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Insurrecciones provinciales de 1893

El domingo 30 de Julio, la metrópoli conmemoraba con un gran mitin la revuelta de 1890. Gratas noticias conrtibuían a electrizar los ánimos. En la madrugada del día anterior, los radicales de San Luis habían sorprendido a la policía, dominándola tras corto combate, detenido al gobernador Jacinto Videla y colocado al frente del Gobierno una Junta que encabezaba el doctor Teófilo Saá.

El mismo día 30, muchos pueblos de Buenos Aires amanecieron en poder del partido radical, dirigido por Hipólito Yrigoyen, a quien tocó posesionarse de Las Flores y Azul; de otros se apoderaron los cívicos, a las órdenes del general Manuel J. Campos; y el gobernador Julio A. Costa se vio obligado a reconcentrar sus adictos en La Plata, poniéndolos bajo el mando del coronel Ramón L. Falcón.

En la Ciudad de Santa Fe, por fin, el gobernador, doctor Juan M. Cafferata, se defendía desde las primeras horas contra un ataque de los radicales, a quienes apoyaban elementos extranjeros de Las Colonias; y en las calles de Rosario combatíase encarnizadamente, con ventaja para los rebeldes, que acaudillaba el doctor Mariano N. Candioti.

Dicho domingo 30, por la tarde, realizó una sesión la Cámara de Diputados a pedido de parte de sus miembros. Magnasco reclamó la asistencia del ministro del Interior. López acudió en el acto y comunicó que el gobernador de San Luis había requerido la ayuda federal antes de sucumbir y que igual demanda había formulado el de Santa Fe; no así el de Buenos Aires, que se manifestaba dispuesto a luchar solo.

Agregó que, con anterioridad a la reunión de la Cámara, había remitido los antecedentes al Senado y se retiró enseguida del recinto. Magnasco fue breve: Ahí están los hechos; en el artículo 6to. de la Constitución está el derecho; hay que legislar y arreglar esos hechos al derecho...; no hay más que leerlo, y el señor secretario ha de escribir el proyecto que voy a dictarle”.

Propuso, naturalmente, que fuesen restablecidas las autoridades depuestas de San Luis y sostenidas las amenazadas de Santa Fe.

El doctor Benigno Rodríguez Jurado expresó que, si bien su interés personal y político le aconsejaban adherir a Magnasco, tenía que ser consecuente con ideas anteriores: rechazaba las doctrinas absolutas e imperativas y creía que tocaba al comisionado examinar la legalidad de los poderes antes de reponerlos.

Magnasco admitió que se podía hablar y votar contra la Intervención, pero no solicitar para el Ejecutivo facultades extraordinarias de árbitro:

¿Qué dice ese proyecto, Señores Diputados -preguntó- que no diga la Constitución? ¿Ha encontrado algún Diputado un pensamiento, una noción, un mandato, siquiera alguna palabra contraria a lo que dispone categóricamente el artículo 6to., según el cual debe procederse en esta circunstancia?

El doctor Bonifacio Lastra mantuvo el punto de vista adverso:

La cuestión de Intervención -observó- es y será siempre una cuestión política...
No podemos aplicar a la letra la prescripción legal. No somos jueces llamados a pronunciar sentencia invocando la prescripción citada; somos gran jurado de la República, llamado a remover, como en el caso presente, causas perturbardoras del orden público”.

Sobre cincuenta sufragios emitidos en la votación nominal, treinta fueron en favor del proyecto.

La jornada no había concluido. El Senado se congregó a la noche, en presencia de una multitud que hacía ostentación de armas y participaba decisivamente en el debate con silbidos y denuestos. Leyóse el Mensaje del Ejecutivo, que proponía Intervenir en las tres provincias, “a los efectos de los artículos 5to. y 6to. de la Constitución, atendiendo así a la necesidad, suprema de todo Gobierno, de restablecer el orden y de asegurar el imperio de las instituciones”.

Estaban presentes los cinco ministros. Discutióse mucho si el Senado debía estimarse iniciador de la ley o si lo era la Cámara de Diputados. Se impuso por último una moción de Del Valle, que determinaba aquel temperamento en vista de que el asunto fue sometido al Senado antes de que la Cámara lo tratase. Grandes aplausos acogieron esta resolución.

También a iniciativa de Del Valle se consideraron sobre tablas dos proyectos de Intervención, referente a San Luis uno y a Buenos Aires y Santa Fe otro.

El primero se aprobó en general sin controversia. Examinado en particular, Igarzábal se arriesgó a decir que votaría la fórmula de los diputados y no la del Ejecutivo, pues parecía entender éste que la mención de las dos cláusulas no significaba la reinstalación lisa y llana de las autoridades.

Del Valle habló entonces de las tres provincias: declaró respecto de Buenos Aires que, si el Congreso decidía sostener al gobernador, el Ejecutivo arrancaría a ese funcionario hasta el último fusil que tuviese, con lo que el problema quedaría postergado paraotra oportunidad próxima en que volvería a correr sangre; dijo de San Luis que reclamaba un estudio sereno para saber si su Gobierno -formado por cívicos y autonomistas nacionales- era en verdad malo e impopular o si el movimiento consistía en un hábil golpe urdido contra mandatarios legítimos y respetables; y de Santa Fe, que si se dictaba una ley que ordenase el mantenimiento de sus poderes, él se cortaría la mano antes de ponerle el cúmplase.

El doctor Lorenzo Anadón, representante de la última provincia, expresó que el Ejecutivo,

frente a los Gobiernos que estimaba anómalos, debió pedir que se preservase la forma republicana y nunca provocar sediciones con el fin de derribarlos por medios indirectos.

López manifestó que ni el Congreso ni el Ejecutivo podían admitir una forma esencialmente material de Intervención que los convirtiese en meros gendarmes; aclaró que no pertenecía a ningún partido y solicitó que se le permitiera reservar sus opiniones sobre los Gobiernos derrocados o amenazados, para poder obrar como juez, con libertad de juicio, si el Congreso sancionaba las leyes.

Sobrevino una violenta discusión entre el ministro de Guerra y el doctor José Gálvez, senador por Santa Fe y jefe del partido gobernante en esa provincia, disputa en la que terció desaforadamente la barra.

Enseguida se sancionó la fórmula del Ejecutivo por nueve votos contra ocho. La ley relativa a Buenos Aires y Santa Fe se aceptó sin debate. La sesión terminó a las tres de la madrugada, entre prolongados vítores. Roca permaneció la noche entera clavado en su banca, solitario y silencioso.

El 1 de Agosto se reunió la Cámara de Diputados, con asistencia del Gabinete, y resolvió no hacer cuestión de prioridad parlamentaria.

Acerca de las Intervenciones había dos dictámenes: uno -suscripto por Ayarragaray, Magnasco y Olmedo- aconsejaba rechazar los proyectos del Senado; el otro, firmado por Lastra, proponía garantir la forma republicana.

Olmedo expresó que no podía accederse a la solicitud de las autoridades puntanas y santafesinas sin que el Congreso examinase prolíjamente el estado de las dos provincias; en cuanto a Buenos Aires, nada cabía decidir, dado que faltaba el requerimiento.

Lastra sostuvo que no existía forma republicana allí donde los ciudadanos libraban combates y los gobernantes organizaban ejércitos. Magnasco -desviándose un tanto del dictamen- recordó que la Constitución impone el restablecimiento o el sostenimiento: ¿por qué no cumplirla y estudiar después las condiciones de cada provincia a los efectos de proceder motu proprio?

Juzgaba inadmisible que la investigación se encargase al comisionado:

Se ha hecho una corruptela en nuestra tierra -apuntó-, contra la cual debo modestamente protestar; se ha entregado, se ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad del juicio, cuando es sabido que todos los tratadistas, que todos los antecedentes, dicen que solamente el Congreso es el juez de la situación republicana de una provincia”.

Describió luego su posición en el debate:

Ya sé que los Señores Ministros traen en sus labios la palabra que halaga el sentimiento de las muchedumbres; ya sé que vienen con el programa pomposo de la regeneración política, que en el lenguaje y en el concepto de aquéllas significa, no reforma racional ni modificación paulatina, sino expulsión en masa y derrocamiento a sangre y fuego.
Ya sé que ellos vienen cobijados en el lábaro siempre simpático de la reparación. Me llevan, pues, todas las ventajas del debate, me llevan inmensas ventajas de orden moral, desde que todo el entusiasmo está de su parte.
Ellos, los nuevos Cristos dela redención argentina; yo, por cumplir mi deber, la cabeza de turco de todos los odios, de todos los rencores y de todas las iras. Ellos, halagando al pueblo con teorías y doctrinas que la historia patria dice que nunca se realizaron ni cumplieron y quiera Dios que hoy se cumplan en manos del Ministerio que me escucha; yo, haciéndome el eco de una dura verdad constitucional.
Ellos, hartando de promesas a la esperanza y prometiendo a todos, para un porvenir próximo, el cielo de la felicidad argentina; yo, yo por ajustarme a mi conciencia, constituyéndome resignadamente en el yunque de todos los martillos, cuando me sería tan fácil hacerme recibir a brazos abiertos por ese Ministerio que me mira, cuando me serían tan fácil hacerme hoy un popular y un simpático si tuviera -¡caramba!- el coraje y la fuerza de torcer lo que tengo aquí dentro, el coraje y la fuerza de quebrantar mis convicciones”.

Concluido el discurso, los ministros abandonaron sus bancas para felicitar a Magnasco. El doctor Agustín Alvarez calificó de exactas y pertinentes las doctrinas expuestas:

Lástima es -añadió- que no las hayamos sostenido siempre; porque si se hubieran sostenido esas teorías cuando se sembraban los vientos, ahora no se estarían cosechando estas tempestades”.

El proyecto de la minoría se impuso por treinta y nueve votos contra veintidós. El ministro del Interior notificó entonces a la Cámara que San Luis quedaba en poder de los sediciosos, lo mismo que Santa Fe, cuyo Gobierno estaba a pique de sucumbir, y que aceleraría el fin de Buenos Aires, desarmando las fuerzas que tenía Costa.

Era visible el triunfo del Gabinete. El Senado adherido a su política y la Cámara la había apoyado en lo esencial, dejando depuestos o desamparados a los gobernadores.

La negativa a votar la ley obedeció al propósito de impedir que Buenos Aires cayese en manos de los cívicos; preferíase el encumbramiento del adversario irreducible al del aliado reciente.

Por otra parte, en el transcurso de la sesión última, partieron de las bancas frases como ésta: “¡todos somos revolucionarios!” Las divergencias con el Gabinete eran tan flojas, que revestían carácter personal: tal la de Andrónico Castro quien, exclamando que se sentiría dichoso si desde la barra lo agrediesen, en pleno recinto provocó a duelo al ministro de Guerra.

El 2 de Agosto -diferencia de temperamentos- Roca renunció el cargo de Senador y anunció su retiro de la política, mientras Pellegrini, que estaba tomando aguas en Rosario de la Frontera, se ponía en marcha para la Ciudad de Buenos Aires con el designio de combatir la insurrección.

En San Luis, preso el gobernador y derrocadas las autoridades, Saá fue encargado provisoriamente del Gobierno; reorganizó la Justicia, formó un nuevo registro y firmó la convocatoria para elegir gobernador y legisladores. El Ejecutivo lo reconoció.

La lucha de Rosario remató con el triunfo de los radicales. Lo mismo ocurrió en la Ciudad de Santa Fe, donde Cafferata, atrincherado en el Cabildo, dimitió a fin de que su reemplazante promoviera arreglos con los rebeldes.

El 4 de Agosto entraron los batallones de Las Colonias, con las banderas de Alemania y Suiza al frente. Candioti declaró disueltos los poderes y se dedicó a pacificar la provincia. Obtuvo del Ejecutivo igual tratamiento que Saá.

A los dos días de estallada la revuelta, casi toda Buenos Aires estuvo en poder de ella. El 2 de Agosto, Yrigoyen acampó en Témperley con unos tres mil hombres, muchos de los cuales habían combatido en San Nicolás, San Martín, Mercedes, Chascomús o Dolores, únicas ciudades que se resistieron; mientras esperaba refuerzos para atacar a La Plata, ordenó que se diese libre tránsito al tren en que viajaba Pellegrini, detenido en Haedo.

A esta altura de los sucesos, Costa renunció su cargo. Tras declarar que los sediciosos habían invadido la provincia desde la Capital Federal, que el objeto del desarme fue entregarlo indefenso a los opositores y que se le prohibía el uso de los telégrafos y ferrocarriles nacionales, manteniéndoseles expeditos para los demás, escribió estas palabras:

Si es cierto que exigen las pasiones de los círculos y la voluntad prepotente de algún ministro nacional una víctima propiciatoria para mantener el aplauso inconstante del centralismo metropolitano en sus peores tiempos de opresión en las provincias y de subversión de nuestro régimen federal, ya tienen abatida por la dictadura ministerial, pero no convencida ni humillada, la cabeza serena del gobernador de Buenos Aires(1).

(1) Costa. Nota al presidente de la Legislatura (Agosto 5 de 1893), en. Luis Ricardo Fors. “1893. Levantamiento, Revolución y Desarme de la provincia de Buenos Aires” (1895), p. 322, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XVIII: “Los Ministerios Revolucionarios”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El 7 acaecieron varios hechos notables: el mandatario interino, Guillermo Doll, requirió la ayuda federal; el comité radical de la provincia, congregado en la municipalidad de Lomas de Zamora, designó gobernador provisorio al doctor Juan Carlos Belgrano; Campos y mil quinientos cívicos concentrados en Pereyra, manifestaron intenciones de correrse hacia La Plata; y conducidos por buques de guerra, Del Valle y Quintana arribaron con dos regimientos a Río Santiago, listos para proteger la capital si los defensores de las autoridades locales amagaban saquearla, como temían algunos fncionarios provinciales, o para conjurar un choque entre radicales y cívicos, posible porque ambos obraban independientemente y en desacuerdo.

Al otro día, las tropas comandadas por Falcón repelieron en el combate de Ringuelet a las de Campos; acto seguido, mientras el Ejecutivo remitía al Congreso la solicitud de Doll, éste visitó en el puerto al ministro de Guerra para comunicarle que abandonaba el cargo y colocaba el orden público bajo su tutela; entonces Del Valle ocupó la ciudad y licenció las fuerzas legales.

El 9, por fin, reanudado el avance de las huestes cívicas, el ministro las disolvió luego de disuadir a Campos de sus propósitos de establecerse en el Gobierno; y al momento llegó Yrigoyen, con siete mi radicales, y Belgrano se posesionó de las reparticiones administrativas a título de gobernador. Del Valle continuó en La Plata, para hacer efectivo el desarme de estas últimas falanges.

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