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El unicato en Tucumán

Tucumán había negado sus votos a Miguel Juárez Celman, aunque no a Carlos Pellegrini. La exclusión resultó fatal al Gobierno de esa provincia. Mientras se tramitaba la formación del unicato, nadie solicitó el apoyo de las autoridades tucumanas; en cambio, los dirigentes opositores recibieron nombramientos de la Nación.

Estos síntomas tenían que acarrear consecuencias desagradables. El 23 de Mayo de 1887 apareció un libelo en el que se difamaba al gobernador Juan Posse y a los hombres de su círculo. El jefe de policía, en cumplimiento de normas instituidas diez años atrás, pretendió detener a un súbdito español, a quien consideraba autor del anónimo; pero fracasó en la tentativa porque el jefe de la Oficina de enganche protegió al culpado, arguyendo que éste se había inscripto en las nóminas del Ejército.

Dicha dependencia funcionaba en Tucumán, no obstante la orden de supresión que había impartido el Ejecutivo. Entretanto, el administrador del Correo, Eudoro Vásquez, permitía el reparto del pasquín sin fijarse que una ordenanza prohibía la distribución de impresos a domicilio.

El 29 de Mayo, como el diario “El Deber” transcribiese la pieza de marras, la policía detuvo al director del mismo, Silvano Bores, que vez dirigía la Escuela Normal.

El diputado nacional Juan J. Lubary llevó el asunto a la Cámara y logró que fuese tratado con asistencia del ministro del Interior. Lubary lamentó la detención de Bores, producida cuando la República entera estaba en paz y creía que ese ataque contra la libertad de prensa reclamaba el castigo de su autor por el Gobierno de la provincia o, en su defecto, el restablecimiento del orden mediante una Intervención Federal.

Wilde convino en que la política de las autoridades tucumanas amenazaba distraer a la República de la senda de progreso en que se había lanzado: “Los sucesos de Tucumán -agregó- son una disonancia en el país; no los llamaré de otro modo”.

Gallo explicó que el incidente revestía carácter local y se desarrollaba con arreglo a las instituciones provinciales. Lo rectificó el general Lucio V. Mansilla, intérprete de un nuevo sentimiento que cundía en la metrópoli:

La bandera autonomista -exclamó- no es más una invención...; no es sino una especie de espantapájaros aquéllo que se llama la autonomía de las provincias... ; la nación es lo primero, el pueblo de la nación es lo primero; las provincias, los Estados como se dice, son poquísima cosa”.

Al fin la Cámara pasó a estudio de la comisión correspondiente un plan de minuta que presentó Lubary, en la que se pedía al Ejecutivo que investigara el suceso a fin de establecer si estaban comprometidas las normas cobnstitucionales(1).

(1) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 1 de 1887. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVI: “El Unicato”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

La Comisión -constituida por Calvo, Gallo, Olmedo y Zorrilla- adhirió al proyecto, modificando su forma. Reabierto el debate, Mansilla expresó que el Ejecutivo debía examinar la provincia con criterio humano para determinar si convenía dejarlacomo estaba o amputar partes enfermas: “Por ahora no sabemos nada -concluyó- pero alguna manipulación requiere aquéllo”.

Calvo expuso:

En medio de la más completa paz, cuando la República está viendo surgir casi espontáneamente los veneros de riqueza que yacían en germen, por decir así, escondidos; cuando estamos viendo el principio de una época que se va asemejando al siglo de oro de la ficción mitológica, viene a sorprendernos la noticia de los escándalos de Tucumán...
Se ha metido en la cárcel, sin proceso previo, a un hombre digno de respeto, a un hombre de alta posición por su talento, por sus virtudes y por sus antecedentes: esto no se concibe”.

En definitiva, la Cámara solicitó, “en presencia de los hechos graves acaecidos”, que el presidente practicase las investigaciones necesarias hasta “averiguar lacompleta verdad(2).

(2) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 3 de 1887. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVI: “El Unicato”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Juárez Celman encomendó la investigación al doctor Salustiano J. Zavalía, camarista de la Justicia ordinaria de la capital y tucumano de origen(3).

(3) Decreto de Junio 4 de 1887. Apéndice, número 103. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVI: “El Unicato”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Zavalía intentó vanamente introducir un cambio en la política local. La mudanza se produjo, sin embargo, pero sin injerencia suya. El mediodía del 12 de Junio arribó a la ciudad, procedente de Córdoba, un tren que conducía a numerosos empleados y obreros ferroviarios, equipados con armas del Ejército. Encabezábalos el gerente del Ferrocarril Central Norte -que entonces pertenecía a la nación- Lidoro J. Quinteros.

En la estación los esperaban Vásquez y otros ciudadanos. Los visitantes se dirigieron a paso de carga hacia la Iglesia Matriz donde, por ser día de fiesta, estaba apostada la Guardia Provincial, y la batieron fácilmente, obligándola a atricherarse en el Cabildo.

El gobernador pidió amparo a Zavalía, quien lo albergó en su propia residencia y colocó a la puerta el piquete de enganche a modo de custodia. Posse pudo creerse a salvo pero, a medianoche, Zavalía le comunicó que el piquete había recibido de Buenos Aires orden de retirarse y que por tal motivo declinaba toda responsabilidad acerca de lo que pudiese sobrevenir.

Puesto en la necesidad de buscar otro refugio, no transcurrió mucho tiempo sin que los rebeldes capturasen al asendereado mandatario. Los poderes quedaron depuestos y detenidos sus principales componentes, posesionándose del Gobierno local un triunvirato constituido por Bores, Quinteros y Vásquez. Treinta personas perecieron en las jornadas.

El 13 de Junio, Wilde acudió a la Cámara de Diputados -por solicitud de ésta- y manifestó que acababa de suceder lo que ocurre en todas partes donde hay voluntades oprimidas. Mansilla aludió a la conveniencia de que la República redujese las autonomías, reparando el error de 1860 y, para el ínterin, trabajó un proyecto que ordenaba Intervenir “a los fines de la Constitución”: juzgaba indispensable habilitar al Ejecutivo para que resolviera el conflicto en la forma que le placiese.

Cinco días más tarde, la Cámara sancionaba la Intervención, “a los objetos de los artículos 5to. y 6to., conforme a un dictamen suscripto por Calvo, Olmedo, Ruiz de los Llanos y Zorrilla, con la disidencia de Gallo".

Advirtió Zorrilla que la ley en cierne reproducía la letra del decreto de 1879, relativo a Jujuy, que a él le tocó redactar como ministro. Expuso que -descartado el ataque extranjero, que origina la defensa del territorio pero no una Intervención y que el artículo 6to. menciona debido a una errónea copia del modelo norteamericano-, en Tucumán se ofrecían conjuntamente los tres casos previstos por los textos, pues no sólo estaban depuestas las autoridades sino que, a consecuencia de ese hecho, ni regían las instituciones ni subsistía la forma republicana.

Agregó que debía armarse al Ejecutivo con la mayor suma de facultades, sin trabarlo con mandatos injustificados ya que, desde que gobernaba Juárez Celman, el Congreso no había tenido sino motivos de aplauso para todas sus medidas. A continuación, rectificando doctrinas que sostuvo antes, Gallo declaró en términos rotundos que la materia de Intervenciones estaba encerrada íntegra en el artículo 6to.:

Las garantías que establece el artículo 5to. -explicó- son precisamente para los casos del artículo 6to. y a fin de que el Congreso, en el caso especial de que haya derrocamiento de autoridades, determine si es que las autoridades derrocadas se han encontrado o no dentro de la Constitución, a fin de apoyarlas o quitarles la protección de la Nación”.

Añadió que se le antojaba dudoso el derecho de Intervenir, por faltar al requerimiento pero, de procederse así, habría que reponer los gobernantes. Criticó el despacho, que prescindía de tomar en cuenta que la insurrección, si no ordenada, fue autorizada, consentida y aplaudida por el presidente; de modo que el Congreso, al delegar en éste sus facultades, repetía el gesto de Pilatos:

Tucumán -concluyó- era la única nota discordante, como se ha dicho. Queda ahora sólo el coro armonioso y uniforme. ¡Muy bien! Queda el coro armonioso y uniforme para cantar laudas a Júpiter.
Queda el coro armonioso y uniforme pero, ¡ay de nosotros si ese coro armonioso y uniforme sirve también para entonar el réquiem sobre el túmulo en que reposen las más primordiales, las más fundamentales, las más sagradas de las libertades políticas de la República!

Calvo manifestó que le parecía injusta la reposición incondicional frente a una insurrección triunfante. Por otra parte, si se restringiese demasiado los términos, corríase el riesgo de invadir atribuciones del Ejecutivo, único que podía designar al comisionado y, por ende, único capaz de impartir instrucciones concretas. Lo correcto era facilitar a la acción del presidente un vasto ámbito donde pudiera desenvolverse: el de los artículos 5to. y 6to..

Correspondiéndole expedirse, le fue menester al Senado considerar un hecho nuevo: el requerimiento de Posse, suscripto el 12 de Junio y recién llegado a Buenos Aires. Constreñida por él, la Comisión cambió la letra del proyecto, aconsejando que se Interviniese “a objeto de restablecer las autoridades legalmente constituidas, de conformidad con los artículos 5to. y 6to.”.

Firmaron el despacho los doctores Manuel Derqui, Aristóbulo del Valle y José V. Zapata, y lo informó este último. Sentó la premisa de que “el Congreso, como el Poder Ejecutivo, al ejercitar la facultad de Intervenir en el territorio de un Estado, procede como verdadero juez, como juez consciente, sin otro límite que el que la Constitución le fija, pero jamás como juez ciego e inconsciente, como podría hacerlo, por ejemplo, un juez de paz al aplicar las disposiciones de una ley de apremio en un juicio de menor cuantía”.

Por consiguiente, el comisionado que fuese a Tucumán debía examinar los acontecimientos y sus causas y aplicar los artículos 5to. y 6to.. El doctor Benjamín Paz dijo que competía al Congreso calificar la Intervención y precisar sus fines, tocándole cumplirla al Ejecutivo sin menoscabo de sus facultades, pues el carácter de colegislador le permitía participar en la confección de la ley.

Enseguida habló Pizarro. En el exordio de su discurso aludió al relajamiento cívico en que la República se despeñaba:

¡Rara felicidad la de estos tiempos, en que los representantes de la nación pueden todavía, y les es lícito, tener una opinión aecrca de los negocios públicos de su país, siéndoles aún permitido manifestarla ante el Congreso de la patria, en sus consejos nacionales!

Desarrolló luego la tesis de que, por ser el presidente el autor de la sedición, resultaba inútil Intervenir en la provincia. El correctivo estribaba en el juicio político, cuya iniciativa no incumbe al Senado.

¿Qué se hace en el caso de Tucumán? Nada... Se cruza uno de brazos y dice: hágase la voluntad de Dios.
Mientras en estas bancas no se siente una generación más viril o mejor inspirada en favor de las instituciones federativas, no se hace más nada”.

Pizarro conceptuaba lo ocurrido peor que un crimen: un error infecundo, siempre que el presidente no lo paliase con los principios que deseaba implantar:

Yo declaro -adelantó- que sería benigno en el juicio y llegaría hasta su absolución, si descubriese en todo esto un pensamiento verdaderamente político, una idea tarscendental cualquiera, al producir esta uniformidad, esta aterradora unidad de los pueblos de la República, que se indica como única causa y razón de ser para la revolución de Tucumán.
¿Cree acaso el señor presidente que nuestras instituciones federales han hecho su tiempo, que envejecido ya, que son un instrumento desgastado por el mal uso que de ellas hemos hecho? ¿Cree que son instituciones propias de pueblos más virtuosos y más viriles que los nuestros?
¿Cree que no corresponden ya estas instituciones a nuestra complexión actual por el desarrollo que han creado nuestros ferrocarriles, suprimiendo las distancias, aproximando unos pueblos a otros, acercando y estrechando nuestras provincias entre sí, facilitando la acción del Gobierno General en todo el territorio?
¿Cree que no corresponden ya tales instituciones a nuestra constitución social? ¿Cree que es necesario dar al Gobierno de la nación una acción más directa en el Gobierno de los Estados? ¿Cree que se hace necesario crear un poder más centralizador? ¿Tiene acerca de todo esto un pensamiento cualquiera, bueno o malo, que trata de realizar por este medio?
Dígalo. Si es así, yo lo absuelvo. Díganos qué necesita esta sumisión completa de pueblos y Gobiernos. Díganos que trata de producir este resultado; que conservando la forma republicana representativa, trata de reconstituir la nación creando un Gobierno más fuerte, dando mayor unidad nacional a los pueblos.
Díganos que esta complacencia fatal de los hechos, producidos ya, es resultado lógico de la federalización de Buenos Aires”.

El proyecto fue aprobado acto continuo(4).

(4) “Senado”, sesión de Junio 27 de 1887 . // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVI: “El Unicato”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

A propuesta de Olmedo, la Cámara de Diputados aceptó la nueva fórmula, en atención a que no alteraba la idea fundamental. Barra sostuvo que no cabía otro objeto que el de restablecer a Posse y demás autoridades y deploró que Juárez Celman fuese obligado, “por amigos impacientes, a escribir renglones pocos gratos en los anales de su Gobierno, iniciado con buena fortuna(5).

(5) “Cámara de Diputados”, sesión de Julio 1 de 1887. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVI: “El Unicato”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Promulgada la ley, el Ejecutivo nombró comisionado al juez que actuaba de investigador(7). La ley de referencia, Nro. 1940, de Julio 2 de 1887, es la siguiente:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etcétera, sancionan con fuerza de

Ley:

Art. 1.- El Poder Ejecutivo intervendrá en la provincia de Tucumán a objeto de restablecer las autoridades legalmente constituidas, de conformidad con los artículos 5to. y 6to. de la Constitución Nacional.
Art. 2.- Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer los gastos que el cumplimiento de esta ley demande, imputándose a la misma.
Art. 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a primero de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

                   C. PELLEGRINI                                          ESTANISLAO S. ZEBALLOS
                     B. Ocampo                                                             Juan Ovando
            Secretario del Senado                                 Secretario de la Cámara de Diputados

Departamento del Interior

Buenos Aires, Julio 2 de 1887

Téngase por ley de la nación, comuníquese, publíquesee insértese en el Registro Nacional.

JUAREZ CELMAN
E. Wilde

En tanto, el decreto de nombramiento del interventor, de fecha de Julio 2 de 1887, es el que sigue:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Julio 2 de 1887

Debiendo intervenir el Poder Ejecutivo Nacional en la provincia de Tucumán en cumplimiento de la ley número 1940, promulgada en la fecha, a objeto de restablecer las autoridades legalmente constituidas, de conformidad con los artículos 5to. y 6to. de la Constitución Nacional,
El presidente de la República

Decreta:

Art. 1.- Nómbrase al señor presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, doctor don Salustiano J. Zavalía, Comisionado Nacional en la provincia de Tucumán para hacer efectiva la intervención referida.
Art. 2.- El comisionado procederá de acuerdo con las instrucciones que el Ministerio del Interior le transmita para la mejor ejecución de la mencionada ley.
Art. 3.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

JUAREZ CELMAN
E. WlLDE

Se abstuvo, sin embargo, de desempeñar el papel de Caifás, que le brindaba el Congreso, y remitió a Zavalía un extracto de los debates para que desentrañara el sentido de la ley y la aplicara concienzudamente(6).

(6) Wilde. Nota al comisionado Zavalía, en “La Nación”, Nro. 5.094, edición de Julio 5 de 1887. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVI: “El Unicato”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El 3 de Julio, luego de obtener la libertad de Posse y demás funcionarios, Zavalía asumió el Gobierno local y restituyó sus puestos a los magistrados judiciales y empleados administrativos. Exceptuó a los jueces de paz y comisarios de policía y a los municipales de la capital, a quienes reemplazó por resoluciones dictadas el 4 y 5 del mismo mes.

Respecto del gobernador y la Legislatura, como la ley ordenaba reinstalar las autoridades “legalmente constituidas”, entendió que debía restablecerlas siempre que en su origen no adoleciesen de vicios o defectos:

Cuando el Gobierno interviene en asuntos provinciales -razonaba el comisionado- no es un mero autómata que se mueve al llamado de un gobernador de provincia, depuesto o amenazado por la sedición, ni un deudor ejecutado por el cumplimiento de una obligación, rol subalterno e impropio a que quedaría reducido si, requerido a Intervenir, no tuviera más que hacer que reponer o sostener a la autoridad provincial que lo llamara en su auxilio”; era “el soberano ejerciendo una de las más altas prerrogativas de la soberanía nacional, en cuestiones que afectan a la paz, al orden público y al ejercicio regular de las instituciones’’(7).

(7) Zavalía. Nota al ministro Wilde (Agosto 31 de 1887), en: “Memoria presentada al Congreso Nacional de 1888 por el ministro del Interior, doctor Eduardo Wilde”, (1888), p. 5. Ed. Sud América, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVI: “El Unicato”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Zavalía descubrió nulidades de índole varia en los anteriores comicios, de modo que el 8 de Julio convocó al pueblo a elección de nuevos diputados, senadores y electores. En la respectiva resolución calificó severamente al círculo de Posse:

Caído con la tiranía de Rosas y vuelto al poder en 1882, el partido dominante  -que no niega ni puede negar su filiación política, porque los nombres de las personas que lo componen la están demostrando- no ha asociado sus esfuerzos a la obra de la regeneración del pueblo argentino; y hay motivo fundado para pensar que no mira con amor las instituciones creadas, ni profesa a la libertad el mismo culto que sus adversarios"(8).

(8) Zavalía. Resolución, en el diario “La Nación”, número 5.099, edición de Julio 10 de 1887. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVI: “El Unicato”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El 31 de Julio, Zavalía inauguró la Legislatura y entregó el Gobierno al presidente del Senado, dando fin a sus tareas. El Ejecutivo aprobó sus actos y le acordó la remuneración usual. La Resolución, de Septiembre 10 de 1887, es la siguiente:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1887

Visto el informe presentado por el Interventor Nacional en la provincia de Tucumán, doctor don Salustiano J. Zavalía, en el que se da cuenta de la comisión que le fue confiada por decreto de fecha 2 de Julio del corriente año, y resultando que se ha cumplido estrictamente lo dispuesto en la ley que ordena la intervención,
El presidente de la República

Resuelve:

1.- Apruébanse los actos de intervención en Tucumán de que da cuenta el informe precedente.
2.- Dense las gracias al Interventor por el nuevo e importante servicio que acaba de prestar a su país; y asígnesele la suma de cinco mil pesos como remuneración, que se imputará a la ley número 1940, del 2 de Julio próximo pasado.
3.- Agréguense los antecedentes de este asunto y dése cuenta al Honorable Congreso del resultado de la Intervención.
4.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. Wilde, W. Pacheco,
N. Quirno Costa, F. Posse, E. Racedo

Roca -por entonces en el Viejo Mundo- lamentó ante sus íntimos el derrocamiento de Posse:

Un partido que está en el poder con una influencia y medios que ningún partido ha tenido hasta ahora en la República -escribió- debe ser esencialmente conservador y tener horror a todo desorden y principalmente a todo asalto a mano armada contra cualquier autoridad constituida, por más que ésta lleve en sí el pecado original de casi todas nuestras elecciones...
No se debe herir nunca el sentimiento de equidad de un pueblo con actos que hasta los partidarios más decididos encontrarían injustos y poco hábiles en el fondo de su conciencia.
En política, como en todas las cosas, no hay falta que, tarde o temprano, no se pague(9).

(9) Roca. Carta a Agustín de Vedia, en “La Biblioteca” (1898), tomo VIII, p. 9. Ed. “La Biblioteca”, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVI: “El Unicato”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

A pesar de todo, el General no abandonó su actitud prescindente, la que permitió a la Legislatura tucumana elegirlo senador a comienzos de 1888.

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