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El unicato en Córdoba

El segundo cambio que provocaron los amigos del presidente Juárez Celman fue el de Córdoba y se enderezó contra el gobernador Ambrosio Olmos, acaudalado estanciero y amigo de julio A. Roca, a cuya influencia debía el puesto. Olmos se mostró reacio al unicato, no así la Legislatura. Aquél podía ser derribado, por consiguiente, sin necesidad de insurrección.

El 20 de Marzo de 1888 un ciudadano se presentó ante el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, pidiendo la separación de Olmos. La Cámara, que estaba en receso, se reunió enseguida a solicitud de una cuarta parte de sus componentes, tomó en cuenta la denuncia, la pasó a estudio de una comisión judicial y, escuchada ésta, formuló el pertinente capítulo de cargos, quedando desde ese instante el gobernador suspendido en sus funciones.

Antes de que expirase el día 20 -en cuyo transcurso se sucedieron vertiginosamente dichos actos- el gobernador requirió la Intervención por existir en la provincia “un conflicto de poderes y una invasión de atribuciones por parte de la Cámara(1).

(1) Olmos. Telegrama al ministro Wilde, en: “Comisión Nacional en Córdoba. Informe del comisionado, doctor Luis V. Varela. Archivo de su misión” (1891), p. 5, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVI: “El Unicato”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

En efecto; el Senado no se había constituido y exigíase que ambas ramas de la Legislatura empezasen sus sesiones simultáneamente -fuesen ordinarias o extraordinarias- congregándose senadores y diputados en asamblea inaugural a la que se invitaría al gobernador(2).

(2) Constitución de 1883, artículos 64 y 71. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVI: “El Unicato”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Juárez Celman suscribió dos decretos: por uno, que refrendaron todos los ministros, declaró que no le correspondía juzgar los defectos de forma que se alegaban, pues ellos no caían bajo la letra del artículo 6to., “que marca estrictamente los casos de Intervención”:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Marzo 21 de 1888

Habiendo el vicegobernador de la provincia de Córdoba comunicado que se ha hecho cargo del Poder Ejecutivo por hallarse el gobernador titular sometido a juicio político por resolución de la Legislatura;
Habiendo al mismo tiempo solicitado el referido gobernador que el Gobierno Nacional adopte las medidas que el caso requiera;
Y considerando:
Que la Legislatura de Córdoba usa de sus facultades constitucionales, según los datos transmitidos al Gobierno, y el mismo gobernador, señor Olmos, no desconoce la existencia legal de la Cámara que lo ha suspendido de sus funciones, limitándose a denunciar, como motivo de su solicitud de intervención, defectos de forma cuya apreciación no corresponde al Poder Ejecutivo Nacional;
Que el artículo 6to. de la Constitución marca estrictamente los casos de intervención del Gobierno General, ninguno de los cuales es aplicable al actual;
Que la intervención nacional en la presente circunstancia sólo produciría el entorpecimiento del uso de atribuciones constitucionales y exclusivas de los poderes públicos de la provincia de Córdoba,
El presidente de la República,
En Consejo General de Ministros,

Acuerda y decreta:

Art. 1.- No se hace lugar a la intervención que el gobernador de Córdoba solicita en su telegrama del 20 del corriente.
Art. 2.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

JUAREZ CELMAN.
E. Wilde, W. Pacheco,
N. Quirno Costa, Filemón Posse, E. Racedo

y, por el segundo, que autorizó Wilde, dispuso que el presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, doctor Luis V. Varela, investigase los desacuerdos ocurridos:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Marzo 21 de 1888

Teniendo en cuenta los datos comunicados de la provincia de Córdoba respecto a los hechos que han tenido lugar entre el gobernador y la Legislatura y deseando el Poder Ejecutivo ser informado imparcialmente acerca de ellos, por las ulterioridades a que pudieran dar lugar,
El presidente de la República

Decreta:

Art. 1.- Nómbrase en comisión al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, doctor Luis V. Varela, para que, trasladándose a la Ciudad de Córdoba, invesstigue los hechos que han tenido lugar e informe al Poder Ejecutivo Nacional acerca de ellos.
Art. 2.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

JUAREZ CELMAN
E. Wilde

El Ejecutivo dictó estas providencias sabiendo que los diputados cordobeses volvían sobre sí y trataban de reparar los errores mediante nuevos procedimientos. Varela fue recibido en manifestación por los opositores a Olmos, ante quienes desenvolvió la lisonja que ya se iba tornando inevitable: “Aquél que me envía cerca de vosotros no ha olvidado, en medio de las efusiones y de las responsabilidades que el poder produce, que él es el hijo predilecto de esta provincia querida(3).

(3) Discurso, en Varela. “Comisión Nacional en Córdoba. Informe del comisionado, doctor Luis V. Varela. Archivo de su misión” (1891), p. 10, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVI: “El Unicato”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Por su parte, designó un secretario y dos escribientes para que lo acompañaran y permaneció en Córdoba hasta el 14 de Abril, día en que el Senado exoneró al gobernador y lo declaró incapaz de ocupar empleos públicos.

Entre los seis cargos que fundaron su condena, dos se referían a indicaciones hechas a otros tantos jefes políticos para que influyesen con su autoridad en la elección de legisladores: parecía que un soplo de puritanismo corriese sobre la provincia. Depuesto Olmos, fue electo gobernador Marcos Juárez, hermano del presidente de la República.

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