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Los juicios por el delito de traición a la patria

A escaso tiempo del retiro de las tropas paraguayas del territorio correntino y ya desde los primeros días en los cuales el gobernador Manuel Ignacio Lagraña retomara el poder desde la Capital, se plantearon, formalmente, denuncias -a través del Fiscal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- contra los hombres que se habían erigido en el poder con protección paraguaya. Las denuncias fueron asentadas en el Juzgado Federal con asiento en Corrientes, cuyo titular era Vicente Saravia(1).

(1) Periódico “La Esperanza”, (Corrientes), edición del 10 de Diciembre de 1865. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

Durante la presidencia de Mitre, se dictaron las leyes números 48, 49 y 50 (en el año 1863), que delimitaban definitivamente la competencia de la Corte Suprema de Justicia y la organización de la Justicia Federal en todo el país, mediante la creación de los denominados “Juzgados de Sección”, que hoy los conocemos como “Juzgados Federales”.

Para cuando se produce la invasión paraguaya, la Justicia Federal llevaba instalada en Corrientes hacía ya dos años. Mediante decreto del 28 de Septiembre de 1863, el Poder Ejecutivo Nacional trasladó, desde Entre Ríos a la provincia, al primer Juez Federal que tuvo Corrientes. Será el ya citado José Vicente Saravia, magistrado éste que se abocará a la investigación y expedición de las primeras causas sobre aquel supuesto delito(2).

(2) Abelardo Levaggi, “Judicatura y Política. La Justicia Federal en las provincias argentinas. (1863-1883). Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, p. 219. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

Retirado el ejército paraguayo y organizada mínimamente la Administración liberal de la provincia, se inicia el primer proceso judicial, en el cual se procederá a la acusación por traición a la patria, imputación que recaerá sobre Ramón Contreras, acusado de llevar y mantener comunicación con las autoridades militares paraguayas(3).

(3) Archivo General de la Provincia de Corrientes, Correspondencia Oficial, tomo 211, f. 159. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

No será el único. Lo seguirán por la misma imputación: Roberto Billinghurst, Juan Francisco Lovera, Fernando Cabral, Juan M. Cruz, Tomás Bedoya, Antonio Díaz de Vivar, Domingo Igarzábal, Martín Ojeda, entre otros(4).

(4) Dardo Ramírez Braschi, “La guerra de la Triple Alianza a través de los periódicos correntinos. 1865-1870”. Moglia Ediciones, Corrientes, 2004. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

¿Por qué Contreras fue el primero en ser imputado por traidor? Contreras era abogado y, desde su juventud, un influyente intelectual. Sabemos poco de sus inicios; tendrá un papel significativo en la política provincial de las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX.

Ocupará distintos cargos públicos y reiteradamente se erigirá como magistrado judicial, lo que prueba la fuerza de su pensamiento. Llegó a protagonizar una pública polémica con un prominente referente del partido liberal, el doctor Manuel Florencio Mantilla(5).

(5) La polémica versó sobre los orígenes de la fundación de la Ciudad de Corrientes, en el contexto de la conmemoración por el tercer Centenario, en 1888. Contreras publicó la obra, “Recuerdos históricos sobre la fundación de Corrientes en su tercer centenario” (1888). En ella mantuvo un fuerte arraigo religioso con el catolicismo imperante, lo que lo distinguió -más allá de elementos históricos científicos- de su contendor, que mostró un marcado perfil agnóstico. Contreras también escribió, “El teniente general Don Benjamín Virasoro” (1897), además de numerosas notas en periódicos. Fue coautor del Informe Oficial denominado, “Colección de datos y documentos referentes a Misiones como integrante del territorio de la provincia de Corrientes por una Comisión nombrada por el Gobierno de ella” (1877), material que será la base de la defensa de Corrientes ante la amputación del territorio misionero. Se desempeñó también como el primer Director de la Escuela Normal de Maestros de Corrientes. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

El caso de Ramón Contreras ha tenido particularidades, por la forma en que se gestó. Fue detenido inicialmente por la autoridad militar, para luego pasar a la Justicia Federal. Los sucesos ocurrieron de la siguiente manera: el 1 de Mayo de 1865, en horas del mediodía, navegando en una goleta que bajaba el río Paraná, entre los puertos de Esquina y La Paz, imprevistamente el buque será interceptado y requisado por orden del general Wenceslao Paunero, que se encontraba en el vapor “Pavón”.

Paunero ordenó al doctor José Miguel Guastavino(6) (en ese entonces Auditor General del Ejército Argentino) y que lo acompañaba en la ocasión y, dada su condición de correntino y conocedor del idioma guaraní, que tomase un bote del vapor e inspeccionase la goleta. Al abordarla, Guastavino identificó a Ramón Contreras, antiguo conocido y compañero de estudios en las aulas de colegios y la Universidad, quien le manifestó que había abordado en Corrientes, con conocimiento de la Capitanía del Puerto y que tenía por destino Buenos Aires.

(6) José Miguel Guastavino nació en Corrientes, en Julio de 1838. Fue abogado, periodista y político, que ejerció como gobernador de la provincia de Corrientes por el partido liberal. Estudió en la Universidad de Córdoba, recibiéndose de Abogado y profesor de Derecho Romano; obtuvo su Doctorado en Jurisprudencia en la Universidad de Córdoba, laureado con la medalla “ut portet nomen meum coram gentibus” (para que lleve el nombre mío ante las gentes), distinción idéntica a la otorgada a Dalmacio Vélez Sársfield; será, en tres períodos, Diputado Nacional. En Abril de 1865 fue nombrado Auditor General del Ejército Argentino por el presidente Bartolomé Mitre, tras el comienzo de la Guerra del Paraguay, y asistió a la batalla de Yatay, y al resto de la campaña en Corrientes. Fue Juez Federal con sede en Corrientes y, más tarde, Juez Penal en Buenos Aires. Apoyó la sedición de Mayo de 1868, por la que los liberales derrocaron al gobernador Evaristo López, aliado de los federales. López se retiró hacia el sur de la provincia, donde el general Nicanor Cáceres organizó un ejército en su defensa, pero ese ejército fue atacado por las fuerzas del Ejército Nacional, retiradas por esa razón del frente paraguayo. La provincia había quedado en manos del partido liberal pero, como señalan algunos autores, estaba dividido en tres sectores claramente diferenciados, cada uno de los cuales parecía un partido independiente. Realizadas las elecciones, ninguno de esos grupos logró la mayoría necesaria para proclamar su candidato, por lo que se iniciaron arduas gestiones que dieron por resultado una transacción a resultas de la cual se eligió como gobernador al doctor José Miguel Guastavino, Juez Federal en la provincia, alejado de la política militante, a quien acompañó -en calidad de vicegobernador- Santiago Baibiene, que había sido uno de los candidatos de la lucha. En Diciembre de 1868, Guastavino fue electo gobernador y, desde el primer momento, se vio envuelto en las luchas internas del liberalismo y la tenaz oposición del partido federal, debiendo soportar muchos obstáculos para gobernar con tranquilidad. Renunció al cargo al año siguiente, dejando en el cargo a su vicegobernador, el teniente coronel Santiago Baibiene. Permaneció en Corrientes, donde se dedicó a la carrera judicial. Fue Juez y, más tarde, Presidente del Superior Tribunal de Justicia Provincial. Fue Diputado por el mitrismo entre 1872 y 1876; volvió a presidir la Corte Provincial. Fue Convencional Constituyente Provincial; Diputado Nacional nuevamente en 1880 y en 1896 y, por último, fue miembro de la Convención Constituyente Nacional en 1898. Escribió una importante obra sobre el Código Civil de la Nación. Su obra de jurista descolló entre sus pares y dejó un bien ganado prestigio de sus altas calidades intelectuales y de profundidad de su conocimiento del Derecho. Así surgieron de su intelecto, el “Código de Policía de la Provincia” y su notable obra: “Notas al Código Civil Argentino” en 35 tomos, producto de su vasta información técnica y cultural. Insigne latinista, lector riguroso de lecturas clásicas. Guastavino falleció en Corrientes el 16 de Agosto de 1911 (Antonio Zinny, “Historia de los Gobernadores de la Provincia de Corrientes. 1810-1978” (1998), separata. Ed. Amerindia Ediciones Correntinas, Corrientes; Hernán Félix Gómez, “Los Ultimos Sesenta Años de Democracia y Gobierno en la provincia de Corrientes. 1870-1930” (1995), capítulo: “Nuevos Valores en la Democracia Correntina”, primera edición (1931). Ed. Sembrando Producciones, Corrientes; Carlos María R. Vargas Gómez. “Juristas Correntinos”, en Suplemento de la revista “Todo es Historia” dirigida por el historiador Félix Luna; Antonio Emilio Castello, “Hombres y mujeres de Corrientes”, Ed. Moglia, Corrientes, 2004). // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

Contreras explicó la razón del viaje, afirmando que

merced a sus relaciones, había logrado salir; que Corrientes estaba tranquilo; que allí se encontraba el general paraguayo Robles; y que él se marchaba para Buenos Aires, por creer que esta ciudad le ofrecía más ventajas que ninguna otra en las circunstancias presentes”.

Agrega la documentación que “al no ver irregularidad alguna”, Guastavino hizo proseguir el curso de navegación de la goleta pero, al regresar al “Pavón”, inmediatamente Paunero sostuvo que

el enemigo había cerrado toda comunicación de Corrientes con el resto de la Nación y que permitiendo la salida del Dr. Contreras no podía ser éste sino un enviado suyo”, y ordenó: “Ese doctor debe ser un traidor: es preciso traerlo preso...(7).

(7) José Miguel Guastavino, “Incidente del doctor, Don Ramón Contreras, en 1865, sospechado de traición a la patria. Imprenta de M. Biedma, Buenos Aires, Año 1882, p. 11. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

Así se lo detuvo a Contreras e, inmediatamente, se articularon los medios para constituir un Consejo de Guerra, -decidido por Paunero- prosiguiéndose con el interrogatorio. Los oficiales del “Pavón” observaron contradicciones en las declaraciones de Contreras, por lo que Paunero ordenó su fusilamiento, el que debía ser ejecutado en la madrugada próxima, en la proa del buque.

Guastavino se opuso a ese procedimiento, sosteniendo que no es competencia de un Tribunal de Guerra, ya que Contreras no había sido hecho prisionero en acción de guerra, con armas en la mano, en el campo de batalla o entre fuerzas enemigas y, por consiguiente, que si se le estimaba responsable de un crimen, debía ser sometido al Juez Nacional de Sección.

Paunero cedió ante los argumentos irrefutables de Guastavino y mandó ponerlo a disposición del gobernador Lagraña, para que éste, a su vez, lo pusiese a disposición del juez Vicente Saravia, quien se hizo cargo del proceso.

El Juez del Crimen de Corrientes, Pastor S. Obligado, inicio también trámites, paralelos a los iniciados por el Juez Federal, por lo que se planteó una cuestión de competencia entre ambos. En rigor de verdad, la cuestión bélica y la presencia de ejércitos extranjeros, generaron permanentemente cuestiones de jurisdicción y competencia en el territorio correntino, por lo que entraron en conflictos reiteradamente cuatro jurisdicciones diferentes: la federal, la provincial, la militar argentina y la militar que aplicaban los ejércitos brasileños y uruguayos(8).

(8) Dardo Ramírez Braschi - José Luis Caño Ortigosa, “La influencia de la presencia militar brasileña en Corrientes durante la guerra de la Triple Alianza”, en: “Anuario de Estudios Americanos”, Vol. 70, Nro. 1 (2013), p. 256. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

No hay que olvidar los frecuentes saqueos -de grandes proporciones algunos de ellos-, que incluso los mismos aliados habían efectuado, en una acción supuesta de liberación de la provincia.

Pero la cuestión puntual de los procesos por traición a la patria, quedó rápidamente subsanada tras un informe del Procurador General de la Nación, que emitió desde el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, afirmando que, de acuerdo a la Constitución Nacional y a la ley de Jurisdicción de Tribunales Nacionales, la cuestión es competencia del Juez Federal de sección en Corrientes(9). La Corte Suprema de Justicia se expedirá en el mismo sentido(10).

(9) Periódico “La Esperanza”, (Corrientes), edición del del 30 de Noviembre de 1865.
(10) Archivo General de la Provincia de Corrientes, Correspondencia Oficial, tomo 212, folios 88 y 89.
// Todo citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

Podríamos decir de esto, que pudo haber en el contexto un fuerte factor de catarsis social en la celebración de juicios contra individuos acusados de colaboración o traición. Las personas que se mantuvieron leales en circunstancias de peligro e, incluso, aquéllos que se sintieron monetariamente tentados a acceder a las apelaciones de los invasores, podrían sentirse mejor consigo mismos. Y, en este caso, cualquiera que haya sido perjudicado por los paraguayos, como los vecinos de Santo Tomé y Bella Vista, podría sentir que aquéllos que habían facilitado los esfuerzos del enemigo en la provincia ahora deberían ser castigados con justicia.

También, y haciendo referencia a la cuestión, hay que puntualizar que existía un fuerte interés político para que los correntinos acusados del delito de traición sean juzgados en Corrientes. Al respecto, el periódico “La Esperanza” -de orientación liberal-, expresaba en uno de sus editoriales:

No han de venir de afuera, no, y juzgar nuestros propios delitos. La Justicia no se manda traer de otra parte. Ella es planta extraña, sólo donde la conciencia de la moral se encuentra pervertida.
Pídase al Presidente de la República un Consejo de Guerra para juzgar a los militares que, con el enemigo -o con nosotros hoy- traicionaron su deber; aunque la prisión del delincuente no sea posible en este último caso, cúmplase la ley, juzgándolo en rebeldía.
Sométase a la Justicia Federal los que, traidores a la patria con causa agraviante, deben ser juzgados por ella. Reclame la jurisdicción local los que, por sedicioso y complotadores, pertenecen al Tribunal de la Provincia.
Pero de ningún modo quede impugne tal gran delito. ¿Qué garantía tenemos para el porvenir de una época en que el desconocimiento de moral, tuerce la Justicia, por la completa corrupción política, que los enemigos del partido liberal han sometido en todas partes(11).

(11) Periódico “La Esperanza”, (Corrientes), edición del 30 de Noviembre de 1865. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

El párrafo que transcribimos con anterioridad muestra, cabalmente, que el editorial de un periódico manifiesta una clara intención y exige que los resortes de la Justicia se accionen para iniciar los procesos, más allá que sea la Justicia Federal, la Militar o la Ordinaria; lo que quedaba claro para el editor es que se debían iniciar los juicios por traición a la patria lo más rápido posible y en Corrientes.

El periódico de orientación liberal, como los demás periódicos de esta etapa política, utilizaba su publicación para hostigar políticamente a los adversarios, muchos de los cuales estuvieron comprometidos en la compleja relación con los paraguayos durante el tiempo que duró la ocupación.

Hay que recordar que los paraguayos, para la fecha de esta publicación, ya se habían retirado en Octubre de 1865, Lagraña gobernaba desde la Capital y que Corrientes retomaba un camino de relativa paz, a medida que los ejércitos avanzaban hacia Asunción. El partido liberal había sido oposición en la provincia desde Diciembre de 1865, cuando fue electo gobernador de la provincia, el urquicista Evaristo López.

Elegido por un Colegio Electoral -cuya mayoría estaba integrada por hombres afines a Urquiza- y apoyados por el oficial del Ejército Nacional y Comandante de milicias, Nicanor Cáceres, López asumió la titularidad del Poder Ejecutivo.

Es conveniente subrayar que, en esos primeros momentos, se buscó un acercamiento entre ambas facciones. El Colegio Electoral eligió a López como gobernador, pero también designó a Juan Vicente Pampín (liberal) como vicegobernador. Se pueden hacer distintas lecturas de este hecho y la mínima es que se intentó cerrar la grieta política existente en la provincia. Quizás la familiaridad con la guerra inspiró esta posición; pero el acercamiento fracasó.

Desde un primer momento hubo inconvenientes con la facción liberal. El 25 de Diciembre de 1865, el Colegio de Electores nombró gobernador a López y vicegobernador a Pampín, pero éste renunció en el acto. Estando ausente López, asumió el P. E. el Presidente de la Legislatura, el patriota doctor José Ramón Vidal, quien fue nombrado vicegobernador de la provincia en reemplazo de Pampín.

Ramón Vidal era un hombre moderado, aunque también integrante de la élite política provincial. Se recibió del mando gubernativo el 26 de Diciembre, desempeñando el cargo hasta el 10 de Enero de 1866 en que hizo entrega de los atributos del P. E. a Evaristo López, constituyéndose éste en el 18vo. Gobernador propietario constitucional de Corrientes.

López era un extraño en la Ciudad de Corrientes; oriundo de Goya, era un hombre ligado a los intereses económicos y sociales de aquella región de la provincia. De perfil urquicista, la distancia y el pensamiento lo alejaron de la élite liberal mitrista de la Capital. Será muy criticado por sus adversarios, al punto de ser imputada su Administración de “paraguayista”.

Es verdad que, en sus menos de tres años de gobierno, tendrá dificultades, dada su poca familiaridad con el presidente Mitre. Hasta Julio de 1867 no será integrada ni convocada la Cámara de Diputados, que permanecerá clausurada desde la invasión paraguaya, para luego ser convenientemente integrada con elementos adictos. Durante el lapso que no funcionó la Legislatura, los Presupuestos y las rentas fueron manejados por simples decretos gubernamentales.

Es fácil colegir la posición del adversario. Su situación se volvió más precaria cuando el doctor Ramón Vidal resultó electo Senador Nacional para el período legal del 22 de Julio de 1862 hasta el 30 de Abril de 1871. Este ocupará la banca recién el 28 de Mayo de 1868, permaneciendo en ella hasta el 30 de Abril de 1871, completando el período senatorial de Pedro J. Ferré, quien había fallecido el 21 de Enero de 1867.

Esta información referente a Ramón Vidal es importante, por las consecuencias que se reflejarán en los hechos. Ramón Vidal fue electo por la Legislatura Provincial la que, según los opositores, estaba integrada por hombres adictos a Evaristo López.

No tenemos en el haber documentación que enriquezca esta situación pero, dadas las consecuencias, es lógico interpretar que la elección de Vidal fue una errónea política del oficialismo. Quizás influyó el carisma y prestigio del electo, pero lo cierto fue que su alejamiento provocó la soledad de López en el poder, quedando a merced de aquéllos que querían derrocarlo.

El mismo día que Ramón Vidal se sentaba en la butaca de Senador Nacional -28 de Mayo-, Evaristo López era desalojado del poder por un golpe de estado.

Retratado brevemente el Gobierno de López, no fue difícil denunciar que algunos de los que componían su Administración resultaran sospechosos -desde la óptica liberal- de simpatizar o haber asistido y ayudado a los paraguayos. La situación adquirirá no solamente una connotación jurídica, con los procesos por traición a la patria, sino que también tendrá un alto impacto político.

La prensa sostenedora del partido liberal insistirá con la necesidad imperiosa de iniciar los procesos y la presión ejercida será tanta que conducirá a la renuncia del Fiscal del Juzgado, Fernando Arias. Aun así, la crítica continuará ya que desde el mismo día del alejamiento de Arias, la prensa no dejará de hostigarlo y asociarlo con los “correntinos paraguayistas”. La maquinaria política “liberal” estaba en marcha.

El Fiscal argumentará que no se iniciaban las causas, por la gran cantidad de ellas y el estudio que las mismas exigían, tanto en tiempo como en esfuerzo. Agregó que había que abocarse a cada una de ellas, llegando a expresar que “... tendría que acusar a medio Corrientes si fuera a ser severo y que mejor sería declararlos reos de pecado venial(12).

(12) Periódico “La Esperanza”, (Corrientes), edición del 30 de Noviembre de 1865. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

Es sugestiva la declaración de Arias, que sus mismos opositores pusieron en su boca. El periódico que dio a conocer la respuesta del Fiscal era de tinte liberal y, si bien puede hablarse de un dicho al azar, genérico, para salir del paso, siempre detrás de una frase de esa magnitud, se esconde una realidad. “Tendría que acusar a medio Corrientes...”, nos dice Arias, lo que nos lleva a deducir que una cantidad significativa de la población correntina no mostraba antipatía hacia los hombres que negociaron políticamente con los invasores.

Una de las primeras denuncias del Fiscal será la relacionada con la acusación a Roberto Billinghurst -comerciante y ganadero- de colaborar con el ejército invasor, por lo que el Juez de Sección ordenó su arresto domiciliario el 16 de Diciembre de 1865, sin tener en cuenta su condición de legislador provincial(13). Este proceso, tiempo después, quedará desestimado...

(13) Archivo General de la Provincia de Corrientes, Protocolos, Tomo 534, Folio, 7 Vta., 8 y 8 vta., año 1865. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

A partir de 1866, la presión de la prensa de acusar a aquéllos que habían simpatizado con los paraguayos se acrecentará; ya no era sólo el periódico “La Esperanza” el vocero acusador, ya que luego se sumará “El Nacionalista” los que, en consuno, politizarán la cuestión, asociando a los acusados de pertenecer al partido federal, urquicista y enemigos de los brasileños(14). No sería magnificar decir que, pertenecer al partido federal, acercaba peligrosamente al mote de traidor.

(14) Periódico “La Esperanza”, (Corrientes), edición del 18 de Abril de 1866. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

El periódico “El Nacionalista” hacía también referencia a que los paraguayistas; denunciaba que, en vez de ser estos rechazados y apartados de la comunidad por el Gobierno Provincial (abarcando en su imputación incluso a todos los integrantes del partido federal, es decir, a todo el arco opositor), se los veía, en cambio, deambulando libremente por las calles del pueblo(15).

(15) Periódico “El Nacionalista”, (Corrientes), edición del 28 de Abril de 1866. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

Se quería la muerte política. También, desde la prensa se sostenía que el Gobierno urquicista garantizó la impunidad y que sólo la Administración del partido liberal llevaría justicia y castigo a los que habrían colaborado con los invasores(16).

(16) Periódico “La Esperanza”, (Corrientes), edición del 27 de Diciembre de 1866. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

Acusaban puntualmente al diputado nacional Wenceslao Díaz Colodrero, quien había sido ministro de Gobierno de López, y que se había convertido -en el Congreso- en la voz cantante, en defensa del Gobierno derrocado. Además, Díaz Colodrero fue aquél que sufragó y obtuvo, a su vez, ocho votos a su favor para conformar la Junta Gubernativa durante la ocupación paraguaya(17). De ahí también se origina la denuncia contra Contreras, quien había sido designado Juez Civil en Goya en los tiempos de Evaristo López(18).

(17) Periódico “La Esperanza”, (Corrientes), edición del 7 de Julio de 1867.
(18) Periódico “La Esperanza”, (Corrientes), edición del 27 de Julio de 1867.
// Todo citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

La cuestión no sólo se planteaba en la hoja tabloide de la prensa, sino también en los folletos partidarios. En un folleto editado en 1868, se acusaba a los redactores del periódico “El Eco de Corrientes” -defensor del Gobierno de Evaristo López- de pregonar indulgencia para aquéllos que estaban en la mira revanchista de sus opositores.

En palabras del folleto, “ellos pedían que los traidores y asesinos no fuesen castigados, diciendo que Ojeda (?) no cometió falta alguna, y que los que habían guiado a las tropas paraguayas sobre la provincia, cumplían su deber!(19).

(19) L. Baibiene, “El despotismo y barbarie del Gobierno de la provincia de Corrientes”, Imprenta del Plata, Buenos Aires, 1868, p. 29. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

Era evidente que, desde la mira liberal, la culpabilidad de los federales era grupal, más allá de haber participado en acciones determinadas contra las fuerzas aliadas, algún que otro individuo en particular. El asunto era político, sin lugar a dudas.

Para los primeros meses de 1867, la única sentencia dictada referente a estos casos, fue la de Estanislao Esquivel, la que referenciaremos más adelante, lo que hizo expresar más intensamente el estado de impaciencia del sector político interesado en las causas.

- El Caso Silvero

Es conveniente señalar que el proceso por traición a la patria que adquirió mayor repercusión fue el realizado en 1870 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra Víctor Silvero, triunviro del Gobierno correntino durante la invasión paraguaya. En su defensa judicial, Silvero referenció que su accionar fue sólo para defender los intereses de la patria, ya que la provincia de Corrientes no se hallaba invadida solamente por Paraguay sino también por las tropas del Imperio del Brasil, siendo ambos, enemigos por igual(20).

(20) Archivo General de la Nación, Sala 7, 10/5/12, fs. 368. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

Esta defensa permite entrever palmariamente el pensamiento de los denominados “correntinos paraguayistas”. El rechazo a la alianza efectuada por el Gobierno porteño con los brasileños, considerados enemigos multiseculares de la hispanidad, estuvo en el núcleo de las consideraciones, más allá del odio, aun no superado, de los urquicistas hacia el mitrismo, que no sólo triunfó en el campo de batalla sólo cinco años atrás, sino que también sostuvo luego una política desconsiderada y a veces extremadamente violenta hacia sus adversarios políticos en el transcurso de esos cinco años.

Continuando con el procedimiento de la Causa Silvero, hay que agregar que el acusado sostuvo que el procedimiento llevado adelante por el Juez Federal de Corrientes, doctor Carlos Luna (quien había sucedido a Saravia en la función), estaba viciado, ya que el mismo se originó en un artículo periodístico publicado en “La Fusión” (de Corrientes) en el año 1873 (es decir, anónimo) y no tras recibir formalmente denuncia alguna de algún particular, como lo fijaba la ley por ese entonces.

Sustentó su defensa también en demostrar que actuó presionado por las autoridades paraguayas y que actuó voluntariamente, para salvaguardar los intereses de la provincia en ese estado de guerra.

En aquella época, el tema de “traición a la patria” alcanzará un alto impacto y tendrá repercusiones relevantes en diversos sectores. La cuestión de la temática fue tal que, hasta en el campo intelectual, será analizada. Por ejemplo, Manuel Florencio Mantilla presentó -en 1873- una tesis sobre el tema y obtuvo su título de Doctor en Jurisprudencia en la Universidad de Buenos Aires.

Esta tesis refería a la evolución del delito en el Derecho Romano hasta aquellos días, repasando las sanciones en distintas legislaciones, así como diversas definiciones y un análisis de la normativa contemporánea. Mantilla no hizo mención específica a la cuestión de la guerra del Paraguay ni a casos puntuales que se conocían, pero el autor pudo haber encontrado motivación para escribir su tesis teniendo por base sucesos públicos(21).

(21) Manuel Florencio Mantilla, “Traición a la patria” (Tesis), Buenos Aires, 1874. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

- Proceso judicial a Estanislao Esquivel

Podríamos recordar que, para 1867, una serie de rebeliones contra el Gobierno Nacional estallaron en las provincias occidentales y Mitre tuvo que ceder el mando en la campaña paraguaya a los brasileños.

Al presidente le consumió una o dos temporadas para aplastar a los Montoneros de Cuyo y La Rioja y, aunque Mitre volvió por un corto tiempo para hacerse del mando de las fuerzas aliadas en Paraguay, en este período estuvo más comprometido que nunca en lograr en Argentina un Gobierno de unidad nacional, siempre bajo el control bonaerense por supuesto.

De este modo, Mitre comenzaba a modificar la estructura del Estado en la Argentina. Es decir, avanzando mucho más allá que su adversario, el viejo terrateniente Urquiza, Mitre construyó una estructura institucional que le permitía conducir a los sectores agropecuario y comercial del país. También se propuso atraer inversiones europeas y, pero ya más tarde, inmigrantes que podían sumarse a la mano de obra.

Este nuevo enfoque dio, a los procesos penales por traición, un enfoque más abarcativo, que iba más allá del estrecho encuadre del correntino. Aunque no se puede afirmar que cuando asumió Domingo Faustino Sarmiento la presidencia, en 1868, éste también estaba igualmente obsesionado con imponer el mismo tipo de unidad nacional en asuntos políticos que Mitre, sin duda era obvio que las distintas provincias argentinas estaban obligadas a hablar con una sola voz.

El primer proceso que tuvo sentencia fue el de Estanislao Esquivel que, a poco más de un año de inicio de la causa, el Juez Federal decidió dictar el fallo el 19 de Febrero de 1867. La causa se fundamentó en los siguientes hechos:

Estanislao Esquivel fue nombrado Juez de Paz del Departamento de Caá Catí. Quien lo designó fue Juan Francisco Lovera, en nombre de la Junta Gubernativa. De allí en más, el accionar del nuevo Juez de Paz buscará intensificar su vinculación con la Junta Gubernativa, además de llevar adelante acciones para facilitar comunicaciones con los demás Departamentos de la zona y un aprovisionamiento reiterado de cabezas de ganado para el abastecimiento y consumo destinados a la guarnición paraguaya de la Capital.

La denuncia señaló que Esquivel realizó informes sobre el estado del Departamento y solicitó armas para preservar la seguridad en la zona. También se habría abocado a la reunión de vecinos para el reclutamiento del batallón del Departamento, con el fin de preservar la seguridad, aunque cabe decir que estos hombres fueron alistados en las filas de las fuerzas de Lovera, las que enfrentarán a las tropas argentinas en la batalla de Naranjitos (en el Departamento Yaguareté Corá), el 21 de Septiembre de 1865.

En todos los Departamentos que quedaron bajo la directa órbita de la Junta Gubernativa, los Jueces de Paz y autoridades de los pueblos formaron escuadrones y batallones que -bajo la bandera de Corrientes (no la paraguaya)-, se alistaron militarmente en defensa del Triunvirato provincial.

Estos batallones no fueron pocos, sumando en total a sus unidades aproximadamente más de 800 hombres, distribuidos de la siguiente manera:

* en el Departamento de San Luis del Palmar, se conformó un regimiento, formado por cuatro batallones;
* en el Departamento Lomas se estructuró un escuadrón, que quedó bajo las órdenes del teniente Santiago Sánchez;
* algo similar se registró en el Departamento Mburucuyá, con un escuadrón, esta vez dirigido por el capitán Fernando Cabral y, en situaciones similares,
* se establecieron escuadrones y contingentes varios en Caá Catí, San Cosme e Itatí(22).

(22) Juan Beverina, “La Guerra del Paraguay”, Tomo III, Buenos Aires. Establecimiento Gráfico Ferrari Hnos., 1921, p. 196. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

Estos batallones tuvieron como principal objetivo la vigilancia de la campaña y los Departamentos que quedaron bajo las órdenes de la Junta Gobernativa. Los principales organizadores de estos Cuerpos militares, fueron Juan Francisco Lovera y su hermano José Santos, quien fue nombrado Sargento Mayor, por decreto de la Junta Gubernativa, el 19 de Julio de 1865.

El Procurador Fiscal presentó la denuncia ante el Juzgado Federal el 26 de Mayo de 1866, fundándose en correspondencias firmadas por Esquivel como Juez de Paz, bajo las órdenes de la Junta Gubernativa y emanando directivas en general, por lo que el Fiscal lo acusó de haber facilitado el progreso de las armas paraguayas, suministrando voluntariamente a la Junta Gubernativa medios directos para hostilizar a la Nación Argentina. El Fiscal solicitó diez años de presidio.

Esquivel, que se hallaba detenido, declaró ante el juez de acuerdo al procedimiento de ley y manifestó su verdad. Dijo que había desempeñado el cargo de Juez de Paz del Departamento, a sabiendas que la Junta Gubernativa accionaba de acuerdo a lo dispuesto por las fuerzas militares paraguayas pero, ante esa situación, y por pedido de los vecinos del lugar, aceptó el cargo, que los pobladores y él mismo creían que era la mejor manera de evitar los males de la guerra desempeñando, de esa manera, un rol específico, que fue el de proteger y cuidar a los habitantes y resguardar los bienes del Estado.

En su defensa ante la acusación de haber proveído ganado en pie para las tropas de la guarnición militar de la Capital, argumentó que sólo aportó partidas limitadas y esporádicas, ya que lo hizo para evitar -de esa manera- que se produjeran arreos de hacienda en masa y desordenadamente, lo que hubiese desencadenado cierta incapacidad para detener el saqueo, de todas maneras inevitable, como sucedió en otros Departamentos.

Esquivel negó que se hayan apropiado de cabezas de ganado de los establecimientos de jefes y oficiales que luchaban bajo las órdenes del general Nicanor Cáceres, quien actuaba (no especialmente de buena gana) bajo las directrices del gobernador Lagraña; asimismo, aquél señaló no haberse extraído una sola cabeza de ganado por medios violentos, a ningún vecino del Departamento.

En su declaración, negó que haya convocado a enrolamiento de vecinos para incorporarlos a los batallones militares, cuando la Junta había ordenado dicha medida; es más, el acusado dijo haberse comunicado con el Triunvirato como una muestra de obediencia, cuando en realidad ningún vecino fue llamado a formar parte de las fuerzas de Lovera.

Teniendo en cuenta las pruebas documentales, y las distintas declaraciones en la causa, la defensa del imputado sostuvo que no se observaba ningún rasgo que revelara interés en servicio del enemigo, ni se probaba la facilitación de poner medios en beneficio de los enemigos de la patria, y sí, contrariamente, manifestó su oposición a las órdenes emanadas de la Junta Gubernativa.

Esta conducta ha sido implícitamente reconocida por la autoridad del gobernador Lagraña, ya que éste lo designó nuevamente Juez de Paz del Departamento. La defensa sostuvo enfáticamente, que el gobernador Lagraña no pudo ignorar que Esquivel ocupaba el Juzgado de Paz de Caá Catí, siendo nombrado por la Junta paraguayista, sin embargo, lo llamó nuevamente a ocupar el mismo cargo, lo que significa que el gobernador tenía información suficiente para interpretar que Esquivel nos era un traidor.

En la parte resolutiva de la sentencia, el juez Saravia sostuvo que el sólo hecho de ser designado Juez de Paz por la Junta Gubernativa, no constituye traición a la patria. El magistrado llegó a la conclusión que Esquivel acató las órdenes necesarias y limitó su accionar con el fin de conservar cierta quietud y así preservar al Departamento de las acciones de guerra.

El delito de traición a la patria presupone servir al enemigo causando daño al país, conducta que no se vio manifestada en Esquivel. El juez falló declarando absuelto al acusado(23).

(23) Publicada en el periódico “La Esperanza”, (Corrientes), ediciones del 25 de Julio y 1 de Agosto de 1867. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

La sentencia de absolución del imputado trajo muchas repercusiones, la mayoría de ellas de carácter políticas. Las victimas del proceso resultaron ser el juez federal Vicente Saravia y la Administración de Evaristo López. Una de las principales voces de repudio fue la de Santiago Baibiene que, desde las líneas del ejército, cuestionaba el accionar del magistrado, acusándolo que buscó elementos probatorios sólo en documentos y en testimonios -que consideraba colaboracionistas- volcando la situación a favor del imputado(24).

(24) Periódico “La Esperanza”, (Corrientes), edición del 8 de Agosto de 1867. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

- Proceso judicial a Alejandro Azula y Fulgencio Leiva

Otros dos casos, también de gran impacto político, fueron los procesos judiciales dirigidos contra Alejandro Azula y Fulgencio Leiva, quienes fueron designados por la Junta Gubernativa para realizar una comisión militar en los Departamentos de San Luis del Palmar y Caá Catí(25).

(25) Juzgado Federal de Corrientes, Libro de Autos y Sentencias Nro. 1, Año 1869, Sentencia Nro. 24, Corrientes, 29 de Enero de 1870, fs. 33-46. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

La acusación fiscal afirmó, respecto a Azula, que éste brindó auxilio en hombres, caballos y reses al ejército invasor. También se lo acusó de intentar sublevar al Departamento de San Luis, así como al de Caá Catí, en contra de la causa argentina, e impidió que el ejército aliado recibiese los auxilios necesarios.

La imputación también consideraba que Azula habría entablado comunicación con el general Justo José de Urquiza, a quien manifestó su intención de colaborar con la Junta Gubernativa; la denuncia también se explayó sobre una visita efectuada por el acusado a la ciudad de Corrientes, en tiempos del dominio paraguayo. Ya en el pueblo, habría efectuado públicamente declaraciones a favor del mariscal López, cuando profirió un discurso pronunciado en Julio de 1865.

La acusación fiscal fortaleció estas imputaciones, afirmando que, una vez en San Luis del Palmar, ordenó a su ayudante, Fulgencio Leiva, a que subleve al Departamento de Caá Catí e induzca a los jefes de ese Departamento a defender las banderas enemigas.

De acuerdo a la declaración, Azula reconoció que había sido encomendado por el Triunvirato gobernante a desempeñar la misión descrita, pero aseguró que la misma fue aceptada por presión, ya que se hallaba bajo el poder del invasor y, además, de esa manera, proponía salvar los intereses del Departamento, influyendo en los vecinos para que contribuyan con algo de valor, con el fin de evitar el riesgo de las armas y el seguro saqueo que provendría por parte de los invasores.

Haciendo referencia a estos descargos, el juez consideró que era procedente, ya que el acto de aceptar una comisión del enemigo que se enseñorea del territorio, no puede ser catalogado como delito de traición, sino que creía que el accionar de Azula respondía claramente a la necesidad que tenía el acusado de auxiliar a sus compoblanos.

Así, el hecho de la ocupación del territorio por parte del invasor sirvió de presunción para Azula, quien habría aceptado la comisión por el respeto que le infundía el poder paraguayo. Para demostrar que trató de evitar males mayores y que buscó la protección del vecindario de San Luis, presentó varias testimoniales, como las de Laureano Molina, Egidio Alvarez, Sebastián Ramírez, entre otros.

De acuerdo a la declaración de Azula, permanentemente éste habría recomendado a los vecinos ocultar sus ganados, para evitar ser arreados por el enemigo, y los instó que se incorporen a las filas del ejército argentino.

Otra conducta sospechosa de Azula fue el regreso de éste a la ciudad de Corrientes -ya citado más arriba-, por entonces ocupada por fuerzas paraguayas; el imputado se justificó, al decir que procedió así cediendo al compromiso que tenía con la que después será su esposa, situación constatada por la declaración del presbítero Fernández que celebró matrimonio el 8 de Mayo de 1865.

Es decir, Azula explico su permanecía en la Capital con el simple hecho que su fin era contraer matrimonio; por eso no habría sido molestado por los invasores.

Uno de los testimonios contrarios a Azula y pregonada por el Fiscal, fue el de un hombre de apellido Insaurralde, quien acusó a aquél de haber colaborado con el enemigo. Es más, tachó a Azula de enemigo y aunque pudo probar plenamente sus palabras, también se pudo corroborar la existencia de una antigua enemistad entre Azula e Insaurralde, enemistad que se originó antes de la llegada de los paraguayos.

Finalmente, y haciendo referencia a la concurrencia a una serenata que se brindó en la capital de la provincia en honor al mariscal Francisco Solano López, el 24 de Julio de 1865, cuando los paraguayos la ocupaban (y Bergés estaba a punto de perder su influencia con los miembros de la Junta Gubernativa), Azula reconoció haber estado en el festejo, pero negó el tenor y contenido del discurso que fue publicado y utilizado como prueba en el juicio(26).

(26) La ocupación militar paraguaya en Corrientes se caracterizó, sobre todos los primeros meses, en evitar cualquier hecho de violencia u hostigación contra la población civil. Aún más, fue política de López seducir a los correntinos hacia su causa. Esto hizo posible un modo de convivencia entre correntinos y paraguayos, de tal manera que, en algunas oportunidades, compartirían celebraciones religiosas o conmemoraciones. Así fue que para celebrar el día de la Cruz de los Milagros, se realizó una Misa, con notable participación de correntinos y paraguayos, donde el sacerdote -paraguayo también- hizo referencia a la hermandad de los pueblos. En los mismos actos, frente al templo, la banda de música del ejército paraguayo ejecutó piezas musicales autóctonas. Las serenatas se hacían por aniversarios o fechas especiales como, por ejemplo, el 24 de Julio, día del nacimiento del presidente paraguayo; las mismas consistieron en la ejecución de dos o tres piezas musicales frente a las puertas o ventanas de señoras y señoritas correntinas. Estas serenatas fueron comunes y con buena aceptación entre los vecinos [periódico “El Independiente”, (Corrientes), ediciones del 7 de Mayo y del 30 de Julio de 1865]. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

Es importante señalar que Azula residió en la Capital en tiempos de la ocupación paraguaya, ya desde los primeros días, incluso participando con su voto en la elección de la Junta Gubernativa.

Paralelamente, se llevó a cabo el proceso judicial contra Fulgencio Leiva, quien estaba acusado de recibir órdenes de Azula para sublevar el Departamento de Caá Catí, aportando el Fiscal una serie de cartas, incautadas oportunamente por partidas del Ejército Argentino.

En interpretación del juez Luna, resultó que éste consideraba que dichas notas no probaban suficientemente que Leiva llevase la misión de sublevar al Departamento de Caá Catí, ni que intentara incitar a los lugareños el sostener la causa paraguaya; es más, el juez creyó ver exageración en la denuncia, con el fin de lograr una sentencia no favorable para el imputado.

Respecto de las armas solicitadas a Azula, éstas no pudieron ser enviadas, ya que las cartas -fuentes documentales de la causa-, habrían sido interceptadas por soldados argentinos.

Con respecto a la conducta de Leiva, el magistrado sostuvo que tampoco las pruebas aportadas al juicio fueron categóricas y demostrativas de conducta de traición. Aún más, agregó que en meses posteriores, Leiva combatió como Capitán del Ejército Argentino, en contra de los paraguayos, hasta que resultó herido en la batalla de Tuyutí, registrada el 24 de Mayo de 1866, una de las más sangrientas de la guerra; como consecuencia de ello, el ahora imputado fue licenciado y trasladado a Corrientes, para que se recupere de las heridas sufridas, de acuerdo a lo testificado por Félix y Gregorio Leyes.

Fundando la sentencia, el juez Luna consideró que las pruebas que obran en el proceso a favor o en contra de los acusados Azula y Leiva no aparecen como justificación o prueba de intención de cometer el delito de traición y fundó su fallo en el artículo 103 de la Constitución Nacional, que señalaba que traición a la patria consiste únicamente en tomar las armas contra ella o unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro.

De estos hechos comprobados, no resulta que estos hombres -en particular Azula- hayan auxiliado ni procurado avalar la causa paraguaya, pues estando el enemigo ocupando el territorio y no teniendo las poblaciones medios de defensa, podía aquél ofrecer algo de sus intereses con el fin de salvarse de las depredaciones y violencias que los invasores podían cometer.

Fortalecidos los argumentos, el juez Luna afirmó que, de acuerdo con las Leyes 12, Título 14, Partida Tercera; 7 y 9, Tít. 31, Partida 7(27), que establece absolver al reo cuando no hay prueba plena para condenar, sentenció la liberación de los procesados Alejandro Azula y Fulgencio Leiva, sin perjuicio de proseguir la causa en caso de que apareciesen nuevas pruebas.

(27) Luna basó su sentencia en las Siete Partidas, entidad normativa que mejor representa al antiguo Derecho Castellano y que trataba -en la práctica- en casi todos los campos jurídicos: Civil, Mercantil, Procesal y Penal. Para ordenar todo ello, cada una de las Partidas fue dividida en títulos y estos en leyes. En total suman 182 títulos y 2.683 leyes, todas ellas apoyadas en citas de autores y de obras. Cuando el Derecho se aplicó en el Nuevo Mundo, las Partidas se instrumentaron y pervivieron, junto a todo el Derecho Castellano e Indiano hasta más allá de la Independencia de las Repúblicas hispanoamericanas, prosiguiendo su vigencia supletoria hasta después de la aprobación de los Códigos locales. Así, por ejemplo, tenemos relevado numerosos casos de sentencia de Tribunales correntinos en los últimos años del siglo XIX y principios del XX, donde se argumentan las sentencias judiciales con el Derecho Castellano e Indiano. En: Dardo Ramírez Braschi - Darío López Villagra, “Sentencias Judiciales y el Derecho Castellano (Estudio de casos en la provincia de Corrientes. 1898-1904)”, Editorial ConTexto, Resistencia, Chaco, 2017. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

En el mismo día se comunicó la sentencia y se puso en libertad a Azula, cancelándose también -a la vez- la fianza judicial otorgada por Leiva. El fallo fue apelado por el Fiscal de la causa ante la Corte Suprema de Justicia, pero el máximo órgano judicial confirmó el fallo de primera instancia, por lo que Azula y Leiva fueron absueltos de culpa y cargo, “quedando en pleno goce de su reputación y fama(28).

(28) Sentencias de la Suprema Corte de la Nación Argentina, tomo IX, publicada y dirigida por Roberto Parry, volumen II, Editorial Jurídica Argentina, Buenos Aires, 1937, p. 108. // Citado por Thomas L. Whigham y Dardo Ramírez Braschi, “Ninguno se atreve a llamarlo lealtad (las acusaciones de traición y los correntinos paraguayistas antes, durante y después del conflicto de 1864 a 1870), 2020, (Inédito) Corrientes.

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