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La doctrina universitaria

En ese mismo año de 1869, la Constitución comenzó a ser explicada en la Universidad de Buenos Aires, al instuirse la cátedra de Derecho Constitucional, cuya regencia se confió al doctor Florentino González, emigrado colombiano que profesó sus enseñanzas durante seis cursos.

Enseñó González que la facultad de Intervenir corresponde al Ejecutivo, pues la mencionó entre los negocios de la competencia de este Poder. No sólo en este punto se conformaron las opiniones del profesor con las del presidente.

La cuestión San Juan vivía en todos los espíritus y dio pretexto a aquél, aunque sin citarla, para formular una censura al artículo 6to., censura que coincidía con la expresada por Sarmiento en los "Comentarios", con sus propuestas a la Convención de 1860 y con la tesis que hizo triunfar en la Intervención última.

Lamentaba González que la Constitución atribuyera el requerimiento a las autoridades constituidas, en lugar de cometerlo a las Legislaturas y, en su ausencia, a los gobernadores, de acuerdo con el texto estadounidense. Esto facilitaba Intervenciones indebidas, porque un gobernador enemistado con el presidente podía huir, declararse depuesto del cargo y solicitar la Intervención a objetos distintos de los de restablecer el orden constitucional...

Bien clara era, como se ve, la alusión al reciente caso. Fuera de éstas, ninguna otra cosa de interés enseñó González respecto de las Intervenciones en sí mismas pero, al tratar de la fuerza pública, estableció una curiosa distinción relacionada con el tema.

Consideró que se debía emplear el Ejército en primer término y las milicias en caso necesario, cuando se tratara de guardar el país contra ataques exteriores; si se procurara restablecer el orden interno alterado, sólo las milicias debían actuar, de modo que nunca el Ejército pudiese inmiscuirse en las cuestiones políticas.

En las Repúblicas hispanoamericanas tanto más conveniente era esta distinción, cuanto más habituados estaban los Gobiernos a servirse de las tropas de línea para fines ilícitos, ocupándolas en secundar a unos partidos contra otros.

Un ejército permanente -concluía González- no puede tener, en un país libre, otro empleo que el de asegurarlo contra un ataque exterior, sin riesgo de que se convierta en instrumento de opresión y desorden(1).

(1) Florentino González, "Lecciones de Derecho Constitucional" (Buenos Aires, J. A. Bernheim, 1869), pp. 362, 366 y 389. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo IX: “La Cuestión San Juan”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

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