio a un estado de cosas caracterizado por la supeditación de los poderes Legislativo y Judicial de la provincia al Ejecutivo de la misma, cuyos actos son sistemáticamente consentidos por las Cámaras de Diputados y Senadores, formadas por una mayoría de ex funcionarios de la Administración y cuyas instrucciones reciben y cumplen también algunos miembros de la Magistratura, según comprobaciones documentadas.

Seguía diciendo que, si bien los actos de mala administración debían ser corregidos en el orden local, en cambio cuando esos actos y abusos revelaban una alteración de la forma republicana de gobierno, el Poder Ejecutivo tenia para garantizarla el derecho y el deber de Intervenir en la provincia.

Más adelante decía que al no haber sido comprendida y respetada la división de los poderes, se había creado en la provincia un ambiente propicio de predominio de inferiores móviles políticos sobre el derecho de los ciudadanos a ser amparados contra la opresión y el ataque ilegítimo a sus intereses morales y materiales, por lo que -en receso del Congreso- correspondía al Poder Ejecutivo poner en ejecución la garantía federal, disponiendo la caducidad de los poderes Legislativo y Ejecutivo y declarar en comisión al Poder Judicial, el que oportunamente debía ser reorganizado.
Designaba comisionado federal al profesor Francisco R. Galíndez, quien recientemente se había desempeñado en iguales funciones en la provincia de Jujuy(1).

(1) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), edición del 6 de Octubre de 1942; Antonio Emilio Castello. “Historia de Corrientes” (1984), p. 570. Ed. Plus Ultra, Buenos Aires; y Edmundo F. Serpa. “Historia de los Cuatro Siglos de Corrientes” (1989), p. 270. Ed. Cicero Impresiones, Corrientes. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Juan Francisco Torrent al doctor Blas Benjamín de la Vega. 1936-1946)” (1997). Ed. EUDENE (Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste), Corrientes.

- Repercusión de la noticia de Intervención Federal

Con algunos días de anticipación, se tuvo noticia de la inminencia de la Intervención. La junta de gobierno del partido Demócrata Nacional de Corrientes se reunió bajo la presidencia accidental de Carlos Laffont y resolvió concurrir en pleno al despacho del gobernador de la provincia, doctor Pedro Numa Soto, para reiterarle su solidaridad en virtud del histórico pacto de honor sellado por el extinto jefe, doctor Juan Ramón Vidal, y designó una comisión especial para estudiar y considerar el momento político y someter a la Junta un plan de conducta(2).

(2) Diario “El Liberal”, (Corrientes), edición del 2 de Octubre de 1942. La comisión estuvo presidida por Carlos Laffont e integrada por los senadores provinciales, doctores Oscar M. de Llano, Juan T. Figuerero y Manuel R. Botello; y por el doctor Juan Ramón Díaz Colodrero. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Juan Francisco Torrent al doctor Blas Benjamín de la Vega. 1936-1946)” (1997). Ed. EUDENE (Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste), Corrientes.

La noticia de la Intervención fue recibida por una parte del pueblo con manifestaciones de entusiasmo. Frente al diario “El Noticioso” y los locales de las agrupaciones que eran opositoras, fueron disparados varios cientos de bombas de estruendo, continuando las demostraciones durante la tarde en la capital de la provincia.

Una información de Santo Tomé daba cuenta de que desde hacía unos días circulaba la versión de la próxima Intervención y ese rumor había tomado cuerpo al saberse que las autoridades del comité liberal habían recibido orden de indicar los candidatos a ocupar cargos públicos en el Departamento.

En Ituzaingó se efectuaron disparos de bombas, provocándose un serio incidente entre dirigentes liberales y el Director de la Escuela Provincial y su hijo, diputado provincial, culminando con la detención de los primeros.

En Goya se originaron manifestaciones de júbilo entre los partidarios de la Intervención y, al dispararse bombas anunciando el decreto, se produjo un intento de sublevación entre los detenidos en la comisaría departamental, cuyas autoridades debieron solicitar la colaboración de las fuerzas militares, evitándose proporciones más serias del tumulto(3).

(3) Diario “La Nación”, (Buenos Aires), ediciones del 5, 7 y 8 de Octubre de 1942; y diario “El Liberal”, (Corrientes), edición del 7 de Octubre de 1942. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Juan Francisco Torrent al doctor Blas Benjamín de la Vega. 1936-1946)” (1997). Ed. EUDENE (Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste), Corrientes.

Por su parte, el gobernador de la provincia, doctor Pedro Numa Soto, suscribió inmediatamente un decreto al tomar conocimiento de la medida, expresando que consideraba un avasallamiento sorpresivo de la autonomía de la provincia desde que no había causa alguna de carácter institucional que ofreciera base a sus fundamentos.

Que el dictado del decreto se había hecho inmediatamente después del receso del Congreso de la Nación, que había declarado recientemente por el órgano autorizado de una de sus Cámaras, al aceptar el diploma del senador elegido por la Legislatura, Elías Abad; que no existía vicio alguno que comprometiera la constitución de la provincia y la regularidad funcional de sus poderes públicos.

Que la medida constituía una exteriorización inusitada de fuerza para suplantar con un Gobierno de hecho al Gobierno de derecho que regía al Estado de Corrientes, hiriendo el sentimiento cívico de la provincia y constituyendo una amenaza para la autonomía de los pueblos de la República.

Terminaba expresando que, al carecer el Gobierno Provincial de medios para impedir la Intervención Federal, dejaba sin embargo fijada su indignada protesta y disponía se pusiera en posesión del poder a la autoridad o persona que se indicara al efecto.

En forma inmediata, el gobernador dio un manifiesto a la provincia señalando que al asumir la Primera Magistratura había prestado juramento de respetar las Constituciones de la nación y de la provincia y que puso todo su empeño en el cumplimiento de ese juramento manteniendo la regularidad funcional del Estado Provincial y marcaba a fuego al presidente de la nación al señalar que la Intervención dispuesta estaba relacionada con la reciente provisión de la vacante del senador nacional por Corrientes en el Congreso, afirmando que en esa designación la autonomía de la provincia se había manifestado por el órgano competente de la Legislatura.

Los partidos de la Concordancia realizaron, en la plaza “25 de Mayo” de la capital, un mitin de protesta, en la que, luego de escucharse el Himno Nacional, hablaron diversos oradores que tuvieron enérgicos conceptos de condenación, calificando al acto como un avasallamiento injustificado de la autonomía provincial.

También se expresó el propósito de mantener la “Concordancia” entre ambos partidos y, seguidamente, la concurrencia se dirigió a la Casa de Gobierno reclamando la presencia del doctor Pedro Numa Soto en los balcones, viéndose requerido y obligado a hacer uso de la palabra, siguiendo luego el doctor Pedro Bonastre, censurando ambos acremente la medida intervencionista(4).

(4) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), edición del 6 de Octubre de 1942. Hablaron en la concentración el doctor Juan Ramón Díaz Colodrero; los senadores provinciales, doctor J. Noel Breard y Manuel R. Botello y Rodolfo Fernández; y el diputado provincial, doctor Angel Tosetti. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Juan Francisco Torrent al doctor Blas Benjamín de la Vega. 1936-1946)” (1997). Ed. EUDENE (Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste), Corrientes.

El diario “La Prensa”, en su comentario editorial del mismo día en que da la noticia de la Intervención, expresaba que la situación en Corrientes no se diferenciaba en nada a la existente desde hacía un mes o un año, y que si alguna variante pudiera señalarse con respecto a lo político e institucional sería de carácter favorable, casi como para poder decir que se habían venido atenuando los matices más acentuados del cuadro.

Seguía recordando que Corrientes había organizado sus autoridades constitucionales después del paréntesis del Gobierno provisional en condiciones distintas a las demás provincias, ya que hubo allí apasionada lucha entre dos bandos de las fuerzas conservadoras.

Desde entonces, comentaba el editorial, el sector que quedó excluido de las posiciones públicas se convirtió en tenaz opositor de la fracción triunfante y en el transcurso de diez años durante los cuales se había renovado dos veces más el Gobierno local, siempre con los mismos resultados en cuanto al problema inicial de la distribución de los cargos, no había servido para otra cosa que para agravar la lucha, “cuyo escenario no había sido precisamente la provincia sino ciertos despachos oficiales”.

El comentario hacía mención de que en la provincia no se había producido recientemente ninguna nueva crisis, razón por la cual atribuía otro significado al decreto de Intervención, máxime que hasta seis días antes estuvo funcionando el Congreso.

Terminaba recordando que en 1941, cuando las Cámaras analizaron algunas de las irregularidades cometidas en los comicios efectuados en determinadas provincias, el Poder Ejecutivo había declarado varias veces que no creía su deber hacer declaraciones a su respecto, porque eso podría ser interpretado “como un avance contra las autonomías provinciales que le merecían particular respeto(5).

(5) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), edición del 6 de Octubre de 1942. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Juan Francisco Torrent al doctor Blas Benjamín de la Vega. 1936-1946)” (1997). Ed. EUDENE (Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste), Corrientes.

Ocho senadores provinciales dirigieron un despacho al ministro del Interior, doctor Miguel J. Culaciati en el que protestaban por las imputaciones que dieron base al decreto de Intervención, a las que calificaban de inexactas, mencionando que la actuación del Senado de la provincia en sus relaciones con el Poder Ejecutivo fueron mantenidas dentro de la más perfecta corrección(6).

(6) Diario “La Nación”, (Buenos Aires), edición del 8 de Octubre de 1942. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Juan Francisco Torrent al doctor Blas Benjamín de la Vega. 1936-1946)” (1997). Ed. EUDENE (Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste), Corrientes.

El diario “La Nación”, con referencia a la Intervención, expresaba que en el decreto se mencionaba que había desaparecido en la provincia la separación de los tres poderes de gobierno, por encontrarse supeditados -según se aseguraba- el Legislativo y el Judicial al Poder Ejecutivo. Decía el comentario que, desde un punto de vista general, con independencia de las circunstancias del caso, consideraba menester señalar nuevamente que en el cuadro del incumplimiento de la Ley Fundamental del país, la transgresión de aquel dogma no era un hecho extraordinario, ya que ese tipo de situaciones se encontraba en el propio Gobierno de la nación.

Pedía que para que no se continúe postergando indefinidamente el logro de los ideales de los constituyentes al instituir el sistema federal, se pusiera de manifiesto el ejemplo por parte del Poder Central y finalizaba así su comentario:

El día en que las autoridades nacionales estén libres de todo reproche en lo tocante a la corrección de sus recíprocas relaciones y la escrupulosa observancia de sus deberes, se recibirá con extrañeza el anuncio de haberse producido en algunas provincias desviaciones semejantes a las que ahora se denunciaban.
El ejemplo de las esferas superiores es, como en todos los órdenes de la vida, el que da más seguros resultados(7).

(7) Diario “La Nación”, (Buenos Aires), edición del 7 de Octubre de 1942. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Juan Francisco Torrent al doctor Blas Benjamín de la Vega. 1936-1946)” (1997). Ed. EUDENE (Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste), Corrientes.

El presidente de la nación, en declaraciones a la prensa, informaba que la Intervención no iba a favor o en contra de ningún partido político y sólo lo hacía para “organizar los servicios públicos, de manera de garantizar ampliamente los derechos ciudadanos

Los legisladores nacionales de la provincia de Corrientes dieron a conocer una declaración refiriéndose a decisiones de ambas Cámaras que, al aprobar el diploma del senador Abad y aprobar los correspondientes a los diputados electos en los últimos comicios, se habían manifestado en el sentido de que la situación institucional y política de la provincia era normal y que ningún hecho se había producido con posterioridad que justificase el envío de la Intervención Federal a menos de una semana de clausurado el Congreso.

- La nota del ex gobernador Soto al Congreso

Con motivo de la Intervención, el ya ex gobernador de la provincia, doctor Pedro Numa Soto, dirigió una nota al Congreso de la Nación, atribuyendo el origen de la medida al disgusto ocasionado al presidente de la Nación en razón de la elección hecha por la Legislatura Provincial de la persona de Elías Abad como senador nacional, todo lo cual fue manifestado ante los propios legisladores de Corrientes y otras provincias.

La nota referida seguía expresando que, cuando el Senado de la Nación aprobó el diploma de Abad, el propio ministro del Interior declaró que la Intervención de Corrientes era, para el presidente, cosa resuelta, así como también lo sabían y repitieron los que escucharon del doctor Castillo su disgusto y consiguiente decisión de disponer la Intervención por su sola voluntad personal, inmediatamente de finalizar las sesiones ordinarias de las Cámaras.

Seguía señalando el ex gobernador que, situándose en el más alto nivel en que deben agitarse los problemas de importancia semejante, no creyó que el Poder Ejecutivo llegase a tal extremo, confiando que la reflexión se abriría camino en el pensamiento presidencial apartándolo del absurdo desorientador que aislaba su opinión de la de los partidos políticos que sostenían su Gobierno, con los hombres más significativos, todos los cuales habían manifestado ser solidarios con el Gobierno de Corrientes.

Acusaba el ex mandatario que el presidente buscaba satisfacciones fuera de la Constitución, aspirando en constituirse en elector de un miembro del Senado, en tanto que el gobernador de Corrientes se hallaba inhibido de ofrecerle ninguna satisfacción que no se hallase dentro de las pautas constitucionales. Decía después:

Por propio decoro no podía buscar soluciones al margen de la Carta Constitucional, el gobernador que había jurado respetarla y el señor presidente no sabe medir cuánto importa para un Estado la trayectoria invariable de toda su tradición, que no ha permitido nunca intromisiones del Gobierno Federal en la elección de uno solo de los que han ocupado bancas en el Senado de la Nación, representando a esta provincia”.

Luego de una serie de consideraciones acerca de la forma en que se había ido gestando la Intervención, a través de denuncias de hechos comunes de carácter delictuoso, en todos los casos materia de la Justicia criminal, terminaba dejando librado al ilustrado criterio del Congreso el atropello consumado, confiando en que, al juzgarlo oportunamente, se dictaría la ley desaprobando el decreto y disponiendo la reposición consiguiente de los poderes legales de la provincia(8).

(8) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), edición del 7 de Octubre de 1942; y diario “La Nación”, (Buenos Aires), edición del 8 de Octubre de 1942. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Juan Francisco Torrent al doctor Blas Benjamín de la Vega. 1936-1946)” (1997). Ed. EUDENE (Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste), Corrientes.

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