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La forma republicana y los diplomas de Senadores Nacionales

La discusión de la credencial de Emilio Civit se realizó junto con la de un pedido de intervención para garantir la forma republicana, que elevaron varios mendocinos.

Absalón Rojas propuso que la instancia fuese devuelta, opinando que a los particulares les está prohibido requerir; pero Pizarro y Valle explicaron que cualquier habitante de la nación
puede peticionar a las autoridades, toda vez que ese derecho no se conceda expresamente a determinadas personas, como en los casos prescriptos por la segunda parte del artículo 6to..

El título y la demanda pasaron, en consecuencia, a estudio conjunto de las comisiones de Negocios Constitucionales y Poderes, con la aclaración precisa -que Pizarro, Rocha y Valle dilucidaron largamente- de que el dictamen que recayera en un asunto carecería de influencia sobre el otro(1).

(1) “Senado”, sesión de Mayo 23 de 1891. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVII: “El Acuerdo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El Senado asintió, pues, a la correcta tesis de que el rechazo del electo, por conceptuarse mal constituida la Legislatura, no traía como corolario la injerencia federal. Así lo ratificó luego Rocha, por otra parte, al dictaminar en nombre de las comisiones en contra del diploma y también en contra del petitorio. El 20 de Junio de 1891 el Senado admitió a Civit y el 23 archivó la nota.

El debate revistió importancia por algunos conceptos que emitió Pizarro. Dijo que en materia de relaciones entre el Gobierno federal y los de provincia rige el principio de la no intervención, establecido por el derecho internacional público. Inmiscuirse en una Legislatura, so pretexto del examen de un diploma, para determinar si está bien o mal formada, importa tanto como intervenir en una nación extranjera para declarar legítimo o ilegítimo su Gobierno.

El Senado debía aceptar los extendidos por las Legislaturas, fueren éstas correctas o viciosas, siempre que estuvieran cumplidos los trámites de forma, del mismo modo que el Ejecutivo admite las credenciales diplomáticas que ostentan los requisitos preceptuados, sin averiguar si las autoridades del respectivo país se ajustan a las leyes o no.

El Senado es juez -nunca árbitro- de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros tan sólo “en cuanto a su validez”, no en lo tocante a la composición de las corporaciones electoras. Convenía advertir, por otra parte, que aquel cuerpo es genuinamente federal, como lo señalan varias cláusulas constitucionales, entre ellas las que mencionan, al par de los “diputados de la nación”, a los “senadores de las provincias”; y mal aseguraría el mismo la potestad autonómica si se dedicase a juzgar en segundo grado las elecciones locales.

Para salvar las autonomías de provincia -concluyó Pizarro- no hay más que un medio: cumplir fielmente la Constitución(2).

(2) “Senado”, sesión de Junio 9 de 1891. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVII: “El Acuerdo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

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