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Quintana y la Intervención en Santiago del Estero

Aunque procedía del Acuerdo, el presidente buscó sus colaboradores entre las personas que durante la última época se habían mantenido apartadas de la política. Fueron ellos los doctores Manuel Quintana, Tomás S. de Anchorena, Juan José Romero, Calixto de la Torre y Benjamín Victorica.

Quintana, ministro del Interior, no actuaba desde 1880, debido a su animadversión a Julio Argentino Roca. Nadie extrañaría, pues, que desde el Ministerio procurase minorar la vinculación con los elementos tradicionales del Partido Autonomista Nacional y atraerse tanto a los modernistas como a los cívicos. Los radicales, desde luego, permanecían irreductiblemente opositores.

Tres días antes del cambio presidencial, Absalón Rojas se había recibido de la gobernación de Santiago del Estero y a los siete días de dicho acontecimiento, una revuelta dio por tierra con él y todas las autoridades.

Las insurrecciones podían realizarse todavía por medios bien simples. Esta, por ejemplo, ocurrió de la siguiente manera: a las once de la mañana, concluida la tarea oficial, el gobernador y sus empleados se retiraron confiadamente del Cabildo; a las doce, nueve espectables ciudadanos salían -esgrimiendo armas- del domicilio de uno de ellos, con el doctor Pedro García a la cabeza, y se encaminaban presurosos hacia aquel punto, mientras el doctor Napoleón Taboada abandonaba su residencia con otros veinte cofrades, también en tren bélico; a la media hora rendíase la guarnición del Cabildo, formada por un piquete de gendarmes y otro de línea; al momento se llenó la plaza de adictos y curiosos; y poco después se personó un emisario de Rojas, anunciando que éste se entregaba preso.

Hízose cargo del Gobierno una Junta compuesta por los cívicos García y Taboada y los señores Gelasio Lagar y Jenaro Martínez, que simpatizaban con los modernistas. Jefe de los sediciosos era Manuel Gorostiaga, que dirigía la oposición desde los sucesos de 1884. Rojas y el vicebernador fueron detenidos y forzados a dimitir.

El 20 de Octubre, los legisladores, conducidos en parte violentamente, aceptaron las renuncias; concluida la sesión, una turbamulta agolpada en la puerta franqueó el paso a los indóciles a trueque de sus dimisiones. Entretanto, Rojas había alcanzado a formular el requerimiento antes de constituirse en prisión, declarando nulo cualquier acto que se le obligase a cometer(1).

(1) Rojas. Telegrama al presidente Saenz Peña (Octubre 19 de 1892), en: “Senado”, sesión de Octubre 22 de 1892. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVIII: “Los Ministerios Revolucionarios”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Hallándose reunido el Congreso en sesiones extraordinarias, el Ejecutivo le remitió el asunto de Santiagodel Estero. Consignó que había guardado reserva mientras no llegó la solicitud; producida ésta, pedía se le autorizase a Intervenir “a los efectos de los artículos 5to. y 6to.”, a movilizar milicias y a efectuar gastos(2). El texto del decreto de Octubre 21 de 1892, es el que sigue:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Octubre 21 de 1892

El Presidente de la República,
En Acuerdo General de Ministros,

Decreta:

Art. 1.- Inclúyese, en los asuntos que el Honorable Congreso deberá tratar en las presentes sesiones extraordinarias, el pedido de Intervención en la provincia de Santiago del Estero.
Art. 2.- Publíquese, insértese en el Registro Nacional y comuníquese.

SAENZ PEÑA
Manuel Quintana, Tomás S. de Anchorena,
Juan J. Romero, C. S. de la Torre, Benjamín Victorica

(2) Mensaje y proyecto (Octubre 21 de 1892), en: “Senado”, sesión de Octubre 22 de 1892. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVIII: “Los Ministerios Revolucionarios”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Por moción de Igarzábal, el Senado trató sobre tablas el proyecto. Expuso aquél que, aunque la fórmula adolecía de cierta ambigüedad, iba a votarla con gusto para que el ministro del Interior se persuadiese de la adhesión del Cuerpo. Quintana dijo que pensaba encomendar a un comisionado el estudio a fondo de la situación principal y la propuesta de la solución condigna. Aclaró más aún:

Si el señor gobernador Rojas debe ser repuesto, ¡lo será!; si el señor gobernador Rojas no debe ser repuesto, ¡no lo será!” Concluyó agradeciendo el voto de confianza que se le confería. El proyecto fue sancionado sin oposición alguna(3).

(3) “Senado”, sesión de Octubre 22 de 1892. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVIII: “Los Ministerios Revolucionarios”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

En la otra rama del Congreso, el doctor Osvaldo Magnasco pronunció un notable discurso:

En la actualidad -empezó- nos gobiernan anacrónicamente los hombres del 50 al 60; anacrónicamente nos gobiernan. Y ese artículo 6to. vuelve otra vez al comentario inicial, de todo punto inaceptable para un criterio científico despreocupado”.

Ante la resurrección del texto caduco, imponíase fijar la exégesis definitiva del nuevo:

Vengo a este debate -confesó Magnasco haciéndose cargo de la magnitud de la empresa- con la alentadora convicción de que hoy he de librar una batalla en favor de las Instituciones”.

Expresó que las de Santiago del Estero habían sido declaradas correctas por el Senado al admitir sus representantes; por la Cámara de Diputados, al aprobar las elecciones de sus miembros en que participaron las autoridades de aquélla; y por el Ejecutivo, al comunicarse oficialmente con el gobernador; a lo que debía agregarse que el Congreso había computado los votos de la provincia en la elección presidencial y el propio Saenz Peña aceptado el título que emanaba de tal origen

Profetizó el gran trastorno que iba a ocasionar la interpretación que se tentaba y señaló cuál conducta convenía observar ante los Gobiernos viciosos:

Al seguir esta doctrina, se va a consagrar el derecho de la revolución, esperándose sencillamente que en todas las provincias se produzcan conmociones análogas para mandar la Intervención a los fines de juzgar si su situación es o no subversiva de los principios del sistema republicano representativo.
Pero no; o se afronta ahora mismo con virilidad la tarea de analizar las situaciones provinciales todas, conforme a la Constitución, sin fomentar revoluciones sangrientas, o no se afronta y se las deja tranquilas, como tienen el derecho de estarlo, si se las reconoce como buenas”.

Entrando en el artículo 6to. manifestó que las Intervenciones son de oficio, y entonces no por requerimiento, o por requerimiento, y entonces no de oficio. Cada clase de Intervención tiene un objeto preciso, imposible de confundir con otro. Añadió:

Queda todavía por hacer una distinción que hasta aquí no ha sido hecha. Este artículo importantísimo contiene, señor ministro -como esto es original me permito dirigirme al señor ministro-, dos clases de facultades: aquéllas que deben ser inteligentemente aplicadas y aquéllas que deben ser mecánicamente aplicadas.
¿Quién aplica, en un Gobierno como el nuestro, facultades cuyo uso requiere una previa deliberación? ¿El brazo, el Poder Ejecutivo, o la cabeza, el Congreso? El Congreso, que es la parte intelectual de los Gobiernos constitucionales.
"¿Quién aplica mecánica, automáticamente las disposiciones de este cuerpo deliberante? El brazo, el Poder Ejecutivo. Luego, cuando se trata de poner en tela de juicio la forma republicana de Gobierno, hay necesidad de juzgar; para juzgar se requiere ejercer las facultades que son de orden intelectual; y por eso el Congreso es el único que interviene dictando leyes de Intervención para restablecer la forma republicana de Gobierno.
Pero cuando se trata de la ejecución material de una ley cualquiera, de la Constitución en este caso, así como todos los días las aplica mecánicamente el Poder Ejecutivo, debe también en el presente proceder mecánica, automáticamente, sin necesidad del Congreso, debe ir a ojos cerrados, en cumplimiento del mandato constitucional a reponer la autoridad derrocada.
Alguna vez habría de restituirse al artículo en su verdadera significación: en caso de que haya de ser juzgada la situación democrática de una provincia, el Congreso -poder intelectual- dicta una ley de Intervención y el Ejecutivo la cumple, como cumple de ordinario cualquier ley votando fondos, es decir, mecánicamente; en caso de que se trate de aplicar una ley ya dictada como es la Constitución, ¿para qué vamos a autorizar al Poder Ejecutivo a que la cumpla?

Los errores que motivaban el proyecto tenían origen, a su juicio, en dos causas principales: “el prurito de traer a colación las doctrinas de Estados Unidos, mal entendidas y peor aplicadas... ; la influencia perniciosa de nuestros partidos, tan rudimentarios, tan mal dirigidos y, sobre todo, tan ignorantes de la Ley Constitucional”.

Por fin asentó que le interesaba defender la Constitución y no las autoridades santiagueñas, de las que tenía formado un concepto desfavorable. Pareció que el discurso de Magnasco no admitía réplica. Quintana la intentó, sin embargo, apelando a todos los recursos de la oratoria.

En lo atañedero a la doctrina, dio a entender que correspondía ejecutar el artículo 5to., porque la Junta insurrecta abrogaba las instituciones cuyo goce y ejercicio están garantizados por la nación; no el 6to., en su segunda parte, dado que se cuestionaba la legitimidad de las autoridades: “¡La Constitución -exclamó- no ha sido hipócrita para confundir Poderes constituidos con simples Poderes existentes!

El doctor Agustín Alvarez adujo que cabía el restablecimiento liso y llano o la abstención. Por treinta y ocho votos contra veintidós, la Cámara rechazó la fórmula propuesta y, por treinta y tres contra veintisiete se decidió por el objeto de reinstalar los gobernantes derribados(4).

(4) “Cámara de Diputados”, sesión de Octubre 23 de 1892. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVIII: “Los Ministerios Revolucionarios”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Al día siguiente se reunió en sesión especial para pedir al Ejecutivo que asegurase la vida de Rojas, pues los rebeldes anunciaban que lo sacrificarían si el Congreso ordenaba su reposición.

El Senado insistió en su sanción, si bien con alguna dificultad, porque Igarzábal se inclinó a la enmienda, estimando que incumbía al Congreso decidir sobre el carácter de las autoridades requirientes para acordarles la ayuda o negársela(5).

(5) “Senado”, sesión de Octubre 25 de 1892. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVIII: “Los Ministerios Revolucionarios”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

La Cámara de Diputados celebró sesión enseguida. Fuera del Congreso, las opiniones apoyaban a Quintana, con el beneplácito del periodismo. El hecho contristó a Magnasco: “Salgo de este debate -expresó- profundamente desconsolado de la prensa de mi tierra”.

No ignoraba, ante el silencio y la incompresión general, cuántos sinsabores debía recoger en una lucha sin alicientes siquiera morales, pero lo confortaba la esperanza de que cuando cesasen los pleitos minúsculos, sonaría la hora de la Constitución.

Concluyó con un voto: que “el país, si el país llega a ocuparse alguna vez de estas cosas, me revele esto que es lo único que yo quiero, lo único que yo ambiciono: que defendí las instituciones de democráticas y que puse por sobre todas las cosas, hasta por sobre mis propios intereses, bien alto el respeto por la autonomía de las catorce provincias de la República".

Acto continuo, el doctor Manuel B. Gonnet ensayó una nueva versión del artículo 6to., basándose en el examen de las leyes vigentes. La sedición estaba definida por la ley Nro. 49: provincia que invade a otra o que permite que lo hagan bandas armadas salidas de su territorio.

También lo estaba por el Código Penal: individuos que se alzan contra los empleados de provincia o contra los actos, leyes, decretos y sentencias de ésta, pero sin desconocer a las autoridades constituidas.

Rebelión, en cambio -de acuerdo con el mismo Código-, era el derrocamiento de los poderes públicos de una provincia. Ergo: como en Santiago no había sedición sino rebelión, resultaba inaplicable la cláusula sobre Intervenciones, que se refiere a la primera...

Agregó:

La misma razón histórica del artículo 6to. demuestra que lo que la Constitución ha querido ha sido evitar y contener los ataques que los caudillos de aquellas épocas, que felizmente pasaron, llevaban de una provincia a otra provincia, haciendo una dominación que se perpetraba en burla de la autoridad, en burla de la autonomía, de la independencia de las provincias y que alteraba completamente el régimen federal”.

De modo que cuando la Constitución menciona a las autoridades derribadas por invasión de otra provincia, alude a las agresiones que dirige o consiente el Gobierno de esta última; cuando habla de las depuestas por la sedición, se refiere a los asaltos que realizan los habitantes de una provincia contra los poderes de otra, sin orden ni permiso del respectivo Gobierno.

Tratándose de una rebelión, o sea, del derrocamiento por obra de la propia provincia, planteábase una subversión de la forma republicana y correspondía Intervenir para restablecerla...

Teología constitucional”, comentó Magnasco y recordó la letra del artículo 22do.: comete delito de sedición toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuye los derechos del pueblo.

Por la insistencia sufragaron treinta y un diputados; por el desestimiento, treinta. Triunfó, pues, el proyecto del Ejecutivo(6).

(6) “Cámara de Diputados”, sesión de Octubre 25 de 1892. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVIII: “Los Ministerios Revolucionarios”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El 26 de Octubre fue promulgada la ley y se designó Comisionado al doctor Eduardo Costa y jefe de las tropas al general Amaro L. Arias. La ley de referencia es la Nro. 2896, cuyo texto es el siguiente:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Octubre 26 de 1892

Por cuanto:
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etcétera, sancionan con fuerza de

Ley:

Art. 1.- Autorízase al Poder Ejecutivo para Intervenir en la provincia de Santiago del Estero a los efectos de los artículos 5to. y 6to. de la Constitución Nacional.
Art. 2.- Autorízasele para movilizar en todo o en parte la Guardia Nacional de la provincia, si lo reputase conducente a los fines de la Intervención,
Art. 3.- Autorízasele para hacer todos los gastos que demande la ejecución de la presente ley.
Art. 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos a veinticinco de Octubre de mil ochocientos noventa y dos.

                   JOSE E. URIBURU                                  TORCUATO GILBERT
                        B. Ocampo                                              Alejandro Sorondo
               Secretario del Senado                    Secretario de la Cámara de Diputados

Por tanto:
Téngase por ley de la nación, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

SAENZ PEÑA
M. Quintana

Asimismo,el presidente decreta:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Octubre 26 de 1892

En virtud de la autorización conferida por la ley número 2896,
El Presidente de la República

Decreta:

Art. 1.- Declárase Intervenida la provincia de Santiago del Estero.
Art. 2.- Nómbrase interventor al ciudadano, doctor don Eduardo Costa.
Art. 3.- El interventor desempeñará su comisión de acuerdo con las instrucciones que le serán transmitidas por el Ministerio del Interior.
Art. 4.- Todos los jefes y oficiales de la nación residentes en la provincia de Santiago del Estero quedan bajo las órdenes del interventor.
Art. 5.- Por el Ministerio de la Guerra se pondrá a las órdenes del interventor la Fuerza necesaria para el desempeño de su cometido.
Art. 6.- Nómbrase a los ciudadanos, doctores don Julio Botet y don Marco M. Avellaneda, secretarios del interventor.
Art. 7.- Nómbrase al general de brigada don Amaro Arias, Comandante en Jefe de todas las Fuerzas al servicio de la Intervención.
Art. 8.- Comuníqeese, publíquese y dése al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA
M. Quintana

Costa recibió instrucciones de asumir el Gobierno local, libertar los presos políticos, “estudiar la situación de la provincia, examinar la formación de sus poderes públicos y decidir si las autoridades derrocadas estaban o no constituidas con arreglo a los principios fundamentales de la Constitución y leyes” para reponerlas, en el primer caso, o remudarlas por nuevas elecciones, en el segundo(7).

(7) Quintana. Nota al comisionado Costa (Octubre de 1892), en: “Intervención a Santiago del Estero” (1893), p. 6. Ed. Guillermo Kraft, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVIII: “Los Ministerios Revolucionarios”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Costa se instaló en Santiago el 29 de Octubre; se posesionó del Gobierno, puso en libertad a Rojas y demás detenidos y ordenó que continuasen en sus tareas los funcionarios y empleados que encontró, emanasen sus títulos del Gobierno legal o de la Junta de facto. Pensaba que esta disposición, desde luego favorable a los rebeldes, fortalecería la confianza en su imparcialidad.

Los legisladores pidieron garantías al comisionado para poderse reunir; no recibiendo respuesta, celebraron sesión el 4 de Noviembre y aceptaron las renuncias del gobernador y vicegobernador, que éstos volvieron a presentar tachando de nulas las anteriores.

Costa y Quintana negaron valor al acto y el primero mandó clausurar la sala de la Legislatura. El presidente del cuerpo protestó contra esas resoluciones:

No podía la Honorable Legislatura -declaró- ni el que suscribe como presidente provisorio de ella, considerar que el hecho de estar Intervenida la provincia la inhabilitaba para ejercer sus funciones, por lo menos en cuanto a los asuntos que son de su exclusivo resorte; ni menos aún podía suponer que su legalidad fuese puesta en tela de juicio por el señor interventor, por más amplitud que quisiera dar a sus facultades en mérito de la ley sancionada por el Honorable Congreso, que sólo podía referirse al poder requiriente, en el supuesto de que el Gobierno Federal, interviniendo en el territorio de una provincia a requisición de alguno de sus poderes constituidos, tuviese la facultad, discutible y discutida hasta hoy en el terreno de la doctrina constitucional, de examinar la legalidad del origen del poder requiriente(8).

(8) Octavio A. Sosa. Nota al comisionado Costa (Noviembre 4 de 1892), en: “Intervención a Santiago del Estero” (1893), p. 44. Ed. Guillermo Kraft, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVIII: “Los Ministerios Revolucionarios”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El día 9, Costa dictó el fallo sobre los gobernantes, en forma de extenso manifiesto que dirigió al pueblo. Habló de una autoridad suprema que, a las atribuciones de juez, adunaba las más altas de árbitro; se refirió a la jurisdicción que investía, de la cual dijo que, por su naturaleza, tiene que ser discrecional; y pasó finalmente a disertar sobre el Gobierno de Santiago, previniendo que realizaría un estudio retrospectivo.

Explicó, en efecto, cómo en 1831 -según Zinny- el poder fue vendido por doscientos mazos de tabaco y cómo Ibarra, a quien calificó severamente, le legó a Rosas -en 1848- por una cláusula de su testamento; relató el largo dominio de los Taboada, que cuidaron siempre de salvar con más o menos escrúpulos, las formas de la legalidad”; y aseveró que hubo Gobiernos regulares desde el desalojamiento de esos caudillos hasta 1886.

Lo que ocurrió este año fue lo siguiente: que Rojas obtuvo la gobernación y su pariente, Maximio Ruiz, una banca del Senado Nacional. En 1889, Ruiz y Rojas permutaron sus cargos. En 1892, otra vez Rojas gobernador, era posible que Ruiz volviese al Senado...

Si es lícito pasar el Gobierno de mano a mano por una, dos y más veces -infirió Costa- no se alcanza por qué razón, salvada siempre la apariencia de la legalidad, no lo sería hasta llegar a la fórmula de don Juan Felipe Ibarra”.

Agregó:

Bajo la penosa impresión de estas consideraciones, que bastarían por sí solas para condenar la causa del señor Rojas, entro al examen de los fundamentos que se han aducido para invalidar su última elección”.

Este juicio también resultó fatal para el mandatario depuesto. Por la Constitución, eran incompatibles las funciones de elector y de empleado público; y Rojas había sido nombrado por algunas personas que acababan de dimitir puestos:

No se concibe -declaró Costa- que tantos hombres renuncien a la vez a una posición generalmente ambicionada y a los medios de vivir en una provincia en que es escaso el trabajo, sino es admitiendo que obran bajo la consigna del superior y la seguridad de ser repuestos en los destinos que abandonan”.

No se violó la letra de la Constitución, pero había causa para creer que se iba a infringir su espíritu; por lo tanto, no debía restablecerse a Rojas. Tampoco a la Legislatura emanada de actos electorales impuros y sumisa a la influencia del gobernante.

Por lo demás, “nada se habría adelantado con la eliminación del señor Rojas si, dado el caso del triunfo de la oposición en los comicios, quedara un poder frente a otro poder en abierta hostilidad: habríase, puede casi asegurarse, dejado subsistente el germen del mal...(9).

(9) Resolución, en: “Intervención a Santiago del Estero” (1893), p. 58. Ed. Guillermo Kraft, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVIII: “Los Ministerios Revolucionarios”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

A los dos días de aparecer la resolución, los legisladores destituidos se reunieron secretamente en la casa de uno de ellos y designaron Senador Nacional a Rojas.

A fin de realizar más pronto las elecciones, el comisionado abrevió los términos establecidos por la ley provincial para la inscripción en el registro y depuración de éste; distribuyó piquetes de línea en los Departamentos, con oficiales que le proporcionó el Ejecutivo; y logró mayoría favorable en la Junta Electoral, por renuncia de uno de sus miembros y exoneración de otro, quedando de los antiguos sólo el presidente de la Cámara de Justicia, que había sido respetado al igual de los restantes jueces.

El texto del decreto de Diciembre 20 de 1892 es el siguiente:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Diciembre 20 de 1892

Habiendo solicitado el señor Interventor Nacional en Santiago del Estero la remisión de cinco jefes y oficiales que reputa necesarios para el mejor desempeño de la Intervención,
Y a propuesta del Estado Mayor General,
El Presidente de la República

Decreta:

Art. 1.- Desígnase a los Señores, teniente coronel don Alejandro Mombello; sargentos mayores don Cosme Madariaga, don Emilio López, don Manuel Porcel de Peralta y capitán don José H. Rosende para que se trasladen a la Ciudad de Santiago del Estero, poniéndose allí a las órdenes del señor Interventor Nacional.
Art. 2.- Por el Ministerio de Hacienda se entregará al teniente coronel donde Alejandro Mombello la cantidad de trescientos pesos moneda nacional para gastos de viaje, los que se imputarán a la ley número 2896.
Art. 3.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA
Tomás S. de Anchorena

Los radicales pidieron el retiro de las autoridades de campaña nombradas por los rebeldes y de los piquetes de línea; ante la negativa de Costa, desertaron la lucha.

La Cámara de Diputados de la Nación, a su turno, expresó al presidente el deseo de que garantizase todos los derechos: “Las Intervenciones, en nuestra tierra -declaró Magnasco en esa oportunidad- son sencillamente dictaduras(10).

(10) “Cámara de Diputados”, sesión de Noviembre 21 de 1892. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVIII: “Los Ministerios Revolucionarios”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Los comicios tuvieron lugar el 25 de Diciembre, concurridos por un número tal de ciudadanos como pocas veces vieron las provincias. La contienda se trabó entre la fracción insurreccional -oficialmente denominada unión provincial- y los autoridades nacionales, que seguían a Rojas.

Costa comunicó jubiloso a Saenz Peña: “En esta capital, la unión provincial ha triunfado por cuatrocientos votos; en La Banda, por doscientos; en Loreto, Robles, Salavina, Ojo de Agua, Río Hondo y demás puntos de donde pueden tenerse noticias telegráficas, ha resultado también victoriosa la unión provincial(11).

(11) Costa. Telegrama al presidente Saenz Peña (Diciembre 25 de1892) en: “Intervención a Santiago del Estero” (1893), p. 144. Ed. Guillermo Kraft, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVIII: “Los Ministerios Revolucionarios”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El éxito de este partido fue resonante, pues no consintió en que los adversarios venciesen en ningún Departamento, ni siquiera en Atamisqui, donde cumplió la proeza de derrotarlos por dos votos: trescientos ochenta y dos contra trescientos ochenta...

El 31 de Diciembre, el comisionado instaló la Legislatura, que resultó ser como agradaba en épocas pretéritas: toda de un color. Al día siguiente -1ro. de Enero de 1893- entregó el Gobierno al nuevo mandatario, doctor Gelasio Lagar, a cuya atención confió una deuda de ochenta mil pesos, contraida con el Banco de la Provincia. El Ejecutivo recompensó posteriormente los servicios de Costa. El texto del decreto de Abril 11 de 1893 esel siguiente:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Abril 11 de 1893

Debiendo compensarse los servicios prestados por el doctor don Eduardo Costa y sus secretarios en la Intervención a Santiago del Estero,
El Presidente de la República,
En Acuerdo de Ministros,

Decreta:

Art. 1.- Acuérdase al doctor don Eduardo Costa la remuneración de cinco mil pesos nacionales y la de mil quinientos pesos a cada uno de sus secretarios, señor doctor Julio Botet y doctor don Marco M. Avellaneda.
Art. 2.- Este gasto se imputará a la ley número 2896.
Art. 3.- Comuníquese, etcétera.

SAENZ PEÑA
W. Escalante, Tomás S. de Anchorena,
J. J. Romero, Benjamín Victorica

Esta Intervención labró el caimiento de Quintana. Ninguno de los ministros había estado de acuerdo con ella. Creyóse que la contradicción podría salvarse descargando en el del Interior la responsabilidad exclusiva del asunto, pero ello trajo la consecuencia de que cada cual obrara por separado y desapareciera la concordancia del gabinete. Quintana dimitió el 8 de Diciembre de 1892.

Al discutir el título de Rojas y el de Pablo Lascano, electo por la nueva Legislatura, el Senado juzgó la Intervención. La censuró Igarzábal. El artículo 5to. reconoce a las provincias el derecho de ser protegidas siempre que cumplan con los requisitos que menciona, y el 6to. impone al Gobierno Federal la obligación de reponer a las autoridades requirientes de las provincias que estén constituidas con arreglo a aquella cláusula.

Dos artículos son más que uno -expresó Igarzábal- pero también es cierto que dos cañonazos no abarcan mayor distancia; no porque se citaran dos artículos de la Constitución en la ley, la Intervención había de tener más amplitud...
Cuando el Congreso aceptó la inclusión en la ley de la cita del artículo 5to., la naturaleza de la Intervención quedó claramente establecida y limitada, puesto que el artículo 5to. no tiene relación con la primera parte del artículo 6to. y sí la tiene con aquélla que habla de la Intervención al solo efecto de reponer a las autoridades derrocadas”.

Añadió que quienes deseaban injerencias de otro carácterter debían atenerse al precepto relativo a la forma republicana(12).

(12) “Senado”, sesión de Mayo 20 de 1893. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVIII: “Los Ministerios Revolucionarios”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Adhiriendo a esta tesis, el Senado admitió a Rojas por catorce votos contra cuatro en su sesión del 23 de Mayo de 1893. En son de protesta, el Senador por la capital, Mariano Varela, renunció su banca. Aquella determinación tuvo efectos meramente personales, pues la Legislatura creada por el comisionado siguió en funciones.

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