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Sancionan Códigos de Procedimientos. Reformas judiciales

Los hombres de Derecho y juristas que tuvieron en sus manos los distintos proyectos y reformas de la Judicatura correntina, generalmente eran políticos y funcionarios. Respecto a las ideas jurídicas de estos, estaban enmarcadas a las que se profesaban en la República Argentina.

No eran ideas originales, ya que procedían de Europa. La divulgación doctrinaria se generaba a través de libros, en su mayoría de autores franceses y españoles. Localmente, en este período, sobresalió la figura de Lisandro Segovia que se constituyó en el jurista correntino de mayor relevancia de la época, por sus estudios doctrinarios y su participación en la Judicatura correntina.

No debemos dejar de mencionar que, con la generación de 1880, se fortaleció la filosofía positivista, la que tuvo directa influencia en la ciencia jurídica, en particular en la aplicación del Derecho Penal.

A partir de la aplicación del último Reglamento de Administración de Justicia en la Provincia de Corrientes (1862), deberán transcurrir dos décadas para que el procedimiento judicial local tuviese otra considerable reforma. En materia Civil se aprobará un nuevo Reglamento en 1882 y, en materia Penal, en 1883.

Los sectores políticos creyeron conveniente y necesario efectuar reformas en las estructuras y en el procedimiento judicial de la provincia. Muestra de ello es el surgimiento del tema en los espacios de discusión y en los periódicos correntinos “La Verdad” y “El Autonomista” cuyas páginas reflejaron la actualizacion de las nuevas ideas y de la situación.

Puntualmente, “El Autonomista” sostenía que era necesario considerar el proyecto de Código de Procedimiento Civil elaborado por el doctor Lisandro Segovia y fustigaba que se considere a nivel gubernamental al respectivo Código de la Provincia de Buenos Aires como modelo, ya que consideraba no era adaptable al procedimiento en segunda instancia en vigencia en Corrientes, donde funcionaba sólo una Cámara de Justicia para las tres jurisdicciones: Civil, Comercial y Criminal(1).

(1) Archivo General de la Provincia de Corrientes, Hemeroteca, periódico “El Autonomista” del 22 de Julio de 1882. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Las páginas del citado periódico sostenían que el proyecto del jurista correntino contaba con la ventaja de las anotaciones de las fuentes, y consideraba

... que el proyecto del doctor Segovia, abogado antiguo de Corrientes, cuya contracción a las leyes sustantivas del país son bien, sea más adecuado para Corrientes, que no leyes hechas para otras provincias: tenemos el prurito de buscar en otra parte lo mismo que tenemos en casa(2).

(2) Archivo General de la Provincia de Corrientes, Hemeroteca, periódico “El Autonomista” del 22 de Julio de 1882. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Finalmente, en el transcurso del año 1882, se gestaron iniciativas oficiales para actualizar la legislación de forma, encomendándose a Segovia elabore un proyecto final de Código de Procedimiento Civil el que, una vez concluído, dio lugar a que la Cámara de Representantes autorizara al Poder Ejecutivo nombre una Comisión de tres letrados del foro local para que evaluase el citado proyecto(3).

(3) Registro Oficial de la Provincia de Corrientes, Ley del 31 de Octubre de 1882. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

El Gobierno conformó la Comisión con el presidente de la Cámara de Justicia, doctor José Benjamín Romero, y los vocales de la misma con los doctores Juan B. Aguirre Silva y Heliodoro González(4).

(4) Registro Oficial de la Provincia de Corrientes, Decreto del 31 de Octubre de 1882. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Esta Comisión estudió el proyecto de Segovia pero alegó el escaso tiempo con el que contaba. Pese a ello y dada la necesidad inmediata de poseer con un proyecto para que lo evaluase el Poder Ejecutivo, resolvió tomar como base de su trabajo el Código de Procedimientos en lo Civil de la provincia de Buenos Aires de 1880, realizándole algunas supresiones, adiciones y reformas diversas(5).

(5) Correspondencia de la Comisión de Abogados para la Reforma del Código de Procedimientos al ministro de Gobierno Manuel Derqui, del día 29 de Noviembre de 1882. Publicada en el introito de la primera edición de 1882 del Código de Procedimientos en materia Civil y Comercial de la provincia de Corrientes, pp. 2 y 3, Corrientes. Editor: Mauricio C. Garay - Imp. y Tip de “El Autonomista”, año 1882. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Así, por ley del 7 de Diciembre de 1882 empezó a regir en toda la provincia el nuevo Código de Procedimiento Civil, de acuerdo al proyecto propuesto por la Comisión designada ad hoc por el Poder Ejecutivo.

El Código estuvo estructurado de la siguiente manera:

Título I: Disposiciones Generales
Título II: Del Juicio Ordinario
Título III: De los Recursos
Título IV: Del Procedimiento Ordinario en Segunda Instancia
Título V: De los del Recurso de Queja por Denegación o Retardo de Justicia
Título VI: Del Procedimiento de la Instancia de Súplica
Título VII: De las Recusaciones
Título VIII: De los Incidentes
Título IX: De las Cuestiones de Competencia
Título X: Del Juicio de Jactancia
Título XI: Del Juicio Ordinario en Rebeldía
Título XII: De los Embargos Preventivos
Título XIII: De los Juicios de los Jueces de Paz y Pedáneos
Título XIV: De las Ejecuciones
Título XV: De la Ejecución de las Sentencias
Título XVI: De la Ejecución de las Sentencias Dictadas en Países Extranjeros
Título XVII: De los Interdictos
Título XVIII: Del Juicio de Desalojo
Título XIX: Declaratoria de Pobreza
Título XX: Del Juicio de Alimentos Provisorios y Litis Expensas
Título XXI: Del Juicio de Mensura, Deslinde y Amojonamiento
Título XXII: Reposición de Títulos de Propiedad
Título XXIII: Del Suplemento del Consentimiento para los Matrimonios de Menores
Título XXIV: De las Testamentarias
Título XXV: Del Juicio de ab intestato y de Herencia Vacante
Título XXVI: De la Apertura de Testamentos Cerrados
Título XXVII: De la Protocolización de Algunos Testamentos
Título XXVIII: Del Concurso Civil de Acreedores
Título XXIX: Del Juicio de Arbitros
Título XXX: Del Juicio de Amigables Componedores

En el articulado del nuevo Código se consideraban pormenorizadamente las disposiciones del Código Civil aprobadas por el Congreso de la Nación en el año 1869.

Respecto al Código de Procedimiento Criminal se puede decir que también se había designado una Comisión redactora por el Poder Ejecutivo, la que quedó conformada por los doctores Rodolfo Rivarola, Domingo S. Susviela y Fidel F. Cavia(6).

(6) Abelardo Levaggi afirma que aquel proyecto fue presentado por Susviela y Rivarola, ya que Cavia -trasladado a Buenos Aires- redacta otro. “La Codificación del Procedimiento Criminal en la Argentina en la Segunda Mitad del siglo XIX” (1983), p. 174, Buenos Aires. En: "Revista de Historia del Derecho", Nro. 11 - Instituto de Investigaciones Históricas del Derecho. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

El nuevo Código se promulgó el 4 de Septiembre de 1883 quedando vigente tres meses después. Contaba de 706 artículos incluyendo sus disposiciones transitorias. Su organización y método fue el siguiente:

Título Preliminar

Capítulo I: Principios Generales
Capítulo II: De las acciones que nacen de los delitos.

LIBRO PRIMERO
Disposiciones Generales sobre la Justicia en lo Criminal

Título Primero
De la Jurisdicción y Competencia en lo Criminal

Capítulo I: De la jurisdicción en lo criminal
Capítulo II: De las Cuestiones de Competencia

Título Segundo
De las recusaciones

Capítulo I: Disposiciones Generales
Capítulo II: Recusación de los Jueces del Crimen
Capítulo III: De la Recusación de los Miembros del Superior Tribunal y de la Cámara de Apelación
Capítulo IV: De la Recusación de los Secretarios y Ugieres
Capítulo V: De la Recusación de los Jueces de Paz
Capítulo VI: Del Modo de Reemplazar a los Jueces y Demás Funcionarios Recusados o Impedidos

Título Tercero
Ministerio Fiscal

Título Cuarto
De las notificaciones, citaciones, emplazamientos, términos judiciales, costas procesales

Título Quinto
De la rebeldía o contumacia del procesado

LIBRO SEGUNDO - Del Sumario

Título Primero
Objeto del Sumario. Autoridades que Pueden Instruirlo

Título Segundo
De la Denuncia y la Querella

Capítulo I: De la Denuncia
Capítulo II: De la Querella

Título Tercero
De la Instrucción

Título Cuarto
Del Cuerpo del Delito

Título Quinto
De la Declaración Indagatoria

Título Sexto
Incomunicación de los Procesados

Título Séptimo
De las Circunstancias Personales del Procesado y de su Identidad

Título Octavo
De los Testigos

Capítulo I: Reglas Generales
Capítulo III: Citación de Testigos
Capítulo III: Del Examen de los Testigos

Título Noveno
De los Careos

Título Décimo
De la Confesión

Título Undécimo
Del Examen Pericial

Título Duodécimo
De la Prueba Documental

Título Decimotercero
De las Presunciones o Indicios

Título Décimocuarto
De la Interceptación de la Correspondencia Escrita y telegráfica

Título Décimoquinto
De la Detención y Prisión Preventiva

Título Décimosexto
De la Libertad Provisoria

Título Decimoséptimo
De las Visitas Domiciliarias y Pesquisas en Lugares Cerrados

Título Decimoctavo
De los Embargos

Título Decimonoveno
De la Responsabilidad de Terceras Personas

Título Vigésimo

Capítulo I: De la Conclusión del Sumario
Capítulo II: Del Sobreseimiento

LIBRO TERCERO - Del Plenario

Título Primero
De la Elevación de la Causa a Plenario

Título Segundo
De la Prueba

Título Tercero
De la Ratificación de las Declaraciones de los Testigos del Sumario

Título Cuarto
De las Tachas

Título Quinto
De la Discusión de la Causa

Título Sexto
De la Sentencia

Título Séptimo
De los Recursos en General

Capítulo I: Del Recurso de Reposición
Capítulo II: Del Recurso de Apelación
Capítulo III: Del Recurso de Nulidad
Capítulo IV: Del Recurso de Queja

Título Octavo
Del Modo de Proceder en Segunda Instancia ante
la Cámara de Apelaciones o Superior Tribunal

Título Noveno
Del Recurso de Revisión o de Apelación Extraordinaria

Título Décimo
De la Ejecución de las Sentencias

LIBRO CUARTO
De los Juicios Correccionales y de Algunos Procedimientos Especiales

Título Primero
De los Juicios Correccionales

Capítulo I: Procedimiento Verbal
Capítulo II: Procedimiento Escrito
Procedimiento ante los Jueces de Paz y Pedáneos

Título Segundo
Procedimiento de los Delitos de Calumnia e Injuria

Título Tercero
De la Falsificación de Documentos Públicos y Privados

Título Cuarto
Del Procedimiento en caso de Fuga de Presos

Título Quinto
Procedimientos en los casos de Habeas Habeas

Título Sexto
Procedimiento para la Extradición de Criminales

Título Séptimo
De las Prisiones y de las Visitas a los Presos

Título Octavo
De la Rehabilitación de los Condenados

Título Final
Disposiciones Complementarias
Disposiciones Transitorias

En 1885, el gobernador Manuel Derqui describía los beneficios de las nuevas leyes de procedimientos:

La Administración de Justicia ha mejorado notablemente con la sanción de los Códigos de Procedimientos que se hallan en vigencia; esos Códigos han removido algunas de las principales causas que, a pesar de la dedicación y competencia de los jueces, hacían retardar la terminación de los juicios con perjuicio de los litigantes que ocurren a controvertir sus derechos(7).

(7) Mensaje del Poder Ejecutivo a la Honorable Cámara Legislativa de la Provincia de Corrientes al abrir sus Sesiones Ordinarias. Año 1885. Corrientes. Imprenta de “La Verdad”. A. Bértoli. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

La creación poco antes de un nuevo Juzgado de primera instancia en Paso de los Libres tendrá corta vida ya que, en Octubre de 1883, será suprimido quedando los Departamentos de esta jurisdicción bajo la autoridad del Juzgado de primera instancia de Goya.

En cuanto a la competencia jurisdiccional de los Jueces de primera instancia de la provincia, la situación era la siguente: bajo la jurisdicción del Juzgado de Goya quedaron los Departamentos de Paso de los Libres, Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Esquina, Sauce, Goya y Lavalle, mientras que bajo la jurisdicción del Juzgado de la Capital los demás Departamentos de la provincia(8).

(8) Registro Oficial de la Provincia de Corrientes, p.130. Ley del 30 de Octubre de 1883. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Tres años más tarde, por ley se creará un nuevo Juzgado de primera instancia en Monte Caseros, con jurisdicción Civil y Comercial en los Departamentos de Curuzú Cuatiá, Monte Caseros, Paso de los Libres, La Cruz y Santo Tomé.

También se creará un Juzgado de Comercio y del Crimen en Goya, con jurisdicción en los Departamentos de Curuzú Cuatiá, Monte Caseros, Paso de los Libres, La Cruz, Esquina, Mercedes, Sauce, Lavalle, Goya, Bella Vista, San Roque, Saladas y Concepción(9).

(9) Registro Oficial de la Provincia de Corrientes, pp. 259 y 160, Año 1886. Ley del 2 de Septiembre de 1886. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

La Constitución de 1889 -en su parte dogmática- ratificó los postulados del artículo 18 de la Constitución de 1853, en lo referente a la seguridad individual, protección del domicilio, etc.

La Sección Judicial estará compuesta por tres Capítulos: el primero estará referido a la organización del Poder Judicial en general; el segundo, a las atribuciones del Superior Tribunal de Justicia; y, el tercero, a la Justicia de Paz.

El Poder Judicial quedó compuesto de un Superior Tribunal de Justicia de cinco miembros, Tribunales inferiores y el Jurado, institución que había que establecer. Esta fue la primera vez que el Superior Tribunal de Justicia quedó conformado por cinco miembros incorporando el juicio por jurado para los delitos criminales, previa aprobación de una ley especial que lo debía poner en vigencia y que nunca pudo concretarse.

Respecto a la Justicia de Paz, ésta prosiguió siendo de vital consideración por las disposiciones constitucionales. Por su autoridad seguía pasando gran parte del poder local.

Existía un Juzgado de Paz por cada Departamento y su número (uno o dos) depenía de la densidad de la población. Los Jueces de Paz eran elegidos directamente por el Poder Ejecutivo a propuesta de una terna proporcionada por la Municipalidad o Comisión Municipal, reafirmándose la firme relación que existía entre el poder político y la Administración de Justicia.

Estos funcionarios duraban un año en el cargo y su accionar judicial se resolvía vía procedimiento verbal. De acuerdo a la Ley de Procedimiento en lo Civil y Comercial, la litis era llevada adelante oralmente por el Juez de Paz, sin recepcionar escrito alguno de ninguna naturaleza. El procedimiento se iniciaba con la denuncia de la parte acusadora (Art. 404). Cuando las dos partes eran legalmente citadas, cada una de ellas debía exponer verbalmente sus pretendidos derechos al juez (Art. 411).

Este, una vez que evaluaba las pruebas, podía tomarse hasta quince días para dictar sentencia (Art. 417), única instancia procesal de la Justicia de Paz que resultaba escrita, siendo asentada en Actas en un Libro de Sentencias.

La Asamblea Constituyente que dio origen a la reforma de 1889 fue centro de debates entre sus miembros sobre temas fundamentales que hacían al Poder Judicial. Fueron temas de discusión excluyentes: el juicio por jurado para los delitos criminales y la inamovilidad de los Jueces.

Respecto al primero, la Constitución Nacional lo sostenía en su artículo 24. Teniendo como base ese fundamento y los intentos de hacerlo efectivo por un ley especial durante la presidencia de Sarmiento, los constituyentes incorporaron la figura del Juicio por Jurado a la Constitución correntina.

Luego de un ardoroso debate se aprobó el artículo 162 que quedó redactado de la siguiente manera, en su parte pertinente:

El Poder Judicial será ejercido por un Superior Tribunal de Justicia compuesto de cinco miembros, por los demás Tribunales inferiores que la Legislatura estableciese, y por el Jurado (...)”.

Respecto al tema de la inamovilidad de los jueces, se registraron en el seno de la Asamblea dos posturas, opuestas entre sí, cada una de ellas fundamentadas en sus ventajas y desventajas(10).

(10) Este no ha sido un tema nuevo para la política judicial local, ya que la inamovilidad de los Jueces fue motivo de debate público entre los periódicos “La Verdad” y “El Autonomista” en Julio de 1882. El primero defendía la inamovilidad de los magistrados mientras que el segundo proponía la elección por períodos. Recordamos -además- que la inamovilidad de los jueces fue cuestión histórica de larga data en Europa, encontrando los antecedentes más sólidos en la Revolución Inglesa de 1688 donde se estableció, en forma y en práctica, la inamovilidad de los jueces con la formula quam diu se beneb gesserint (mientras se conduzcan honradamente). Este ha sido uno de los postulados más trascendentes para la limitación del poder real en Inglaterra. Para este último tema ver el libro de George M. Trevelyian “La Revolución Inglesa. 1688-1689” (1996). Fondo de Cultura Económica. México. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Quienes pretendían la inamovilidad de los jueces sostenían que éstos tenían como limite en la duración de sus cargos la honradez demostrada en el mismo. Sin embargo la postura opuesta señalaba que los jueces debían periódicamente renovar el apoyo politico y de la ciudadania para retener sus funciones.

Así, entre las propuestas escuchadas en la Asamblea constitucional de 1889 estuvo la de la elección de magistrados por un número determinado de años, tomando como antecedentes las provincias argentinas de Córdoba, Santa Fe y Catamarca, y otros países americanos como Estados Unidos de Norteamérica, Paraguay, Ecuador, Venezuela y México que aplicaban este sistema.

Otros convencionales sin embargo se opusieron a estas premisas, sustentándose en que la independencia de los Magistrados sólo está garantizada por el derecho de permanencia en el puesto por tiempo indeterminado(11).

(11) Hernán Félix Gómez. “Bases del Derecho Público Correntino” (1927), pp. 80 a 110, tomo III, Corrientes. Editorial Corrientes. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

Luego de la jornada de debate se aprobó lo siguiente:

Los miembros del Superior Tribunal de Justicia serán nombrados por un periodo de seis años; y reelegibles con nuevo acuerdo; pero el Tribunal se renovará por tercera partes cada dos años, debiendo designarse por la suerte los salientes a fin del primero y segundo bienio.
“En caso de ser reemplazado algún Camarista, durante el período de su nombramiento, por cualquier causa legal, el reemplazante durará en su empleo por el término que falte al reemplazarlo (...)
Los Jueces de primera instancia serán nombrados por cuatro años, desde el día de su nombramiento, aunque fuese en reemplazo de otro cuyo período hubiese transcurrido en parte, pudiendo igualmente ser reelegido con nuevo acuerdo” (...) (Art. 166, primera parte).

La movilidad de los jueces será sostenida por las reformas constitucionales de 1889 y 1913, tesis que recién será derogada con la reforma de 1960. Sin embargo será ya la reforma constitucional de 1949 la que subrayará el concepto de inamovilidad de la Magistratura.

En el Capítulo 1 (Naturaleza y Duración), Art. 109, la Constitución de 1949 decía: “Los Magistrados del Superior Tribunal de Justicia, Jueces, Fiscales del Ministerio Público y Defensores son inamovibles en tanto dure su buena conducta”.

Pero esta Carta Magna será, en este aspecto, dual, ya que en el Capítulo 3 (Justicia de Paz), Art. 117 señalaba: “Los Jueces de Paz y Pedáneos serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo”, mientras en el Art. 118 agregaba: “Los Jueces de Paz y Pedáneos durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser reelectos”.

La evolución de la legislación correntina referente a la Administración de Justicia y los procedimientos judiciales no estuvieron ajenos a las turbulencias y cambios políticos de la singular historia provincial.

El análisis con criterio cronológico que concluimos nos muestra los perfiles de las instituciones que conformaron la Judicatura correntina en el siglo XIX, entre los que cabe resaltar la extinción de antiguas autoridades de la Justicia (como los Alcaldes de primero y segundo voto de la Justicia Capitular), o el intento -muchas veces frustrado-, de implantar un sistema republicano con independencia de los poderes del Estado, en particular el desligar al poder político del judicial, entre otras cuestiones.

Se puede observar que si bien el andamiaje fundamental de la estructura judiciaria estuvo sostenido por las distintas Constituciones y los Reglamentos de Administración de Justicia, ordinariamente la Cámara Legislativa sancionaba leyes y el Poder Ejecutivo dictaba decretos que completaban espacios o suplían vacíos de la práctica judicial, brindando de esta manera mayor dinamismo a los Tribunales.

Pero los problemas de la Judicatura se centralizaron en tres aspectos: a) falta de independencia ante el poder político; b) lentitud en resolver los litigios; y, c) pocos hombres formados en la ciencia del Derecho para ejercer la Magistratura.

Respecto a la vinculación de la Judicatura con el poder político se puede afirmar que ésta era notoria, ya que la independencia en las resoluciones judiciales prácticamente era inexistente.

Si bien formalmente se lo consideraba autónomo, en realidad el poder judicial no funcionaba así, y ello debido a varias razones pero, en particular, a que quien ejercía el poder político siguió con la costumbre –heredada de la colonia- de designar los magistrados extendiendo su influencia aún más.

La falta de hombres formados en las ciencias jurídicas fue una constante hasta fines de la década de 1860, por lo que se nombraban muchas veces jueces legos que improvisaban sentencias, sin compromiso con el Derecho y en ocasiones con parcialidad notoria.

Consecuencia de este último punto era también la lentitud para resolver los litigios, preocupación permanente de los distintos gobiernos y causa de los cambios frecuentes en las disposiciones del procedimiento judicial.

Esta lentitud de los Juzgados se daba además por la breve permanencia de los Magistrados en sus cargos ya que antes de la vigencia de la Constitución de 1856 duraban en sus funciones tan solo un año. Agravando la situación se observa comúnmente la renuncia de magistrados judiciales a sus cargos debido a razones políticas y, en otras oportunidades, por la escasa remuneración.

Estos vicios y defectos fueron corrigiéndose a medida que se consolidaban las instituciones republicanas, se perfeccionaban y evolucionaban las leyes locales y se adquiría mayor conciencia en la responsabilidad que competía al Magistrado en la Administración Judicial.

El Reglamento de Justicia de 1862 afianzó la organización judicial, dándole dos años después marco constitucional la reforma de la Carta Magna en 1864. El movimiento codificador se formalizó en la provincia con la aprobación del Código Rural mientras en materia de Procedimientos, Corrientes se consolida con los Códigos de Procedimiento Civil en 1882 y de Procedimiento Penal en 1883.

Por último, la Constitución de 1889 incorpora en su Sección Judicial, dos cuestiones novedosas: el juicio por jurado en causas criminales y la elección de jueces por períodos preestablecidos, elevando también el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia a cinco.

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