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LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1889

Desde el punto de vista de la política institucional, la obra firme de este primer mandato del doctor Juan Ramón Vidal está constituida por la reforma de la Constitución de la provincia, que terminó con el texto que el P. E. tuvo por Ley Fundamental el 25 de Mayo de 1889 y que rigió en Corrientes hasta 1913. Fue así decretado por el doctor Vidal, con sus entonces ministros, doctores Juan Bautista Aguirre Silva y José Eudoro Robert.

El proceso de esta reforma encierra una interesante circunstancia. Fue iniciada por el P. E. quien, el 13 de Enero de 1888, dirigió a la Cámara Legislativa un mensaje suscripto por el entonces ministro de Gobierno, doctor Juan Balestra, manifestando que, habiéndose declarado por ley del 2 de Septiembre de 1875 la necesidad de una reforma constitucional amplia, era llegado el caso de establecer la fecha de reunión de la convención especial que tendría a su cargo la tarea.

La Cámara de Representantes consideró el asunto en la sesión del 16 de Enero del mismo año y, cumplidos los trámites legales, dicta una ley, fijando el 25 de Marzo de ese año para la instalación de la H. Convención.

Esta utilización, para realizar la reforma, de una ley que hacía trece años se había dictado, no obedecía sin embargo, como podría suponerse, a la falta de los dos tercios de votos necesarios por la Constitución de 1864 para modificar la Carta Fundamental. La sospecha al respecto quedó desvirtuada con la lectura de las actas de la Cámara Legislativa, donde se trató el asunto y en las que ningún diputado se opuso a la reforma.

Por el contrario; luce en el debate una unánime coincidencia en la necesidad de perfeccionar la Constitución de 1864 y, si es cierto que el entonces diputado Molinas aparece solicitando tiempo para estudiar el asunto, lo requiere no para oponerse a la reforma, sino en la sospecha de que no era el caso revivir la ley de 1875.

El diputado Molina -como lo expresa en su discurso- pertenecía al partido Autonomista Nacional que ocupaba el Gobierno, siendo su actitud eminentemente doctrinaria. Argüía, en descargo de la misma y ante las imputaciones de que procedía inspirado en los comentarios de la prensa opositora -ruda y bravía en sus ataques, especialmente el periódico “Las Cadenas”, redactado por el doctor Manuel F. Mantilla- que esa ley de 1875 había tenido un principio de ejecución; que en 1879, según sus informes, se eligió y constituyó la Convención Reformadora, disuelta por la insurrección, y que si bien no quedaron constancias de sus actos, se debía investigar cuidadosamente.

El aludido diputado fue hábilmente batido; no se trata -se le decía- de declarar una reforma ya determinada, ni de hacer tabla rasa con convencionales que pudieron ser electos en 1879; como quedan antecedentes, si el pueblo quiere mantenerlos en ese cargo, ha de reelegirlos en los comicios a que se convoque y, si no, actuarán los nuevos electos desde la fecha que se indique para la instalación de la Convención.

Las reservas del diputado Molina, desoídas por la Cámara, que sancionó la convocatoria de la Convención para el 25 de Marzo, por ley del 16 de Febrero, como el debate público desde las columnas de la prensa, dejaron -no obstante- en la conciencia pública conceptos definitivos de Derecho Político.

En efecto; otra ley autoritativa de reformas dio pie a la Convención de 1903 - 1904, que no terminó sus tareas, disolviéndose, pero cuando los partidos políticos en 1913 prepararon la reforma que se concretó en la Constitución de ese año, no usaron la vieja ley que autorizó aquella Convención, sino dieron otra expresa y terminante. Fue el fruto de una sana reacción, tanto más ponderable cuanto ocupaba el P. E. en 1913 el mismo ciudadano que en 1889 revivía la ley de 1875.

Convocado el pueblo a elecciones de diputados convencionales y, producidas éstas, reúnense por primera vez los electos el 24 de Marzo de 1888, en sesión preparatoria. Al día siguiente, bajo la presidencia del doctor Juan Esteban Martínez, instálase solemnemente la H. Convención, entrando de lleno a sus tareas. A estos efectos, y dada la amplitud de la reforma, organiza cinco comisiones, cuya competencia estaba determinada en sus calificativos. Fueron:

* De Declaraciones, Derechos y Garantías, formada por los convencionales, doctores Félix María Gómez y Pedro T. Sánchez y señor Eduardo Lotero.
* Del Poder Legislativo y Régimen Electoral, por los convencionales, doctores José E. Robert, Mariano I. Loza y Juan Valenzuela.
* Del Poder Ejecutivo, por los convencionales, doctores Juan Balestra, Heraclio Gómez y José F. Soler.
* Del Poder Judicial, por los convencionales, doctores Juan B. Aguirre Silva, Ramón A. Parera y Rómulo Amadey.
* Del RégimenMunicipal, por los convencionales, doctores Eugenio E. Breard y José M. Guastavino y señor Conrado Romero.

A efectos de unificar esta labor fragmentaria organizó, asimismo, una Comisión General con miembros de cada una de las cinco comisiones y dos que nombraría la Asamblea. Ellos fueron y, según el orden de las referidas comisiones especiales, el doctor F. M. Gómez, el doctor Robert, doctor Solari -que posteriormente integrara la “Del Poder Ejecutivo”-, doctor Aguirre Silva y doctor Guastavino.

Fue completada -por la Convención- con Manuel Echavarría y Antonio Ruiz. El despacho general de ésta sirvió de base a la discusión.

La reforma dio frutos ponderables. Adoptó el principio de la representación proporcional en los cuerpos colegiados electivos, que una ley de 1900 había de realizar, y organizó el Poder Legislativo siguiendo el sistema bicamarista.

Sancionó derechos y garantías para todos los habitantes e instituciones; organizó el juicio político en forma fundamental y clara; deslindó el régimen municipal; y llegó a determinar preceptos rigurosos en cuanto al deber que tiene el poder público de garantizar la instrucción pública.

En lo contencioso-administrativo sentó reglas esenciales de procedimiento que hasta ahora rigen; y en cuanto a los límites y a las atribuciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, produce una abundante y necesaria reglamentación.

Los hombres que la ejecutaron, cooperando así a la obra del oficialismo, fueron los de más significación de la provincia. Fueron convencionales los señores:

Juan Esteban Martínez, presidente; Juan B. Aguirre, José M. Guastavino, Antonio Ignacio Ruiz, J. Benjamín Romero, Conrado Romero, Eugenio E. Breard, Pedro C. Reyna, Manuel Echavarría, Pedro A. Goñalons, Justino I. Solari, José Eudoro Robert, Juan P. Acosta, Delfino Pacheco, Pedro T. Sánchez, Juan Valenzuela, Leandro Caussat, Félix María Gómez, Pastor de San Martín, Ricardo Osuna, Ramón A. Parera y Pedro Corrales.

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