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El Ejército y la política

Descartada la candidatura de Carlos Tejedor, José Miguel Arredondo levantó la de Manuel Quintana; y sus agentes trabajaron con cierta eficacia en las provincias de Cuyo y en La Rioja. Al fin, el presidente separó al insoportable general del cargo de Jefe de Frontera, reemplazándolo con el coronel Teófilo R. Ivanowski.

En Agosto de 1873, el presidente Domingo Faustino Sarmiento presentó al Congreso un proyecto de ley, inspirado en el propósito de evitar que los jefes y oficiales de la Nación influyesen en los comicios, ya pretendiendo reflejar la autoridad del Ejecutivo, ya oponiéndose a ella y como en defensa de las libertades públicas, pero en uno y otro caso en violación de sus deberes.

Ningún jefe u oficial -propuso el proyecto- podrá actuar en sitio donde se celebren elecciones nacionales o provinciales, salvo que fuere necesario repeler a los enemigos de la Nación o conservar el orden, por disposición de la autoridad competente; tampoco podrá presionar a los votantes en forma alguna(1).

(1) Proyecto (Agosto 21 de 1873), en: Obras de D. F. Sarmiento, t. LI, p. 341. // Material citado por Luis H. Sommariva. Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias (1931), tomo I. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El proyecto reproducía una ley de Estados Unidos, de cuya legislación tan aficionado se mostraba el presidente; pero esta vez cometió una infidelidad, pues alteró el texto, agregando las salvedades relativas a la repulsión de enemigos y al mantenimiento del orden. La intención, pues, era prohibir actos como los de Arredondo, reservándose siempre el Ejecutivo la facultad de destacar jefes y oficiales en los comicios, conforme a necesidades que sólo él juzgara.

El proyecto, por lo demás, prueba la impotencia del presidente para tener por sí la abstención política de los militares; tan precaria era la disciplina y tan difundidos estaban los vicios políticos.

El Senado discutió el asunto, pero no el proyecto, y guió su acción en sentido contrario al del Ejecutivo, es decir, se propuso evitar que, con el pretexto del afianzamiento de la paz pública, el presidente influyese en las elecciones. El senador Juan Eusebio Torrent fundó una extensa interpelación referente a la ubicación de fuerzas en la ciudad de Mendoza(2).

(2) Senado, sesión de Agosto 21 de 1873. // Material citado por Luis H. Sommariva. Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias (1931), tomo I. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

En la sesión del 23 de Agosto se presentó el ministro Uladislao Frías a declarar que el presidente había autorizado al gobernador Arístides Villanueva a que movilizase cien hombres de la milicia y había enviado setenta y cinco soldados de línea, distrayéndolos del servicio de fronteras. Temíase que se reprodujese la insurrección de los colorados, y convenía sofocar en su origen movimientos susceptibles de complicarse con la rebelión de Entre Ríos.

Nada satisfechos con tales declaraciones, los senadores Nicasio Oroño, Manuel Quintana y Juan E. Torrent presentaron dos proyectos: proponían, por el primero, el licenciamiento de las milicias que existiesen en las ciudades de San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja y, por el segundo, el levantamiento de la intervención que el Ejecutivo realizaba en Mendoza sin anuencia del Congreso.

Era evidente -expresó Torrent- que existían milicias movilizadas sin orden de las Cámaras y que el Ejecutivo intervenía en una provincia por requerimiento privado del gobernador y a objeto de sostenerlo contra tentativas sediciosas, también sin acuerdo legislativo(3).

(3) Senado, sesión de Agosto 28 de 1873. // Material citado por Luis H. Sommariva. Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias (1931), tomo I. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Las Comisiones de Negocios Constitucionales y Guerra sustituyeron el primer proyecto con otro que ordenaba licenciar todas las milicias no afectadas al servicio de las fronteras o a la campaña de Entre Ríos. Según Oroño, la facultad de distribuir las fuerzas -conforme a las necesidades de la Nación- no puede llevarse hasta el extremo de oprimir las libertades públicas, situándolas en las capitales de provincia.

Insistía Oroño, pues, en avanzar un paso fuera de la concepción rígida de 1860, colocando las cosas en un terreno más racional: las fuerzas de la Nación podían permanecer en las provincias, pero no en las capitales de ellas. La facultad de distribuir fuerzas -continuó Oroño- es puramente administrativa y está supeditada a la del artículo 6to., eminentemente política y conferida para garantir los derechos provinciales, no para conculcarlos. Y creía que si tales ideas resultaran inaceptables por escrúpulos de interpretación, alguna vez habría que reformar los textos para que ellas imperasen.

Quintana agregó oportunas reflexiones. La distribución de fuerzas en las capitales de provincias, solicitadas o toleradas por los gobernadores -dijo-, importa el ejercicio de intervenciones preventivas que la Constitución rechaza. El texto constitucional limita la injerencia requerida de las autoridades nacionales a los casos de sedición o invasión, cuando se precise restablecer o sostener a los Gobiernos locales; y tanto la sedición como la invasión exigen -para tener existencia- el alzamiento en armas, el alzamiento público.

De modo que en las provincias andinas, donde no había un solo hombre en armas o públicamente alzado contra las autoridades locales, la intervención del Gobierno Federal repugnaba a la Constitución, y los requerimientos de aquéllas debían desestimarse. A pesar de los empeños de Oroño, Quintana y Torrent, el proyecto fue rechazado por trece votos contra once(4).

(4) Senado, sesión de Septiembre 13 de 1873. // Material citado por Luis H. Sommariva. Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias (1931), tomo I. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Todas las farsas del triunvirato fueron a rodar como títeres -anunció Sarmiento-: se acabaron, pues, las bromas. El presidente dispone de las fuerzas según las necesidades públicas..."(5)

(5) Sarmiento. Telegrama al gobernador Villanueva (Septiembre 16 de 1873), en: Obras de D. F. Sarmiento, t. LI, p. 354. // Material citado por Luis H. Sommariva. Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias (1931), tomo I. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El orden se alteró en Mendoza, aunque no por insurrección popular, sino por motín de las fuerzas nacionales. Tratábase de elegir nuevo gobernador, y la Legislatura estaba impedida de reunirse debido a la ausencia de algunos diputados, a quienes patrocinaba el propio jefe de aquellas fuerzas, coronel Ignacio M. Segovia.

El gobernador se quejó ante el Ejecutivo y, Segovia, viéndose descubierto, pidió licencia para regresar a Buenos Aires. El Ministerio de Guerra designó como reemplazante al teniente coronel Amaro Catalán. La licencia era simple ardid. Apenas salido el jefe de la capital, la tropa se amotinó, yendo a reunírsele; los soldados de la frontera adhirieron al motín y Segovia contramarchó sobre la capital, donde el gobernador levantó trincheras para resistirlo, auxiliado por las milicias.

El hecho ocurría el 29 de Septiembre de 1873. Sarmiento -que protegía a Villanueva- ordenó al coronel Ivanowski que avanzase sobre Mendoza y pidió al Congreso la declaración del estado de sitio, medida que la Cámara de Diputados acordó sobre tablas y que el Senado aprobó contra dos votos luego de discutirla en las sesiones del 1 y 2 de Octubre. La ley Nro. 650 decía:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etcétera, sancionan con fuerza de

LEY:

Art. 1.- Declárase en estado de sitio la Provincia de Mendoza hasta el 1 de Noviembre próximo.
Art. 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de Octubre de mil ochocientos setenta y tres.

              MANUEL QUINTANA                                C. DEL CAMPILLO
                  Carlos M. Saravia                                       Ramón B. Muñiz
               Secretario del Senado                    Secretario de la Cámara de Diputados

Departamento del Interior

Buenos Aires, Octubre 4 de 1873

Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

SARMIENTO
Uladislao Frías

Uno de los votos adversos fue el de Oroño, quien consideraba innecesario el recurso, porque el Ejecutivo ya había dispuesto eficaces operaciones bélicas, con todo derecho -agregaba Oroño- puesto que las fuerzas amotinadas pertenecían a la Nación(6).

(6) Senado, sesión de Octubre 19 de 1873. // Material citado por Luis H. Sommariva. Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias (1931), tomo I. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

En los primeros días de Octubre, Ivanowski se puso en contacto con los sublevados y los rindió después de una escaramuza habida en Luján, no obstante sus fuerzas numéricamente inferiores. Ivanowski ganó en la refriega los entorchados de General. La Legislatura pudo reunirse, Francisco Civit asumió el Gobierno y los votos de la provincia quedaron firmes en favor de Avellaneda.

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