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Caída del gabinete y del presidente

Cuando más firme era en apariencia la posición de Quintana, vino a destruirla una interpelación de Irigoyen, durante la cual este Senador pronunció un discurso justamente célebre. Se discutió toda la política de Intervenciones desarrollada por la presidencia Saenz Peña.

Los antecedentes de Irigoyen le permitieron formular una declaración que muy pocos contemporáneos suyos podían hacer:

Vengo a este debate con opiniones y principios manifestados durante el largo tiempo que he tenido el honor de ocupar puestos públicos en el país, opiniones a las que sinceramente creo me mantengo fiel y consecuente”.

Describió la crisis porque se atravesaba:

Vivimos sin plan, sin vistas fijas, sin seguridad en las doctrinas de Gobierno; vivimos -lo que es más grave- proclamando y preconizando la conveniencia del sistema federativo y destruyéndolo constantemente, al grado que ya no quedan de él sino pálidos vestigios en la República.
Yo me explicaría que si los hombres del Gobierno consideran que el sistema federativo es imposible, que si creen que hemos fracasado en los cuarenta años de ensayo que se han hecho, vinieran a decir al Congreso y al país: es necesario pensar en una reforma.
Pero es que nada de esto dicen; es que yo creo que no lo piensan, porque siempre hablan del sistema federativo, de su excelencia, de sus necesidades y conveniencia. Pero el sistema va desapareciendo; y hoy por las Intervenciones, mañana por el estado de sitio, pasado por el enganche y después por este cúmulo de medidas y hechos absorbentes que no tienen término, nos vamos encontrando en esta situación que, a mi juicio, constituye el peligro más grande en que el país ha perdido su sistema político, que es la verdadera base de estabilidad para las sociedades modernas”.

Destacó después las contradicciones de la conducta oficial, iniciadas en el caso de Santiago del Estero de 1892 cuando, a consecuencia de una insurrección se Intervino para dejarla victoriosa y sancionar la caída de las autoridades.

Habló luego de Buenos Aires, Santa Fe y San Luis, donde no se Intervino para reponer los Gobiernos depuestos ni para garantir la forma republicana, pues republicanos eran los abatidos y los provisorios, sino para organizar sus Poderes Públicos, fórmula que no está en la Constitución y que se cumplió tratando como a rebeldes a los antiguos gobernantes y a los nuevos, reteniendo la suma de la potestad local y haciendo tabla rasa de cuanta organización existía.

Respecto de Corrientes, evidenció cómo el Ejecutivo se puso en campaña y declaró cesante al gobernador -con quien había mantenido relaciones hasta la víspera- cuando éste aún se batía resguardando su investidura:

Aquí no se trata de simpatías individuales -comentó- sino de esto: ¿Tenía el Poder Ejecutivo, en cumplimiento de las leyes, interpretándolas acertadamente, facultades para declarar derrocado un gobernador que defendía las prerrogativas de su autoridad?
Me parece muy dudoso el punto”.

Detúvose en el caso de Tucumán:

Allí había un gobernador que estaba en ejercicio de sus funciones, interrumpidas por la sedición local, por la sublevación del 11 de línea, por todo lo que se quiera; pero, ¿acaso esa interrupción había desposeído al gobernador de su autoridad?
¿En virtud de qué fue desconocido y se le cerraron las puertas cuando quiso entrar en su despacho? ¿En virtud de qué facultad se clausuró la Legislatura?
Se dice que estaba pendiente ante el Congreso un proyecto de Intervención. Razón de más para respetar las autoridades de Tucumán; una provincia que no está Intervenida es un Estado en pleno ejercicio de sus instituciones.
El ministro del Interior se había mostrado más extremista que los sediciosos pues, mientras éstos pretendían el derrocamiento del gobernador, aquél derribaba a dicho funcionario, a la Legislatura y al régimen federal(1).

(1) “Senado”, sesión de Septiembre 27 de 1894. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Irigoyen censuró a continuación las instrucciones impartidas por Quintana a Donovan, en el sentido de apoyar a los partidos afines a la mayoría del Congreso, recompensando la amplia libertad de acción con que éste lo había honrado:

¿Dónde iríamos a parar -preguntó- si los Poderes Públicos, que están regidos por la Constitución, que deben ser severos en el cumplimiento de ella, pudieran adoptar este sistema de delegar el uno, por medio de votos de confianza, atribuciones en el otro, y el favorecido, a su turno, creerse en el deber de retribuir esta deferencia, esta condescendencia constitucional?

Negó al Ejecutivo el derecho de Intervenir preventivamente:

Se ha hablado mucho -aclaró- de que, al enviar Cuerpos del Ejército a las provincias, no lo hace con ánimo de Intervenir, que lo hace únicamente en ejercicio de la facultad que le confiere la Constitución, de distribuir las fuerzas de la Nación.
Bien; ya se ve que todas estas prácticas tienen su explicación; pero, ¿cuál es la verdad, cuál es el fondo?

Recordó la doctrina de que el presidente puede introducirse en las provincias perturbadas, desarmar las facciones y resolver las dificultades, a título de Comandante en Jefe de las fuerzas de mar y tierra, doctrina de la que debía protestar el Congreso aunque sólo fuera porque, siendo sus componentes miembros de la milicia, corría el riesgo de que dicho comandante le impartiese órdenes:

Lo que nos falta -prosiguió Irigoyen, repitiendo términos de Rawson- es un Gobierno honrado, honrado en el sentido del cumplimiento de la Constitución; lo que nos falta es un Gobierno que no apele a las interpretaciones ingeniosas, que no apele a las cavilaciones con que se desvirtúan el espíritu y la letra de la Carta Fundamental que hemos jurado”.

Y concluyó:

No preste el Honorable Senado su conformidad a que puedan entrar los Cuerpos del Ejército a vigilar las elecciones provinciales, a sostener los gobernadores que se muestran inquietos, a destruir, a desmoralizar los partidos adversarios de esos gobernadores; no aceptemos la teoría de que el Gobierno Nacional pueda organizar, por medio de los jefes del Ejército de la nación, partidos gubernamentales que lo acompañen en su marcha(2).

(2) “Senado”, sesión de Septiembre 28 de 1894. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El pueblo siguió con anhelante interés la interpelación. Mientras ella se desarrolló, manifestaciones ruidosas acompañaban a Irigoyen en el trecho que mediaba entre su domicilio y el Congreso y, la muchedumbre, imposibilitada de asistir al debate por insuficiencia del local, aguardaba su conclusión desde afuera del edificio.

Cuando le tocó hablar a Quintana, la expectativa aumentó. Ante la gran afluencia de curiosos, el presidente del Senado, por primera vez en la historia del Cuerpo, pidió permiso para introducir una hilera de bancas a fin de que los Diputados pudiesen presenciar la sesión.

Rodeado de todo el gabinete, Quintana inició su discurso con una serie de cargos personales a Irigoyen, recriminándole su actuación juvenil al lado de Rosas; de improviso, su voz desfalleció hasta extinguirse; sobrevino un cuarto intermedio y Quintana se retiró con sus colegas(3). La súbita enfermedad del ministro dio término a la discusión.

(3) “Senado”, sesión de Septiembre 29 de 1894. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El acometimiento de Irigoyen sirvió para indicar que la mayoría del Congreso no acompañaba al Gabinete; reverdecían los autonomistas nacionales tras la máscara del modernismo. La repentina aparición de Roca en los momentos de la insurrección había orientado las fuerzas políticas hacia los derroteros de antes y, concluida la tarea pacificadora que compitió a Quintana, los viejos intereses se erguían para estorbar sus aspiraciones.

La crisis estalló a propósito de un pleito mendocino. El gobernador, doctor Pedro I. Anzorena, adicto a Quintana, fue hostilizado por parte de la Legislatura, cuyo presidente pretendió ahogar la disidencia llenando el recinto de gendarmes que no dejaban espacio a los legisladores ni para moverse. La mayoría de estos reclamaron entonces la Intervención del Congreso.

El 5 de Noviembre de 1894, la Cámara de Diputados pasó la solicitud a estudio de la Comisión de Negocios Constitucionales, por decisión de cuarenta y seis sufragios contra ocho; y a los dos días se supo que la comisión preparaba un proyecto favorable a los peticionantes. Todo esto se realizaba sin injerencia del ministro del Interior y a pesar de hallarse el Congreso en el período de prórroga. El mismo día 7, Quintana presentó la renuncia, actitud en la que lo acompañó Campos.

Saenz Peña intentó subsistir; encomendó la cartera vacante al titular de Relaciones Exteriores, doctor Eduardo Costa; designó en su lugar al doctor Amancio Alcorta y en el de Campos al coronel Eudoro J. Balsa; y autorizó al Congreso para tratar la cuestión mendocina.

La Cámara estudió el caso en presencia del ministro del Interior, quien solicitó un aplazamiento de cuarenta y ocho horas en vista de que un agente suyo estaba por zanjar el pleito de manera amigable:

¿De cuándo acá -preguntó el doctor Manuel Florencio Mantilla- el Poder Ejecutivo tiene derecho a mezclarse en divergencias políticas de todo género, y menos en las provinciales, para servir de componedor de entuertos? ¡Le niego en absoluto toda facultad!’’

Defendióse Costa:

El Señor Diputado no negará que toda Intervención trae grandes perturbaciones, tanto en la provincia intervenida como en el poder nacional. Todo se paraliza; la Administración se resiente enseguida del malestar que surge de una Intervención.
Y en la provincia intervenida, no digo nada: en ella todo es peor, la intranquilidad de los espíritus cunde, los negocios se paralizan. Es un mal gravísimo, y sería muy conveniente poder eliminarlo de nuestro mecanismo institucional.
No es extraño, pues, que el Poder Ejecutivo -cualquiera que sea su composición- haga esfuerzos, y esfuerzos supremos, para evitar estas perturbaciones constantes en que vivimos con las Intervenciones”.

Pidió respeto para el presidente, que no era caudillo y que gobernaba con el solo apoyo de la ley:

Este Gobierno de ley, dirigido por un hombre que no es caudillo -contestó Mantilla-; este Gobierno patriarcal hace, sin embargo, lo que la ley no manda, y es enviar un interventor clandestino a Mendoza para arreglar las divergencias pequeñas de la vida de aldea”.

Votada la moción del ministro, la Cámara la rechazó por unanimidad de sufragios... Acto seguido acordó la Intervención “a efecto de garantir el libre funcionamiento del Poder Legislativo(4).

(4) “Cámara de Diputados”, sesión de Noviembre 19 de 1894. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIX: “El Gabinete Quintana”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Los hechos dieron la razón a Costa, sin embargo, pues a los pocos días los peticionantes retiraron su demanda, por haberse puestos de acuerdo con Anzorena.

El tono del debate reveló la gravedad del momento político. Nada se ganaba con evitar motivos de discordia.

El 11 de Enero de 1895, el Senado comunicó al presidente que vería con gusto que propiciase una ley de amnistía, asunto en el que aquél había comprometido opiniones contrarias.

Al día siguiente, al acordarle una licencia, algunos Diputados emplearon frases mortificantes, que nadie condenó.

El 17 dimitieron los ministros y, el 22, los imitó Saenz Peña. Reunido el mismo día, el Congreso aceptó silenciosamente la renuncia.

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