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Tres Intervenciones reiteradas

Durante la presidencia de José Evaristo Uriburu fueron Intervenidas Santiago del Estero, San Luis y La Rioja. Como gobernaban -en las dos primeras provincias- autoridades electas bajo la dirección de Comisionados Federales, púdose creer que se procuraba subsanar errores de distinto Ejecutivo y distinto Congreso; más desapareció la sospecha cuando, no finiquitado aún el período presidencial, hubo necesidad de Intervenir nuevamente en las tres provincias.

Cupo pensar entonces que el arbitrio del artículo 6to. no era adecuado para instituir Gobiernos estables.

El primer caso que resolvieron los hombres del Acuerdo había parecido indicar que se inclinaban hacia una política antiintervencionista. El Senado de la Nación, en efecto, estableció la tesis de que la forma republicana no se altera en tanto funcionen los tres Poderes, por más defectos de organización que exhiban.

Declaró también que la autoridad constituida a que se refiere el texto constitucional es cada uno de los Poderes y no alguna de sus ramas, doctrina importante ésta, porque fue enunciada a nombre de una comisión en que figuraba Mitre, autor precisamente de la frase en la Convención de 1860(1).

(1) “Senado”, sesión de Julio 13 de 1895. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XX: “Resurgimiento del Acuerdo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Sostuviéronse tales conceptos ante una solicitud suscripta por la mayoría de la Cámara de Diputados entrerriana que, en Abril de 1895, fue arbitrariamente expulsada por sus colegas, temerosos de que se anulasen unos comicios de renovación del Cuerpo. El desafuero había sido aceptado por los Senadores provinciales y el gobernador(2).

(2) “Pedido de Intervención. Nota elevada por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos al Honorable Congreso de la Nación. Antecedentes y Anexos” (1895). Ed. La Velocidad, Paraná. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XX: “Resurgimiento del Acuerdo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

La primera provincia Intervenida fue Santiago del Estero. En Junio de 1895, una insurrección derrocó al gobernador Gelasio Lagar, lo obligó a dimitir, impidió la reunión de la Legislatura y erigió un Triunvirato para que gobernase provisoriamente. Lagar requirió la Intervención e igual demanda formularon la mayoría de los legisladores.

Uriburu pasó los documentos a la Cámara de Diputados, la que segregó el petitorio del gobernador, por provenir de un magistrado renunciante, y decidió sostener la Legislatura y garantir el cumplimiento de sus resoluciones hasta tanto funcionasen normalmente los Poderes Públicos.

Barroetaveña excusó votar la medida:

Así como no sería sanción de esta Cámara -dijo- el pedido que suscribiera una mayoría de diputados, así tampoco sería un pedido de Intervención de una Legislatura constituida, una solicitud suscripta individualmente por parte de sus miembros(3).

(3) “Cámara de Diputados”, sesión de Julio 10 de 1895. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XX: “Resurgimiento del Acuerdo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Sancionada y promulgada la ley, el Ejecutivo nombró Comisionado al doctor Julián L. Aguirre y detalló el personal que debía acompañarlo. A continuación la letra de los tres documentos:

* Ley Nro. 3243, de Julio 18 de 1895:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etcétera, sancionan con fuerza de

Ley:

Art. 1.- El Poder Ejecutivo intervendrá en la provincia de Santiago del Estero a objeto de sostener la Legislatura local y garantir el cumplimiento de sus resoluciones.
Art. 2.- La Intervención se dará por terminada inmediatamente que se restablezca el regular funcionamiento de los poderes públicos de la provincia de acuerdo con la Constitución y leyes locales.
Art. 3.- Queda autorizado el Poder Ejecutivo para hacer los gastos que demande la ejecución de la presente ley, imputándolos a la misma.
Art. 4.- El Poder Ejecutivo dará cuenta en oportunidad al Honorable Congreso de la ejecución de esta ley.
Art. 5.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a dieciseis de Julio de mil ochocientos noventa y cinco.

                   CARLOS DONCEL                               FRANCISCO ALCOBENDAS
                  Adolfo J. Labougle                                       Alejandro Sorondo
                Secretario del Senado                   Secretario de la Cámara de Diputados

Departamento del Interior

Buenos Aires, Julio 18 de 1895

Téngase por Ley de la Nación, comuníquese, publíquesee insértese en el Registro Nacional.

URIBURU
Benjamín Zorrilla

* Decreto de Julio 18 de 1895:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Julio 18 de 1895

En ejecución de lo dispuesto por la ley número 3243,
El Presidente de la República

Decreta:

Art. 1.- Nómbrase Interventor en la provincia de Santiago del Estero al ciudadano doctor Julián L. Aguirre.
Art. 2.- El Interventor desempeñará su comisión con arreglo a la ley de intervención y a las instrucciones que se le transmitirán por el Ministerio del Interior.
Art. 3.- Los jefes y oficiales de la Nación residentes en la provincia intervenida quedan bajo las órdenes del Señor Interventor.
Art. 4.- El Ministerio de la Guerra pondrá a las órdenes del Señor Interventor los jefes, oficiales y Fuerzas que necesitase para el mejor desempeño de su cometido.
Art. 5.- Nómbrase Comandante en Jefe de todas las Fuerzas al servicio de la Intervención al teniente coronel don Rosendo M. Fraga.
Art. 6.- Nómbrase Secretarios de la Intervención a los Señores, doctores Gregorio Uriarte y Nicolás A. Avellaneda.
Art. 7.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

URIBURU
Benjamín Zorrilla

* Decreto de Julio 19 de 1895:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Julio 19 de 1894

En mérito de las consideraciones aducidas en la presente nota,
El Presidente de la República

Decreta:

Art. 1.- Acéptase la renuncia interpuesta por el doctor Gregorio Uriarte del cargo de Secretario de la Intervención de la provincia de Santiago del Estero.
Art. 2.- Nómbrase en su reemplazo al ciudadano don E. Filemón Naón.
Art. 3.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU
Benjamín Zorrilla

El ministro del Interior, doctor Benjamín Zorrilla, impartió al Comisionado instrucciones de apoderarse del Gobierno y someter la renuncia pendiente al juicio de la Legislatura. Algunos Senadores Provinciales, sabiendo que la mayoría apoyaba a Lagar, obstaron el quorum legislativo.

El Comisionado recabó la dimisión de los recalcitrantes, la aceptó y convocó al pueblo para que eligiese los sustitutos. Esta extraña actitud originó una digna protesta del presidente del Senado:

Los propósitos de la ley -manifestó- no se realizarán, por cierto, si el Señor Interventor, en vez de prestar el apoyo de la fuerza que se le ha requerido para compeler a los inasistentes, los declara cesantes por sí y ante sí, atribuyéndose facultades que son inherentes a este cuerpo, las que no puede delegar en otro poder o autoridad, como expresamente lo prescribe el artículo 20 de la Constitución Provincial(4).

(4) A. Fernández Frías. “Nota al comisionado Aguirre” (Agosto 14 de 1895), en: “Intervención en la Provincia de Santiago del Estero, Julio 1895 a Enero 1896” (1896), p. 41. Ed. Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional, Buenos Aires. El artículo invocado corresponde a la Constitución de 1884. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XX: “Resurgimiento del Acuerdo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Practicados los comicios, resultaron reelectos los dimitentes, que persistieron en su designio obstructor. Entretanto, acercábase el término del período de Lagar. Haciendo mérito de esta circunstancia y sin constreñir a la minoría rebelde, Roca -que accidentalmente desempeñaba el Ejecutivo- pidió al Congreso que ampliara el alcance de la Intervención, otorgándole facultades para dirigir las elecciones de gobernador y vicegobernador.

El Senado accedió a la solicitud sin debatirla, y la Cámara de Diputados adhirió a ella por veintiséis votos contra diecisiete. Recordó Barroetaveña que

la misión del Interventor era hacer de modo que la Legislatura se reuniera y garantir el cumplimiento de sus resoluciones; para eso no había necesidad de asumir el Gobierno local”.

Censuró la costumbre de que los comisionados suplantasen a los gobernadores; indicó que en el caso se debió entregar el Gobierno al vicegobernador o a su reemplazante legal y concluyó abogando por el retiro de la Intervención, porque ésta se había acordado a requerimiento de una autoridad ansiosa de amparo y que a la sazón se desdecía al estorbar su propio funcionamiento(5).

(5) “Cámara de Diputados”, sesión de Noviembre 25 de 1895. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XX: “Resurgimiento del Acuerdo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Promulgada la ley el 27 de Noviembre, Aguirre presidió los comicios de Electores y el 19 de Enero de 1898 puso en posesión de su cargo al nuevo gobernador, Adolfo Ruiz, y dio fin a sus tareas. El presidente aprobó su desempeño y recompensó sus servicios.

* Ley Nro. 3319:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1895

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etcétera, sancionan con fuerza de

Ley:

Art. 1.- A los efectos de la ley número 3243, de fecha Julio 18 del corriente año, el Poder Ejecutivo autorizará al Interventor Nacional en la provincia de Santiago del Estero para convocar al pueblo a elecciones de electores de gobernador y vicegobernador de la misma provincia.
Art. 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a veinticinco de Noviembre de mil ochocientos noventa y cinco.

                    CARLOS DONCEL                            FRANCISCO ALCOBENDAS
                         B. Ocampo                                              Juan Ovando
                Secretario del Senado                  Secretario de la Cámara de Diputados

Por tanto:

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y archívese.

ROCA
Benjamín Zorrilla

* Decreto de Febrero 13 de 1896:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Febrero 13 de 1896

Habiendo terminado la Intervención Nacional en la provincia de Santiago del Estero, ordenada por ley número 3243 del 18 de Julio del año pasado y de conformidad a las instrucciones que oportunamente le fueron transmitidas por este Ministerio,
El Presidente de la República,
En Acuerdo General de Ministros,

Decreta:

Art. 1.- Apruébase la conducta del Interventor Nacional en la provincia de Santiago del Estero, doctor Julián L. Aguirre, y dénsele las gracias por los importantes servicios prestados al país.
Art. 2.- Comuníquese, publíquese con el informe y anexos adjuntos e insértese en el Registro Nacional.

URIBURU
A. Alcorta, J. J. Romero,
A. Bermejo, G. Villanueva

* Decreto de Febrero 20 de 1896:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Febrero 20 de 1896

Debiendo compensarse los servicios prestados por el doctor don Julián L. Aguirre como Interventor en la provincia de Santiago de Estero, y los de sus Secretarios, Señores, doctores Nicolás Avellaneda y Filemón Naón,
El Presidente de la República,
En Acuerdo General de Ministros,

Decreta:

Art. 1.- Acuérdase al señor doctor Julián L. Aguirre la cantidad de quince mil ($ 15.000) pesos moneda nacional como remuneración por los servicios prestados como Interventor Nacional en la referida provincia, y la de siete mil (7.000) moneda nacional a cada uno de los señores Secretarios que lo acompañaron en el desempeño de su misión.
Art. 2.- Este gasto se imputará a la ley número 3243 del 18 de Julio de 1895.
Art. 3.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y pase a la Oficina de Contabilidad del Ministerio del Interior.

URIBURU
A. Alcorta, J. J. Romero, G. Villanueva

El segundo turno correspondió a La Rioja. Próximo a fenecer el período gubernamental del doctor Guillermo San Román, los autonomistas nacionales de la provincia se desmembraron en dos grupos: uno, adicto al gobernador y apoyado por los radicales, levantó la candidatura del ministro provincial, doctor Leónidas Carreño; el otro, simpático a la Legislatura y unido a los cívicos, se lanzó tras el nombre del senador nacional Francisco V. Bustos.

Los comicios se realizaron junto con los de seis legisladores que enterarían el número de diecisiete fijado por la Constitución y, como las Mesas Receptoras de votos se componían de presidentes designados por el gobernador y vocales que nombraba la Legislatura, resultó fácil instalarlas dobles allí donde la contienda aparecía dudosa.

El día en que los legisladores en ejercicio debían juzgar los diplomas de los electos, una muchedumbre expulsó del local a los ocho que seguían a Bustos, permitiendo así a los tres restantes constituir el Cuerpo del modo que deseaban.

Formáronse -en consecuencia- dos Legislaturas y dos Colegios Electorales. Estudiando el pleito, el Senado principió por rogar al Ejecutivo, a moción de Pellegrini, que adoptase las precauciones necesarias para evitar escenas de violencia(6).

(6) “Senado”, sesión de Junio 20 de 1895. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XX: “Resurgimiento del Acuerdo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El presidente mantuvo el statu quo valiéndose de un piquete de línea. Luego, la Comisión de Negocios Constitucionales aconsejó la Intervención a los efectos de asegurar el funcionamiento de la Legislatura, precisando que ésta debía constar de los once miembros recibidos.

Pellegrini criticó la conducta del Cuerpo adicto a Carreño y añadió que no se podía desatender el requerimiento de los ocho excluidos, a menos de establecerse un precedente que cimentaría la impunidad de los gobernadores.

Irigoyen lo rebatió. Los peticionantes, a su juicio, formaban una fracción legislativa, una minoría dotada del derecho de compulsar por la fuerza a los reacios; no eran una autoridad constituida, como lo exige el artículo 6to., que alude a la Legislatura y al gobernador, no a porciones de uno u otro poder.

Negó que fuese aplicable la Intervención de oficio; si las composiciones ilegales o fraudulentas de los cuerpos representativos significasen la supresión de la forma republicana, habría que preguntar qué sistema regía en el país; y si el Gobierno Federal revisase los títulos y hechos internos de las Legislaturas, carecería de sentido la atribución reconocida a las provincias de elegirlas sin injerencia ajena.

Existía un conflicto entre poderes; un grupo de legisladores ludido con el gobernador; nada más. En su réplica, Pellegrini manifestó que los solicitantes representaban la voluntad del cuerpo porque preponderaban en él, importando poco que por sí no alcanzasen a integrar el quorum. Son las mayorías las que hacen las leyes y las que pueden pedir auxilio cuando las coartan intrusiones perturbadoras.

El Senado aprobó el proyecto(7); igualmente, la Cámara de Diputados, después de cinco días de debate y por treinta y ocho votos contra y diecinueve. En la Cámara, Dávila y Alem -recién electo por la provincia de Buenos Aires- repitieron y ampliaron los argumentos de Irigoyen.

(7) “Senado”, sesión de Julio 6 de 1895. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XX: “Resurgimiento del Acuerdo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El 3 de Agosto, ya promulgada la ley, se designó Comisionado al Camarista en lo Civil, doctor Delfín B. Díaz, a quien Zorrilla encargó que asumiera el Gobierno local, visto que el mandato de San Román había concluido, y que dirigiera los actos electorales que la Legislatura ordenase(8).

* El texto de la ley Nro. 3.246, de Agosto 1 de 1895, es el siguiente:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etcétera, sancionan con fuerza de

Ley:

Art. 1.- El Poder Ejecutivo Intervendrá en la provincia de La Rioja a efecto de garantir el funcionamiento del Poder Legislativo.
Art. 2.- La Legislatura de La Rioja deberá organizarse sobre la base de los once Diputados que continuaban en el ejercicio de su mandato el 1 de Junio del corriente año.
Art. 3.- Autorízase al Poder Ejecutivo para hacer los gastos que ocasione el cumplimiento de la presente ley.
Art. 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a treinta y uno de Julio de mil ochocientos noventa y cinco.

                     CARLOS DONCEL                             FRANCISCO ALCOBENDAS
                      Adolfo Labougle                                       Alejandro Sorondo
                 Secretario del Senado                  Secretario de la Cámara de Diputados

Departamento del Interior

Buenos Aires. Agosto 1 de 1895

Téngase por Ley de la Nación, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

URIBURU
Benjamín Zorrilla

* Nombramiento del Comisionado:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Agosto 3 de 1895

En ejecución de la ley número 3246, promulgada con fecha 1 del corriente,
El Presidente de la República

Decreta:

Art. 1.- Nómbrase Interventor en la provincia de La Rioja al ciudadano don Delfín B. Díaz.
Art. 2.- El Interventor desempeñará su comisión con arreglo a la ley de intervención y a las instrucciones que se le transmitirán por el Ministerio del Interior.
Art. 3.- Los jefes y oficiales de la Nación residentes en la provincia intervenida quedan bajo las órdenes del Señor Interventor.
Art. 4.- El Ministerio de la Guerra pondrá a las órdenes del señor interventor los jefes, oficiales y Fuerza que necesitase para el mejor desempeño de su cometido.
Art. 5.- Nómbrase Comandante en Jefe de todas las Fuerzas al servicio de la Intervención al Señor coronel don César Lobo.
Art. 6.- Nómbrase Secretarios de la Intervención a los señores don Bernabé Láinez y don Servando A. Gallegos.
Art. 7.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

URIBURU
B. Zorrilla

(8) Zorrilla. Nota al comisionado Díaz (Agosto 3 de 1895), en: “Intervención a la Provincia de La Rioja” (1895), p. 30. Ed. Jacobo Peuser, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XX: “Resurgimiento del Acuerdo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Díaz suplió a Carreño y Bustos que, bajo la vigilancia del piquete de línea, ejercían simultáneamente sus tareas; instaló a los once legisladores, quienes decidieron la nulidad de los recientes comicios; y, mientras organizaba los venideros, se condujo ante la Legislatura como si fuese un mandatario del pueblo riojano.

Oficiales del Ejército presidieron las Mesas, actuando de vocales los mismos de antes. En la capital, Bustos obtuvo doscientos sesenta y un votos, superando en tres a Carreño; alrededor de ochocientos ciudadanos quedaron sin sufragar...

El 19 de Octubre, Díaz entregó el Gobierno a Bustos. Otra vez al frente del Ejecutivo, Roca aprobó los actos del comisionado y le acordó la recompensa de costumbre.

* Los decretos de Noviembre 8 y 12 de 1895 son los siguientes:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1895

Habiendo terminado la Intervención Nacional en la provincia de La Rioja, ordenada por ley número 3246 del 1 de Agosto próximo pasado y de conformidad a las instrucciones que oportunamente le fueron transmitidas por el Ministro del Interior,
El Presidente del Honorable Senado, en ejercicio del Poder Ejecutivo
Y en Acuerdo General de Ministros,

Decreta:

Art. 1.- Apruébase la conducta del Interventor Nacional en la provincia de La Rioja, doctor don Delfín B. Díaz, y dénsele las gracias por los importantes servicios prestados al país.
Art. 2.- Comuníquese, publíquese con el informe y anexos adjuntos e insértese en el Registro Nacional.

ROCA
B. Zorrilla, J. J. Romero,
A. Alcorta, A. Bermejo, G. Villanueva

Departamento del Interior

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1895

Debiendo compensarse los servicios prestados por el doctor Delfín B. Díaz como Interventor en la provincia de La Rioja y sus Secretarios, doctor Servando A. Gallegos y señor Bernabé Láinez,
El presidente del Honorable Senado, en ejercicio del Poder Ejecutivo
Y en Acuerdo General de Ministros,

Decreta:

Art. 1.- Acuérdase al Señor Interventor, doctor Delfín B. Díaz la remuneración de diez mil pesos moneda nacional, y la de cinco mil a cada uno de los Secretarios, doctor Servando A. Gallegos y señor Bernabé Láinez.
Art. 2.- Este gasto se imputará a la ley número 3246, del 1 de Agosto próximo pasado.
Art. 3.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Nacional y pase a la Oficina de Contabilidad del Ministerio del Interior.

ROCA
B. Zorrilla, A. Alcorta, A. Bermejo,
J. J. Romero, G. Villanueva

El caso de San Luis ocurrió el año 1896. El 9 de Octubre apareció un decreto del gobernador Lindor L. Quiroga, por el que suspendía en sus funciones a los miembros del Superior Tribunal de Justicia. El gobernador tenía facultad para disponer la medida, pero debía someterla “inmediatamente” al Jurado que cada año designaba la Legislatura(9).

(9) Constitución de 1871, artículos 39 y 29, inciso 25. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XX: “Resurgimiento del Acuerdo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Como no lo hiciese, los legisladores se reunieron el día 11, quebrando sin autorización el receso en que se hallaban; suspendieron a Quiroga, aunque ninguna ley les daba tal facultad; y lo acusaron ante el Jurado. El gobernador resistió tales resoluciones y, la Legislatura y el Tribunal de Justicia, requirieron la Intervención.

En el Senado, la Comisión de Negocios Constitucionales propuso que la provincia fuese Intervenida “a efecto de garantizarla en el goce y ejercicio de sus instituciones” . El miembro informante, doctor Rafael Igarzábal, expuso que las autoridades federales debían dirimir el conflicto de poderes producido, pues de lo contrario se resolvería a favor del más fuerte; por lo demás, era preciso acceder a la solicitud de sostenimiento, formulada correctamente por la Legislatura.

El nuevo ministro del Interior, doctor Norberto Quirno Costa, expresó que la letra del artículo 5to., empleada en el proyecto, autorizaba al comisionado a presidir elecciones de gobernador.

La crítica de estos juicios fue hecha por Irigoyen; declaró que la realización de comicios provinciales sería completamente inconstitucional y, conviniendo con el miembro informante en que se trataba de una discordia entre poderes, dijo que, por lo tanto escapaba ella de la primera parte del artículo 6to. y más aún de la última, referente sólo a los casos de sedición.

Igarzábal acometió entonces el artículo para verificar una alambicada exégesis. Leyó su segunda cláusula -el Gobierno Federal Interviene en las Provincias, “a requisición de sus autoridades constituidas, para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia”- y manifestó que la frase para sostenerlas o restablecerlas no es un término incidental o intercalado, porque el carácter de derrocadas no puede condicionar el sostenimiento; la coma puesta tras la palabra restablecerlas era “un error del corrector de la edición oficial de la Constitución”; el texto quiere significar que se Interviene por requerimiento para defender autoridades, haya sedición o no la haya o, para reponerlas y, en tal caso, únicamente habiendo sedición o invasión(10).

(10) “Senado”, sesión de Octubre 24 de 1896. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XX: “Resurgimiento del Acuerdo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El Senado aprobó el proyecto y la Cámara de Diputados lo convirtió en ley. El texto de la ley Nro. 3448, de Noviembre 3 de 1896, es el que sigue:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etcétera, sancionan con fuerza de

Ley:

Art. 1.- Autorízase al Poder Ejecutivo para Intervenir en la provincia de San Luis a efecto de garantizarla en el goce y ejercicio de sus instituciones.
Art. 2.- Autorízasele igualmente -para hacer de rentas generales- los gastos que exija el cumplimiento de la presente ley, imputándolos a la misma.
Art. 3.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a dos de Noviembre de mil ochocientos noventa y seis.

                       JULIO A. ROCA                             MARCO AVELLANEDA
                          B. Ocampo                                           Juan Ovando
               Secretario del Senado                Secretario de la Cámara de Diputados

Departamento del Interior

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1896

Téngase por Ley de la Nación, comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU
N. Quirno Costa

El Ejecutivo designó para cumplirla al doctor Norberto Piñero. Este tomó a su cargo el Gobierno Provincial, compuso con nuevos miembros el Tribunal de Justicia, cambió los funcionarios y empleados que desempeñaban tareas atinentes con el trajín político y presidió las elecciones de gobernador en la fecha constitucionalmente determinada.

* El decreto de Noviembre 3 de 1896 es el siguiente:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1896

En virtud de la autorización conferida por la ley número 3448,
El Presidente de la República,

Decreta:

Art. 1.- Declárase Intervenida la provincia de San Luis.
Art. 2.- Nómbrase Interventor al ciudadano doctor Norberto Piñero.
Art. 3.- El interventor desempeñará su cometido de acuerdo con las instrucciones que le serán transmitidas por el Ministerio del Interior.
Art. 4.- Por el Ministerio de Guerra se pondrán a las órdenes del Interventor los jefes, oficiales y Fuerza necesaria para el desempeño de su cometido.
Art. 5.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

URIBURU
N. Quirno Costa

El doctor Adeodato J. Berrondo, autonomista nacional, triunfó sobre el doctor Baldomero Llerena, candidato de los cívicos y radicales. La Intervención concluyó el 6 de Enero de 1897, día en que el nuevo mandatario asumió el Gobierno y en que terminaba el período de Quiroga. El presidente prestó conformidad al comportamiento del comisionado y le fijó la respectiva remuneración.

* Los decretos de Enero 18 de 1897 son los siguientes:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Enero 18 de 1897

Habiendo terminado la Intervención Nacional en la provincia de San Luis, ordenada por ley número 3448 de Noviembre 3 de 1896, ejercida por el doctor Norberto Piñero, de conformidad con las instrucciones que oportunamente le fueron transmitidas por el Ministerio del Interior,
El Presidente de la República,
En Acuerdo General de Ministros,

Decreta:

Art. 1.- Apruébase la conducta del Interventor Nacional en la provincia de San Luis, doctor Norberto Piñero, y dénsele las gracias por los importantes servicios que ha prestado al país.
Art. 2.- Hágase saber la satisfacción con que el Poder Ejecutivo se ha impuesto del celo y corrección con que han secundado los procedimientos del interventor sus secretarios, doctores Narciso Rodríguez Bustamante y Federico Ibarguren, y transcríbase al Ministerio de Guerra y Marina la parte del informe relativa a los señores Jefes militares que han estado a las órdenes de mismo y cuya conducta recomienda a la consideración del Gobierno.
Art. 3.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU
N. Quirno Costa, A. Alcorta
A. Bermejo, G. Villanueva

Departamento del Interior

Buenos Aires, Enero 18 de 1897

Debiendo compensarse los servicios prestados por los Señores, doctores Norberto Piñero, Narciso Rodríguez Bustamante y Federico Ibarguren, el primero como Interventor Nacional en la provincia de San Luis y los dos últimos como Secretarios,
El Presidente de la República
En Acuerdo General de Ministros,

Decreta:

Art. 1.- Acuérdase al doctor Norberto Piñero la remuneración de diez mil pesos moneda nacional ($ 10.000) y la de cinco mil pesos moneda nacional ($ 5.000) a cada uno de los sus secretarios, doctores Narciso Rodríguez Bustamante y Federico Ibarguren.
Art. 2.- Este gasto se imputará a la ley 3448.
Art. 3.- Comuníquese publíquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU
N. Quirno Costa, A. Alcorta
A. Bermejo, G. Villanueva

San Luis fue la primera provincia sobre la cual hubo que volver. No llevaba Berrondo cuatro meses de Gobierno cuando, un día -27 de Abril de 1897- la Legislatura repitió el procedimiento inconstitucional de sesionar durante las vacaciones, a fin de suspender a aquél y designarle reemplazante.

Contando en su seno con diez opositores y siete gubernistas, logró la indispensable mayoría de dos tercios al expulsar a dos legisladores que ocupaban cargos dependientes del gobernador, sin percatarse que entre los que quedaban habían otros en idénticas condiciones.

Berrondo desconoció la sanción legislativa, levantó tropas en la capital y avisó al presidente que un grupo de legisladores conspiraba para derrocarlo.

Los miembros de la mayoría requirieron entonces la Intervención y el interino designado por ellos, doctor Víctor C. Guiñazú, estableció el centro de sus actividades en la Ciudad de Mercedes, en la cual armó fuerzas.

Uriburu y Quirno Costa resolvieron apoyar a Berrondo. Por primera providencia, situaron un batallón entre el titular y el interino para prevenir choques sangrientos. ¿Dónde estaba el precepto que justificase la medida?

¡En la Constitución -exclamó el ministro- que obliga al presidente de la República a mantener la paz! Cuando el presidente impide que dos bandos se vayan a las manos, no ejerce acto de Intervención(11).

(11) “Cámara de Diputados”, sesión de Mayo 17 de 1897. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XX: “Resurgimiento del Acuerdo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Estas ideas eran admitidas por muchas personas. Dos años antes de que Quirno Costa se expidiese en tales términos, Pellegrini había dicho en el Senado:

Debo declarar que he creído siempre un deber del Poder Ejecutivo evitar la violencia y la guerra civil en la República, dondequiera que se presente”; y Mitre adhirió, interrumpiéndolo: “Perfectamente conforme; ésa es la regla que debe seguirse...(12).

(12) “Senado”, sesión de Junio 20 de 1895. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XX: “Resurgimiento del Acuerdo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Asegurada la quietud de San Luis, el Ejecutivo intervino oficialmente, “a objeto de garantir a su Legislatura el ejercicio de sus facultades constitucionales”, comisionando para ello al doctor Ernesto Bosch. El texto del decreto de Mayo 3 de 1897 es el siguiente:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Mayo 3 de 1897

Habiendo solicitado la Legislatura de San Luis la Intervención del Gobierno Nacional y en vista, además, de los hechos producidos en la misma provincia,
El Presidente de la República,

Decreta:

Art. 1.- Declárase intervenida la provincia de San Luis, a objeto de garantir a su Legislatura el ejercicio de sus facultades constitucionales.
Art. 2.- Nómbrase Interventor al doctor don Ernesto Bosch.
Art. 3.- Nómbrase Jefe de las Fuerzas Nacionales que estarán a las órdenes del interventor, al coronel don Alejandro Montes de Oca.
Art. 4.- Por el Ministerio del Interior se darán al interventor las instrucciones necesarias para que ajuste a ellas sus procedimientos.
Art. 5.- Dése cuenta del presente decreto al Honorable Congreso Nacional en sus próximas sesiones, comuníqeese, publíquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU
N. Quirno Costa

El Agente Nacional, sin arrogarse funciones de gobernador, reconoció a Berrondo, luego de afirmar que la Legislatura había carecido de derecho para ejercer las medidas originarias de la incidencia; simultáneamente, la invitó a sesionar con sus diecisiete miembros, es decir, incluso con los dos destituidos.

Reunido el Cuerpo, confirmó sus decisiones del 27 de Abril y se enzarzó con Bosch en una fastidiosa polémica. El 19 de Mayo, el Diputado por San Luis, doctor Mauricio P. Daract, combatió en la Cámara la política del Ejecutivo y pidió una ley que resguardase el libre funcionamiento de la Legislatura; la propuesta fue rechazada por veintiséis votos contra diecinueve(13).

(13) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 11 de 1897. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XX: “Resurgimiento del Acuerdo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El presidente aprovechó in continenti la coyuntura: el 12 de Junio manifestó su acuerdo con el comisionado y retiró la Intervención:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Junio 12 de 1897

Teniendo presente, con respecto a la Intervención decretada para la provincia de San Luis:
Que la Cámara de Diputados de la Nación ha rechazado el proyecto por el que se disponía la continuación de la Intervención;
Que requerida ésta por acto legislativo durante el receso del Honorable Congreso y en momento en que iban a producirse actos de fuerza en San Luis, evitados felizmente por la presencia de tropas nacionales en Villa Mercedes, el Poder Ejecutivo la decretó a los fines que indica la resolución de fecha 3 de Mayo próximo pasado;
Que nombrado interventor, el doctor Ernesto Bosch, se trasladó a San Luis y requirió del presidente de la Legislatura y gobernador de la provincia que no produjera acto alguno relacionado con las funciones legislativas hasta tanto estudiara los antecedentes que le habilitaran para ejercer sus funciones;
Que inmediatamente después, el Interventor desconoció la autoridad que se atribuía el doctor don Víctor Guiñazú, investido con el cargo de gobernador interino, por cuanto ni la Constitución de la provincia ni la Ley de Enjuiciamiento atribuyen al Poder Legislativo el derecho de hacer tal nombramiento con motivo de la iniciación de Juicio Político al gobernador titular;
Que el Poder Ejecutivo de la Nación en momento alguno mantuvo relaciones oficiales con el doctor Guiñazú;
Que convocada la Legislatura por el Interventor a fin de que ejerciera sus atribuciones constitucionales bajo el amparo del Gobierno Nacional, desconoció y protestó de los actos de aquél, pretendiendo reducirlo a simple ejecutor automático de sus resoluciones, cualesquiera que ellas fueran, aun cuando para el Juicio Político que había iniciado y para formar mayoría de dos tercios de votos hubiera tenido, en la misma sesión en que promovía el juicio, que expulsar de su seno a diputados legalmente elegidos e incorporados a la Cámara, dejando en ella a otros que habían estado en las mismas condiciones;
Que semejante actitud no ha podido ser aceptada, como no la aceptó, sin menoscabo de la alta autoridad que representaba y sin violación de la Constitución y de las leyes de la misma provincia intervenida,

Se resuelve:

1.- Aprobar la conducta del doctor Ernesto Bosch, Interventor Nacional en la provincia de San Luis.
2.- Disponer el inmediato retiro de la Intervención,
Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

URIBURU
N. Quirno Costa

Insistióse después sobre La Rioja. El 23 de Mayo de 1898, veintisiete animosos vecinos asaltaron el Cabildo y la casa de Bustos y, apoderándose de ambos lugares, quedaron dueños de la ciudad y la provincia entera, a la que proveyeron de gobernador provisorio.

Esforzábanlos los cívicos, los radicales y los autonomistas nacionales disidentes, descontentos todos de que el Colegio Electoral fuese a nombrar gobernador al senador Antonio P. García, cuya banca del Congreso se destinaba a Bustos. Este, que en el instante del tumulto estaba comiendo, pudo huir por los fondos de su domicilio y expedir a Buenos Aires el pedido de amparo. Enseguida lo detuvieron.

El 24, Uriburu y el nuevo titular del Interior, doctor Amancio Alcorta, expresaron al Congreso que la Intervención era procedente. El mismo día, los Senadores aprobaron sobre tablas un proyecto que contenía esta olvidada fórmula: “el Poder Ejecutivo Intervendrá en la provincia de La Rioja a objeto de restablecer las autoridades derrocadas por la sedición”.

Tan insólito temperamento despertó censuras en la Cámara de Diputados; la Comisión de Negocios Constitucionales accedió a la Intervención, pero a los fines de los artículos 5to. y 6to.; el miembro informante pronunció un discurso enderezado a demostrar que el Congreso, en casos de lucha entre Gobiernos y ciudadanos, debía delegar en el presidente el estudio profundo del conflicto para que con su elevado criterio resolviese a quién había que apoyar; y otro legislador confesaba que, “este procedimiento de reponer a todo trance las autoridades depuestas por un movimiento insurreccional de provincia, entendía que había ya caído en un descrédito definitivo”.

La Cámara, no obstante, sancionó el proyecto del Senado por cuarenta sufragios contra veintinueve(14).

(14) “Cámara de Diputados”, sesión de Mayo 27 de 1898. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XX: “Resurgimiento del Acuerdo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

En ejercicio de la ley respectiva, Uriburu nombró comisionado al doctor Benjamín Figueroa, quien empleó recursos conciliadores: abstúvose de asumir el Gobierno, aunque sin reinstalar a Bustos; desconoció al provisorio, quedando -de este modo- acéfala la provincia.

* La ley Nro. 3687, de Mayo 27 de 1898, es la siguiente:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etcétera, sancionan con fuerza de

Ley:

Art. 1.- El Poder Ejecutivo Intervendrá en la provincia de La Rioja a objeto de restablecer las autoridades derrocadas por la sedición.
Art. 2.- Autorízasele para hacer los gastos que demande el cumplimiento de esta ley, los que se imputarán a la misma.
Art. 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a veintisiete de Mayo de mil ochocientos noventa y ocho.

                      RAFAEL IGARZABAL                     MARCO AVELLANEDA
                       Adolfo J. Labougle                              A. M. Tallaferro
                    Secretario del Senado           Secretario de la Cámara de Diputados

Departamento del Interior

Buenos Aires, Mayo 27 de 1898

Téngase por Ley de la Nación, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

URIBURU
A. Alcorta

* El decreto de Mayo 28 de 1898 es el siguiente:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Mayo 28 de 1898

En cumplimiento de lo dispuesto por la ley número 3687,
El Presidente de la República

Decreta:

Art. 1.- Nómbrase Interventor Nacional en la provincia de La Rioja al doctor don Benjamín Figueroa.
Art. 2.- Nómbrase Secretario de la Intervención al señor don Manuel Sibilat Fernández.
Art. 3.- El Interventor nombrado procederá, en el desempeño de su comisión, de acuerdo con las instrucciones que le serán transmitidas por el Ministerio del Interior.
Art. 4.- Por el Ministerio de la Guerra se dictarán las órdenes del caso a fin de que las Fuerzas Nacionales que actualmente se encuentran en la provincia de La Rioja sean puestas a las órdenes del Interventor.
Art. 5.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

URIBURU
A. Alcorta

Invirtió varios días en arreglar sus dificultades, las que consideró zanjadas cuando Bustos presentó su dimisión y García retiró su candidatura y, el 5 de Junio, restableció a los legisladores, que se apresuraron a aceptar la renuncia del gobernador.

El presidente del Cuerpo tomó a su cuidado la dirección de la provincia hasta que el Colegio Electoral eligió a Carreño, es decir, al candidato a quien la anterior Intervención había excluido.

El 9 de Junio, Figueroa obtuvo venia del presidente para dar término a su comisión. Tiempo después fueron aprobados sus procederes. El texto del decreto de Junio 30 de 1898, es el siguiente:

Departamento del Interior

Buenos Aíres. Junio 30 de 1898

Habiendo terminado la Intervención Nacional en la provincia de La Rioja, ordenada por ley número 3687 del 27 de Mayo del corriente año y de conformidad a las instrucciones que oportunamente le fueron transmitidas por este Ministerio,
El Presidente de la República,
En Acuerdo General de Ministros.

Decreta:

Art. 1.- Apruébase la conducta del Interventor Nacional en la provincia de La Rioja, doctor don Benjamín Figueroa, y dénsele las gracias por los importantes servicios prestados al país.
Art. 2.- Comuníquese, publíquese con el informe y anexo adjuntos e insértese en el Registro Nacional.

URIBURU
A. Alcorta, W. Escalante,
Luis Beláustegui, N. Levalle

Las autoridades que Uriburu constituyó en Santiago del Estero tuvieron un fin más lamentable que las de San Luis y La Rioja. En la madrugada del 27 de Agosto de 1898, el Jefe de Policía de aquella provincia dispuso que se allanase la casa del diputado nacional Pedro García, sospechado de conspirar contra los gobernantes.

El allanamiento se practicó con singular aparato, y García fue alojado en una habitación con centinela de vista; luego, como desobedeciera una orden que se le impartiese, el vigilante lo ultimó de un tiro. Apresado el matador, se evadió del calabozo...

El Juez dictó entonces auto de prisión contra todo el personal policíaco, incluso el Jefe. Los sucesos causaron en Buenos Aires intensa indignación, alentada por los diarios y subrayada en manifestaciones callejeras.

El mismo día 27, la Cámara de Diputados envió a la provincia tres de sus miembros para que aconsejasen medidas en desagravio de sus fueros y determinasen si la tragedia denotaba una subversión de la forma republicana.

Suponíase comprometido en el asesinato al gobernador. El doctor Miguel G. Morel se opuso al segundo mandato; reputaba inconstitucional cualquier injerencia y creía que para que se hiciese justicia bastaba con que sus colegas denunciasen los atropellos aduciendo las pruebas pertinentes:

¿Dónde están -preguntó- las atribuciones de la Cámara para residenciar a las autoridades locales de Santiago? ¿Dónde están sus facultades coercitivas para obligar a los jueces de provincia a llevar al banco de los acusados a los culpables?

En la sesión del 5 de Septiembre se dio lectura al informe de los investigadores, que amplió de viva voz uno de ellos, el obispo, doctor Gregorio Romero:

El diputado Pedro García ha sido asesinado -declaró éste- y los criminales directamente responsables e indirectamente complicados son los poderes públicos de la provincia.
¡Pido -agregó- que todos los poderes públicos de aquella provincia queden barridos inmediatamente!

Consideraba circunstancias anormales el allanamiento dispuesto por orden verbal, la indiferencia del gobernador, la falta de precaución evidenciada por el juez respecto de la incomunicación de los presos y la pasividad de la Legislatura mostrada al no interpelar a los ministros.

Esta omisión, explicable tal vez porque algunos representantes desempeñaban empleos rentados, movió al obispo a desentenderse del artículo 6to. y a fundar la Intervención en el artículo 29no.: los legisladores habían otorgado a Ruiz sumisiones y supremacías por las que la vida de los habitantes quedaban a merced suya...

Sin embargo, el proyecto que firmó con el doctor Carlos Salas preceptuaba la intromisión “a los efectos de los artículos 5to. y primera parte del 6to.”, incluyendo la facultad de movilizar la milicia provincial.

La Cámara lo votó entre grandes aplausos, y adhirió el Senado en masa. El 6 de Septiembre, el Ejecutivo promulgó la ley y nombró Comisionado al mismo que acababa de actuar en La Rioja y fijó el personal acompañante. Los texto de los respectivos documentos a continuación:

* Ley Nro. 3704:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1898

Por cuanto:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etcétera, sancionan con fuerza de

Ley:

Art. 1.- El Poder Ejecutivo de la Nación intervendrá en la provincia de Santiago del Estero a los efectos de los artículos 5to. y primera parte del 6to. de la Constitución Nacional.
Art. 2.- El Poder Ejecutivo queda autorizado para movilizar la Guardia Nacional de dicha provincia.
Art. 3.- Los gastos que ocasione la ejecución de la presente ley se harán de rentas generales y se imputarán a la misma.
Art. 4.- El Poder Ejecutivo dará cuenta al Honorable Congreso de la aplicación de esta ley.
Art. 5.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a seis de Septiembre de mil ochocientos noventa y ocho.

                        BARTOLOME MITRE                        MARCO AVELLANEDA
                          Adolfo J. Labougle                              Alejandro Sorondo
                      Secretario del Senado              Secretario de la Cámara de Diputados

Por tanto:

Téngase por Ley de la Nación, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

URIBURU
Amancio Alcorta

Departamento del Interior

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1898

En cumplimiento de lo dispuesto por la ley número 3704,
El Presidente de la República

Decreta:

Art. 1.- Nómbrase Interventor Nacional en la provincia de Santiago del Estero al doctor don Benjamín Figueroa.
Art. 2.- Nómbrase Jefe de todas las Fuerzas Militares al servicio de la Intervención al coronel don Rosendo M. Fraga.
Art. 3.- El Interventor nombrado procederá, en el desempeño de su comisión, de acuerdo con las instrucciones que le serán transmitidas por el Ministerio del Interior.
Art. 4.- Todos los jefes y oficiales de línea que residan en la provincia de Santiago del Estero quedan a las órdenes de la Intervención.
Art. 5.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese.

URIBURU
Amancio Alcorta

Departamento del Interior

Buenos Aires, Septiembre 6 de 1898

El Presidente de la República,

Decreta:

Art. 1.- Nómbrase Secretarios de la Intervención Nacional en la provincia de Santiago del Estero a los Señores, diputado nacional don José I. Llobet y don Juan Ovando; Prosecretario a don Jorge Drago Mitre y Oficial de Secretaría a don Manuel J. Aparicio.
Art. 2.- Comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional.

URIBURU
Amancio Alcorta

Se encomendó a Figueroa que ocupase el Gobierno, designase jueces provisorios y llamase al pueblo para elegir Poderes políticos; en cuanto al asunto concreto que motivaba la injerencia, debía “tomar las iniciativas conducentes y legales para la prosecución de la causa criminal(15).

(15) Alcorta. Nota al comisionado Figueroa (Septiembre 7 de 1898), en: “Intervención Nacional en la Provincia de Santiago del Estero. 1898” (1899), p. 7. Ed. Taller Tipográfico de la Penitenciaría Nacional, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XX: “Resurgimiento del Acuerdo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El Comisionado aventó a todos los empleados -tanto a los dependientes del gobernador como a los municipales, legislativos y judiciales- y se retiró de la provincia el 28 de Octubre, día en que instaló la Legislatura y en que el Colegio Electoral proclamó gobernador al doctor Dámaso E. Palacio.

El electo era autonomista nacional y triunfó sobre una coalición de radicales y disidentes de aquel partido. La Intervención concluyó antes de que la causa criminal se clausurara con la condena del jefe de policía y la absolución de Ruiz...

En Diciembre apareció el decreto aprobatorio de los actos del comisionado. El decreto de Diciembre 16 de 1898 es el siguiente:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1898

Habiendo terminado la Intervención Nacional en la provincia de Santiago del Estero, ordenada por ley número 3704 del 6 de Septiembre de 1898, de conformidad a las instrucciones que oportunamente le fueron comunicadas,
El Presidente de la República,
En Acuerdo General de Ministros,

Decreta:

Art. 1.- Apruébase la conducta del Interventor Nacional en la provincia de Santiago del Estero, doctor Benjamín Figueroa, y dénsele las gracias por los importantes servicios que ha prestado al país.
Art. 2.- Comuníquese, publíquese con el informe y anexos adjuntos e insértese en el Registro Nacional.

ROCA
Felipe Yofre, A. Alcorta, José M. Rosa,
Luis María Campos, M. Rivadavia, O. Magnasco, Emilio Civit

Las resultancias del proceso seguido por la muerte de García hicieron entrever que los poderes políticos de la Nación habían obrado precipitadamente. La impresión fue corroborada por un fallo de la Corte Suprema, confirmatorio de una providencia en la que el juez federal de Santiago se había declarado incompetente para entender en el homicidio. Estableció el Alto Tribunal:

Las circunstancias todas del suceso, abstracción hecha de las personales al occiso, revelan la comisión de un delito de carácter común, previsto y penado por el Código respectivo...; la jurisdicción para el conocimiento de delitos de ese género, perpetrados en el territorio de las provincias, corresponde a los Jueces de las mismas, cuando no se han realizado excepcionalmente en lugares sometidos a la absoluta y exclusiva jurisdicción del Gobierno Nacional...; la mencionada circunstancia no ha sido tomada en cuenta por la Constitución para hacer de la persona de los Diputados y Senadores una especialidad de personas de derecho público, sustrayéndolas de la jurisdicción local cuando, por razón de ellas o de sus bienes, hubiesen de estar en juicio como demandantes o como demandados o cuando se tratase de hechos comunes que les afecten como víctimas(16).

(16) “Causa CCLXXXVIII, criminal, contra los autores y cómplices de la muerte dada al diputado nacional don Pedro García”, en: “Fallos de la Suprema Corte de Justicia Nacional, con la relación de sus respectivas causas” (1900), tomo LXXV, p. 341. Ed. Coni Hermanos, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XX: “Resurgimiento del Acuerdo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Se llegó a este Acuerdo el 13 de Octubre de 1898, por voluntad de los ministros Paz, Bazán, Bunge y Torrent y con la disidencia de Varela. El procurador doctor Kier había sostenido el fuero federal por considerar violadas las inmunidades prescriptas por el artículo 61ro..

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