El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Intervención dispuesta por el Congreso

El día en que Domingo Faustino Sarmiento -20 de Junio de 1870- efectuó el nombramiento de gobernador provisorio de Entre Ríos a Apolinario Benítez, el presidente dirigió un mensaje al Congreso, refrendado esta vez por el ministro Dalmacio Vélez Sársfield, en el que le pidió autorización para que el gobernador provisorio convocase a elecciones de legisladores y gobernador propietario -una vez vencida la rebelión- y repusiese en el desempeño de sus funciones al Superior Tribunal de Justicia.

En la sesión del Senado Nacional del 4 de Agosto de 1870, en que Sarmiento entrega su mensaje y proyecto del 20 de Junio pasado, confiesa que la campaña militar llevada a la provincia de Entre Ríos, reconocía dos causas: la resistencia de la provincia a admitir fuerzas nacionales en su territorio y la elevación al poder del que preparó y dirigió el asesinato de Urquiza; otra vez el pensamiento intervencionista, vergonzante pero obstinado.

Agregó que la Legislatura de Entre Ríos, al negar la entrada de fuerzas nacionales, ordenando que se las resistiera con las armas y, al arrancar de los Tribunales un delincuente para entregarlo el Gobierno local, había incurrido en el delito de rebelión y violado todos los principios en que descansa nuestra organización política; y las autoridades federales, obligadas a garantir a las provincias el goce y ejercicio de sus instituciones, debían desconocer esa Legislatura y devolver al pueblo entrerriano el derecho de darse representantes constitucionales.

El procedimiento indicado por el Ejecutivo -argumentos aparte- parece irreprochable: las fuerzas nacionales destruían a los rebeldes, entre quienes se encontraban las autoridades locales; desaparecidas éstas, resultaba imprudente abandonar la provincia a la anarquía, dejándola sin ningún elemento de orden; la Nación debía, pues, proveer lo conducente para que el Gobierno propio se reconstruyera.

Cosa singular es, sin embargo, que el presidente considerase que esta acción no importaba inmiscuirse en el régimen interno de la provincia. El Ejecutivo -escribió Sarmiento al general Emilio Mitre, un mes después de presentar su proyecto-, “en Entre Ríos no interviene, sino que somete rebeldes y, destruido el Gobierno rebelde, crea uno provisorio para que se elija uno legal”...(Obras de D. F. Sarmiento, t. LI, p. 118).

El Congreso instituyó una doctrina correcta. Entendió que correspondía intervenir, no por el hecho del asesinato del gobernador y la exaltación al Gobierno del que se declaraba responsable de esa muerte, sino por la actitud rebelde de la Legislatura y el gobernador interino, en cuanto resistían violentamente a las fuerzas nacionales.

Elaboró esta doctrina la Comisión de Negocios Constitucionales de la Cámara de Diputados, constituida por los doctores Cleto Aguirre, Eduardo Costa y Luis Vélez, coronel Juan Barbeito y Santiago Cáceres. Este último informó el dictamen y sostuvo que la conducta del Ejecutivo no merecía cargos serios, aunque él creía -contra la opinión de los colegas mencionados- que el movimiento de fuerzas militares hacia el lugar de los sucesos significaba acto de intervención.

El hecho de ser solamente Cáceres, entre cinco, quien opinara de ese modo, indica elocuentemente que el concepto del federalismo agresivo tenía cada vez menos adeptos. Costa -verdadero inspirador del proyecto- amplió el informe, expresando que las autoridades de Entre Ríos nunca debieron alzarse contra la Nación, por más quejas que tuvieran, porque la guerra es un medio que las leyes rechazan.

Las autoridades se constituyeron en rebelión al resistir por las armas a las fuerzas nacionales, y el Gobierno Federal estada forzado a reprimirlas. Desde luego, vencidos los revoltosos, las autoridades rebeldes no podían contar con su restablecimiento: esto lo explicaba la simple razón.

Preguntóse Costa si debía desconocerse a todos los diputados o únicamente a aquéllos que hubiesen votado las medidas características de la rebelión; y su juicio fue que se desconociese a todos, porque la Legislatura constituye un Cuerpo único y sus sanciones obligan a sus miembros, aún a los que votan en contra y a los ausentes.

El diputado José A. Ocantos dijo que circulaba la opinión de que el Congreso carecía de facultades para derrocar Legislaturas, que ello importaba absorber las autonomías y que cualquier actitud en tal sentido sería una campanada de alarma destinada a producir una gran conflagración en la República.

Rechazó Ocantos tales pareceres. Había que sofocar una rebelión, extirpando sus gérmenes; y el Congreso tenía el deber de reconstruir el orden desquiciado por la violencia. “Acabar con la rebelión y dejar en pie las mismas autoridades que la han proclamado -manifestó Ocantos- sería una insensatez imperdonable, de que bien pronto tendríamos que arrepentirnos y de que el pueblo entero podría pedirnos estrecha cuenta”. En la sesión del 16 de Julio de 1870, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de votos la ley aconsejada por la Comisión.

En el Senado se oyeron tesis extravagantes. El senador Aráoz, que informó el proyecto, dijo que cuando un gobernador desaparece por el asesinato y la Legislatura se complica en él, el requerimiento debe conceptuarse formulado; claro está que se abstuvo de exponer el fundamento de su doctrina.

El senador Tadeo Rojo sostuvo que, en caso de resolverse la intervención, había que respetar a la Legislatura, sin podérsele imputar delito de rebelión ni ningún otro, porque las personas jurídicas son incapaces de delinquir.

El senador Navarro expresó que el Ejecutivo había intervenido en Entre Ríos, pero no en virtud del artículo 6to., sino por el artículo 23, que lo autoriza a reprimir las conmociones cuando atentan contra la Constitución y las autoridades nacionales, y por el artículo 109, que lo faculta a sofocar los actos de guerra de una provincia contra otra; y agregó que ésa era la doctrina justa.

Yendo por esta pendiente, se lanzaron críticas contra el Ejecutivo por sus primeros actos. El ministro Avellaneda, en la sesión del 4 de Agosto de 1870, volvió el debate a sus carriles. ¿Con qué objeto de utilidad o de patriotismo -preguntó a los senadores- se discute si la proclama del presidente, arrojando -en presencia del crimen- aquel grito de indignación que repercutió por todos los ámbitos de la República, importó o no un acto de intervención?

El ex presidente Bartolomé Mitre pronunció la última palabra, para expresar que disidencia alguna se había manifestado en cuanto a la necesidad de defender las instituciones atacadas; y dijo que del debate derivaba la conclusión de que ninguna Legislatura puede existir contra la soberanía del pueblo de la Nación y de que ésta no puede derramar su sangre y su tesoro para reponer a los que destrozan su bandera. Sin embargo, en la sesión senatorial del 6 de Agosto de 1870, el proyecto perdió la unanimidad que traía de la otra Cámara, porque el senador Rojo le rehusó su sufragio.

Prescribió la ley que el Ejecutivo interviniese en Entre Ríos a efectos de reorganizar los Poderes Públicos, caducos por rebeldes, debiendo instruir oportunamente al Congreso del resultado de la intervención. Introdujo además dos novedades: primera, resolvió que el comisionado del Ejecutivo presidiera directamente los comicios, nombrando los empleados que en cada localidad debiesen secundarlo en la tarea y cuidando de licenciar quince días antes las milicias entrerrianas, de alejar a más de una legua de las mesas las fuerzas restantes y de impedir que los jefes y oficiales participasen en política; y segunda, omitió referirse al Superior Tribunal, cuyo restablecimiento pedía el presidente. La ley Nro. 391, de Agosto 10 de 1870, decía lo siguiente:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etcétera, sancionan con fuerza de

LEY:

Art. 1.- Autorízase al Poder Ejecutivo para intervenir en la Provincia de Entre Ríos, al objeto de reorganizar los Poderes Públicos que han caducado por haberse constituido en sedición contra las Autoridades Nacionales.
Art. 2.- El Poder Ejecutivo nombrará un Comisionado para que, inmediatamente que se restablezca el orden perturbado en la Provincia y se levante el estado de sitio, convoque al pueblo a elecciones para la formación del Poder Legislativo y nombramiento de Gobernador, todo de conformidad con la Constitución y las Leyes de Entre Ríos.
Art. 3.- El Comisionado queda autorizado para nombrar en cada localidad los empleados que, con arreglo a las Leyes de Entre Ríos, deban presidir los actos electorales.
Art. 4.- Quince días antes de verificarse las elecciones de Representantes de que habla el artículo anterior, el Poder Ejecutivo licenciará toda la Guardia Nacional de la Provincia de Entre Ríos que se encuentre movilizada.
Art. 5.- El día designado para las elecciones de Representantes no podrá haber Fuerza alguna nacional dentro de un radio de una legua de las mesas electorales.
Art. 6.- Queda absolutamente prohibido a todos los Jefes y Oficiales de las Fuerzas mencionadas, tomar participación alguna en las elecciones.
Art. 7.- El Congreso será instruido del estado o del resultado de la intervención oportunamente, si se halla en sesión o inmediatamente después de la apertura del próximo período.
Art. 8.- Queda autorizado el Poder Ejecutivo para hacer los gastos que demande la ejecución de la presente Ley.
Art. 9.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso, en Buenos Aires, a los diez días del mes de Agosto del año mil ochocientos setenta.

            ADOLFO ALSINA                                                                MARIANO ACOSTA
              Carlos M. Saravia                                                                   Bernardo Solveyra
          Secretario del Senado                                                   Secretario de la Cámara de Diputados

Departamento del Interior

Buenos Aires, Agosto 10 de 1870

Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

SARMIENTO
Dalmacio Vélez Sársfield

Sarmiento había pretendido actuar como en casos anteriores en que hubo necesidad de proveer aeefalías, y a eso respondió el nombramiento de un vecino de la provincia que, con el carácter de gobernador provisorio, presidiese los comicios. La ley prescindió del gobernador provisorio y cometió la respectiva tarea al Comisionado Federal.

Al discutirse la ley, el ministro del Interior no comprendió la trascendencia de la medida, creyendo que se deseaba fijar el principio de que nadie podía gobernar la provincia hasta tanto se designaran las autoridades constitucionales; y se opuso a ese absurdo, expresando que, de sancionarse las disposiciones tal cual se proyectaban, el Ejecutivo iba a asumir directamente el Gobierno local.

Conforme a un principio universalmente admitido -dijo Vélez Sársfield, en la sesión de la Cámara de Diputados del 16 de Julio de 1870-, aun el conquistador ilegítimo gobierna la tierra que domina, más que por el derecho de la guerra, por la presunción de que el pueblo que no toma las armas y permanece tranquilo quiere que las familias sean garantidas, las contribuciones pagadas, en fin, que alguien administre la comunidad.

El asunto era grave, pues mientras el presidente, en carta dirigida a Emilio Mitre, opinaba que los generales deben gobernar -a falta de autoridades civiles-, los territorios ocupados por sus fuerzas en acción de guerra, el general que mandaba las tropas destacadas en Entre Ríos sostenía lo contrario, resistiéndose a realizar actos de administración civil: a tanto llegaba la veneración por el precepto que autoriza a las provincias a dirigirse a sí mismas con independencia de las autoridades nacionales (Obras de D. F. Sarmiento, t. LI, p. 117).

El diputado Costa disipó la alarma del ministro. El sistema de los gobernadores provisorios, nombrados por el Comisionado Federal o por un reducido núcleo de vecinos obrando bajo la influencia de aquél, produjo muchas veces malos efectos -según Costa- porque dichos provisorios se convertían en propietarios, con lo que en el hecho el Gobierno Federal resultaba imponiendo autoridades a las provincias. Costa quería destruir esa corruptela, pero no acertaba con el remedio adecuado.

Por un momento pensó que el funcionario que se nombrara podía llamarse agente de policía o llevar otra designación análoga, ya que su misión giraría exclusivamente dentro de las atribuciones relativas al mantenimiento del orden público. En esa misma sesión de la Cámara de Diputados del 16 de Julio, el legislador sentenció: “Las palabras importan mucho”, decía Costa; y pensaba que esos funcionarios auxiliares, por el solo hecho de denominarse gobernadores, se sentían eje y centro del nuevo orden político.

Después de algunas dudas, se decidió porque todas las facultades las ejerciese el Comisionado. El motivo que lo guió, a más del aludido, fue el de impedir que los gobernadores provisorios se constituyeran en causa de desorden, demorando la elección de las autoridades definitivas. Era el que ya había formulado durante su actuación ministerial, referente a los conflictos que los provisorios planteaban a los comisionados.

En la sesión de la Cámara de Diputados del 18 de Julio de 1870, Rawson adhirió entusiastamente a tales ideas y pidió que se ampliaran las funciones de los comisionados, otorgándoseles, a más de las atingentes a la conservación del orden, las de nombrar los empleados públicos de la provincia que fuesen indispensables comicios.

Cabe destacar también el silencio que la ley observó respecto del Superior Tribunal de Entre Ríos. El diputado Cáceres, en la sesión de Diputados del 16 de Julio de 1870, expresó que las cuestiones referentes al Poder Judicial debían ser juzgadas por las nuevas autoridades, con arreglo a la Constitución y leyes de la provincia, una vez que ésta recuperase su vida normal.

También a este parecer adhirió Rawson. En la sesión de la Cámara de Diputados del 18 de Julio de 1870, aquél recordó que en la Convención de Buenos Aires de 1860 se había especificado, de acuerdo con el texto de Estados Unidos, que en los casos de sedición debían requerir las Legislaturas y, en su defecto, los gobernadores, no citándose para nada a los jueces, omisión perfectamente lógica -según Rawson-, porque, por no ser el Judicial un Poder político, en el sentido técnico de la palabra, escapaba de su carácter una facultad esencialmente política como es la de formular el requerimiento.

Así, pues, tomando por ejemplo la Constitución de los Estados Unidos, si no se dijo literalmente que la Legislatura primero y el Gobierno después harían la requisición, se dijo que las autoridades constituidas la harían, quedando por consecuencia excluido de ese derecho el Poder Judicial.
Mal puede entonces el Congreso ocuparse del Poder Judicial en esta ocasión, cuando el Gobierno va a intervenir, no a requisición de los Poderes Públicos, pero sí por su propio derecho”.

Y añadió que, respecto de los jueces, “sucederá lo que la Constitución y las leyes de Entre Ríos decidan; pero el Congreso carece completamente de la facultad de afirmar aquel Poder o de destruirlo, porque eso está fuera del alcance de sus atribuciones”. Se impuso la tesis de Cáceres y Rawson, pero no la razón.

Los propios informes suministrados por este último conducen a pensar que algún motivo tuvo presente la Convención al apartarse del texto norteamericano, sustituyendo con la expresión genérica de autoridades constituidas la que allí era específica (Legislaturas o gobernadores), locución que también figuraba en el artículo 6to. antes de la reforma.

Finalmente, conviene recordar una observación esencial que Rawson formuló durante el debate. Rawson era el hombre de los principios y los precedentes; tenía conciencia del valor de los actos políticos y administrativos que realizaban los Gobiernos al poner en ejercicio la Constitución y las leyes que, en definitiva, habrían de imperar sobre el país aún inhabituado a las normas escritas y a la autoridad desprovista de fuerza; y de esa conciencia nacía la atención que prestaba a puntos doctrinarios y aspectos incidentales conceptuados de poca monta por la generalidad.

Se estaba dictando una verdadera ley de reconstrucción, la primera que tocaba elaborar al Congreso después de puesta en vigor la Constitución reformada: todas las otras leyes, en efecto, habían sido expedidas para reponer o sostener autoridades; y si en cierta ocasión se dispuso una que legisló el caso de acefalía -ley de 1866 para Catamarca-, las normas se fijaron a objeto de atender una emergencia posible y no como finalidad segura de la intervención.

Advirtiendo probablemente esta trascendencia de la ley a sancionarse, Rawson pidió que se estableciese el principio de que, si bien las autoridades militares dependientes del Ejecutivo pueden gobernar los territorios ocupados por acciones de guerra, las facultades políticas y aun civiles que se relacionan con el hecho de la reorganización del Gobierno local constituyen materia esencialmente legislativa, a la cual sólo el Congreso puede dar punto de apoyo.

Ese ha sido el pensamiento del Gobierno”, interrumpió el ministro Varela, que asistía a la sesión de la Cámara de Diputados del 16 de Julio de 1870 con los demás miembros del gabinete.

Demasiado rápido fue el episodio como para deducir inequívocamente la grave consecuencia del acuerdo de los dos Poderes políticos del Gobierno Federal, en el sentido de renocer la competencia exclusiva del Congreso en toda intervención de índole reconstructiva, o sea, en las que se propusiesen garantir la forma republicana.

Además, las palabras del ministro pudieron no reflejar la opinión del Ejecutivo, pasando inadvertidas como incidente de la cuestión magna puesta en debate. Con todo, importa destacar dos circunstancias: el ministro Varela, que en la ocasión reconocía la competencia exclusiva del Congreso, fue el único cuya voz se había alzado en las sesiones de 1869 defendiendo la jurisdicción absoluta del Ejecutivo para actuar en todo tiempo y en todos los casos, aún en los de alteración de la forma republicana; y el propio presidente, que en 1869 defendía la competencia del Ejecutivo, aunque al final no cuestionase formalmente la injerencia legislativa en estos últimos casos, pedía en 1870 la venia del Congreso para reinstalar los Poderes locales de Entre Ríos, a pesar de su convicción de que no se trataba de intervenir.

BIBLIOGRAFIA

* Sarmiento. Obras de D. F. Sarmiento. Edición Márquez, Zaragoza y compañía, Buenos Aires, 1902).

// Material citado por Luis H. Sommariva. Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias (1931), tomo I. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Información adicional