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Iniciativas congresales sobre federalismo

La elecciones nacionales de 1894 dieron el triunfo al partido Radical en la Ciudad de Buenos Aires y enla provincia de Buenos Aires, permitiéndole tener una representación de doce Diputados en la Cámara.

Como el Senado, a raíz de la rebelión de 1893, hubiese excluido a Alem de su seno, se aprovechó aquel comicio para llenar la vacante. Prevalió Alem, nuevamente; más, ante una postergación que decretó el Senado hasta que los jueces dictasen sentencia en la causa que se le seguía, el Senador electo elevó su renuncia al Colegio Electoral, el que la aceptó y lo sustituyó con el doctor Bernardo de Irigoyen.

Delante del Congreso, el presidente habló de “la necesidad de una ley reglamentaria del derecho de Intervención, que determine reglas fijas de procedimiento en los casos ocurrentes”. Añadió:

En todo tiempo se ha hecho sentir y se ha recordado esa necesidad y aún se ha tratado de satisfacerla; pero nunca fue el vacío más sensible que en las críticas circunstancias que acabamos de atravesar y en las que ha sido necesario Intervenir simultáneamente en seis provincias argentinas, situaciones bien diversas(1).

(1) Saenz Peña. Mensaje al Congreso (Mayo 8 de 1894), en: H. Magrabaña, “Los Mensajes (Historia del desenvolvimiento de la Nación Argentina redactada cronológicamente por sus gobernantes. 1810-1910)”, tomo V, p. 146. Buenos Aires, Comisión General del Centenario, 1910, (5 volúmenes). // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Saenz Peña se abstuvo de iniciar ningún proyecto; más, la iniciativa fue escuchada por un Diputado radical, Adolfo Moutier, quien propuso una prolija reglamentación del artículo 6to., en el deseo de impedir espectáculos como el reciente, de provincias “sometidas al arbitrio de Comisionados Nacionales con facultades dictatoriales, actuando al amparo de leyes amplísimas, arrancadas al Congreso en los momentos más angustiosos para el país”.

Estableció que se procedería por ley o -durante el receso del Congreso- por decreto que enumerase los motivos y sus comprobantes y que sería sometido al Congreso dentro de los diez días de funcionar.

Consignó luego que la Intervención de oficio tendría por objeto garantir la forma republicana, cuando ésta fuese “revocada por instituciones contrarias” o, defender el territorio provincial, cuando lo invadiese un enemigo extranjero.

La Intervención por requerimiento, dictada a fin de sostener o reponer autoridades amenazadas o depuestas por sedición o invasión interna, no podría concederse sin que el poder público solicitante estuviese constituido de acuerdo con las reglas prescriptas por la Constitución y leyes locales, sin que el mismo no hubiese obstruido en modo alguno el goce y ejercicio de los derechos políticos y civiles y sin que la provincia se hallase en las condiciones determinadas por el artículo 5to.; el requerimiento se tendría por formulado cuando existiese la absoluta imposibilidad de hacerlo; y si en el transcurso de la Intervención la autoridad requeriente faltase al cumplimiento de su deber, el Gobierno Federal le retiraría el apoyo.

En cuanto a la latitud del Poder interventor, fijó estas prescripciones: el comisionado no se sustituiría a los mandatarios locales, salvo caso de acefalía imprevista por la Constitución, en el que se limitaría a reorganizar el Gobierno hasta el punto en que aquélla proveyese lo conducente; si una autoridad de hecho dominara la provincia y asegurara la inmediata y legal reconstrucción, se la dejaría funcionar mientras no hollase las instituciones; el comisionado nunca ejercería actos que por la Constitución o leyes de la provincia correspondieran a los Poderes de ésta; protegería la legalidad del comicio y la libertad del sufragio, so pena de prisión de un año a tres, a instancia de cualquiera del pueblo ante los jueces federales; y si fuera algún gobernante provincial quien debiese presidir las elecciones, el comisionado vigilaría su conducta y anularía sus actos incorrectos, incurriendo de lo contrario en el mencionado castigo.

Contempló de este modo las injerencias clandestinas:

Queda absolutamente prohibido a los jefes u oficiales -con mando de tropa- prestar, por sí o por medio de sus subalternos, servicio alguno que dependa o corresponda a las autoridades de la provincia en donde se encuentren; en ningún caso ni bajo pretexto alguno los jefes u oficiales del Ejército recibirán órdenes de las autoridades provinciales, ni tomarán participación en los actos electorales o hechos políticos que tengan lugar en donde presten sus servicios”. Las respectivas infracciones serían penadas con prisión de uno a tres años, a pedido de cualquiera del pueblo"(2).

(2) “Cámara de Diputados”, sesión de Agosto 22 de 1894. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Respecto de la garantía del artículo 5to., Moutier entendía que la manera más segura de llevarla a la práctica era que todas y cada una de las ramas del Gobierno Federal negasen su sanción a los actos de las autoridades que hubiesen violado las prescripciones de dicha cláusula(3).

(3) “Cámara de Diputados”, sesión de Septiembre 5 de 1894. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Otro Diputado radical, Barroetaveña, presentó poco después un proyecto que rozaba el tema de las Intervenciones:

En tiempos de paz -estableció en una de sus partes-, las fuerzas que componen el Ejército de línea serán distribuidas en las fronteras de la República, en los arsenales y fortalezas y en los lugares donde ejerza exclusiva jurisdicción el Gobierno Federal, según las necesidades de la nación apreciadas por el Poder Ejecutivo”.

Explicó que el derecho de distribuir las tropas, acordado al presidente, se supedita a las necesidades públicas, según expresos términos constitucionales. Tocaba al Congreso reglamentar esa facultad, con arreglo a la disposición inserta en el último inciso del artículo 67.

¿Cuáles son -indagaba Barroetaveña- los casos de necesidad nacional en virtud de los cuales el Ejército de línea debe colocarse dentro del territorio de las provincias? Están marcados en la misma Constitución: cuando son ellas Intervenidas, cuando hay hostilidades de hecho entre diversas provincias, cuando hay invasión de una nación extranjera o cuando es necesario para el cumplimiento de leyes nacionales”.

Si el texto fija explícitamente las causas de Intervención en las provincias, no es para tolerar que haya intromisiones arbitrarias al amparo del Ejército; si les prohibe levantar tropas, no es para entorpecerlas introduciendo las que responden al presidente; si las autoriza a equipar fuerzas en situaciones de apremio, no es porque admita a la vez otras permanentes:

La forma federativa de Gobierno ha desaparecido -concluía Barroetaveña-; y se tolera esta supresión de las autonomías provinciales, esta sumisión depresiva de los pueblos, porque se asegura a los gobernadores, en cambio de su sumisión incondicional a los dictados del presidente de la República, su mantenimiento dentro de las provincias contra las exigencias de la opinión pública(4).

(4) “Cámara de Diputados”, sesión de Septiembre 10 de 1894. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Que el Ejército se entrometía más de lo debido en los asuntos locales quedó comprobado por esa época, al realizarse una interpelación al ministro del Interior. Preguntó el senador Pedro García, qué misión desempeñaba en Santiago una unidad de línea estacionada allí desde meses atrás; si estaba para garantir la forma republicana, prevenir invasiones o sostener autoridades.

Lo evidente era que la tropa desempeñaba funciones de policía, a igual de cualquier cuerpo de gendarmes. Quintana no lo ocultó:

Graves disentimientos -dijo- surgidos entre las agrupaciones políticas que habían fundado la situación de aquella provincia, amenazaron, a mediados de Abril, la estabilidad de sus instituciones y la seguridad de su orden interno...
El Señor Presidente, deseando proceder con toda circunspección y esperando que la presencia de un soldado de línea bastaría para impedir la revuelta, limitóse a enviar una compañía”.

Así las cosas, el gobernador solicitó que esa fuerza cuidara la cárcel, ya que se alojaba en el Cabildo, donde también estaba ésta: “Esa misión no es política -concluyó el ministro-: es función verdaderamente social(5). Ninguna advertencia hizo el Senado.

(5) “Senado”, sesión de Septiembre 13 de 1894. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Las iniciativas relatadas ocurrieron entre Agosto y Septiembre de 1894. El ambiente parecía entonces tranquilo. Los radicales aceptaban la legalidad, por el hecho de tener representantes en el Congreso; convertidos los autonomistas nacionales al modernismo y aliados a la Unión Cívica, formaban un sólido bloque ministerial; y la potencia económica del país renacía.

Quintana había triunfado, y hablábase en público de su candidatura para la próxima presidencia.

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