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INTERVENCION DE FACTO EN CORRIENTES

En Mayo de 1885, Irigoyen devolvió la cartera del Interior para trabajar libremente por su candidatura. Sabíase ya que el presidente se inclinaba hacia Juárez Celman, su concuñado, hecho que infundía al patrocinio un tinte nepótico difícil de disimular.

Tras Irigoyen, renunció Victorica, hasta ese momento candidato de Entre Ríos. Roca colocó al frente del Ministerio del Interior al doctor Benjamín Paz y del de Guerra al doctor Carlos Pellegrini, que se hallaba en Europa.

Durante la ausencia de éste, lo rigió el doctor Francisco J. Ortiz, titular de Relaciones Exteriores desde hacía tiempo. Completaban el Gabinete -ya totalmente renovado- los doctores Wenceslao Pacheco y Eduardo Wilde.

Mientras Ortiz desempeñaba el Ministerio de Guerra, un motín producido en Corrientes provocó un acto marcadamente intervencionista. Estaba de gobernador el doctor Manuel Derqui; de Inspector de las Milicias el teniente coronel José Toledo; y de Jefe del Batallón de Seguridad, el mayor Vicente Toledo, hermano del último.

El 3 Julio de 1885, recelando de los hermanos Toledo, Derqui firmó una nota en la que solicitaba al Ejecutivo que tomase a su cargo el precitado Batallón, denunciándolo como contraventor de la ley de 1880 que había prohibido los Cuerpos Provinciales con estructura militar.

El gobernador remitió la nota a un amigo radicado en Buenos Aires, con encargo de que fuese mantenida en reserva y presentada sólo cuando lo avisase. Poco después, la situación se tornó crítica. Los Toledo acuartelaron el Batallón, fuerte de trescientas cincuenta plazas, y Derqui apercibió unos ciento cincuenta vigilantes.

En la tarde del 11 de Julio, los primeros apresaron al gobernador y le arrancaron la renuncia. El vicegobernador abandonó la provincia, enseguida de dimitir su cargo, y la Legislatura aceptó las renuncias, destituyó a su Presidente y designó en tal carácter a Francisco Araujo, quien asumió el Gobierno.

El 18 de Julio, la nota relativa al Batallón obraba en poder del Ejecutivo... Roca, en decreto que refrendó Ortiz, en el acto declaró ilegal la existencia de tal Cuerpo y agregó que le competía disolverlo, vista la imposibilidad de actuar en que se hallaban las autoridades de Corrientes.

Por lo tanto, mandó que el general Juan Ayala licenciara el Batallón amotinado y se incautara de sus armas, que pertenecían a la Nación:

Departamento de Guerra

Buenos Aires, Julio 13 de 1885

Habiendo comunicado el Señor Gobernador de Corrientes, en Nota fecha 3 del actual, la existencia en dicha provincia de un Cuerpo Militar armado;
Considerando que la ley del 20 de Octubre de 1880 prohibe terminantemente la formación -por los Gobiernos de Provincia- de Cuerpos Militares bajo cualquier denominación que sea, debiendo por lo tanto procederse a su disolución;
Y no siendo posible verificarla por intermedio de las autoridades provinciales, por haberse el mismo Batallón amotinado y reducido a prisión al gobernador, vicegobernador y presidente de la Legislatura,
El Presidente de la República

Decreta:

Art. 1.- Procédase al licenciamiento del Cuerpo Militar que existe en la Ciudad de Corrientes bajo el mando del Jefe de Guardia Nacional don José Toledo, depositándose en el Parque Nacional las armas de propiedad de la Nación que dicho Cuerpo posee.
Art. 2.- Queda encargado el general don Juan Ayala, Jefe de la Tercera División del Ejército, del cumplimiento de este decreto.
Art. 3.- Por los Estados Mayores del Ejército y de la Armada se dictarán, respectivamente, las instrucciones y órdenes que el caso demande.
Art. 4.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

ROCA
Francisco J. Ortiz

Solamente Buenos Aires poseía armamento propio, usando las demás provincias el que desechaba el Ejército. Roca pidió -a la vez- a los Jefes Políticos correntinos que se preparasen “para castigar el crimen sin ejemplo(1).

(1) Roca. Telegrama al Jefe Político de Esquina (Julio 13 de 1885), en: diario “La Nación”, (Buenos Aires), Nro. 1.488, edición de Julio 21 de 1885. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XV: “Primera Presidencia de Roca”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Dominábalo un profundo disgusto, porque “creía que habían pasado las épocas, para el país, en que personajes oscuros se levantaban de la noche a la mañana, con la fuerza pública destinada a cuidar presos, contra el poder civil y las autoridades legalmente constituidas"(2).

(2) Roca. Telegrama al gobernador de Entre Ríos, coronel Eduardo Racedo (Julio 13 de 1885), en: diario “La Nación”, (Buenos Aires), Nro. 1.488, edición de Julio 21 de 1885. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XV: “Primera Presidencia de Roca”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

En la noche del 13, partieron de Buenos Aires -vía fluvial- las tropas encargadas del desarme. La Cámara de Diputados reclamó del Ejecutivo los antecedentes del asunto.

Acudiendo al llamado, Ortiz expuso que se trataba simplemente de ejecutar una ley en vigor. Agregó que, si bien en otras provincias existían grupos organizados militarmente, estos eran acreedores de respeto mientras contribuyesen a asegurar la tranquilidad: la ley de 1880 exigía cordura en su aplicación, debiendo atenderse más a su espíritu que a su letra.

Y afirmó que la injerencia del Ejecutivo en Corrientes constituía “un acto de humanidad que, aun cuando no estuviera comprendido en las atribuciones del Gobierno, sería agradecido por todo el mundo”.

El doctor Mariano Demaría observó que tales declaraciones fortalecían el convencimiento de que la provincia soportaba una Intervención de facto: había que Intervenir constitucionalmente a los fines de garantir el goce y ejercicio de las Instituciones.

Argento argüyó que las fuerzas policiales, notoriamente adscriptas a la vigilancia, escapaban de la sanción establecida en 1880; expresó su desacuerdo con el Diputado preopinante respecto a que procedía aplicar el artículo 5to. pues, a su juicio, no habían más resquicios para Intervenir que los establecidos por el artículo 6to.; y añadió que mandar un General de la Nación para que restableciese el orden, implicaba resucitar la frase “sin ella” que se quitó del texto el año 1860:

Parece -concluyó- que no hay nadie más que el presidente de la República que venga a reprimir sediciones. No, Señor; deje que se maten en las provincias; primero se debe dejar incólumes las atribuciones del Congreso y respetar la Constitución”.

Germán Puebla consideraba monstruoso que el Ejecutivo se sustituyera al Congreso -estando éste en funciones- y resolviera los negocios de su competencia so pretexto de haberse violado una ley nacional:

El Señor Ministro -agregó- nos ha descubierto un nuevo caso de Intervención del Poder Ejecutivo de la Nación por derecho propio y, ese caso, podría clasificarse bajo esta forma: intervención humanitaria”.

La tesis se combatía reflexionando que, por encima de los sentimientos filantrópicos, están los deberes del patriotismo que imponen respetar las cláusulas constitucionales.

Nicolás A. Calvo manifestó que el motín militar caía bajo los Poderes de guerra del presidente, pero el derrocamiento de las autoridades trasladaba la competencia al Congreso, convirtiendo en política la cuestión administrativa; y convino en que sólo el artículo 6to. legisla la facultad de Intervenir.

La Cámara dispuso luego que pasasen a estudio de Comisión los tres proyectos siguientes: uno, de Calvo, que autorizaba la Intervención para reponer las autoridades depuestas; otro, de Gorostiaga, que disponía el retiro de las armas nacionales que estuviesen en poder de los gobernadores; y otro de Demaría, que revocaba el decreto del Ejecutivo(3).

(3) “Cámara de Diputados”, sesión de Julio 17 de 1885. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XV: “Primera Presidencia de Roca”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El 18 de Julio, puesto ya en libertad, Derqui requirió su restablecimiento(4) pero, el mismo día, recuperó el cargo por haber entrado Ayala en la Capital y refugiádose los autores del motín en el extranjero.

(4) Derqui. Telegrama al ministro Paz, en “Cámara de Diputados”, sesión de Julio 20 de 1885. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XV: “Primera Presidencia de Roca”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Este desenlace evitó al Congreso decidir si debía primar el precepto de la Constitución de Corrientes que declaraba nulos los actos arrancados por la violencia(5) o la doctrina de la Corte Suprema, interpretativa de ese precepto, conforme a la cual una renuncia aceptada se convierte en hecho irreparable(6).

(5) Constitución de 1864, artículo 49.
(6) “Don José M. Chanfreau y Compañía contra la Provincia de Corrientes”, etc, en “Fallos de la Suprema Corte”, etc., segunda serie, I, 63. // Todo citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XV: “Primera Presidencia de Roca”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

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