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La orden de Saenz Peña de desarmar Corrientes

A la renuncia de Quintana, el doctor Roque Saenz Peña, entonces Senador por la provincia de Buenos Aires, procuró formar una mayoría que asegurase al Gobierno de su padre una orientación firme. Siempre caviloso, el presidente resistió la idea, y el hijo tuvo que eliminarse de nuevo, renunciando su banca el 18 de Diciembre de 1892.

La cartera vacante fue ofrecida al doctor Antonio Bermejo, cívico, quien la aceptó bajo reserva de diferir por algunos días su desempeño.

Por esa época, Corrientes seguía las huellas de Santiago del Estero. Gobernaba la provincia, Antonio Ignacio Ruiz, miembro del partido autonomista, con el que colaboraba una fracción liberal, desde los tiempos del unicato.

Cuando Luis Saenz Peña asumió la Presidencia, en tanto que el primer grupo permanecía fiel a Roca, el segundo manifestaba tendencias hacia el modernismo y a poco, desagregado por cuestiones de orden local, retornó al seno de la agrupación primitiva y se lanzó a la guerra.

Todo el sur se sublevó bajo el mando del Senador Nacional, doctor Juan Esteban Martínez. El Gobierno se mantuvo fuerte en el norte y colocó las milicias bajo la dirección del otro representante ante el Senado, doctor Juan Ramón Vidal. Miles de hombres iban en pos de una y otra bandera. Reciente el caso de Rojas, el gobernador anunció que no pediría ayuda.

El Ejecutivo se sintió atormentado por la lucha que su singular política tornaba irremediable. Barruntó que podría pesarle la sangre que se derramara y decidió terciar en el conflicto, despachando -en carácter de mediadores oficiosos- a Marco Avellaneda y al general José Ignacio Garmendia. El presidente no realizaba una intrusión autoritaria, pero amenazó con ella:

Si la voz de la razón y de la prudencia no bastasen al lleno de sus sanos y elevados propósitos -comunicó a ambos Senadores- debe declarar y declara que está dispuesto a ejercer en toda su amplitud las grandes e importantes atribuciones que la Constitución le defiere para el sostenimiento de la paz y el orden en todo el territorio de la República, y que pondrá en acción los elementos a su alcance en tal sentido(1).

(1) Saenz Peña. Telegrama al senador Martínez (Diciembre 28 de 1892), en: diario “La Nación”, Nro. 6.857, Diciembre 29 de 1892. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVIII: “Los Ministerios Revolucionarios”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Avellaneda y Garmendia reunieron en Empedrado, el 5 de Enero de 1893, a los jefes beligerantes; a los dos días, las negociaciones quedaron rotas y abortado el avenimiento. Saenz Peña llevó a cabo entonces su amenaza.

El 9 de Enero, con acuerdo del Gabinete, consignó que estaban infringidos el artículo 108, que prohibe a las provincias el levantamiento de ejércitos sin dar cuenta al Gobierno Federal; y la ley de 1880, que veda la organización militar de sus policías.

Citó además diversas colisiones habidas entre funcionarios locales y empleados de la Nación. Por consiguiente, ordenó que Avellaneda desarmase a ambos bandos a título de “Comisario Nacional”:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Enero 9 de 1893

Teniendo en consideración:

Que la provincia de Corrientes se halla actualmente en estado de guerra civil por consecuencia de haber estallado en ella un movimiento revolucionario y haberse levantado en armas contra su Gobierno y autoridades constituidas un gran número de sus habitantes, pretendiendo deponerlas;
Que autoridades y ciudadanos han levantado ejércitos numerosos, que suben en su composición a muchos millares de hombres y que dominan y llevan respectivamente su acción a la totalidad del territorio de dicha provincia, haciéndolo teatro de operaciones devastadoras de la vida y propiedad de sus habitantes;
Que se han librado ya acciones de guerra y son inminentes otras con peligro de gran derramamiento de sangre argentina;
Que en el calor de la contienda suscitada se ha atentado ya contra la bandera y autoridades de la nación, arrancando por la violencia y la fuerza la persona de un ciudadano del poder de un destacamento que la nación -a fines de orden general- tenía situado en las fronteras internacionales de dicha provincia, amenazando de muerte y obligando a abandonar su puesto y refugiarse en el extranjero a uno de los jefes de sus Prefecturas fluviales y violentando, finalmente, con el propósito de procurarse armas y pertrechos de guerra, embarcaciones mercantes que llevaban la bandera nacional;
Que esta situación -reinante desde muchos días ha y que amenaza prolongarse y extenderse acaso fuera de los límites de la provincia convulsionada, favoreciendo y fomentando el espíritu de anarquía y resistencia en el país, que no le permitirá salir de la prolongada serie de perturbaciones porque atraviesa- crea para dicha provincia un estado completamente irregular y la coloca evidentemente fuera de los términos de la Constitución;
Que anticipándose a toda medida de hecho y al ejercicio de la autoridad y de los medios que en tal sentido la Constitución pone en sus manos, el presidente de la República -no obstante las manifestaciones reiteradas del gobernador de Corrientes de no necesitar su acción para someter a los insurrectos- ha enviado antes de ahora a la provincia convulsionada una comisión de carácter puramente pacífico y conciliador, compuesta de distinguidos ciudadanos, con el encargo de acercarse a los partidos en lucha y hacer valer ante ellos la autoridad moral y legal de la palabra del Primer Magistrado de la República y los deberes que el patriotismo y los intereses de la conservación de la paz pública imponen, procurando una solución amistosa y satisfactoria de las disidencias que separan y fraccionan la opinión de aquella provincia, y sus esfuerzos han resultado inútiles, habiéndose roto de nuevo las hostilidades momentáneamente suspendidas entre los ejércitos en armas;
Que en presencia de este cúmulo de hechos y de circunstancias, del resultado negativo de su empeño pacífico y patriótico y de la lucha obstinada y sangrienta que se reabre en la provincia de Corrientes, el presidente de la República está en el deber de hacer cumplir directamente y por la fuerza de las armas, si fuere necesario, la Constitución y las leyes de la nación, que desautorizan y castigan la insurrección e inhiben a la vez a todas y cada una de las provincias confederadas, sin asentimiento del Gobierno General, de levantarse en armas, hacer la guerra y organizar, bajo denominación alguna, Fuerzas Militares, por ser, éstos, actos y atribuciones inherentes al Gobierno y soberanía de la nación (artículos 108 y 109 de la Constitución Nacional y 1ra. de la ley del 20 de Octubre de 1880),

El Presidente de la República,
En Acuerdo General de Ministros,

Decreta:

Art. 1.- Nómbrase al ciudadano don Marco Avellaneda en el carácter de Comisario Nacional para que proceda, a nombre de la nación, al desarme de las Fuerzas en lucha, con la representación y autoridad necesarias para imponer a unos y otros la debida sumisión y acatamiento a las autoridades de la nación y con facultad bastante para movilizar las milicias de aquella provincia en la medida que sea necesario hacerlo al éxito de su misión, verificando los gastos indispensables y ocurriendo además al uso de la Fuerza Nacional que se pondrá a su disposición, si las circunstancias lo requieren, para el debido cumplimiento de su cometido.
Art. 2.- Encargar del mando inmediato de las milicias que se movilicen y de las Fuerzas que se trasladen a aquella provincia, al general de brigada don José Ignacio Garmendia, el cual deberá proceder en todos los casos según las instrucciones que por orden del Gobierno transmita el comisario nombrado por el artículo anterior.
Art. 3.- Que antes del empleo de la fuerza, el citado comisario intime por medio de una proclamación solemne, a todos los que acompañan y forman los ejércitos en armas, el deber en que están de deponer inmediatamente éstas y volver sin tardanza a sus hogares, bajo la responsabilidad de las sanciones y penas que las leyes de la nación imponen a los que se alzan públicamente para impedir su libre ejecución y mandatos de la Constitución.
Art. 4.- Que por el Ministerio de la Guerra se dicten, con la brevedad requerida, las disposiciones que sean del caso para el transporte de las tropas y demás necesarias a la ejecución de este decreto.
Art. 5.- Que depuestas las armas y restablecido el orden en la provincia de Corrientes, el comisario nombrado procure por todos los medios pacíficos a su alcance -incitando el patriotismo de las autoridades públicas de esa provincia, llamándolas al recto cumplimiento de sus deberes- que se hagan efectivas, para todos los habitantes y en toda su extensión, las garantías que para el ejercicio de los derecho políticos y civiles y especialmente del derecho electoral consagran la Constitución Nacional y la de esa provincia, en la inteligencia de que el Gobierno Nacional, según lo tiene ya manifestado, no reconocerá acto ni autoridad alguna que sea el resultado de la violencia y de medidas vejatorias para los derechos primordiales que la Constitución consagra en favor de todos los habitantes de la República.
Art. 6.- Que se comunique esta resolución, directamente al señor gobernador de la provincia de Corrientes y al Comisario Nacional, al Jefe de las Fuerzas y a los jefes en armas, debiendo darse cuenta de ello oportunamente al Honorable Congreso, publicándose e insertándose en el Registro Nacional.

SAENZ PEÑA
Tomás S. de Anchorena, Juan José Romero,
Calixto S. de la Torre, Benjamín Victorica

Exhumaba, pues, la investidura que había ostentado el general Emilio Mitre, también en Corrientes y en otra Intervención disimulada. En decreto aparte, que refrendó Victorica, señaló el apoyo con que contaría Garmendia, nombrado Jefe de las tropas; aquí el término excluido saltó imprevisto, al calificarse la injerencia de Intervención armada". El decreto de Enero 9 de 1893 es el que sigue:

Departamento de Guerra y Marina:

Buenos Aires, Enero 9 de 1893

Estando resuelta la Intervención armada en la provincia de Corrientes a los efectos del Acuerdo de la fecha,
El Presidente de la República,

Decreta:

Art. 1.- Queda nombrado Jefe Superior de las Fuerzas nacionales, tanto de línea como de la Guardia Nacional, el general de brigada José I. Garmendia.
Art. 2.- Los gobernadores de los Territorios del Chaco y de Formosa pondrán a las órdenes del general Garmendia todas las Fuerzas de su mando, las que deberán estar prontas para trasladarse al punto que dicho General les sea indicado.
Art. 3.- Quedan igualmente a las órdenes del citado General todos los buques de la Armada Nacional surtos en los ríos Paraná y Paraguay.
Art. 4.- Comuníquese, etcétera.

SAENZ PEÑA
Benjamín Victorica

El desarme se efectuó rápidamente, gracias a las numerosas fuerzas que irrumpieron en la provincia. Disueltos los núcleos gubernistas y sediciosos, las autoridades locales permanecieron de pie.

Los actos del Ejecutivo causaron profunda desazón entre los cívicos. El 13 de Enero, Bermejo comunicó que su divergencia respecto de la política observada en Corrientes le impedía aceptar la cartera del Interior. Un decreto del 15 de Febrero puso fin a la misión de Avellaneda y otro del 11 de Abril fijó las correspondientes remuneraciones:

Departamento del Interior:

Buenos Aires, Febrero 15 de 1893

En vista de la comunicación telegráfica que precede, por la que el Comisario Nacional, ciudadano Marco Avellaneda, nombrado en ese carácter cerca de la provincia de Corrientes, da cuenta del resultado de su comisión,
El Presidente de la República,
En Acuerdo General de Ministros

Decreta:

Art. 1.- Declárase terminada la comisión conferida al ciudadano señor Marco Avellaneda por decreto de Enero 9 del corriente año.
Art. 2.- Dénsele las gracias a nombre del Gobierno por los importantes servicios que ha prestado, con tanta consagración como patriotismo, en el desempeño de la delicada misión que se le confió.
Art. 3.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

SAENZ PEÑA
Wenceslao Escalante, Tomás S. de Anchorena,
J. J. Romero, Calixto S. de la Torre, Benjamín Victorica

Por las remuneraciones:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Abril 11 de 1893

Debiendo compensarse los servicios prestados por los señores don Marco Avellaneda, general de brigada don José I. Garmendia y sus secretarios en la comisión que les fue confiada en la provincia de Corrientes,
El Presidente de la República,
En Acuerdo de Ministros,

Decreta:

Art. 1.- Acuérdase al señor don Marco Avellaneda la remuneración de cuatro mil pesos; al general don José I. Garmendia, la de dos mil pesos; y a cada uno de los secretarios, señores Mariano de Vedia y Nicolás Avellaneda, la de mil pesos.
Art. 2.- Este gasto se imputará al Acuerdo de fecha Enero 9 de 1893.
Art. 3.- Comuníquese, etcétera.

SAENZ PEÑA
W. Escalante, Tomás S. de Anchorena, Benjamín Victorica

Saenz Peña intentó explicar luego por qué causas obró en Corrientes de modo distinto que en Santiago; en este caso hubo requerimiento y ley de Intervención; en aquél, ni lo primero ni lo segundo. Tal diferencia probaba, a su entender, la sinrazón de las censuras que se le habían dirigido(2).

(2) Saenz Peña. Mensaje al Congreso (Mayo 12 de 1893), en: H. Magrabaña, “Los Mensajes (Historia del desenvolvimiento de la Nación Argentina redactada cronológicamente por sus gobernantes. 1810-1910)”, tomo V, p. 93. Buenos Aires, Comisión General del Centenario, 1910, (5 volúmenes). // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVIII: “Los Ministerios Revolucionarios”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

De manera que mientras el Congreso no funcionara, el Ejecutivo podía sostener a las autoridades que rehuyesen el auxilio federal; durante las sesiones, cabía derrocar a las que demandasen ayuda...

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