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Jurisprudencia de la Corte Suprema

Cuando Candioti sostuvo ante la Corte Suprema la inconstitucionalidad de la Ley de Intervención en Santa Fe porque contravenía los artículos 71 y 105, acreditó su carácter de gobernador en los hechos de haber sido aceptado por el pueblo de la provincia y reconocido por las autoridades de la República.

Quintana no ocultó su opinión sobre la demanda: “Dentro de nuestro Derecho Público interno -manifestó- el Gobierno no se toma por medio de la fuerza ni se retiene por derecho de conquista(1).

(1) Quintana. Telegrama a Mariano Candioti (Agosto 16 de 1893), en: diario “La Prensa”, Nro. 8.339, edición de Agosto 17 de 1893. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Agregó:

La constitucionalidad de las leyes de Intervención no cae bajo la jurisdicción de los Tribunales Federales en lo que no salga de la esfera de los derechos privados que resultasen afectados por las medidas dictadas en su virtud(2). La Corte confirmó tales ideas.

(2) Quintana. Telegrama al doctor Teófilo Saá (Agosto 19 de 1893) en: diario “La Prensa”, Nro. 8.342, edición de Agosto 20 de 1893. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El Procurador General de la Nación, doctor Sabiniano Kier, contradijo los fundamentos con que Candioti asentaba su personería:

Una revolución -arguyó- puede proclamar los más grandes ideales, puede llegar a realizarlos también; pero mientras procede sólo de hecho, aún con el esfuerzo de sus armas, aún con el prestigio de sus victorias, dentro de la Constitución no es más que un hecho sin consecuencias inmediatas en cuanto al régimen constitutivo del Gobierno republicano.
La base ineludible de este Gobierno está en la elección, porque la elección, por una ficción de derecho aproximada en cuanto es posible a la verdad, es la expresión de la voluntad popular; y para que esa expresión de voluntad pueda constituir poderes representativos de las Provincias o Estados, es indispensable que resulte demostrada por el voto libre de la mayoría.
Una revolución no puede, entonces, representar esa mayoría ni ante los procedimientos de su actividad armada ni ante las exigencias del régimen electoral. El número de sus afiliados, cualquiera que fuera, es inferior al de las fuerzas -inactivas respecto de la revolución armada pero activas por el derecho de voz y voto en los comicios- que únicamente pueden crear la representación de la persona jurídica cuyo conjunto de derechos constituye la Provincia o Estado”.

Kier daba figura precisa, con tales palabras, al concepto que sustentó Mitre cuando la famosa Intervención de 1860 en San Juan y los asuntos catamarqueños de 1866.

Sostuvo además que el reconocimiento del Ejecutivo no bastaba a conferir investiduras reñidas con los sistemas constitucionales y finalizó expresando que la demanda sería improcedente aunque Candioti tuviese personería, pues la jurisdicción de la Corte alcanza a las garantías y privilegios civiles pero no a los de índole política que rozan atribuciones del Congreso o del Ejecutivo.

La Corte se declaró incompetente para entender en el reclamo, por razón de la materia sobre que versaba. Votaron en ese sentido los doctores Abel Bazán, Octavio Bunge, Benjamín Paz y Juan E. Torrent. Consignó la Corte esta grave declaración:

La Intervención Nacional en las provincias, en todos los casos en que la Constitución la permite o prescribe, es, como queda dicho, un acto político por su naturaleza, cuya verificación corresponde exclusivamente a los poderes políticos de la Nación; y así está reconocido en nuestros numerosos precedentes al respecto, sin contestación ni oposición de ningún género: todos los casos de Intervención a las provincias han sido resueltos y ejecutados por el poder político, esto es, por el Congreso y el Poder Ejecutivo, sin ninguna participación del Poder Judicial”.

Fundado el principio, dedecía de él su incompetencia:

Si, como queda demostrado, la materia, es decir, la Intervención, es del resorte de los poderes políticos y sus decisiones al respecto no pueden ser controvertidas por el Departamento Judicial, no pueden contestarse las facultades de aquéllos para decidir tanto sobre el fondo como sobre la forma de sus deliberaciones, así cuando se dicta la ley como cuando se resuelve todo asunto comprendido en sus atribuciones constitucionales.
Es una regla elemental de nuestro Derecho Público que cada uno de los tres Altos Poderes que forman el Gobierno de la Nación aplica e interpreta la Constitución por sí mismo cuando ejercita las facultades que ella les confiere respectivamente...
Por esta razón, no compete a la Suprema Corte examinar la interpretación y aplicación que las Cámaras del Congreso han dado al artículo 71”.

El ministro, doctor Luis V. Varela, se expidió en desacuerdo. El artículo 100 encomienda a la Justicia Federal, “el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución de la Nación”, y el caso planteado caía dentro del mismo:

Si la Constitución Argentina -decía Varela- ha dado jurisdicción a los Tribunales Federales en todas las controversias que versen sobre puntos regidos por la Constitución, ni la ley ni la Corte Suprema pueden hacer excepciones.
Allí donde la Constitución no ha hecho distinciones, no puede nadie hacerlas... Pero se objeta que no todas las causas que versan sobre puntos regidos por la Constitución pueden producir casos judiciales, por cuanto hay muchos actos emanados de los poderes políticos de la nación que no pueden servir de materia a un juicio ante los Tribunales Federales.
La objeción es perfectamente pertinente y exacta. Las funciones políticas privativas de los departamentos políticos del Estado no son susceptibles de un juicio ante los Tribunales cuando el ejercicio de esas funciones no han puesto la ley o el acto ejecutado en conflicto con la Constitución misma.
Pero cuando una ley o un acto del Poder Ejecutivo estén en conflicto en las disposiciones, derechos y garantías que la Constitución consagra, siempre surgirá un caso judicial, que podría ser llevado ante los Tribunales por la parte agraviada...
En la demanda no se niega la facultad del Congreso para dictar leyes de Intervención, ni se pretende que esta Corte pueda ser juez de la oportunidad en que esas leyes deban y puedan dictarse: el único objeto ostensible de la demanda es el de pedir la declaración de inconstitucionalidad de la ley por violación de los preceptos constitucionales que reglan los procedimientos para la sanción de las leyes.
Es a la forma en que la ley ha sido sancionada y no al fondo mismo de ella adonde se dirige la acción. No se impugna un acto político del Congreso ni se pretende que él ha ultrapasado los límites de sus facultades legislativas dictando leyes sobre materias ajenas a sus poderes delegados; lo que la demanda pretende es que no hay ley, por haberse violado los procedimientos sustanciales que la Constitución ha marcado para la sanción de las leyes, y esta Corte no podría rechazar de plano una acción semejante, fundada en que se trata de una cuestión política, sin que su fallo a propósito de la jurisdicción importase un prejuzgamiento respecto del fondo.
Si una Cámara del Congreso sancionase un proyecto de ley sobre materias esencialmente políticas y el Poder Ejecutivo -sin esperar la sanción de la otra rama del Poder Legislativo- promulgase ese proyecto como ley de la nación, es indudarle que a nadie se le ocurriría negar al Poder Judicial la facultad de declarar nulo e inocuo un acto en que han intervenido legisladores y presidente, pero que no revistiría los caracteres de una ley por no haberse sancionado en la forma prescripta por la Constitución.
El pleito en que esa declaración se hiciese, no resolvería una cuestión política, aún cuando fuese política la materia de que trata el pretendido estatuto”.

Varela entró después a considerar el título de Candioti:

Es indiscutible -estableció- que, entre las facultades de los poderes políticos del Gobierno Federal, está incluida la de reconocer la legalidad de los Gobiernos existentes, tanto en las naciones extranjeras como en las provincias que forman la Unión Argentina.
Sobre esa decisión política no hay recurso legal alguno, porque jamás podría, de ese reconocimiento, surgir una cuestión judicial emanada de la Constitución o en pugna con ella; pero será siempre una cuestión judicial y no política la que se promueva para buscar la declaración de los Tribunales Federales sobre cuál de los dos Gobiernos sea el reconocido por los poderes políticos de la Nación o sobre si el Gobierno existente en un país extranjero o en una provincia argentina es o no reconocido por aquellos poderes políticos...
No se trata de pedir que este Tribunal, en ejercicio de una autoridad, de una jurisdicción de que carece, reconozca la legalidad del Gobierno Provisorio de Santa Fe, a los efectos políticos de su autoridad dentro de los límites de aquella provincia.
Se trata únicamente de decidir, para el solo efecto de esta demanda, si ese Gobierno Provisorio ha sido o no reconocido como tal por los poderes políticos de la nación y si, en consecuencia, puede avocarse la representación de la provincia de Santa Fe al solo efecto de producir esta demanda originariamente ante la Corte.
Para resolver las cuestiones de competencia, basta que la personería del recurrente esté prima facie acreditada, sin perjuicio de que, en el curso del proceso, aquella personería sea desconocida y la competencia del Tribunal sea declarada una vez sustanciado el punto con la debida tramitación legal”.

Las comunicaciones del Ejecutivo que Candioti acompañaba eran suficientes para que se aceptase su personería. Poco importaba el origen revolucionario del gobernante:

La Intervención del Gobierno Federal en el territorio de las provincias -con excepción del Poder Judicial- es un accidente extraordinario en la vida de la Nación. Las provincias tienen, dentro de sus propias facultades, los elementos de poder y de autoridad indispensables para su propia existencia.
La sedición local, en tanto que no se requiera por autoridad competente la Intervención Federal, no es un motivo para que la vida independiente de la provincia desaparezca. Lejos de ello, los conflictos domésticos que se producen en el territorio de un Estado deben resolverse dentro del Estado mismo por sus propios poderes públicos, habiendo dado la Constitución los medios de hacerlo, al extremo de poder movilizar la Guardia Nacional en la medida que ellos solos juzguen conveniente.
Si la revolución triunfa y las autoridades derrocadas no reclaman la Intervención Federal o el Congreso la rechaza, la nación debe dejar que los poderes públicos se reconstituyan bajo el solo influjo de las nuevas autoridades provisorias. La revolución no es un derecho, pero es un hecho susceptible de crear derechos(3).

(3) Causa CCLXXVII. “El doctor don Joaquín M. Cullen, por el Gobierno Provisorio de la Provincia de Santa Fe, contra el doctor don Baldomero Llerena, sobre inconstitucionalidad de la ley nacional de intervención en la provincia de Santa Fe y nulidad de los actos del interventor”, en: “Fallos de la Suprema Corte de Justicia Nacional, con la relación de sus respectivas causas” (1894), cuarta serie, tomo III, p. 420. Ed. Pablo E. Coni e Hijos, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El historiador de la Corte, doctor Clodomiro Zavalía, ha criticado las resoluciones análogas a la expuesta:

Entre nosotros -escribió- ha sido de todas las épocas el prurito de dejar que los intereses políticos se debatan y resuelvan en su propio y delimitado escenario. Con un santo temor de contaminarse, pareciera, la Corte se ha desentendido de todas aquellas cuestiones que pudiesen traer su origen de alguna rivalidad partidista...
Como del argumento más socorrido se hace mérito, con frecuencia, del concepto de la división de poderes, de la conveniencia de que cada uno de éstos tenga una órbita propia de actividad, sin que sea posible el control de una entidad extraña.
Sin duda, tiene un fundamento real y efectivo esta tendencia. La doctrina enseña, y lo preceptúa expresamente la Constitución, que los tres Poderes del Estado han de estar divididos en forma que la actividad del uno no dependa de los otros; pero esta concepción no puede ser absoluta y, como todas las declaraciones y derechos contenidos en aquélla, tiene forzosamente que someterse a la reglamentación inherente, a la necesaria limitación, a la atemperación sin la cual la urdimbre del sistema sería imposible, como difícil de lograr el equilibrio que es el desiderátum de todos los Organismos institucionales.
Es así que los Jueces existen como tales por la designación combinada del Poder Ejecutivo y del Senado, es así cómo el Congreso no puede reunirse sin la convocatoria del presidente de la nación, es así cómo el Poder Judicial puede declarar sin valor una ley del Congreso, es así cómo la Nación puede ser demandada, etcétera, etcétera.
De modo que si, dentro del sistema, puede la Corte declarar inconstitucional una sanción legislativa o un decreto gubernativo que no estuviesen de acuerdo con determinado artículo de la Constitución, ¿en qué puede fundarse para no conocer en una contienda judicial, entre partes, naturalmente, que tuviese su origen en los actos de un interventor, cuya validez se ataca, atacando la ley o el decrete en virtud del cual actúa?(4). Otros tratadistas aplauden la conducta de la Corte.

(4) Clodomiro Zavalía. “Historia de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina en relación con su modelo americano” (1920), pp. 272 y 274. Ed. Jacobo Peuser, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El mismo año 1893 -el 23 de Diciembre- la Corte dictó una importante sentencia, por la que declaró que los Comisionados no representan a las provincias intervenidas.

Los hechos que la motivaron fueron los siguientes: antes de la revolución de Buenos Aires, el coronel Carlos Sarmiento adquirió en remate público un bien raíz que sacó a subasta el Banco oficial; producida la Intervención, López anuló la venta, pasó los antecedentes de la misma al Juez del Crimen y mandó ocupar el inmueble; y Sarmiento entabló entonces un juicio de jactancia contra el Comisionado, radicándolo en la Corte Suprema a mérito de no ser vecino de la provincia contra la cual pleiteaba.

Kier aconsejó al Tribunal que se declarara incompetente:

La Intervención -dijo el Procurador en su breve y sustancioso dictamen- corresponde, en la división de los poderes, al Gobierno Federal y a objetos de carácter político, cual es el establecimiento o restablecimiento de sus poderes constitucionales.
No parece, por ello, que los Interventores Nacionales puedan ser demandados ante la jurisdicción originaria de vuecencia. Para que el ejercicio de esta jurisdicción proceda constitucionalmente, se requiere, según los artículos 100 y 101 de la Constitución, que la provincia misma sea parte como demandante o demandada.
Pero en la demanda deducida, no se trata de actos de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, sino de una demanda de jactancia contra el Interventor Nacional, que no ejerce jurisdicción autorizada por la provincia, sino la nacional a nombre y por autorización del Gobierno Federal, limitada a los objetos de la Intervención autorizada por la Constitución y la ley del Congreso.
Si una provincia puede ser demandada y traída al Tribunal de vuecencia por razón de actos emanados de su personería jurídica, no puede serlo el Gobierno General, según el texto constitucional y la jurisprudencia que ha fijado su alcance”.

La Corte aceptó el dictamen, por voto de los ministros Bunge, Paz, Torrent y Varela. El Comisionado -expresó la Corte- “no tiene ninguno de los caracteres que dentro de las instituciones locales, tienen y deben tener los funcionarios encargados de representar a las provincias en cualquiera de sus dos condiciones, ya como Estado de la Unión Argentina, ya como persona jurídica.
Ese interventor es sólo un representante directo del presidente de la República, que obra en una función nacional, en representación de él, al efecto de cumplir una ley del Congreso, sujetándose a las instrucciones que de aquél reciba.
Su nombramiento no toma origen en disposición alguna provincial y sus actos no están sujetos ni a las responsabilidades ni a las acciones que las leyes locales establecen respecto de sus propios gobernantes, sino a aquéllas que el Poder Nacional, en cuyo nombre funciona, le imponga...
La provincia de Buenos Aires -en sus condiciones actuales, sin Gobierno constitucional propio, sometida a la acción de la Intervención del Gobierno Federal en virtud de la ley del Congreso- no tiene representante legal que pueda asumir su personería ante esta Suprema Corte, ni puede tampoco reconocerse en el Interventor Nacional al gobernador de la provincia...
Cualquiera que fuese la extensión de facultades que el presidente acordase al interventor que lo representa en la provincia de Buenos Aires, ellas serían siempre ejercidas en nombre y por autoridad del Gobierno Federal y no en nombre de la provincia de Buenos Aires”.

Esta vez sostuvo la disidencia el doctor Bazán. Dijo que al Comisionado le corresponde ejercer y cumplir de hecho y de derecho, a más de las tareas políticas, las facultades que competen al gobernador, visto que la vida administrativa no puede paralizarse ni interrumpirse en momento alguno. Agregó:

Este Gobierno de la Intervención, autorizado y consagrado por la Constitución Nacional y que encuadra y cabe dentro del mecanismo institucional propio de cada una de las provincias en las circunstancias excepcionales en que él se lleva a cabo, es tan eficiente, tan legítimo y tan completo para sus fines, en las épocas extraordinarias para que es creado, como el de elección popular o el del funcionario que las mismas instituciones de la provincia intervenida consagra para las épocas normales; y no puede decirse del uno más que del otro que no sea un Gobierno esencialmente propio de la provincia e igualmente eficaz en sus actos, siempre que se desenvuelvan en la esfera de las atribuciones que la Constitución y las leyes les hayan trazado...
Toda la diferencia sobre este punto consiste en las formas de la designación material de uno y otro Gobierno -el de intervención y el de elección popular-, representando ambos, empero, los intereses de la entidad política y jurídica que gobiernan, sin que obste para esto que las respectivas responsabilidades personales puedan y deban hacerse efectivas ante diferentes autoridades(5).

(5) Causa CCCLXXI: “El coronel don Carlos Sarmiento contra el interventor nacional de la provincia de Buenos Aires, por jactancia, sobre competencia”, en: “Fallos de la Suprema Corte de Justicia Nacional con la relación de sus respectivas causas” (1895), cuarta serie, tomo IV, p. 550. Ed. Pablo M. Coni e Hijos, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

La divergencia entre Sarmiento y López tuvo un final trágico; las ulterioridades del juicio que se siguió en la provincia acarrearon la prisión de aquél. Puesto en libertad el 26 de Diciembre de 1894, dos días después se batió en duelo con López, que pereció en el lance.

Ante nuevas demandas, la Corte Suprema reiteró sus fallos antedichos, así el relativo a la inconstitucionalidad de la ley(6) como el referente a las facultades del Comisionado(7).

(6) Causa CCCIX: “El gobernador provisorio de la Provincia de San Luis contra el Interventor Nacional doctor don Daniel Donovan, sobre inconstitucionalidad de la ley de intervención y nulidad de los actos del interventor”, en: “Fallos de la Suprema Corte de Justicia Nacional con la relación de sus respectivas causas” (1895), cuarta serie, tomo IV, p. 180. Ed. Pablo M. Coni e Hijos, Buenos Aires.
(7) Causa XLVI: “Don Rodolfo Moreno contra el interventor nacional en la Provincia de Buenos Aires, por jactancia, sobre competencia” en: “Fallos de la Suprema Corte de Justicia Nacional con la relación de sus respectivas causas” (1895), cuarta serie, tomo V, p. 192. Ed. Pablo M. Coni e Hijos, Buenos Aires. // Todo citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

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