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Intervención de 1893 en Tucumán

Destruida la rebelión en Tucumán, Quintana ordenó al coronel Salvador Tula que se subrogara a las autoridades locales. El doctor Próspero García pretendió ocupar su cargo de gobernador, pero se opuso Quintana, comunicándole que sólo el Congreso podía reponerlo...

García presentó entonces la renuncia. El 15 de Octubre de 1893, el mandatario electo para sucederle intentó llenar la vacante y tropezó asimismo con la negativa ministerial. También la Legislatura quedó depuesta. De modo que, sin estar oficialmente Intervenida, la provincia perdió todo derecho autonómico, transformándose en Territorio Nacional.

Tiempo después, como un senador preguntase por el precepto en que se había basado el Ejecutivo para proceder de esa manera, Quintana replicó: “grave se ha reputado la respuesta.

El Senado se convencerá de cuán sencilla es: en virtud de las atribuciones militares que competen al presidente de la República. "De ellas deriva la facultad de establecer Gobiernos militares en las provincias sometidas por la fuerza(1).

(1) “Senado”, sesión de Septiembre 27 de 1894. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Noventa días duró el insólito régimen, sin que una sola voz se alzara en el Congreso para censurarlo. El 14 de Noviembre, el Ejecutivo le envió los documentos relativos a Tucumán, con un mensaje en el que procuraba explicar su conducta: “Si ha demorado la remisión -dijo- lo hizo en la esperanza, por muchos compartida, de que todas las cuestiones que habían provocado la situación existente podían ser legal y dignamente zanjadas dentro del juego regular de las instituciones propias de la provincia”.

Estudiado el mensaje, la Comisión de Negocios Constitucionales del Senado -compuesta por los doctores Leónidas Echagüe, Rafael Igarzábal y Emilio Sal- propuso que se nombrara un nuevo gobernador -previa renovación de todos los electores- y que se repitiesen los comicios que en 1893 habían remudado parcialmente la Legislatura, respetándose siempre la Constitución y leyes de la provincia.

El conflicto había provenido -como se precisó en su lugar- de que el gobernador no fue electo por el Colegio del mes de Agosto, conforme correspondía, sino por el de Septiembre, ya modificado en una tercera parte. Echagüe expuso los motivos por los que aconsejaba una remoción tan honda de los inconvenientes. Criticó las últimas leyes, dictadas en instantes en que un espíritu de anarquía dominaba el país entero:

En esos momentos de estupor -convino- se creyó que era indispensable dar una válvula de escape a este sentimiento revolucionario; y tanto por ésta como por otras razones, todos hemos concurrido a estas prácticas que, repito, son perniciosas y a las que es necesario poner término cuánto antes”.

Añadió que, en el caso había que seguir el mal precedente, anulando los comicios parciales de las dos corporaciones, para transar de algún modo con la opinión pública y porque existía la sospecha de que en ellos se injirió ilícitamente el ex gobernador García.

Debíase derrocar también a los dos tercios antiguos del Colegio, dado que un precepto constitucional declaraba cesante al elector por cuya culpa no se hubiese podido designar gobernador antes del 1 de Septiembre y, si bien algunos no estaban comprendidos en la sanción, después de esa fecha habían abandonado a sus colegas, desconociendo la legalidad de sus actos. El Senado adoptó el dictamen(2).

(2) “Senado”, sesión de Noviembre 25 de 1893. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

La Cámara de Diputados lo debatió junto con un proyecto de Castro, que ordenaba la renovación íntegra del Colegio Electoral y de la Legislatura y, con otro de Magnasco, que disponía el restablecimiento de la forma republicana.

Aprobó el plan de Castro más, ante la persistencia de los senadores, careció del número de votos indispensables para insistir. La ley quedó promulgada el 19 de Diciembre de 1893. El texto de la ley Nro. 3048 es el siguiente:

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etcétera, sanciona con fuerza de

Ley:

Art. 1.- El Poder Ejecutivo Intervendrá en la provincia de Tucumán al solo efecto de hacer proceder inmediatamente a la elección de un nuevo Colegio Electoral que practique la elección de gobernador.
Art. 2.- Asimismo hará proceder a una nueva elección de la parte de la Legislatura que debía renovarse por las elecciones que tuvieron lugar en el mes de Julio último.
Art. 3.- El interventor procederá en el desempeño de su cometido con arreglo a la Constitución y leyes de la provincia, terminando su mandato con la instalación de la Legislatura y la recepción del gobernador.
Art. 4.- Los gastos que demande la Intervención se harán de rentas generales y se imputarán a esta ley.
5.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a dieciséis de Diciembre de mil ochocientos noventa y tres.

                  JOSE E. URIBURU                            FRANCISCO ALCOBENDAS
                      E. Maldes                                                 Juan Ovando
             Prosecretario del Senado                Secretario de la Cámara de Diputados

Departamento del Interior

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1893

Téngase por Ley de la Nación, publíquese, comuníquese e insértese en el Registro Nacional.

SAENZ PEÑA
Manuel Quintana

Nombróse Comisionado al doctor Domingo T. Pérez, senador nacional por Jujuy y jefe de las fuerzas al que lo era de la ocupación militar, coronel Tula. El decreto de Diciembre 23 de 1893 es el siguiente:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1893

En cumplimiento a lo dispuesto por la ley número 3048,
El Presidente de la República,

Decreta:

Art. 1.- Nómbrase Interventor Nacional en la provincia de Tucumán al señor senador por la de Jujuy, doctor don Domingo T. Pérez.
Art. 2.- Nómbrase Jefe de todas las Fuerzas Militares al servicio de la Intervención, al coronel Salvador Tula.
Art. 3.- El Interventor nombrado procederá, en el desempeño de su comisión, de acuerdo con las instrucciones que le serán transmitidas por el Ministerio del Interior.
Art. 4.- Todos los jefes y oficiales de línea que residan en la provincia de Tucumán quedan a las órdenes de la Intervención.
Art. 5.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA
Manuel Quintana

Había en Tucumán cuatro agrupaciones: la que rodeaba a García; la radical; la liberal histórica; y la provincialista. Por no romper prácticas vetustas, el comisionado procuró conciliarias, pero fracasó en la empresa. Radicales y provincialistas pidiéronle luego que reabriera los padrones. Consultado por Pérez, Quintana denegó la solicitud:

Las leyes de Intervención, dimanando de circunstancias anormales y colocando a las provincias intervenidas en posición excepcional -resolvió el ministro-, deben ser de interpretación restringida para el Poder Ejecutivo, encargado de reglamentarlas y de ejecutarlas pero sin misión ni facultad para ampliarlas en su letra o en su espíritu, so pretexto ni con objeto de completar o mejorar sus prescripciones(3), conducta diferente de la seguida en las demás provincias, donde la formación de nuevos registros fue medida previa a cualquier otra.

(3) Quintana. Telegrama al comisionado Pérez, en: “Intervención a la Provincia de Tucumán” (1894), p. 7. Ed. Imprenta y Encuadernación Latina, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Los radicales decidieron abstenerse. Vino después el nombramiento de mesas receptoras de votos, que debía efectuar -mediante sorteo- una Junta compuesta por los presidentes del Tribunal de Justicia y de la Cámara de Diputados y por el Intendente de la capital.

Como las autoridades de la Cámara habían caducado, Pérez prescindió de su presidente y encomendó la operación a las otras dos personas. La suerte dio un resultado original, pues en ningún caso favoreció a los liberales históricos.

Ante la protesta de éstos, el ministro del Interior declaró que las cosas se habían realizado correctamente:

Exigir la integración de la Junta con el presidente de la Legislatura sería exigir a sabiendas una verdadera imposibilidad, puesto que ese funcionario no existe...; convocar la Legislatura con su personal incompleto al solo fin de que la Cámara de Diputados nombrase presidente para completar la Junta Central -que tenía quorum suficiente- sin otro propósito de índole legislativa, en razón del cual la corporación, en su carácter de poder público pudiera ejercitar las facultades que la Constitución le atribuye, habría sido depresivo de su autoridad e involucrado una restricción de la soberanía local que genuinamente representa; reunir los dos tercios existentes de la Legislatura para que se construyese definitivamente con entera independencia y en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales, habría implicado una subversión injustificada del mandato especial de la ley de Intervención y creado, frente al poder que la ejecuta, otro poder con atribuciones incompatibles y excluyentes de los altos fines de su misión...(4).

(4) Quintana. Telegrama al comisionado Pérez (Enero 19 de 1894), en “Intervención a la Provincia de Tucumán”, p. 67. Ed. Imprenta y Encuadernación Latina, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

A raíz de tal paso, el partido liberal histórico acordó retraerse de la lucha. A las elecciones, que se realizaron el 28 de Enero de 1894, sólo concurrieron los provincialistas. El 20 de Febrero cesó la Intervención y el doctor Benjamín F. Aráoz asumió el Gobierno local.

El Ejecutivo aprobó y recompensó los servicios de Pérez y sus acompañantes, incluso Tula; y la provincia cargó con una deuda de cincuenta mil pesos en favor de la Nación, contraida a su nombre por el Comisionado. Los decretos de Abril 28 y Mayo 14 de 1894 son los siguientes:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Abril 28 de 1894

Debiendo compensarse los servicios prestados por el doctor Domingo T. Pérez y sus Secretarios en la Intervención a la provincia de Tucumán,
El Vicepresidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo
Y en Acuerdo de Ministros,

Decreta:

Art. 1.- Acuérdase al doctor Domingo T. Pérez la remuneración de diez mil pesos moneda nacional ($ 10.000 m|n.), y la de tres mil pesos ($ 3.000 m|n.), a cada uno de sus secretarios, don Pablo Lascano y don Faustino Lezica.
Art. 2.- Este gasto se imputará a la ley número 3048, del 19 de Diciembre del año pasado.
Art. 3.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y pase a la Oficina de Contabilidad del Ministerio.

URIBURU
Manuel Quintana, José A. Terry,
Luis María Campos, Eduardo Costa

Departamento clel Interior

Buenos Aires, Mayo 14 de 1894

Debiendo compensarse los servicios prestados por el coronel don Salvador Tula durante el tiempo que las Fuerzas Nacionales a su mando permanecieron en la Ciudad de Tucumán,
El Presidente de la República,
En Acuerdo General de Ministros,

Decreta:

Art. 1.- Asígnase al señor coronel don Salvador Tula la suma de tres mil pesos ($ 3.000) moneda nacional como compensación de sus servicios, debiendo imputarse esta suma a la ley número 3048 del 19 de Diciembre del año pasado.
Art. 2.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional, y pase a la Oficina de Contabilidad del Ministerio.

SAENZ PEÑA
Manuel Quintana, Eduardo Costa, José A. Terry,
Luis María Campos, José V. Zapata

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