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Derrocamiento de las Justicias Provinciales

1893 se distingue en la historia constitucional argentina por la aparición de las Intervenciones amplias, es decir, de las que abaten todos los poderes, no respetando ni al Judicial.

Las providencias iniciales de los comisionados, aunque enderezadas al fin de dar nuevos jueces a las provincias, no reflejaron con uniformidad el propósito debido a las distintas condiciones y diferentes medios en que les tocó actuar.

Así, mientras Olivera desconocía a todo funcionario, incluso los judiciales, Llerena confirmaba al personal existente y Dónovan reemplazaba la Judicatura interina con otra de igual carácter, “hasta tanto -precisó- se organice de conformidad a lo que establece la Constitución de la provincia(1).

(1) Resolución de Agosto 26 de 1893, en: “Intervención a la Provincia de San Luis”, p. 6. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Los dos primeros se habían encontrado ante Jueces constitucionales y, el último, ante provisorios que instituyó la insurrección.

Tal se presentaba el asunto cuando Gonnet principió la oposición a Quintana. Sin poder criticar al comisionado en Santa Fe, que aparecía respetando a los jueces, ni al actuante en San Luis -que exoneraba a los sediciosos- aquél tuvo que circunscribirse a Buenos Aires. Censuró, por lo tanto, el derrocamiento del poder que la Constitución de la provincia declaraba inamovible(2).

(2) “Cámara de Diputados”, sesión de Agosto 28 de 1893. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Olivera dispuso en el acto que los cargos judiciales fueran ejercidos por las personas que hasta entonces los desempeñaban, ínterin efectuase designaciones definitivas. La Corte acató el fallo, no así uno de sus miembros, el doctor Adolfo Miranda Naón, que la abandonó en señal de protesta.

Dijo éste que, debiendo organizarse los poderes con arreglo a las leyes de la provincia, no podía prescindirse de las normas que cometen el nombramiento al gobernador -con acuerdo del Senado- y que en ningún caso permiten la nominación provisoria; y, adelantándose al argumento de ser indispensable cualquier Constitución para conjurar graves daños, aclaró que mayores serían los que derivasen de un establecimiento vicioso, visto el precepto que prohiben los tribunales especiales y que nota de nulos los actos producidos por los funcionarios cuya designación no se ajuste a las reglas citadas(3). El derecho invocado era pertinente(4).

(3) Acuerdo de la Suprema Corte de Buenos Aires (Septiembre 1 de 1893), en: periódico “El Día”, Nro. 7.397, edición de Septiembre 2 de 1893.
(4) Constitución de Buenos Aires (1889), artículos 16, 187 y 218. // Todo citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires

Ya se explicó cómo el Ejecutivo desautorizó a Olivera al aceptarle la renuncia. A nadie extrañó, pues, que López decidiera conservar incólume la investidura de la Justicia mientras durase la Intervención. Constituidos los nuevos poderes políticos, éstos continuaron con los mismos jueces, como si nunca hubiesen perdido su carácter titular.

En las demás provincias, el Ejecutivo llevó adelante sus ideas sin oposición del Congreso. Llerena en Santa Fe y Basavilbaso en Corrientes renovaron por completo la Magistratura, haciendo designaciones provisorias; en Catamarca, García dispuso -según queda dicho- que los interinos siguieran como tales, pero luego los exoneró y sustituyó con otros también interinos; y, en San Luis, en atención al “mejor servicio público”, Arredondo suplantó por magistrados de la misma categoría a la mayor parte de los nombrados por Donovan(5).

(5) Resolución de Septiembre 26 de 1893, en: “Intervención a la Provincia de San Luis”, p. 47. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Después de estas novedades, Magnasco pronunció uno de sus grandes discursos:

En presencia -comenzó- de estas últimas Intervenciones que, por ser amplias, han sido completamente desorganizadoras y desquiciadoras, yo tengo que labrar una modesta página de Derecho Constitucional...
Quiero referirme, como lo habrán entendido ya los señores diputados, al Poder Judicial de las provincias y a todo otro poder que, por su esencia y sus propósitos, no sea un poder esencialmente político, en la acepción ordinaria del concepto.
Hay un artículo 5to. en la Constitución, en donde se dispone de una manera implícita, si bien se lo estudia, que no procede la Intervención o intromisión del Gobierno Federal cuando una provincia no tenga Administración de Justicia, como no procede cuando una provincia no tenga régimen municipal; como no procede cuando no tenga Instrucción Primaria.
Las Intervenciones que la ley autoriza son a los efectos de restablecer la forma republicana de gobierno en los casos en que puede ser perturbada por los poderes que más atingencia tienen con los principios del Gobierno democrático y yo sostengo que el Poder Judicial es hecho exclusivamente con objetos de conservación social y que no es un poder político en la acepción rigurosa de la palabra o en la acepción a que antes he aludido.
Cuando una provincia no tiene municipios, el Gobierno Federal no puede intervenirla para hacer municipios; cuando una provincia carece de escuelas primarias, el Gobierno Federal no puede intervenirla para hacer escuelas primarias; cuando una provincia, por consiguiente, carece de Administración Judiciaria, el Gobierno Federal tampoco puede intervenirla para darle dicha Administración.
Y no soy yo quien une estas tres bases fundamentales de la organización de las provincias. No. Es la Constitución misma; es ella, que vincula en un solo precepto y en una sola sanción la Administración de Justicia, el régimen municipal y la educación primaria.
Cuando no tienen las provincias ninguna de esas tres instituciones capitales, no les manda la Intervención sino que, según la letra y la mente claras del artículo citado, la nación debe desampararlas en el caso oportuno, denegándoles por completo su apoyo para el libre ejercicio de sus instituciones fundamentales.
He ahí la letra y la doctrina, y es así cómo debe ser entendida y aplicada la Constitución... “El Congreso no puede tener facultades más amplias que las que le dá la Constitución, y la Constitución no le ha dado al Gobierno Federal facultad para Intervenir en las provincias a los efectos de reorganizar poderes que se corrigen perfectamente dentro del mecanismo de las instituciones locales”.

Los antecedentes patrios confirmaban su doctrina, aún los anteriores a 1853; derribado el Gobierno de Rosas hasta en sus cimientos, Urquiza salvó el Poder Judicial de Buenos Aires. Según Magnasco, la metrópoli -centralista de suyo- obligaba al país a parodiar grotescamente el régimen federal norteamericano:

Los Estados Unidos, sólo cuando se vieron, no al borde del abismo, sino en el abismo mismo, no al borde de la disolución, sino en plena disolución, se atrevieron a dictar leyes parecidas a las nuestras, ésas que en plena paz hemos dictado nosotros para las provincias; se atrevieron a dictar aquellas leyes de reconstrucción, bárbaras y crueles como las que hoy pesan sobre cinco provincias de la Nación.
Y yo digo que en nuestras crónicas, si es que la historia no se ocupa de estas menudencias, ha de llamarse a este período el período de la reconstrucción y, a estas leyes, iniciadas en los Ministerios que pasaron, leyes de reconstrucción a estilo norteamericano.
Pero los Estados Unidos rompieron un día su Ley Suprema para reconstruir de veras la unión nacional, en peligro, después de la guerra separatista ; y nosotros lo hemos hecho para acallar -¿ por qué no he de decirlo?- los intereses de los que hace veinticinco años viven, por su culpa, en las oposiciones sistemáticas.
Los Estados Unidos dictaron aquellas leyes brutales de reconstrucción para traer maniatados al seno de la Unión Federal a los Estados separatistas -había el alto propósito de formar otra vez la nación-; y nosotros hemos dictado también leyes de reconstrucción para acallar las solicitaciones constantes de los intereses de una parte de esta capital que, como siempre, quiere gobernar sola la República, como en los tiempos del Virreinato, como en los tiempos de la Revolución, como en los tiempos del Directorio, como en los tiempos de la Tiranía, como en los tiempos de Cepeda y de Pavón”.

Concordó con Magnasco el diputado Guiñazú, que criticó el adjetivo amplias con que se calificaba a las Intervenciones:

Término que no está en nuestra Carta Fundamental, pero que está en el repertorio constitucional del señor ministro del Interior” y que “significa colocar al Poder Ejecutivo o -lo que es lo mismo- a su Jefe de Gabinete en condiciones excepcionales, poner en sus manos casi la suma del Poder Público(6).

(6) “Cámara de Diputados”, sesión de Diciembre 6 de 1893. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Quintana expresó que coincidía con los preopinantes en lamentar el derrocamiento de los Jueces... Agregó que hubiera prescindido de tocarlos si las leyes le hubiesen encomendado la organización de los poderes políticos; más, fijándose como objeto de la acción los poderes públicos y siendo indiscutible que figura entre ellos el Judicial, el Ejecutivo habría violado las leyes si lo hubiese dejado subsistente.

Aludió también al parangón establecido entre las sanciones últimas y las de Estados Unidos:

Ahí está -expresó- en uno de esos artículos de la Constitución Argentina, una cláusula que no existe en la Constitución norteamericana; una cláusula que responde perfecta, directa y eminentemente a este carácter, más unitario que federal, de la Constitución argentina; una cláusula que autoriza al Congreso o que, más bien dicho, impone al Congreso, el deber de garantir a los pueblos el libre ejercicio de sus instituciones. Es de esa cláusula que se deriva la facultad que ha ejercitado para dictar estas leyes; tal es al menos mi opinión individual(7).

(7) “Cámara de Diputados”, sesión de Diciembre 7 de 1893. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El ministro del Interior pensaba que no sólo le incumbía destituir jueces y designar otros interinos, sino también instalarlos de modo permanente. Un día telegrafió a Basavilbaso:

La provincia se halla Intervenida en virtud de una ley que, con arreglo a la Constitución Nacional, es la Ley Suprema que preside la organización de los poderes públicos.
Ahora bien; esa ley no se satisface con que la Intervención se limite a echar las bases de la organización de cualquiera de ellos; exige, por el contrario, que sea la Intervención quien proceda a la organización definitiva de todos ellos.
A estas razones, deducidas de la letra de la ley, pueden agregarse muchas otras sacadas de su espíritu. Las leyes de Intervención análogas a la de Corrientes se han propuesto que los poderes públicos de las provincias intervenidas sean organizados bajo los auspicios imparciales de la autoridad nacional.
La organización completa del Poder Judicial, con un gobernador recientemente elegido y por un Senado renovado en su totalidad, puede ofrecer el peligro de que su personal responda íntegramente al espíritu político del momento, durante el cual los otros dos poderes han sido formados.
Por otra parte, en la vida ordinaria de un pueblo, ningún gobernador ni ningún Senado son de hecho llamados a elegir íntegramente el personal del Poder Judicial; se trata generalmente de modificaciones parciales que no alteran en lo fundamental el espíritu y las tradiciones que constituyen el alma de los Tribunales judiciales(8).

(8) Quintana. Telegrama al comisionado Basavilbaso (Diciembre 11 de 1893), en: “Intervención a la Provincia de Corrientes”, p. 419. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

La respuesta del Comisionado fue contundente:

Si yo hubiere de nombrar el Poder Judicial -manifestó- no concurriría al nombramiento uno de los Poderes Públicos a que aquella Constitución lo encomienda y ese nombramiento, que directa o indirectamente debe tener su origen en la soberanía relativa de la provincia, vendría a ser hecho por la Intervención, autoridad nacional completamente ajena a esa soberanía.
El ejercicio de la autoridad del Interventor no puede depender, por otra parte, de la voluntad de una rama del Poder Legislativo de la provincia; y existiría la dependencia desde que se le ocurriera al Senado a quién debería pedir el Acuerdo para los nombramientos, desconocer mi autoridad para pedirlo o abstenerse de resolver sobre él, creándome conflictos, en el primer caso, o perpetuando la Intervención, en el segundo(9).

(9) Basavilbaso. Telegrama al ministro Quintana (Diciembre 13 de 1893), en: “Intervención a la Provincia de Corrientes”, p. 422. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Como Quintana no podía desistir de su opinión, se salvó el problema realizándose, el 23 de Diciembre, un Acuerdo de Ministros, que lo resolvió de conformidad a las vistas de Basavilbaso. No obstante, Quintana persistió en su criterio; y así fue cómo, el 4 de Enero de 1894, Arredondo organizaba la Magistratura titular de San Luis con arreglo a las pertinentes ternas que le remitió la Legislatura.

El 9 de Febrero, el ministro ordenó a Granel que constituyese en forma permanente la Justicia catamarqueña:

No militan en este caso especialísimo -adujo- las graves consideraciones que, en otros de carácter general, indujeron al Señor Presidente de la República a dejar para los poderes públicos provinciales la designación de los magistrados de orden judicial: la ley de Intervención en Catamarca, por las causales que la originaron y por el objetivo que se propuso, es una ley con fisonomía propia, que deslinda claramente la misión del interventor y que lo sustituye al Poder Ejecutivo de la provincia en todo lo referente a la organización de sus poderes Legislativo y Judicial(10).

(10) Quintana. Telegrama al comisionado Granel, en: “Interverción a la Provincia de Catamarca”, p. 167. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El Comisionado se dirigió enseguida a los senadores pidiéndoles el acuerdo, y el 15 de Febrero firmó los respectivos despachos. El 19 del misma mes, por fin, Zapata recabó de la Legislatura de Santa Fe los pliegos para nombrar jueces definitivos.

Fuera pueril señalar las disparidades que existen entre el régimen de las Intervenciones amplias y la letra de los artículos 18, 29 y 95:

Ningún habitante de la Nación puede ser... juzgado por Comisiones Especiales o sacado de los Jueces designados por la ley antes del hecho de la causa...; el Congreso no puede conceder al Ejecutivo... facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de Gobiernos o persona alguna...; en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales”.

Que la Justicia Provincial se hallaba en manos de simples agentes del Ejecutivo lo evidenció una incidencia ocurrida en Santa Fe.

Zapata ordenó a un Juez del Crimen interino, el doctor J. R. Gadea y Grané, que hiciera testar algunos párrafos contenidos en un recurso de habeas corpus, mortificantes para la autoridad nacional.

Negóse el Juez con tono altanero, y sobrevino una polémica a la que puso fin su exoneración. La Suprema Corte se dirigió entonces en queja a Quintana, recordándole que los principios vigentes en la provincia, si bien no conferían de manera absoluta a los interinos el privilegio de la inamovilidad, enumeraban los casos en que podían cesar sin juicio político, ninguno de los cuales alcanzaba al planteado.

En concepto de la Corte, los Jueces ad hoc eran tan independientes del Comisionado como los normales lo eran del gobernador: “estas mismas ideas -aclaraba- han sido sostenidas y establecidas por el señor Lucio V. López, interventor en la provincia de Buenos Aires...(11).

(11) Acuerdo de la Suprema Corte de Santa Fe (Diciembre 18 de 1893), en: “Intervención a la Provincia de Santa Fe”, p. 314. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

La Corte no obtuvo respuesta de Quintana, pero sí de Zapata; fue destituida, junto con los demás jueces de la provincia, que no habían protestado ni ingerídose en la incidencia. Enseguida, el comisionado designó otros interinos.

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