El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

El alzamiento entrerriano

Apenas se difundieron las primeras noticias del asesinato de Justo José de Urquiza, el presidente Domingo Faustino Sarmiento resolvió destacar tropas en Entre Ríos bajo las órdenes del general Emilio Mitre. Jamás aquella provincia había visto hollado su suelo por fuerzas de la Nación, como no fuese en simple tránsito.

El concepto del federalismo agresivo tenía hondas raíces en la brava provincia; y Sarmiento, que ya lo había abandonado, no podía pretender que en todos se hubiera producido el mismo fenómeno, y conocía las grandes resistencias que su actitud debía levantar. Una feliz circunstancia proporcionó el pretexto adecuado.

En Buenos Aires circulaban versiones de que habían participado en los sucesos algunos proscriptos uruguayos, cómplices de una revuelta que, en esos momentos, convulsionaba la República limítrofe; y se decía que las fuerzas pertenecientes a dicha revuelta recibían auxilio de Entre Ríos, comprometiendo la neutralidad argentina.

El presidente pudo así -por decreto de Abril 14 de 1870- ordenar que un cuerpo de observación se situara en territorio entrerriano, a fin de impedir conflictos internacionales, y también para evitar que individuos provenientes del extranjero violasen las leyes del país, aprovechando el asesinato del general Urquiza. El citado decreto decía lo siguiente:

Departamento de Guerra y Marina

Buenos Aires, Abril 14 de 1870

Constando por los repetidos avisos del Gobierno de la República Oriental del Uruguay y por los partes publicados de sus Comandantes, que los revolucionarios de aquel Estado se dirigían precipitadamente a las márgenes del Uruguay;
Y coincidiendo con este retroceso, sospechoso de algún designio secreto, la muerte dada al Gobernador de Entre Ríos en su Palacio de San José por una banda armada en que figuraban asilados orientales;
Constando además que de la Provincia de Entre Ríos se desprendían constantemente grupos armados para perturbar la paz del Estado vecino;
Y deseando evitar que extraños violen las leyes de la República y sus ciudadanos las comprometan con actos de hostilidad,
El Presidente de la República

Decreta:

Art. 1.- Nómbrase al Brigadier General don Emilio Mitre, General en Jefe del Ejército de Observación que vigilará las costas del Uruguay para asegurar los fines consultados en el preámbulo y en conformidad con las instrucciones que se le darán por el Ministerio de la Guerra.
Art. 2.- Por el Ministerio de la Guerra se designarán las Fuerzas de Línea que han de componer dicho Ejército, autorizándose al General en Jefe nombrado para que requiera de los Gobiernos de las Provincias de Entre Ríos y Corrientes las Milicias que juzgue necesarias.
Art. 3.- Comuníquese este Decreto al Gobierno de la República Oriental del Uruguay y a los de las Provincias de Entre Ríos y Corrientes, publíquese y dése al Registro Nacional.

SARMIENTO
Mariano Varela

A la vez que dictaba esta resolución, que carecía de carácter político -el propio decreto apareció por el Ministerio de Guerra y Marina-, el presidente complicó el asunto con una proclama, con fecha del mismo 14 de Abril, dejándose llevar por el arrebato de la primera hora.

El Gobierno Nacional -expresó- acaba de ser instruido de un acto odioso, suficiente para cubrir de vergüenza a una Nación entera. En el silencio de la noche, en el seno de su familia, el general Urquiza, gobernador de Entre Ríos, ha sido asaltado y muerto.
Entrerrianos: la libertad no tiene por instrumento el crimen. Que todo entrerriano que sea honrado, que no sea en su corazón un asesino, se aparte de los que han cometido el crimen. El Gobierno Nacional estará entre vosotros para evitar que el mal se agrave. Poneos a las órdenes del jefe de las fuerzas nacionales, y días de calma y de seguridad serán vuestra recompensa.
No deis oídos a sugestiones de ambiciosos oscuros e ignorantes, para quienes el odio es un principio, el crimen un medio. La paz de la República ante todo. Nuestra gloria, vuestro interés así lo reclaman. Así lo espera, así lo ordena vuestro presidente” (Obras de D. F. Sarmiento, t. L, p. 324).

La alocución, como se ve, importaba en sí misma un entrometimiento en los asuntos provinciales.

El mismo día 14 de Abril, en que apareció la proclama, el general Emilio Mitre se presentó en el puerto de Gualeguaychú, embarcado con algunas tropas en un buque de guerra, y comunicó su llegada por nota al gobernador interino López Jordán, avisándole que se proponía averiguar bien los hechos ocurridos e impedir toda complicación con los asuntos uruguayos, velando por la estricta neutralidad internacional y por el mantenimiento de la paz pública (Martín Ruiz Moreno, p. 31).

Eludiendo la respuesta, ese mismo 14 de Abril, López Jordán notificó al ministro Vélez Sársfield su carácter oficial al Ejecutivo y le expuso su propósito de sostener relaciones cordiales, siempre que ambos Gobiernos girasen en la esfera demarcada por la Constitución... (El Nacional, Nro. 7.170).

El presidente había dictado sus primeras medidas ignorando el nombramiento recaído en López Jordán. Este hecho lo obligó a desplegar cierta cautela. Insistió en que las fuerzas nacionales vigilasen la frontera uruguaya a efectos de estorbar todo contacto entre los partidos de una y otra banda, aunque recomendó que la vigilancia se efectuase desde a bordo, recorriendo el río Uruguay y sin pisar tierra de Entre Ríos.

Al mismo tiempo, dos días después (el 16 de Abril) el presidente ordenó al general Emilio Mitre que exigiese del gobernador interino la entrega de determinados cabecillas uruguayos, a fin de internarlos en otro territorio, como se había procedido con algunos que la policía detuvo en Buenos Aires y Rosario, y le demandase además la entrega de Luengo, desterrado del país por sentencia de la Corte Suprema.

En la misma nota al general Mitre, Sarmiento le ordenó que también debía mostrar la sorpresa del Ejecutivo por la falta de informaciones sobre los recientes graves sucesos, pediría explicación satisfactoria de las causas que las hubiesen embarazado y averiguaría si se incoaba proceso a los asaltantes del Palacio San José, en atención a que sería un oprobio que el general Urquiza, conocido históricamente en todo el mundo, fuese asesinado en su casa, aceptándose el hecho sin castigar ni perseguir a sus autores (Obras de D. F. Sarmiento, t. L, p. 326).

Estos pasos eran irreprochables en su aspecto constitucional y abrían prudente parlamento antes de las acciones decisivas. Resuelta esta actitud, supo Sarmiento que López Jordán asumía la responsabilidad de todos los sucesos. La resolución que aquél determinó adoptar fue categórica: “descenderé del puesto que ocupo -afirmó- si no puedo proclamar ante el mundo que no sé cerrar los ojos”.

El 17 de Abril de 1870, Sarmiento convocó a los ministros y, después de cuatro horas de consejo, resolvió que las tropas descendiesen en el acto en Gualeguaychú. La permanencia de las tropas a bordo de los barcos de guerra importaría, a juicio del presidente, la declaración de que el Ejecutivo carece de derecho para ubicar sus fuerzas donde lo crea necesario.

En carta del 17 de Abril dirigida al general Emilio Mitre, Sarmiento fijó el principio que había que establecer: “las fuerzas nacionales están en su casa en dondequiera que las leyes nacionales rijan”. Es decir, poner en duda siquiera esa facultad, significaría acto de rebelión (Obras de D. F. Sarmiento, t. L, p. 330).

Sabía el presidente que su actitud implicaba la guerra, pero conocía ya el pensamiento de López Jordán de generalizar el movimiento, contando con que Nicanor Cáceres levantara a Corrientes y Simón Luengo a Córdoba. Inevitable la lucha, Sarmiento quemaba sus naves y la hacía servir al propósito de extirpar el federalismo agresivo.

Mientras decidía su actitud, que la suponía trascendente, Sarmiento llamaba a su despacho a los principales hombres públicos en demanda de consejo. La reunión se realizó el 18 de Abril, con asistencia de los ministros y catorce personajes, habiendo excusado su concurrencia solamente cuatro invitados. Figuraron entre los presentes, el vicepresidente Alsina; el gobernador Castro; los senadores Mitre y Oroño; los diputados Keen, Mármol, Quintana y Tejedor; y el Procurador General Pico; y, entre los ausentes, Rawson -entonces diputado-, y Carril, presidente de la Corte Suprema.

Todos los asistentes ofrecieron su apoyo al Ejecutivo (La Nación, Nro. 84). Sin embargo, algún tiempo después, Oroño manifestó que el presidente les había ocultado la decisión ya adoptada de desembarcar fuerzas en Entre Ríos.

En el preciso instante en que el presidente ordenaba la mencionada medida, la Legislatura de Entre Ríos resolvía oponerse a cualquier tentativa de violación territorial, a cuyo efecto facultó al gobernador para que emplease todos los medios pacíficos aconsejados por la razón y el derecho.

En sesión del 17 de Abril de 1870, rechazaba la Legislatura la injerencia federal, porque ésta no había sido solicitada y porque las autoridades de la provincia funcionaban con arreglo a las respectivas normas constitucionales. El gobernador debía gestionar también el retiro de las fuerzas apostadas frente a Gualeguaychú, para evitar a la provincia las considerables erogaciones que obligaría el mantenimiento de milicias encargadas de defender la autonomía en peligro.

A esta hostil actitud, siguió una grave medida del presidente: el desconocimiento de López Jordán como gobernador de Entre Ríos, mientras hubiera en la República un solo hombre que condenase el asesinato de Urquiza... “Nuestra Constitución -expresó Sarmiento, el 20 de Abril de 1870 en enérgica proclama-, como todas las Constituciones humanas de que es copia, continuación y resultado, no admite la elevación del asesino al Poder que deja vacío el asesinado”.

El precepto aplicable era el del artículo 5to.: “la Provincia de Entre Ríos, con la elevación al Poder del matador del general Urquiza, no está en el goce de sus instituciones, porque la justicia no puede ejercerse en la averiguación, persecución y castigo del crimen cometido”. En consecuencia, el presidente desconocía la autoridad del gobernador interino, aunque sin intervenir, y afirmando el principio razonable de que las intervenciones políticas no derivan directamente del artículo 5to. (Martín Ruiz Moreno, p. 39).

Como si adivinase esta resolución, la Legislatura entrerriana declaró -en sesión registrada el mismo día de la proclama del presidente- que sólo el gobernador podía representar en la provincia a las autoridades federales, en su carácter de agente natural de éstas, por cuyo motivo desconocía tal investidura en cualquier otra persona.

López Jordán movilizó rápidamente las milicias y ordenó la requisición de cuantos elementos útiles existían en la provincia. Enseguida manifestó sus ideas a los pueblos de la República. Dos sentimientos lo animaban: la aversión hacia el sistema gubernativo implantado por Urquiza -que juzgaba tiránico- y la repulsa hacia la actitud de Sarmiento, que reputaba inconstitucional.

Parecíale monstruoso que se obligase a Entre Ríos a soportar eternamente un dictador, sólo porque éste hubiese llevado la libertad a las demás provincias; y protestaba contra la intervención armada que se pretendía realizar sin pedido de las autoridades y fundada en argucias y sutilezas. Su opinión era francamente hostil a las intervenciones. El 23 de Abril de 1870, en un manifiesto dirigido a los pueblos de la República, López Jordán señaló:

La historia de las intervenciones -dijo- está escrita con sangre en las páginas luctuosas de las provincias argentinas. Ellas han servido para derrocar sus Gobiernos legítimamente constituidos; han vilipendiado las soberanías provinciales, haciéndolas el juguete de los caprichos o de las ambiciones de los círculos dominantes; han ahogado en sangre el grito de la conciencia pública para modelar la vida de los pueblos al arbitrio de los mandatarios absolutos; ellas han llevado el desquicio, la desolación y la muerte al seno de pueblos prósperos y florecientes; y ellas han dejado, en la extensa superficie de la República, imborrables regueros de sangre, condenándola al silencio, a la postración y a la ruina”.

Por consiguiente, había que adoptar una conducta bien definida, que tal vez la Providencia deparaba a Entre Ríos, como antes de Caseros...

Entre Ríos, cuna y baluarte de las libertades públicas, soldado de su derecho y centinela del de todos, no puede aceptar en silencio ni la violación de la Ley Fundamental que rige a la República, ni el desconocimiento por parte del Gobierno de los derechos y prerrogativas que tiene como Estado federal, ni el ataque injustificable y violento que se hace a su soberanía, ni la condición depresiva a que quiere condenársela” (Martín Ruiz Moreno, p. 79). Estado, soberanía: las palabras anticipan y explican la beligerancia inmediata.

En Buenos Aires se abogaba por la intervención. El diario del general Bartolomé Mitre incitaba al Ejecutivo a proceder sin reparos e indicaba la doctrina aplicable. El Ejecutivo debió intervenir por el solo hecho del asesinato del gobernador y a objetos bien precisos: si el crimen tuviese un propósito reaccionario, para reprimirlo directamente; si se hallase impune y sustituyese a las autoridades, para colocarlo en su sitio y permitir el funcionamiento de la Justicia, entregándole los asesinos; y si las autoridades legítimas funcionasen normalmente, para secundarlas en el retablecimiento del orden.

Una de dos -terminaba-: o el Gobierno Nacional reconocía que no puede el crimen erigirse en Gobierno, o reconocía que el puñal es un medio constitucional de conquistar puestos públicos y de asumir la representación y el Gobierno de las sociedades” (La Nación, Nro. 86).

Algunos pocos ciudadanos -nativos o amigos de Entre Ríos- se empeñaron en otras soluciones, previendo la gravedad de la lucha y los sacrificios que demandaría, y constituyeron el Comité de la Paz, bajo la presidencia del doctor Onésimo Leguizamón y con el concurso del senador Oroño. Entre los simpatizantes del movimiento figuró Tejedor, a quien -aunque porteño y partidario de Sarmiento- una arraigada convicción lo llevaba a defender el concepto más amplio de la autonomía provincial, como presagiando memorables actitudes futuras.

En nota al general Emilio Mitre, fechada el 25 de Abril de 1870, y que llevaba la firma de Leguizamón, el Comité de la Paz intentó un arreglo, poniéndose primeramente al habla con López Jordán. Convino el caudillo en su renuncia, siempre que fueren aceptadas las siguientes bases: retiro de las fuerzas nacionales; ninguna injerencia federal en la elección de gobernador; intervención de una nación extranjera para garantir el convenio (Clodomiro Cordero, p. 61).

Comunicadas las bases al general Emilio Mitre, fueron desechadas en absoluto. En carta de fecha 27 de Abril al doctor Leguizamón, parecíale inconcebible al general la pretensión de que las fuerzas nacionales no pudiesen permanecer en el territorio de las provincias, así como que se dudase de la neutralidad política del Gobierno Federal; y resultábale más inconcebible aún que un argentino hubiese imaginado siquiera inmiscuir Gobiernos extranjeros en asuntos exclusivamente locales (Clodomiro Cordero, p. 63).

La respuesta cerró las puertas a toda conciliación. El 25 de Abril, el Ejecutivo Nacional declaró rebeldes a López Jordán y a sus acompañantes y dispuso que el general Emilio Mitre los sometiera con las fuerzas del Ejército puestas a sus órdenes y con las milicias de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, movilizadas para el caso.

El respectivo decreto apareció por el Ministerio de Guerra y Marina, firmado por Sarmiento y Gainza. Expúsose en él que el Ejecutivo había desconocido el nombramiento de gobernador, “por haberse éste verificado bajo el estupor producido en los espíritus por el asesinato del general Urquiza, por la Legislatura visiblemente intimidada y en favor de la persona que había preparado y dirigido el asesinato del gobernador propietario y que se presentaba aceptando sobre sí la responsabilidad de este delito”.

Agregóse que a tal desconocimiento y a la colocación de fuerzas nacionales en algunos puntos del territorio entrerriano, había limitado el Ejecutivo su injerencia, no obstante el derecho claro para intervenir en virtud del asesinato del gobernador, la intimidación de la Legislatura y la desaparición de los jueces, privados de actuar por haberse alzado los criminales con el Gobierno; pues la evidencia de estas circunstancias suplía el requerimiento y explicaba su ausencia.

Expresóse además que López Jordán se había lanzado abiertamente a la rebelión, llamando a los habitantes de Entre Ríos para oponerse con las armas al ejercicio de las autoridades nacionales, hecho que requería la resolución adoptada.

 

Departamento de Guerra y Marina

Buenos Aires, Abril 25 de 1870

Considerando:
1.- Que el Gobierno Nacional había situado en la costa del Uruguay un Ejército de Observación después de conocido el asesinato del gobernador Urquiza y para vigilar la observancia de las Leyes Nacionales sobre neutralidad en lo concerniente a los asuntos del Estado Oriental;
2.- Que el Gobierno Nacional ha desconocido por ilegal el nombramiento de Gobernador recaído en don Ricardo López Jordán, por haberse éste verificado bajo el estupor producido en los espíritus por el asesinato del general Urquiza, por la Legislatura visiblemente intimidada y en favor de la persona que había preparado y dirigido el asesinato del Gobernador Propietario y que se presentaba aceptando sobre sí la responsabilidad de este delito;
3.- Que el asesinato del Gobernador, la intimidación bajo la que se hallaba la Legislatura y la desaparición del Poder Judicial, que no podía funcionar por haberse alzado los asesinos con el Gobierno, hacían imposible el requerimiento que, según el artículo 6to. de la Constitución debe preceder a la intervención del Gobierno Nacional, de suerte que este requerimiento debía darse como suplido por la notoriedad de los hechos y de la situación que ponía a las Autoridades constituidas de Entre Ríos en la imposibilidad material de dirigirlo al Gobierno Nacional;
4.- Que a pesar de su derecho claro para decretar la intervención, el Gobierno Nacional se había reducido hasta hoy al desconocimiento de López Jordán como Gobernador de Entre Ríos y la colocación del Ejército Nacional en algunos puntos de aquella Provincia;
5.- Que don Ricardo López Jordán acaba de lanzarse abiertamente en la rebelión, llamando a la guerra contra la Autoridad Nacional a los habitantes de Entre Ríos para oponerse con las armas al ejercicio de los Poderes Públicos de la Nación y destruir la Constitución;
Por estas consideraciones,
El Presidente de la República

Acuerda:

1.- Que don Ricardo López Jordán y todas las personas que con él se han lanzado públicamente y en abierta hostilidad contra el Gobierno Nacional, son reos de rebelión contra la Nación y deben ser perseguidos.
2.- Que todas las Fuerzas que se crean necesarias marchen sobre la Provincia de Entre Ríos a perseguir y someter a los rebeldes.
3.- Que el Brigadier General don Emilio Mitre queda nombrado General en Jefe de todas las Fuerzas que se pongan en campaña a los objetos de este Acuerdo.
4.- Que se llame a las armas a la Guardia Nacional de la Provincia de Entre Ríos y se movilice por ahora la de las Provincias de Santa Fe y Corrientes, librándose al efecto las correspondientes órdenes por el Ministerio de la Guerra.
5.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

SARMIENTO
Martín de Gainza

Por otro decreto, de fecha 2 de Mayo de 1870, el Ejecutivo Nacional declaró en estado de sitio a aquella provincia mientras durase la rebelión:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Mayo 2 de 1870

Atento el estado de conmoción interior en que se encuentra la Provincia de Entre Ríos a causa de la rebelión de don Ricardo López Jordán contra el Gobierno Nacional;
Vistos los artículos 23 y 86, inciso 19, de la Constitución Nacional,
El Presidente de la República

Decreta:

Art. 1.- Declárase en estado de sitio la Provincia de Entre Ríos mientras dure la rebelión armada de don Ricardo López Jordán.
Art. 2.- Dése oportunamente cuenta al Honorable Congreso Nacional, publíquese y dése al Registro Nacional.

SARMIENTO
N. Avellaneda

En circular dirigida a los gobernadores el 25 de Abril de 1870, el presidente amplió los conceptos del decreto. Si el Ejecutivo sólo pudiese situar fuerzas en territorio provincial con anuencia de sus Gobiernos -dijo Sarmiento-, las provincias que careciesen de fronteras no podrían ser oportunamente auxiliadas; y las de tránsito, negándolo, frustrarían la acción de la autoridad federal cuando alguna la necesitara.

Tampoco se debía olvidar que el Ejecutivo puede colocar fuerzas donde lo juzgue necesario, por su obligación de rechazar ataques exteriores, pues para proveer a la defensa no ha de aguardar a que esté la invasión realizada y parte del territorio ocupado por enemigos.

Como se advierte, Sarmiento trataba con mucha suavidad el asunto, sin defender -como otras veces- la tesis absoluta de que el Ejecutivo puede distribuir las fuerzas nacionales según su propio y exclusivo juicio. En la ocasión, reducía el derecho a casos objetivos y claros: defensa de las provincias que requirieran su auxilio y previsión contra invasiones extranjeras.

En la misma circular, el presidente agregó que, “cuando se asesina a los gobernadores, las autoridades federales deben prestar a las leyes y la moral conculcadas el apoyo de la Nación, hasta tanto la Justicia local se halle en el pleno ejercicio de sus funciones y los derechos de los habitantes queden resguardados" (Obras de D. F. Sarmiento, t. L, p. 344).

Tendían las ideas -según se ve- a justificar la procedencia de la intervención, sin decidirse a fijarla, por cerca de ella que se mostrasen. Tesis apropiada parece la que se formuló en el decreto, relativa a la muerte del gobernador y la intimidación de la Legislatura; pero era completamente falsa.

En la Convención de 1860 había establecido Sarmiento el derecho de intervenir cuando el gobernador hubiese sido muerto y la Legislatura disuelta. Sarmiento derivaba toda atribución de la Legislatura, y alabábase de ello. Más, en el caso de Entre Ríos, este Cuerpo existía, había nombrado gobernador al jefe de la sedición y se solidarizaba con él en toda forma, incluso actuando en las filas rebeldes la mayor parte de sus miembros.

El presidente forzaba las cosas hasta caer en lo arbitrario, erigiéndose en juez dentro del fuero íntimo de los legisladores y declarando viciado el acto por el temor, sin contar con más argumento justificativo de su extraño fallo que una extraordinaria facultad de vidente.

Seguro es, sin embargo, que conociera el verdadero espíritu de la Legislatura; y probable es que citara el supuesto del temor para enrostrarle su sometimiento al caudillo triunfante. No podía ignorar ciertas gestiones iniciadas por el doctor Diógenes J. de Urquiza -hijo del general- quien, por carta, había pedido al presidente de la Legislatura, Fidel Sagastume (y al doctor José J. Sagastume), que solicitasen el concurso de las fuerzas nacionales para salvar la provincia de una guerra desastrosa y una ruina indudable, propuesta que el primero rechazó de plano.

El doctor Urquiza había dicho que formulaba el pedido después de haber escuchado espontáneas y sinceras manifestaciones del presidente y los ministros (Fidel Sagastume, p. 5).

Resulta curioso que Sarmiento, deseando tanto intervenir y, sobre todo, aspirando a que funcionase la Justicia, desdeñase el resorte que le brindaba el Poder Judicial de Entre Ríos. En efecto; cuando ocurrió la muerte de Urquiza, el Superior Tribunal instó al juez competente a que procesase a los autores; el juez dio comienzo a la tarea, pero tuvo que abandonarla en el acto, porque uno de los procesados se presentó amenazante en su propia casa; y la mayoría de los miembros del Superior Tribunal huyeron a Buenos Aires, expresando, en declaración pública, el 23 de Abril de 1870, que los delincuentes los incapacitaban para actuar, desde el momento en que se erigían en autoridades (La Tribuna, Nro. 5.855).

Nada hubiera costado obtener de los miembros del Tribunal, la presentación de un requerimiento. El presidente ni pensó en ello, obsesionado por su viejo concepto de que sólo requieren las Legislaturas y los gobernadores.

Las tropas nacionales desembarcaron en Entre Ríos, y la lucha se empeñó sangrienta y larga. A fines de Mayo, el general Emilio Mitre ocupó la capital y capturó y remitió a Buenos Aires a Sagastume, en quien López Jordán había delegado el Gobierno. Por el momento, Mitre quedó desempeñando de hecho las funciones gubernativas.

El 20 de Juniode 1870, el Ejecutivo Nacional nombró gobernador provisorio a Apolinario Benítez, con el propósito de descargar al general de las atenciones civiles que pesaban sobre él, permitiéndole consagrarse exclusivamente a las operaciones militares. El decreto se dictó por el Ministerio de Guerra y Marina:

 

Departamento de Guerra y Marina

Buenos Aires, Junio 20 de 1870

Siendo necesario descargar al General en Jefe del Ejército Nacional en la Provincia de Entre Ríos de las atenciones civiles que pesan sobre él a fin de que pueda contraer exclusivamente su atención a las operaciones militares,
El Presidente de la República

Decreta:

Art. 1.- Nómbrase Gobernador Provisorio de la Provincia de Entre Ríos al ciudadano don Apolinario Benítez.
Art. 2.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

SARMIENTO
Martín de Gainza

BIBLIOGRAFIA

* Sarmiento. Obras de D. F. Sarmiento. Edición Márquez, Zaragoza y compañía, 1902, Buenos Aires, 1902).
* Martín Ruiz Moreno. La intervención armada, única causa de la guerra de Entre Ríos (Buenos Aires, La Discusión, 1870).
* Clodomiro Cordero. Revolución de Entre Ríos (Buenos Aires, La Tribuna, 1871), p. 61.
* Fidel Sagastume. A los habitantes de la Provincia de Entre Ríos en general y a mis amigos en particular (Concepción del Uruguay, 1871).

Periódicos:

* El Nacional (Buenos Aires), Nro. 7.170, edición de Abril 18 de 1870.
* La Nación (Buenos Aires), ediciones:
- Nro. 84, de Abril 19 de 1870;
- Nro. 86, de Abril 21 de 1870.
* La Tribuna (Buenos Aires), Nro. 5.855, edición de Abril 26 de 1870.

// Material citado por Luis H. Sommariva. Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias (1931), tomo I. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Información adicional