El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Aporte de los constitucionalistas

Los estudiosos, que a partir de la época de la conciliación se nutrían principalmente en la obra de Estrada, dispusieron -desde 1896- de las “Lecciones de Derecho Constitucional” dictadas por el doctor Manuel Augusto Montes de Oca y, desde 1897, del “Manual de la Constitución”, debido a la pluma del doctor Joaquín V. González.

Montes de Oca enseñó que la facultad de Intervenir reside en el Congreso, si bien durante sus vacaciones y “en casos de urgencia”, el presidente está habilitado para ejercerla.

Concebía la forma republicana siempre que hubiera concurrencia de estos requisitos: limitación, separación y emanación popular de los poderes; libertad de sufragio; publicidad de los actos administrativos; y responsabilidad y duración limitada de los funcionarios encargados de potestades Ejecutivas y Legislativas.

Aceptaba la Intervención cuando cualquiera de dichas condiciones apareciese entorpecida o viciada, por entender que los recursos del artículo 6to. son medios para realizar las garantías del artículo 5to., las cuales preservan, a más de las instituciones en sí, su goce y ejercicio correctos.

Declaró que los Comisionados pueden presidir comicios provinciales, porque el artículo 6to. marca una excepción al 105, que prohibe tales actos. Censuró la práctica de omitir la Intervención motu proprio cada vez que se infringen los requisitos expuestos y la de reservar su imposición para los casos en que un movimiento sedicioso altera el orden.

Acerca de la Intervención por requerimiento, expuso que es obligatoria si la piden autoridades legalmente constituidas, en cuya circunstancia el comisionado desempeña en realidad el papel de autómata(1).

(1) Alcides V. Calandrelli. “Lecciones de Derecho Constitucional (Notas tomadas de las conferencias del doctor M. A. Montes de Oca)", tomo I, p. 245. Corte Suprema de Justicia de la Nación, Tipo-Litografía, Buenos Aires // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XX: “Resurgimiento del Acuerdo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El “Manual...” de González interesa sobre todo por la distinción que fija entre los artículos 5to. y 6to.:

Aunque la Constitución ha establecido una separación bien clara entre las soberanías nacional y de provincia -explicó González- la necesidad de proveer a los medios positivos de realizar la unión, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, ha hecho indispensable un sistema de excepciones a aquella regla de la dualidad y mutua independencia en el ejercicio de los respectivos Poderes.
Las provincias han delegado los suyos en un Gobierno Federal, para constituir una fuerza capaz de defender a todas y a cada una, no sólo contra enemigos o amenazas exteriores, sino contra los peligros internos que amenacen los principios constitucionales adoptados o sus Gobiernos o la existencia de los Estados que sobre ellos se fundaron”.

De dos maneras se realizan las excepciones:

Primera, por medio de las garantías en general; segunda, por medio de Intervenciones efectivas. Las primeras no constituyen una expresa concesión de poder o recurso determinado, sino una promesa que depende del ejercicio continuo y permanente de los poderes de legislación, progreso y ayuda de la Nación a las provincias; las segundas, sí, son limitadas, calificadas, actuales y se cumplen de varios modos según el poder que deba Intervenir.
Así, las garantías son: legislativas, o confiadas al Congreso como supremo poder político, árbitro entre las provincias, regulador de la renta y de los beneficios que de ella y de sus leyes comunes o protectoras se deriven; ejecutivas, dirigidas principalmente a asegurar o consolidar la paz, el orden, la tranquilidad doméstica, por el uso de la fuerza pública nacional y provincial; judiciales, por medio de un Tribunal Supremo que dirime las contiendas de derecho entre las provincias y con sus demandantes extranjeros, ya sean particulares, ya Estados soberanos, y que presta sanción y autoridad irrevocables a sus propias Constituciones y leyes cuando no se oponen a las nacionales”.

Particularizando más el examen del artículo 5to. y colacionándolo con los artículos 31, 100, 101 y 105, se ve que el trámite judicial es el indicado para el cumplimiento de las garantías:

La Justicia Nacional, por el órgano de la Corte Suprema, puede declarar nulas, en los casos contenciosos que su aplicación suscite por particulares o provincias, toda Constitución o parte o cláusula de ella y toda ley o parte o cláusula de la misma, así como todo decreto ejecutivo o sentencia judicial que importen una violación, una oposición o divergencia incompatibles con la Constitución, leyes y tratados nacionales.
Así, pues, en uso de este poder, asegura y garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones republicanas, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución federal, según las formas, reglas y procedimientos establecidos por el Congreso”.

Entendidos los preceptos de esta suerte, cabe preguntar en qué situación se colocarían los que no observasen los requisitos mencionados:

Teniendo en cuenta las condiciones orgánicas a que deben sujetarse los Gobiernos de provincia (artículo 5to.) como base para la garantía nacional, puede creerse que, si uno de ellos dejase de cumplirlas, quedaría de hecho fuera de la Unión.
No es así, ni hay principio que autorice a creerlo: primero, porque nuestro sistema federativo forma una nación indestructible de Estados o Provincias indestructibles y, en tal caso, la misión de la primera es protectora y orgánica y no de destrucción y castigo; segundo, porque, según los principios elementales de nuestro Gobierno, no existe necesariamente la nulidad total de un estatuto, ley o reglamento o de un Gobierno, sino que el poder de declararla se aplica a la parte, sección, cláusula o acto particular que se hallen en pugna con la Ley Suprema”.

La otra manera de actuar -la Intervención- se verifica únicamente a los fines del artículo 6to.. El punto oscuro de éste, o sea, el relativo a la forma republicana, aclarábalo González determinando que revisten dicha modalidad los Gobiernos constituidos en armonía con el que la Constitución establece para la nación, que concuerdan con sus principios, declaraciones y garantías y que constan de los tres clásicos Poderes.

En lo atañedero a las milicias, González mantuvo los conceptos prevalentes antes de 1880. El simple análisis del artículo 67, en su inciso 24, lo llevó a esta conclusión lógica:

La Constitución no ha concedido en parte alguna al Gobierno Federal, potestad permanente sobre la milicia de las provincias”.

En otro lugar insistió:

Las milicias quedan sometidas al mando del presidente cuando, salido de la jurisdicción de la provincia respectiva para ser puestas al servicio activo de la Nación; y no ejerce, en caso contrario, poder alguno sobre milicias que no sean las de la capital y Territorios Nacionales(2).

(2) Joaquín V. González. “Manual de la Constitución Argentina” (1897), pp. 516, 595, 757, 765 y 779. Ed. Angel Estrada y Compañía, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XX: “Resurgimiento del Acuerdo”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Información adicional