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Un diseño institucional a la medida del líder. La reforma constitucional de 1889

Durante el Gobierno de Juan Ramón Vidal se reformó la Constitución Provincial según los lineamientos de la ideología liberal-conservadora dominante en esa época.

Más allá de la aparente contradicción de ambos términos, en realidad el liberalismo latinoamericano del siglo XIX se caracterizó por la amplitud de los temas que abarcaba, que iban desde la preocupación por el establecimiento de garantías constitucionales protectoras de los derechos individuales, hasta el apoyo a un proceso de secularización social que redujera o eliminara la influencia de la Iglesia Católica(1).

(1) Véase: Eduardo Zimmermann. “Los Liberales Reformistas (la Cuestión Social en la Argentina. 1890 - 1916” (1995), pp. 41 - 60, Universidad de San Andrés. Ed. Sudamericana, Buenos Aires. // Citado por María del Mar Solís Carnicer. “Liderazgo y Política en Corrientes (Juan Ramón Vidal. 1883 - 1940)” (2005). Ed. Moglia Ediciones, Corrientes.

En el año 1886, en que Juan Ramón Vidal asumió el Gobierno Provincial, estaba en vigencia la Constitución Provincial sancionada en 1864, durante el Gobierno de Manuel Ignacio Lagraña. Esta Constitución había determinado de manera definitiva los límites de la provincia; incorporado el régimen electoral provincial de acuerdo con los preceptos vertidos en la Constitución Nacional; había creado el cargo de vicegobernador y establecido la formación de una Junta o Colegio Electoral para la elección del gobernador y vicegobernador; por otra parte, había mejorado la disposición judiciaria; prohibido la permanencia de tropas nacionales en la provincia, fuera de los casos previstos en la Constitución Nacional; y avalado el derecho de todos los habitantes de optar por los empleos públicos y de recibir instrucción primaria en escuelas oficiales(2).

(2) Hernán Félix Gómez. “Instituciones de la provincia de Corrientes” (1922), pp. 39 - 40, (413 páginas). Ed. J. Lajouane & Cía, Buenos Aires. // Citado por María del Mar Solís Carnicer. “Liderazgo y Política en Corrientes (Juan Ramón Vidal. 1883 - 1940)” (2005). Ed. Moglia Ediciones, Corrientes.

En el período que va desde 1865 a 1889 -en que se dictó la nueva Constitución Provincial- se plantearon dos proyectos de reforma: uno en 1875 y otro en 1879; ambos respondieron al precepto constitucional que establecía que la Constitución debía ser reformada luego de un período de 10 años.

Esa disposición, fijada en la Constitución de 1856, se había reproducido en la de 1864. Finalmente, más allá de haber sido sancionadas las leyes que establecían la necesidad de una reforma constitucional y de haber tenido un principio de resolución, pues se habían elegido a los convencionales constituyentes, la convención nunca llegó a reunirse. Sin embargo, en Enero de 1888, Vidal utilizó la misma ley de 1875 para solicitar a la Cámara de Representantes una fecha de reunión de la Convención Constituyente(3).

(3) Esta situación de utilizar para la reforma una ley sancionada hacía 13 años fue motivo de discusiones en la misma Cámara Legislativa como en la prensa provincial. Hernán F. Gómez descarta -entre las causas de esta utilización- la hipótesis de que haya obedecido a la falta de los dos tercios necesarios para modificar la Carta Fundamental, ya que en las sesiones de la Cámara donde se trató el asunto ningún diputado se opuso a la reforma. Véase: Hernán Félix Gómez. “Instituciones de la provincia de Corrientes” (1922), p. 42, (413 páginas). Ed. J. Lajouane & Cía, Buenos Aires. // Citado por María del Mar Solís Carnicer. “Liderazgo y Política en Corrientes (Juan Ramón Vidal. 1883 - 1940)” (2005). Ed. Moglia Ediciones, Corrientes.

Los principales puntos de la reforma se concentraron en el Poder Legislativo, ya que esta Constitución creó la Cámara de Senadores, con la cual la Legislatura Provincial se transformó en bicameral. La prensa oficialista celebró su formación, alegando que de ese modo las leyes podrían ser más y mejor discutidas y se podría instrumentar el procedimiento de juicio político contra el gobernador o los ministros.

Por otro lado, expresaba que el crecimiento de la población de la provincia hacía necesario aumentar el número de sus representantes en las Cámaras(4).

(4) Periódico “La Verdad”, (Corrientes), edición del 22 de Noviembre de 1887, p. 1. // Citado por María del Mar Solís Carnicer. “Liderazgo y Política en Corrientes (Juan Ramón Vidal. 1883 - 1940)” (2005). Ed. Moglia Ediciones, Corrientes.

La oposición -representada especialmente por Manuel Florencio Mantilla- y el periódico “Las Cadenas”, concentró sus críticas sobre la composición de la convención y su legalidad, pero no avanzó sobre los aspectos centrales de la reforma, a la que recién se referiría una vez que ésta fuera promulgada(5).

(5) Un detallado seguimiento de las notas editoriales de los periódicos del oficialismo y de la oposición en relación a la reforma de la Constitución Provincial en 1889, puede leerse en: Jorge Enrique Deniri. “Sistema Bicameral y Democratización en la provincia de Corrientes (la Constituyente de 1889)”, en: I Congreso de Historia de la Provincia de Corrientes - “El Interior y su Historia” (2001), pp. 49 - 82. Ed. Junta de Historia de la Provincia de Corrientes y Moglia Ediciones, Corrientes. // Citado por María del Mar Solís Carnicer. “Liderazgo y Política en Corrientes (Juan Ramón Vidal. 1883 - 1940)” (2005). Ed. Moglia Ediciones, Corrientes.

En la Cámara Legislativa de la provincia se discutió este asunto, pero sólo el diputado Molina -del partido Autonomista Nacional- solicitó un tiempo para estudiarlo; no cuestionó la necesidad de la reforma, sino la utilización de la ley de 1875 para realizarla.

Como argumento, recordó que la ley de 1875 había tenido un principio de ejecución, pues en 1879 se habían elegido convencionales y se había constituido la convención, que luego fue disuelta por el movimiento de 1880, por lo que consideraba se debía investigar cuidadosamente aquella situación.

Finalmente, estos argumentos no fueron tomados en cuenta, pues el Gobierno sostuvo que al no existir antecedentes de esa convención formada en 1879, había que elegir nuevos convencionales y, en el caso de que se quisiera mantener a los mismos electos en esa oportunidad, el pueblo podría reelegirlos(6).

(6) En una reunión realizada en la casa del diputado nacional José Francisco Soler, el 10 de Febrero de 1888, se proclamaron los candidatos a convencionales constituyentes por el partido autonomista. En el periódico “El Litoral”, (Corrientes), edición del 12 de Febrero de 1888, p. 1. // Citado por María del Mar Solís Carnicer. “Liderazgo y Política en Corrientes (Juan Ramón Vidal. 1883 - 1940)” (2005). Ed. Moglia Ediciones, Corrientes.

Finalmente, el 16 de Febrero de 1888 se dictó la ley que convocaba a la Convención Constituyente para el 25 de Marzo de ese mismo año.

La prensa opositora también se hizo eco del asunto y el día 25 de Marzo, en que se instaló la convención, un artículo firmado por Manuel Florencio Mantilla cuestionó su legalidad, considerando que se había usurpado la soberanía popular pues, según sus argumentos, “(...) en virtud de una ley no derogada, y que no podía derogarse, existe en pie otra Convención elegida por el voto público(7).

(7) Periódico “Las Cadenas”, (Corrientes), edición del 25 de Marzo de 1888, p. 1. // Citado por María del Mar Solís Carnicer. “Liderazgo y Política en Corrientes (Juan Ramón Vidal. 1883 - 1940)” (2005). Ed. Moglia Ediciones, Corrientes.

Finalmente, la Convención quedó constituida con los siguientes miembros: Juan Esteban Martínez (presidente); Juan Bautista Aguirre Silva (vicepresidente 1ro.); José Miguel Guastavino (vicepresidente 2do.); Antonio Ruiz; Justino Solari; Benjamín Romero; Conrado Romero; Eugenio Breard; Pedro Reina; Manuel Echavarría; Pedro Goñalons; Justino I. Solari; José Eudoro Robert; Juan P. Acosta, Delfino Pacheco, Pedro T. Sánchez, Juan Valenzuela, Leandro Caussat, Félix María Gómez, Ricardo Osuna; Ramón Parera y Pedro Corrales(8). Todos ellos pertenecían al partido autonomista y a una fracción del partido liberal(9).

(8) Periódico “El Litoral”, (Corrientes), edición del 26 de Enero de 1898, p. 1.
(9) Los liberales estaban representados por Juan Estaban Martínez, José M. Guastavino, Juan Valenzuela y Pedro Sánchez.
// Todo citado por María del Mar Solís Carnicer. “Liderazgo y Política en Corrientes (Juan Ramón Vidal. 1883 - 1940)” (2005). Ed. Moglia Ediciones, Corrientes.

Debido a la amplitud de la reforma, la Convención se organizó en cinco comisiones(10): de Declaraciones, Derechos y Garantías; del Poder Legislativo y Régimen Electoral; del Poder Ejecutivo; del Poder Judicial y del Régimen Municipal.

(10) La comisiones quedaron integradas de la siguiente manera: de Declaraciones, Derechos y Garantías: Félix María Gómez, Pedro Sánchez y Eduardo Lotero; del Poder Legislativo y Régimen Electoral: José E. Robert, Mariano I. Loza y Juan Valenzuela; del Poder Ejecutivo: Juan Balestra, Heraclio Gómez y José F. Soler; del Poder Judicial: Juan Bautista Aguirre Silva, Ramón Parera y Rómulo Amadey; y del Régimen Municipal: Eugenio Breard, José Guastavino y Conrado Romero. // Citado por María del Mar Solís Carnicer. “Liderazgo y Política en Corrientes (Juan Ramón Vidal. 1883 - 1940)” (2005). Ed. Moglia Ediciones, Corrientes.

Además, para unificar la labor de las comisiones, se organizó una Comisión General con un miembro de cada una de las comisiones y dos elegidos directamente por la Asamblea. Al iniciarse las sesiones de la Convención Constituyente, el doctor José M. Guastavino -miembro de la Comisión General- pronunció un discurso en el que realizó una evaluación muy positiva del proyecto de reforma que, además de incluir las disposiciones que se consideraban más adelantadas y que ya habían adoptado otras provincias, atendía las necesidades propias de Corrientes(11).

(11) Periódico “La Verdad”, (Corrientes), edición del 21 de Diciembre de 1888, p. 1. // Citado por María del Mar Solís Carnicer. “Liderazgo y Política en Corrientes (Juan Ramón Vidal. 1883 - 1940)” (2005). Ed. Moglia Ediciones, Corrientes.

La nueva Constitución incluyó 203 artículos y entre las reformas fundamentales que planteaba podemos mencionar que adoptó el sistema de representación proporcional para la conformación de los cuerpos colegiados electivos, pero dejaba en manos de una ley posterior su realización; organizó el Poder Legislativo, siguiendo el sistema bicamarista; sancionó los derechos y garantías para todos los habitantes e instituciones; organizó el juicio político; deslindó el régimen municipal; determinó en forma rigurosa el deber del Poder Ejecutivo de garantizar la enseñanza primaria; y estableció los límites y las atribuciones de los tres poderes.

En las Declaraciones Generales (artículos 1 al 46), se sancionan muchos de los principios defendidos por la ideología liberal; por ejemplo: reconoció la igualdad de los habitantes de la provincia ante la ley; determinó la libertad de cultos; y que el registro civil de las personas se llevara a cabo sin distinción de creencias religiosas; la libertad de expresión (oral y escrita), aunque estableció la obligación de los funcionarios públicos de la provincia de acusar a las publicaciones en las que se denunciasen hechos falsos; la libertad de asociación, trabajo, industria y comercio, “siempre que no ofendiera a la moral o a la salubridad pública”; la libertad de enseñar y aprender; y la libertad electoral del ciudadano.

Garantizó el derecho de reunión y de petición ante las autoridades; la nulidad de cualquier resolución dictada por coacción o requisición de fuerza armada; el derecho de entrar y salir del territorio y de transitar por él libremente llevando sus bienes; además, sancionó la inviolabilidad de la propiedad y la correspondencia; la garantía de los derechos civiles de los extranjeros y la promoción de la inmigración extranjera y la Instrucción Primaria.

Estableció, por otra parte, que ninguna persona podía ser detenida por más de 24 horas sin dar aviso al juez, ni podía ser encarcelada por deudas en causa civil, como tampoco se podía obligar a un acusado a declarar contra sí mismo. Afirmó también la presunción de inocencia, al mismo tiempo que estableció la posibilidad de ser puesto en libertad mediante fianza en caso de que la pena no excediera los 3 años de cárcel. Sancionó también la obligatoriedad de todo ciudadano argentino domiciliado en la provincia de armarse -a requisición de las autoridades- en la Guardia Nacional.

Por otra parte, la Constitución determinó que la provincia costearía los gastos ordinarios de la Administración con lo recaudado por los impuestos; no podía autorizarse ningún empréstito sobre el crédito de la provincia sino por iniciativa de la Cámara de Diputados; el Estado no gozaba de privilegio fiscal alguno; los actos oficiales de todas las reparticiones de la Administración deberían publicarse periódicamente y la construcción de puentes y caminos y de una penitenciaría estaría a cargo del Gobierno; además, todas las autoridades podían ser sometidas a juicio político por mal desempeño de sus funciones.

En esta parte, se destacaba la cuestión particular vinculada con la religión católica, un aspecto que diferenciaba a la Constitución correntina de otras Constituciones provinciales ya que no hacia referencia a este culto(12).

(12) En el periódico oficialista “La Verdad”, comentaron al respecto: “Advertimos respecto a (la libertad de conciencia) que el proyecto se aparta de la mayoría de las Constituciones provinciales, pues guarda silencio en cuanto al culto católico (...)”. Periódico “La Verdad”, (Corrientes), edición del 21 de Diciembre de 1888, p. l. // Citado por María del Mar Solís Carnicer. “Liderazgo y Política en Corrientes (Juan Ramón Vidal. 1883 - 1940)” (2005). Ed. Moglia Ediciones, Corrientes.

Sobre el Régimen Electoral (artículos 47 a 67), dispuso que la representación política tenía por base la población; en ese sentido, otorgó el derecho del sufragio para todos los ciudadanos argentinos, dejando librado a una ley posterior la efectividad del principio de representación proporcional.

Estableció la división del la provincia en distritos en igual número a los Departamentos, a los efectos de la inscripción, organización e instalación de las mesas receptoras de votos.

Estableció la obligatoriedad del registro cívico para todas las elecciones de la provincia; las mesas receptoras de votos serían formadas al igual que las de inscripción por quien nombrara una Junta compuesta por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, el presidente de la Cámara de Diputados y el fiscal de la provincia, cargos que se constituyeron en obligatorios.

Ningún ciudadano podría inscribirse sino en el distrito de su residencia y votar sólo donde estaba inscripto; estableció además el secreto de la elección por medio de cédulas y el escrutinio público que debía iniciarse inmediatamente después de terminado el acto electoral y debía durar un solo día.

Prohibió a los empleados públicos el hacer valer su influencia en los trabajos electorales; la movilización o retención de cualquier ciudadano inscripto para el servicio militar 15 días antes y hasta 8 días después de las elecciones; estableció que no podían votar los menores de 17 años, los soldados de línea ni la Guardia Nacional movilizada, los bancorroteros, los gendarmes de policía, los dementes, las personas condenadas por crímenes infamantes o por defraudación o malversación de dinero público; y los inhabilitados por sentencia para desempeñar puestos públicos.

Ninguna autoridad podía mandar a suspender una elección después de iniciada; las elecciones debían hacerse en días fijos determinados por la ley y, si fueran extraordinarias, debían anunciarse con 15 días de anticipación; el Poder Ejecutivo podía suspender la convocatoria en caso de conmoción, insurrección, invasión o cualquier calamidad pública; las mesas receptoras de votos tenían a su cargo el mantenimiento del orden en el lugar de la elección y, para conservarlo y restablecerlo, tenían a su disposición la fuerza pública; la ley de elecciones determinaría las penas en que incurrían los que adulteraran o impidieran el libre ejercicio del sufragio, así como las autoridades encargadas de aplicarlas.

En cuanto al Poder Legislativo (artículos 68 al 123) abarca ocho capítulos en los que estableció el sistema bicamarista. Acerca de la Cámara de Diputados, determinó que debía componerse por ciudadanos de la capital y los departamentos elegidos por el pueblo a simple pluralidad de sufragios, en razón de uno cada seis mil habitantes o una fracción que no baje de 3 mil, con arreglo al censo nacional y, mientras no se practicara el nuevo censo, establecía que estaría compuesta de 26 diputados (2 por capital y 1 por cada departamento); los diputados duraban tres años en su cargos y eran reelegibles, renovándose la Cámara por terceras partes cada año; los requisitos para ser diputado eran; la ciudadanía natural en ejercicio o la legal después de 4 años de obtenida, 22 años cumplidos y dos años de residencia inmediata en la provincia.

Estableció la incompatibilidad del cargo de diputado con el de funcionario o empleado público a sueldo de la nación o la provincia, a excepción del profesorado y las comisiones eventuales; además, no podían ser electos diputados los eclesiásticos regulares ni los encausados criminalmente, los infamados por sentencia, los bancorroteros y los afectados de imposibilidad física o mental.

Determinó como competencia exclusiva de la Cámara de Diputados la iniciativa en la creación de contribuciones o impuestos generales de la provincia y acusar ante el Senado al gobernador, vicegobernador, a los ministros o a los miembros del Superior Tribunal de Justicia y demás jueces por mal desempeño de sus funciones.

Con respecto al Senado, estableció que se compondría de ciudadanos elegidos a simple pluralidad de sufragios, en razón de uno por cada 15 mil habitantes o de una fracción que no bajara de 10 mil con arreglo al censo nacional o provincial que se levantare. Mientras tanto, la Cámara estaría compuesta por 13 senadores en la proporción siguiente: uno por Capital, uno por Curuzú Cuatiá, uno por Mercedes y uno por Goya; uno por Empedrado y San Luis; uno por Bella Vista y Saladas; uno por San Roque y Lavalle; uno por Caá Catí y Mburucuyá; uno por San Miguel, Concepción e Ituzaingó; uno por Santo Tomé y La Cruz; uno por Esquina y Sauce; y uno por Paso de los Libres y Monte Caseros.

Eran requisitos para ser senador ser ciudadano natural o legal después de 5 años de obtenida la ciudadanía, tener 30 años de edad y 4 años de residencia en la provincia para los que no fueran naturales de ella; duraba 6 años en sus funciones y podía ser reelecto; el Senado se renovaba por terceras partes cada 2 años.

El vicegobernador de la provincia era el presidente nato del Senado, pero no tenía voto sino en caso de empate; a su vez, el Senado debía nombrar cada año un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo; estableció también que era una atribución exclusiva del Senado juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, siendo su único fallo la destitución del acusado; el juicio no podía durar más de cuatro meses. Por otra parte, era el encargado la de prestar acuerdo para los nombramientos que debía hacer el Poder Ejecutivo.

Estableció además que las elecciones ordinarias de diputados y senadores debían realizarse el último Domingo de Marzo, y que ambas Cámaras debían reunirse desde el 1 de Mayo hasta el 31 de Agosto, aunque podían prorrogar sus sesiones por 60 días por disposición del Poder Ejecutivo o de las mismas Cámaras.

También podían convocarse extraordinariamente por el Poder Ejecutivo o por alguno de sus presidentes a petición escrita de una cuarta parte del total de los miembros de la Cámara, donde sólo podían tratar los asuntos para los que fueron convocados.

Debían abrir y cerrar sus sesiones en Asamblea y, en el primero de los casos, debía ir el gobernador a dar cuenta del estado de la Administración. Cada Cámara era juez exclusivo de las elecciones de sus miembros. No podían entrar en sesión sin la mayoría absoluta y debían empezar y concluir simultáneamente el período de sus sesiones.

Cada Cámara debía dictar su propio reglamento y podía corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones y expulsarlo en caso de reincidencia. Los diputados y senadores gozaban de completa inmunidad en su persona desde el día de su elección hasta su cese. Cada Cámara podía pedir la presencia de alguno de los ministros para recibir las explicaciones o informes que estimara conveniente, la remuneración estaría fijada por la ley y las sesiones eran públicas.

Establecía, además, las atribuciones del Poder Legislativo. entre las que podemos mencionar el nombramiento del senador nacional y dictar las leyes y reglamentos para poner en ejercicio los poderes y las autoridades que establecía la Constitución.

Otros capítulos trataban sobre la formación y sanción de las leyes, sobre la asamblea general de las dos Cámaras y sentaban las bases para el procedimiento del juicio político.

Con respecto al Poder Ejecutivo (artículos 124 a 161) estableció -en cinco capítulos- que éste sería ejercido por un gobernador que debía ser mayor de 30 años, ser ciudadano natural y tener 3 años de residencia inmediatos a la elección en el caso del nativo y 6 en el caso de no ser nativo de la provincia salvo, en el primer caso, que la ausencia haya sido motivada por servicio público de la nación o la provincia.

Duraba cuatro años en sus funciones, no podía ser reelecto sino con el intervalo de un período y no podían sucederse el gobernador y el vicegobernador, recíprocamente. Ambos debían residir en la capital y no podían ausentarse de la provincia por un período de más de 30 días sin autorización de las Cámaras.

Estableció que la elección del gobernador y el vicegobernador sería indirecta y debía hacerse de igual modo que la de diputados, seis meses antes de concluir el mandato del gobernador y a los 30 días de la elección, la Asamblea Legislativa era la encargada de realizar el escrutinio de los votos; 30 días después de aprobado el escrutinio debían reunirse los ciudadanos que hubiesen obtenido la mayoría en el Colegio Electoral que debía expedirse en el término de 10 días sobre la validez de las actas y en los ocho días siguientes debía nombrar al gobernador por mayoría absoluta y a votación nominal.

Si verificada la votación no se obtenía mayoría absoluta, se debía hacer una segunda votación contrayéndose a las personas que en la primera hubiesen tenido mayor número de votos; en caso de empate se repetiría la votación y si persistía el empate, el presidente del Colegio Electoral era el encargado de decidir, pero sólo si con su voto se alcanzaba la mayoría absoluta. El Colegio Electoral debía terminar en una sola sesión el nombramiento del gobernador y vicegobernador.

La parte correspondiente al Poder Judicial (artículos 162 a 178) constaba de tres capítulos y establecía que éste debía ser ejercido por un Superior Tribunal de Justicia, compuesto de cinco miembros; por Tribunales inferiores que la Legislatura estableciese; y por el Jurado, cuando se estableciera esa institución.

Dio los requisitos para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, cuyos miembros serían nombrados por un período de 6 años y podían reelegirse con nuevo acuerdo, renovándose el Tribunal por terceras partes cada dos años. Sus miembros debían ser nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Un capítulo está dedicado a la Justicia de Paz que la Legislatura debía establecer en cada Departamento de la provincia, teniendo en cuenta la población. Serían nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta de una terna de la municipalidad respectiva y duraban un año en sus funciones. Entre los requisitos para ser juez de paz se encontraban ser mayor de 22 años y saber leer y escribir.

El Régimen Municipal ocupaba otra parte de la Constitución (artículos 179 a 187); allí se estableció que el territorio de la provincia se dividía en Departamentos, al efecto de su administración interior, los que estaban a cargo de Municipalidades o Comisiones Municipales.

Dispuso que hubiera municipalidad en todo centro de población que tuviera por lo menos 7 mil habitantes y Comisiones Municipales en los demás. Los miembros del Concejo Deliberante y de las Comisiones Municipales durarán dos años en sus funciones, renovándose anualmente por la mitad; eran nombrados pública y directamente el primer Domingo de Octubre.

El Departamento Ejecutivo lo ocupaba un intendente, quien duraba un año en sus funciones, pudiendo ser reelecto por una sola vez. El número de los miembros del Concejo dependía de la población, pero no podía ser menor a 7 ni mayor a 15.

En cuanto a la Educación e Instrucción Pública (artículo 188 a 190), la Constitución estableció que la Legislatura dictaría las leyes necesarias para el establecimiento de un sistema de educación común y organizaría oportunamente la Instrucción secundaria y superior, creando colegios y una o más Facultades que servirían de base al establecimiento de una Universidad.

Establecía también el proceso de reforma de la Constitución (artículos 191 a 193), que debía ser recién pasados los 10 años de su promulgación; declarada la necesidad de la reforma parcial o general por la Legislatura, se convocaría a una convención.

La Constitución incluyó también una serie de disposiciones transitorias (artículos 194 a 203), en la que estableció que empezaba a regir desde el 25 de Diciembre de 1889, fecha en que se iniciaba un nuevo periodo constitucional, y otras cuestiones referidas al Superior Tribunal de Justicia.

Terminado el período de elaboración de la Constitución, el gobernador Juan Ramón Vidal organizó una comisión formada por Juan Bautista Aguirre Silva, Benjamín Romero y José Guastavino, que tuvo la tarea de examinar cada ejemplar de la nueva Constitución, verificando su conformidad con el original(13).

(13) Decreto Administrativo, 20 de Diciembre de 1889. En: “Corrientes (Registro Oficial de la Provincia de Corrientes. 1889)” (1917), pp. 402 - 403. Ed. Establecimiento Tipográfico del Estado, Corrientes. // Citado por María del Mar Solís Carnicer. “Liderazgo y Política en Corrientes (Juan Ramón Vidal. 1883 - 1940)” (2005). Ed. Moglia Ediciones, Corrientes.

El contenido de la nueva Constitución coincidía a pleno con las ideas defendidas por el gobernador, identificadas con el deseo de “progreso”. Con ella, se produjo la separación entre la Iglesia y el Estado, al no hacer mención en ninguno de sus artículos del culto católico y al establecer el Registro Civil, que debía llevarse a cabo por las autoridades oficiales.

Por otra parte, derogó la exigencia de pertenecer a la religión Católica Apostólica Romana para ser elegido gobernador y modificó la fórmula de juramento del gobernador que ahora debía hacerlo “por Dios y por la Patria”, y no por “Nuestro Señor y los Santos Evangelios”, tal como se venía haciendo desde 1864(14).

(14) Harvey vincula esta cuestión con el hecho de que la mayoría de los convencionales eran masones; más allá de que no descartamos esa posibilidad, creemos que estas ideas formaban parte del laicismo propio de fines del siglo XIX del que Juan Ramón Vidal y su grupo no eran ajenos. Ricardo Guillermo Harvey. “Políticos Masones en la Historia Política Correntina”, en: “XX Encuentro de Geohistoria Regional” (2001), tomo I, pp. 465 - 486. Ed. Instituto de Investigaciones Geohistóricas, Resistencia. // Citado por María del Mar Solís Carnicer. “Liderazgo y Política en Corrientes (Juan Ramón Vidal. 1883 - 1940)” (2005). Ed. Moglia Ediciones, Corrientes.

El liberalismo se percibe en la mayor parte de estas medidas; subyace en el establecimiento del Poder Legislativo bicameral; en la elección indirecta del gobernador; en la prohibición de la reelección del Poder Ejecutivo; en la mayor independencia que pretende darse al Poder Judicial; en el reconocimiento de los derechos individuales, especialmente la libertad, la seguridad y la propiedad privada; y, finalmente, en la defensa de la libertad de cultos y la separación de la Iglesia y el Estado.

Sin embargo, y a pesar del predominio de las ideas liberales, también pudimos descubrir otras que reflejan cierta influencia tanto demócrata-radicales como conservadoras. Entre las cláusulas y notas radicales-democráticas se destacan especialmente las que se refieren al régimen electoral, pues en ella se establece que el sufragio es un “derecho inherente a la calidad de ciudadano argentino”, es decir, se excluye la tesis liberal de considerarlo como una función pública.

Por otra parte, al establecer el régimen de representación proporcional, se deja de lado la posibilidad de entregar el poder en forma excluyente a las simples mayorías, como así también el transparentar el ejercicio del sufragio al establecer que el registro electoral lo debían hacer personas “nombradas a la suerte” y del mismo modo debían constituirse las mesas receptoras de votos.

Finalmente, entre las cláusulas que reflejan cierta influencia del pensamiento conservador, podemos señalar la preponderancia del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes, al ser éste unipersonal, extenderse su mandato a cuatro años, tener la atribución de enviar proyectos de leyes a cualquiera de las Cámaras; por otra parte, la Constitución dispuso que las sesiones ordinarias de la Legislatura fueran de cuatro meses (de Mayo a Agosto), lo que limitaba su capacidad legislativa y otorgaba mayores atribuciones al Ejecutivo, que era el gobernante decisivo(15).

(15) Un sencillo y útil esquema acerca de las ideas liberales, radicales y conservadoras presentes en las disposiciones de la Constitución de la provincia de Buenos Aires de 1873, que puede ser aplicada -por sus notorias semejanzas- al caso de la Constitución correntina de 1889 y que, por lo tanto, hemos utilizado para el análisis aquí presentado, puede leerse en: Dardo Pérez Guilhou. “Liberales, Radicales y Conservadores (Convención Constituyente de Buenos Aires. 1870 - 1873)” (1997). Ed. Plus Ultra, Buenos Aires. // Citado por María del Mar Solís Carnicer. “Liderazgo y Política en Corrientes (Juan Ramón Vidal. 1883 - 1940)” (2005). Ed. Moglia Ediciones, Corrientes.

Más allá de que la Constitución estableció el sistema de representación proporcional, como el régimen que debía utilizarse para todas las elecciones provinciales, la ley electoral de 1890 lo sancionó sólo en parte(16).

(16) Según Hernán F. Gómez, el electorado de los Departamentos aún no estaba preparado para una reforma tan drástica por la cual podían perder la representación que tenían hasta ese momento. Por ese motivo, explica la decisión del Poder Ejecutivo de imponer el sistema sólo para la elección de senadores y no para la de diputados. Hernán Félix Gómez. “Instituciones de la provincia de Corrientes” (1922), p. 172, (413 páginas). Ed. J. Lajouane & Cía, Buenos Aires. // Citado por María del Mar Solís Carnicer. “Liderazgo y Política en Corrientes (Juan Ramón Vidal. 1883 - 1940)” (2005). Ed. Moglia Ediciones, Corrientes.

De acuerdo con esta ley, las elecciones de diputados provinciales debían hacerse por el sistema de la mayoría, eligiéndose un diputado por cada uno de los 25 Departamentos en los que se dividía la provincia. A su vez, se agrupaban a los Departamentos en tres bloques, a los efectos de la renovación por terceras partes.

Por otra parte, para elegir a los senadores, se dividió a la provincia en trece secciones (porque ése era el número de los integrantes de la Cámara), tal como figuraba en la Constitución.

Los opositores cuestionaron “las bondades’’ de la nueva Constitución, que era la más “nueva” entre las Constituciones provinciales sancionadas, pero sólo por una cuestión de tiempo, pues sus disposiciones -decían- eran las menos adelantadas. Además, interpretaron que sus reformas sólo buscaban la perpetuidad en el poder del partido gobernante.

Expresaron que tenía “muchos vacíos” y que sólo respondía a un “propósito partidista”; en definitiva, era sólo una “mala copia” de otras Constituciones provinciales:

Para nada se ha tenido en cuenta el descrédito del Gobierno unipersonal, ni los adelantos del parlamentarismo, ni las diarias mejoras que en Inglaterra y los Estados Unidos sufre, perfeccionándose, el sistema judiciario, ni la amplitud que al self government (autogobierno) comunal e individualidad se da en los países libres, ni los progresos de las legislaciones protectoras de la soberanía popular, ni las nuevas conquistas hechas por el derecho privado sobre las antiguas funciones del poder público, ni las numerosas e imprescindibles necesidades de la vida moderna, ni las cuestiones de trascendencia que diariamente promueve el cosmopolitismo que la inmigración impone(17).

(17) Manuel Florencio Mantilla. “La Nueva Constitución”, en: “Las Cadenas”, (Corrientes), edición del 30 de Mayo de 1889, p. 1. // Citado por María del Mar Solís Carnicer. “Liderazgo y Política en Corrientes (Juan Ramón Vidal. 1883 - 1940)” (2005). Ed. Moglia Ediciones, Corrientes.

Finalmente, se estima que las disposiciones adoptadas por la nueva Constitución Provincial de 1889 buscaban la “modernización” del Estado Provincial y la cristalización de las ideas liberales defendidas por el gobernador Juan Ramón Vidal y sus aliados, al mismo tiempo que fortalecían el Poder Ejecutivo unipersonal, representado por el gobernador.

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