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Escalante y la protección a Catamarca

Rehusada por Bermejo, Saenz Peña confió la cartera del Interior al doctor Wenceslao Escalante, que pertenecía al Partido Autonomista Nacional, es decir, al que acababa de consolidarse en Corrientes. Ambas circunstancias hicieron suponer que el Ejecutivo se colocaba bajo la influencia de Roca.

Apenas juró el cargo el nuevo ministro, los separatistas catamarqueños -en sempiterna lucha contra el gobernador Ferrary- le pidieron que Interviniese aprovechando la actitud de los senadores provinciales, que continuaban inconmovibles el plan de impedir la marcha de la Legislatura.

Como se les acogiese con displicencia, apelaron a las vías de hecho. El 15 de Febrero de 1893, unos cuarenta separatistas tomaron Tinogasta; a las pocas horas, un piquete de guardiacárceles reconquistó la población y obligó a los intrusos a guarecerse en La Rioja.

Al mes se levantaron en los Departamentos fronterizos con Santiago, protegidos por las autoridades de esta provincia, en cuyo territorio buscaban refugio cada vez que las fuerzas legales los acosaban. Por fin establecieron su Cuartel en Estación Lavalle, sobre el ferrocarril de Córdoba a Tucumán.

Como es sabido, esta línea sirve de límite entre Santiago y Catamarca, perteneciendo algunas de sus estaciones -Frías, entre ellas- a la primera provincia y otras, como Lavalle y Recreo, a la segunda.

El 6 de Abril, el Jefe de Policía de Catamarca salió en un tren con el batallón de guardiacárceles; al pasar por Frías apresó al comisario del lugar, inculpándolo de injerirse en la sublevación; batió a los sediciosos de Lavalle en un combate que costó la vida a trece personas; y, a su regreso, fue perseguido desde Frías por su colega santiagueño, quien le dio alcance en Recreo y lo trasladó a la cárcel de Santiago del Estero.

Cuando los sucesos revistieron esta gravedad, el Ejecutivo en pleno resolvió que el teniente coronel Rosendo M. Fraga acudiese a Catamarca con algunas tropas a resguardar el ferrocarril y demás establecimientos nacionales y prevenir las invasiones entre provincias. El decreto de Abril 6 de 1893 es el que sigue:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Abril 6 de 1893

Teniendo el Gobierno denuncias de atentados cometidos en los trenes del Ferrocarril Nacional de Córdoba a Tucumán e invasiones de Fuerzas de Catamarca a la provincia de Santiago del Estero y de ésta y de la de Tucumán a la de Catamarca;y considerando que es deber del Gobierno Nacional garantizar el libre y seguro funcionamiento de los ferrocarriles y reparticiones nacionales e impedir los mencionados actos de sedición,
El Presidente de la República,
En Acuerdo General de Ministros,

Decreta:

Art. 1.- Comisiónase al comandante Rosendo M. Fraga para que, trasladándose con Fuerzas de su mando a la provincia de Catamarca, proceda a proteger el libre y seguro funcionamiento de los ferrocarriles y demás reparticiones nacionales y evitar las invasiones de Fuerzas de una provincia a otra.
Art. 2.- Levantará las informaciones necesarias sobre los delitos de carácter nacional denunciados, poniendo a sus autores a disposición de los jueces federales respectivos.
Art. 3.- El Ministerio del Interior expedirá las instrucciones para el cumplimiento de este decreto.
Art. 4.- Comuníquese, etcétera.

SAENZ PEÑA
Wenceslao Escalante, Tomás S. de Anchorena,
Juan J. Romero, Amancio Alcorta, Benjamín Victorica

Fraga evitó mezclarse en los asuntos locales pero, por la circunstancia de situar el comando y parte de las fuerzas en la capital, estorbó la acción de los separatistas, que se sintieron desautorizados y anulados.

El 12 de Junio, Escalante se presentó en la Cámara de Diputados a pedido del doctor Rafael Castillo, jefe de los separatistas, quien deseaba conocer las razones por las que las tropas nacionales permanecían en la Ciudad de Catamarca. El ministro anunció que iba a expresar con la mayor amplitud la teoría del Ejecutivo.

Admirable es -dijo- que en toda la tradición de nuestros debates y de nuestros estudios sobre materia constitucional no se haya caracterizado bien la diferencia que hay entre estos dos modos de procedimiento del Gobierno Nacional: la acción y la Intervención”.

Tras de señalar que en ambos casos la competencia federal excluía la de las autoridades locales, afirmó esta tesis:

Perturbada la paz pública provincial, que es al mismo tiempo la paz pública nacional, el presidente de la República -que es el Comandante en Jefe de las fuerzas de mar y tierra, no sólo de las fuerzas de línea, sino de las milicias nacionales- tiene el derecho de impedir que esas fuerzas levanten armas sin su consentimiento”.

Así, pues, el Ejecutivo debía ocurrir por iniciativa propia a cualquier provincia donde estallase una sedición. Si mediara requerimiento de autoridades que hubiesen ejercido sus funciones con el reconocimiento expreso o tácito del Gobierno Federal, la acción de éste se transformaría en Intervención al solo efecto de sostener o reponer a aquéllas, como lo indica el artículo 6to..

Si no existiera requerimiento o proviniera éste de autoridades que no estuviesen en las condiciones antedichas, la gestión federal continuaría hasta pacificar la provincia por el desarme de sus ciudadanos, sin cuidarse para nada de los poderes locales.

Declaró que tal doctrina respetaba el sentido del precepto constitucional, que fue reformado en 1860 únicamente para obstar el derrocamiento de las autoridades provinciales por las de la nación, so capa de restablecer el orden:

Yo sé bien -agregó- que con esto combato preocupaciones públicas, arrostrando la impopularidad; pero estoy resuelto a echar todo el cuerpo en la arena de este debate para que, una vez por todas, siquiera, haya verdaderos principios de gobierno y para que los contradictores opongan sistema a sistema”.

Recomendaba huir de las interpretaciones circunstanciales, urdidas por la pasión frente a cada caso concreto.

El discurso fue mal recibido por la Cámara, que pasó a cuarto intermedio después de un debate que aprovecharon los cívicos a fin de censurar la política observada para con Corrientes. Análoga impresión produjo entre los numerosos senadores que se hallaban en la barra.

Dos de estos, Igarzábal y Echagüe, se reunieron acto seguido a estudiar la solicitud del Senado de Catamarca que desde hacía más de un año dormía en la Comisión de Negocios Constitucionales y la despacharon favorablemente, aconsejando que el Ejecutivo hiciese funcionar la Legislatura y nombrar -con acuerdo de ésta- los magistrados de la Justicia, que entonces tenían carácter interino o, en su defecto, renovase en todo o en parte una u otra rama legislativa o ambas juntas(1).

(1) Proyecto, en “Senado”, sesión de Junio 17 de 1893. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVIII: “Los Ministerios Revolucionarios”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Al reanudar la interpelación, la Cámara de Diputados se enteró de que, perdida la confianza de Saenz Peña, Escalante había dimitido. Concurrieron los otros ministros, doctores Amancio Alcorta y Miguel Cané, Marco Avellaneda y el general Joaquín Viejobueno -como se ve, habíase modificado el gabinete en su totalidad por sucesivas crisis-; y Cané expresó que el Senado consideraría un proyecto de Intervención en Catamarca.

Enseguida añadió: “teoría, doctrina, sistema, ¿para qué?... Cada día trae su labor, trae su tarea. En mi vida pública he tenido, más de una vez, ocasión de encontrarme delante de dificultades serias y que tenían grave importancia para mi país; y he aprendido en ellas que las exposiciones doctrinarias sólo sirven para dificultar la solución de los problemas reales, que generalmente escapan por entre las mallas de la teoría...(2).

(2) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 14 de 1893. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVIII: “Los Ministerios Revolucionarios”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El Senado trató el dictamen de Igarzábal y Echagüe. Declaró el primero que había un caso típico de alteración del régimen republicano: la falta de Legislatura, originada por una actitud de los Senadores Provinciales, imposible de remediar por los Diputados o el gobernador; y, como secuela de ello, la falta de Jueces titulares.

Esta situación relevaba al Gobierno Federal del deber de respetar la provincia en el goce y ejercicio de sus instituciones; imperando la primera parte del artículo 6to., eclipsábase la garantía del artículo 5to.(3).

(3) “Senado”, sesión de Junio 20 de 1893. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVIII: “Los Ministerios Revolucionarios”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Figuraba en el despacho una disposición rara: la que preveía la disolución de la Cámara de Diputados, que era inocente del marasmo en que yacía la Legislatura. Procurábase impedir -según explicó Igarzábal- que el Cuerpo imitara la conducta del Senado, obstructor si los separatistas triunfasen en las elecciones...(4).

(4) “Senado”, sesión de Junio 23 de 1893. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVIII: “Los Ministerios Revolucionarios”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Cané solicitó que se determinara simplemente el objeto de la injerencia -restablecer la forma republicana, regularizar el funcionamiento de los tres poderes u organizar la Legislatura y la Justicia- abandonándose el afán reglamentario, que debía cometerse al Ejecutivo(5).

(5) “Senado”, sesión de Junio 20 de 1893. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVIII: “Los Ministerios Revolucionarios”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Prevaleció este punto de vista y el proyecto se sancionó a efectos de organizar la la Legislatura y la Justicia.

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