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El sistema de Bancos Garantidos en la Argentina

Aunque no es la intención profundizar aspectos teóricos del sistema de Bancos Garantidos por la magnitud del tema, es poco atendible y sería hasta insuficiente un tratamiento marginal de este aspecto, pues no ayudaría a la comprensión de la problemática bancaria.

Hecha esta salvedad, se aclara que la incidencia posterior a la crisis de 1890 está -al menos en este ensayo- fuera de todo análisis, porque se trata precisamente del principio de un análisis coyuntural y no de la coyuntura misma, entendiendo por tal todo el concepto, es decir causas y consecuencias finales.

Aceptando esta digresión, se podría decir que la idea de los Bancos Garantidos en la Argentina estaba inspirada -en principio- en una ley que fuera promulgada en Estados Unidos en 1863, con el propósito de reemplazar los billetes particulares de los Bancos estaduales por billetes nacionales, a su vez garantidos por fondos públicos de la denominada deuda federal(1).

(1) Sixto Quesada. “Historia de los Bancos Modernos - Bancos de Descuentos - La Moneda y el Crédito” (1901), tomo II, p. 434, Buenos Aires; Susana Y. Ratto de Sambucetti. “La Ley de Bancos Nacionales en los Estados Unidos y la República Argentina” (1972), en: “VII Jornadas de Historia y Literatura Norteamericana y Rioplatense”, Mar del Plata; también, Roberto Cortés Conde. “Dinero, Deuda y Crisis (Evolución Fiscal y Monetaria en la Argentina)”, p. 201. Ed Sudamericana. // Citado por Gerardo Marcelo Martí. “El sistema bancario en vísperas de la crisis de 1890 (una revisión crítica de su incidencia en la política económica de Juárez Celman. 1887 - 1889)”, en: página electrónica.

En los veinte años que median entre 1862 y 1881, la Argentina fue protagonista de algunos proyectos similares -siempre tendientes a favorecer la uniformidad de la circulación monetaria- que no llegaron a concretarse(2).

(2) Precisamente a fines de Noviembre de 1881se sancionó la ley de unificación monetaria y, en Junio de 1882, volvió a reaparecer la idea de instrumentar bancos de emisión. El tema fue de tal importancia que 108 periódicos le dedicaron varias columnas, llamando a un debate abierto a estudiosos y entendidos en aspectos financieros. Cf. “Bancos de Emisión Garantida”, en el diario “El Nacional”, (Buenos Aires), edición del 23 de Junio de 1882. // Citado por Gerardo Marcelo Martí. “El sistema bancario en vísperas de la crisis de 1890 (una revisión crítica de su incidencia en la política económica de Juárez Celman. 1887 - 1889)”, en: página electrónica.

Las secuelas de la inconversión de 1885 produjeron un panorama financiero de extrema inestabilidad, en la cual los Bancos oficiales resultaron perjudicados en sus reservas tras los numerosos giros solicitados por importadores e inmigrantes.

Acerca de la interpretación de esta crisis -no bien examinada, por cierto- todo parece reducirse a que los lineamientos de Julio A. Roca no fueron proseguidos por su sucesor Miguel Juárez Celman. Ezequiel Gallo expresa incluso que el retorno a la convertibilidad no fue tenido en cuenta por Juárez Celman y que las sugerencias de Roca fueron desoídas, en momentos que los capitales externos fluían hacia la Argentina alcanzando niveles sin precedentes.

Pero si nos detenemos por un momento en la mala experiencia de la convertibilidad durante los años 1883 - 1885, que había dejado a los Bancos sin reserva, pudo ser ése el motivo por el cual Juárez Celman no estaba totalmente convencido de volver a la convertibilidad. ¿Cuál sería, en suma, el beneficio que ocasionaría para el país tras las secuelas propias de la crisis pasada y cuando aún existía una marcada inestabilidad financiera?

Se cree que la demanda de circulante tiene que ver precisamente con el fenómeno aluvional de inmigrantes y las necesidades del propio crecimiento durante este período. Esta circunstancia se intensificó hacia 1887, traduciéndose en una coyuntura de extrema tensión, agravada por la falta de moneda, que produjo en el Interior la restricción de los descuentos por parte de los Bancos emisores, hecho que perjudicó seriamente al comercio siempre vinculado monetariamente al de Buenos Aires.

Desde el punto de vista teórico, cabe hacer una salvedad en este sentido: el descuento es una forma de crédito, era la forma más habitual para esta época y esto debe tenerse en cuenta, porque en la actualidad el crédito reviste otras formas, sobre todo la expansión del multiplicador de los depósitos, hasta el hecho de la creación de dinero bancario, pero ello tiene que ver con elementos de circulación tales como cheques y, para la época que estamos analizando se habla de descuentos que están asociados a otros documentos más usuales entonces como letras o pagarés(3).

(3) Sobre las apreciaciones advertidas en Exequiel Gallo, Roberto Cortés Conde, cf. “Argentina (la República Conservadora)” (1972), en: “Historia Argentina”, volumen 5, p. 82. Ed Paidós; con respecto al tema del crédito puede consultarse Claudia Napoleoni. “Curso de Economía Política” (1973), pp. 276 y 277. Ed. Oikos-Tau Ediciones, Barcelona; también en bibliografía, Philippe Simonot. // Citado por Gerardo Marcelo Martí. “El sistema bancario en vísperas de la crisis de 1890 (una revisión crítica de su incidencia en la política económica de Juárez Celman. 1887 - 1889)”, en: página electrónica.

Retomando al problema de la crisis financiera, digamos que, como consecuencia inmediata, la creciente especulación repercutió en las provincias; así fue el caso en Rosario, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos y otras plazas donde, quienes necesitaban billetes del Banco Nacional debían pagarlos hasta un 8 % por encima de su valor y, consecuentemente, haciendo inaccesible el crédito.

Pero era o parecía ser un problema monetario que podía tener distintos significados, uno de los cuales sería el predominio casi absoluto del Banco Nacional en las provincias sobre otros establecimientos o la carencia de entidades bancarias y, por esta razón, el ministro de Hacienda, Wenceslao Pacheco, propuso unificar la circulación de los billetes, acabando con la competencia bancaria interprovincial en las emisiones y permitiendo que una oferta abundante de billetes contuviera la valorización del papel(4).

(4) Diario “El Nacional”, (Buenos Aires). “Los Bancos y el Comercio”,edición del 20 de Agosto de 1887. Con respecto a la valorización del billete, véase Jorge A. Difrieri. “Moneda y Bancos en la Argentina” (1969), p. 127. Ed. Depalma, Buenos Aires. // Citado por Gerardo Marcelo Martí. “El sistema bancario en vísperas de la crisis de 1890 (una revisión crítica de su incidencia en la política económica de Juárez Celman. 1887 - 1889)”, en: página electrónica.

Así fue como se elaboró un proyecto sobre legislación bancaria, sancionado por el Congreso el 3 de Noviembre de 1887, tras largos debates en el que fue analizado minuciosamente por la comisión encargada y sometido a distintas correcciones, con la intervención de algunos miembros de la bancada opositora, como Aristóbulo del Valle, quien años más tarde -en el célebre mitin del 13 de Abril de 1890- denunció como “emisiones clandestinas” dos pedidos otorgados por el Banco Nacional y de la Provincia para superar los problemas ocasionados por las corridas ñnancieras.

En general, puede decirse que las modificaciones del proyecto de ley tendieron más a mejorarlo que a perjudicarlo operativamente, a pesar de que muchos escritores reiteraron que estas transformaciones fueron las causas de su desdichado fin.

La ley se basaba -como los proyectos anteriores- en el sistema adoptado con éxito en Estados Unidos. El ministro lo revelaría en su mensaje: “tomamos por modelo su constitución política, consagrada por la experiencia de más de medio siglo y no era extraño que adoptásemos también el fundamento de su legislación bancaria, igualmente abonada por el tiempo”.

Con respecto a la leyes, es interesante advertir antes que nada que: en Estados Unidos, los bancos estaban sometidos a un determinado número de restricciones, como ser que no podían emitir billetes más allá de su capital, debiendo conservar además una existencia igual a la cuarta parte de sus depósitos y luego depositar en numerario un 5 % del importe de sus billetes.

Por otra parte, debían pagar un impuesto del 0,5 % del valor de los billetes emitidos y otro de 0,25 % sobre el importe de sus depósitos, justificando, a su vez, la posesión de un capital mínimo que sería variable según la importancia de la población.

Si bien existían algunas diferencias apuntadas someramente al pie de página, ello no significaba identificar esta circunstancia con imprevisiones. En términos generales, disponía que toda corporación o sociedad constituida para hacer operaciones bancarias podía establecer en cualquier ciudad o pueblo del territoriode la República, un Banco de depósitos y descuentos con facultades para emitir billetes garantidos con fondos públicos nacionales(5).

(5) Wenceslao Pacheco. “Bancos de Emisión y Hacienda (Bancos de Emisión Pública)” (1889), p. 205. Casa Editora Imprenta de la Tribuna Nacional. // Citado por Gerardo Marcelo Martí. “El sistema bancario en vísperas de la crisis de 1890 (una revisión crítica de su incidencia en la política económica de Juárez Celman. 1887 - 1889)”, en: página electrónica.

Se establecía también que el contrato social o los estatutos de dichas instituciones deberían contener algunas cláusulas esenciales; en primer lugar, el capital autorizado y, luego, el capital introducido por cada socio o el número de acciones en las cuales estaba dividido.

Asimismo, debía constar el lugar, provincia o territorio nacional en que el Banco fuera a funcionar, además de la denominación o razón social de la corporación o sociedad y el término de duración de su existencia, el cual no podría ser menor a los diez años.

En lo referente al capital autorizado, debería ser como mínimo de 250.000 pesos moneda nacional, no pudiendo exceder la cantidad de los billetes a emitir el 90 % del capital realizado, fijándose además el monto mínimo de este último en un 30 % del capital autorizado. Estos fondos, que debían garantizar las emisiones, serían títulos de deuda interna, valuándose el precio en el 85 % de su valor nominal, con una renta del 4,5 % y 1 % de amortización anual acumulativa y a la par, siendo su servicio semestral en oro y con facultad del Gobierno de aumentar el fondo amortizante.

En relación con las emisiones, se expresaba que tendrían curso legal, estando facultados los Bancos a aumentarlas -con acuerdo previo del Ministerio de Hacienda- siempre que los estatutos o cartas orgánicas de los establecimientos lo autorizasen, depositando previamente una cantidad determinada de fondos públicos. En caso contrario, se podría limitar la emisión, devolviendo los billetes a la Oficina Inspectora, que se encargaría de entregar una cantidad proporcional de fondos públicos pertenecientes a la entidad, para luego ser destruidos.

No se permitía poner en circulación los billetes que recibieran de la Oficina Inspectora sin constituir previamente un fondo de reserva en oro por el equivalente al 10 % de la suma recibida. Cada año, deduciendo primeramente los créditos dudosos incobrables, se destinaría un 8 % de sus utilidades líquidas a aumentar el fondo de reserva. Esta reserva, además, se convertiría en oro dentro del año en que repartieran las utilidades, pudiendo -a la vez- ser movilizado y entregado a la circulación por medio de operaciones bancarias.

La emisión de los billetes estaría limitada hasta una nueva autorización del Congreso a 40.000.000 de pesos para los nuevos Bancos que se instalasen. El Poder Ejecutivo distribuiría la emisión ante la solicitud previa de los Bancos y, conforme a la población, riqueza y necesidades del lugar en que esos establecimientos funcionaran.
Las emisiones eran de 15.000.000 de pesos para los Bancos a establecerse en San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes y Tucumán y 25.000.000 de pesos para aquéllos que se fundasen en las restantes provincias y territorios nacionales.

Disponíase, con respecto a los Bancos, que aquéllos que tuvieran en circulación billetes inconvertibles autorizados por el Gobierno, podrían acogerse a la ley disponiendo del término de siete años, desde el 1ro. de Enero de 1888, para adquirir enteramente los fondos públicos, destinados a garantizar su emisión futura, haciéndolo por cuotas, a razón del 14,28 % anual.

Esos establecimientos, salvo el Banco Nacional, podrían también -con la aprobación del Ministerio de Hacienda- disponer de la mitad de su reserva metálica e invertirla en la adquisición de los fondos mencionados. La ley era también lo suficientemente imperativa, pues establecía cuáles eran los inconvenientes para aquellas instituciones que decidieran no intervenir en el sistema.

Señalaba claramente que los Bancos cuyo propósito no fuera acogerse a lo dispuesto antes del 10 de Enero de 1888, quedaban inhabilitados para hacer circular billetes de curso legal y que debían retirar los que tuvieran en circulación en el término de 30 días transcurridos luego del 9 de Enero de 1889, bajo pena de multa de 50.000 pesos en favor del Tesoro Nacional y sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondiesen y era éste -como bien lo señala Norberto Piñero- un medio de compelerlos a la aceptación de la reforma(6).

(6) Osvaldo Piñero. “La Moneda, el Crédito y los Bancos en la Argentina” (1921), p. 279. Ed. Jesús Menéndez Librero Editor, Buenos Aires. // Citado por Gerardo Marcelo Martí. “El sistema bancario en vísperas de la crisis de 1890 (una revisión crítica de su incidencia en la política económica de Juárez Celman. 1887 - 1889)”, en: página electrónica.

En otro orden, podría decirse que hastala creación de la Oficina Inspectora de Bancos Garantidos, el sistema bancario era rudimentario, pues se carecía de un Banco Central. Por esta razón, puede considerarse a la mencionada Oficina como el primer antecedente histórico argentino de un medio regulador de las emisiones y, por ende, de las operaciones bancarias.

Este departamento, creado como una dependencia del Ministerio de Hacienda y dentro del ámbito del Crédito Público tendría a su cargo todo lo relacionado con los Bancos nacionales de emisión de billetes garantidos con el depósito de fondos públicos.

Sus máximas autoridades serían el presidente del Crédito Público, tres inspectores contadores, un secretario y un escribano y las atribuciones de estos funcionarios eran -entre otras- llevar los Libros correspondientes con la constitución de todos los Bancos, corporaciones o asociaciones de acuerdo con lo establecido por la ley, además de las anotaciones sobre la entrega de los billetes -autorizados para cada establecimiento-, así como las fechas, series y sumas correspondientes y los billetes inutilizados por su uso. Se anotarían también la emisión de fondos públicos dispuestos por la ley y la cantidad relacionada con cada banco(7).

(7) Wenceslao Pacheco. “Bancos de Emisión y Hacienda (Bancos de Emisión Pública)” (1889), p. 210. Casa Editora Imprenta de la Tribuna Nacional. // Citado por Gerardo Marcelo Martí. “El sistema bancario en vísperas de la crisis de 1890 (una revisión crítica de su incidencia en la política económica de Juárez Celman. 1887 - 1889)”, en: página electrónica.

En síntesis, éstos eran los aspectos más importantes de la ley de Bancos Garantidos, sobre todo aquéllos que no se habían examinado con la debida prudencia en todos sus alcances.

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