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Las leyes de 1869

La Comisión de Negocios Constitucionales de la Cámara de Diputados tomó en cuenta las críticas de Sarmiento, pero no las aceptó en todas las partes que parecen convenientes. Con las modificaciones que introdujo, dividió en dos el proyecto primitivo.

Prescribió por uno que toda Intervención fuese autorizada por el Congreso, aunque el Ejecutivo podía disponer durante su ausencia las que solicitasen las autoridades constituidas con el fin único de su reposición o sostenimiento, facultándoselo en tales casos a movilizar milicias y efectuar gastos, con cargo siempre de comunicar lo actuado al Congreso, para su aprobación.

Por el otro, autorizó al Ejecutivo a movilizar milicias y efectuar gastos a efectos de ejecutar las leyes del Congreso, sofocar la guerra civil entre dos o más provincias y repeler las invasiones exteriores, con cargo también de dar cuenta de las medidas que tomase, aunque ya no para su aprobación(1).

(1) Cámara de Diputados, sesión de Agosto 6 de 1869. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo IX: “La Cuestión San Juan”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El primer proyecto, que era el que trataba realmente de intervenciones, excluía a la invasión exterior de las causales que podían determinarla. La Comisión consideró que las invasiones extranjeras no constituyen caso de intervención, pudiendo ser repelidas sin tocar en lo más mínimo a las autoridades locales.

La Comisión corrigió así, prudentemente, el texto constitucional y reaccionó contra el concepto del federalismo agresivo causante del error. Puede suceder el caso -explicó el diputado Castellanos- de que una invasión extranjera derroque al Gobierno local. En ese supuesto, el Gobierno Federal repele la invasión, y las autoridades que hubiesen sido derrocadas se restablecen por el simple alejamiento de los invasores.

Puede suceder otro caso, y es que algunos sediciosos de la provincia invadida se aprovechen de una invasión extranjera para derrocar las autoridades; en este caso, si después de repelida la invasión quedan los sediciosos apoderados del Gobierno, pueden las autoridades constituidas reclamar la ayuda federal para ser repuestas(2).

(2) Cámara de Diputados, sesión de Agosto 12 de 1869. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo IX: “La Cuestión San Juan”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El diputado doctor Carlos Keen fundó el proyecto de la Comisión en un sesudo discurso. Estudió la competencia de los Poderes Públicos respecto a la facultad de intervenir y agotó el análisis en forma que puede conceptuarse definitiva. Dijo que la letra del precepto no resuelve categóricamente la cuestión, pues usa el término genérico Gobierno Federal y éste se compone de tres Poderes, pudiendo cada uno de ellos reivindicar para sí el ejercicio de aquélla.

Se ignoraba, por lo tanto, si ese ejercicio corresponde a uno, a dos o a los tres Poderes o, si debe ser simultáneo de dos o tres o individual y separado. Keen comenzó por descartar al Poder Judicial, porque su carácter es pasivo y no de iniciativa; además, obligarlo a pisar el abrasado terreno de la política, significaría desnaturalizar su misión y atentar contra la alta imparcialidad que le corresponde.

Tampoco creyó que el Congreso o el Ejecutivo, obrando independientemente, pueden ejercer la intervención, porque ningún precepto la atribuye a uno u otro y la hermenéutica constitucional aconseja fijar a cada Poder las facultades que expresamente se le hayan determinado.

Por otra parte, los constituyentes alejaron la independencia absoluta entre los Poderes, fijando una dependencia mutua que los obliga a apoyarse recíprocamente. Podía considerarse, por lo tanto, que la facultad de intervenir es concurrente en los dos únicos Poderes capaces de tomar resoluciones activas, es decir, el Congreso y el Ejecutivo.

Esta convicción se fortifica al notar que cada vez que la Constitución emplea la frase Gobierno Federal se refiere a más de un Poder, nunca a uno solo. En el mismo capítulo en que se registra el artículo 6to., la Constitución dice que el Gobierno Federal sostiene el culto católico, reside en una ciudad declarada Capital de la República, provee a los gastos de la Nación, garante las instituciones provinciales, fomenta la inmigración europea y afianza las relaciones internacionales de paz y comercio y, en todos estos casos, son el Congreso y el Ejecutivo unidos quienes cumplen los mandatos.

La idea de la colaboración entre los dos Poderes políticos presidió -según Keen- el proyecto de la Comisión; de tal modo que cuando se tratara de garantir la forma republicana, obraría el Congreso, pero manteniendo el Ejecutivo sus derechos de iniciativa, discusión y veto, en tanto que en los demás casos, podría obrar el Ejecutivo durante la ausencia del Congreso, aunque reservándose éste la atribución de desaprobar su conducta(3).

(3) Cámara de Diputados, sesión de Agosto 9 de 1869. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo IX: “La Cuestión San Juan”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El discurso de fondo estuvo a cargo de Quintana quien, para usar de la palabra abandonó ostentosamente el sillón presidencial. Su extensa exposición fue interrumpida con frecuencia por entusiastas aplausos y se dirigió sobre todo a combatir al Ejecutivo. Defendió acertadamente las prerrogativas exclusivas del Congreso para resolver las intervenciones que tienen por objeto garantir la forma republicana.

Dejó constancia de que la ley vigente en Estados Unidos, excluye ese caso de la autorización que confiere al Ejecutivo, lo que prueba que también allá ése es asunto de la sola incumbencia parlamentaria. Y agregó juiciosamente:

La falta de urgencia viene también en apoyo de semejante restricción, porque los hechos capaces de trastornar la forma republicana de Gobierno se producen generalmente de una manera gradual y paulatina, que permite preverlos con anticipación, impedirlos con acierto o sofocarlos en oportunidad; si algún caso saliera de estas condiciones generales y por su naturaleza requiriera una solución inmediata, para eso el Poder Ejecutivo está constitucionalmente facultado a convocar extraordinariamente al Congreso a fin de proveer con prontitud a todas las emergencias que pudieran surgir”.

Estos argumentos destruyeron el débil concepto que el presidente había insinuado. Quintana sostuvo también el juicio posterior del Congreso acerca de los actos realizados durante el receso, considerando que aquél no debía abdicar ni delegar íntegramente ninguna de sus facultades propias.

Y atacó el proyecto del Ejecutivo, que significaba, a su parecer, la concesión más amplia, absoluta y extraordinaria en materia de atribuciones, la sanción más completa, segura e indebida de todos los errores y la impunidad más inmoral, abusiva y peligrosa para todas las faltas...(4).

(4) Cámara de Diputados, sesión de Agosto 11 de 1869. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo IX: “La Cuestión San Juan”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

En contra del despacho de la Comisión, se pronunciaron los diputados Manuel A. Montes de Oca y Luis Vélez, que hablaron poco, porque el público los hostilizó constantemente. En favor se expidieron Santiago Cáceres y José Mármol. En la sesión del 11 de Agosto ambos proyectos obtuvieron aprobación por afirmativa de veintiún votos contra negativa de once.

La Comisión de Negocios Constitucionales del Senado despachó los proyectos el 18 de Agosto, con informe favorable de Oroño y Aráoz y adverso de Piñero. El Senado discutió el asunto tres días después, fecha en que se festejaba la terminación virtual de la guerra con el Paraguay; y Oroño aprovechó la circunstancia para formular una proposición que suponía un manifiesto desaire hacia el colega disidente.

Dijo que, encargado de informar el proyecto, juzgaba oportuno omitirlo; y mocionó porque el Senado lo aprobara por aclamación, festejando la paz externa y fundando la paz interior de la República. Naturalmente, la moción fracasó. El debate fue breve.

Piñero sostuvo que el Congreso podía autorizar o negar intervenciones únicamente acordando o rechazando la reunión de milicias y el gasto de dineros: se desdecía, pues, de la opinión que expresó en su proyecto de 1867(5).

(5) Senado, sesión de Agosto 23 de 1869. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo IX: “La Cuestión San Juan”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Votado el proyecto en general, fue aprobado por afirmativa de quince votos contra once. En particular obtuvo sanción en la sesión siguiente (24 de Agosto) por trece votos contra once. Con esta misma mayoría se aprobó el segundo proyecto.

El Senado efectuó dos reformas. La primera fue propuesta por el doctor José Manuel Arias, quien pidió que se le antepusiese la frase que figuraba en el primitivo proyecto de Cáceres, Castellanos y Quintana, relativa al carácter de interinidad de las reglas votadas.

La Comisión aceptó. Nunca ha creído ella -dijo Aráoz- que dictaba una ley completa, que comprendiese todos los casos posibles. La segunda reforma fue pedida por Sánchez de Bustamante y significó un cambio fundamental en un asunto de importancia.

El proyecto declaraba que, durante el receso legislativo, el Ejecutivo debía intervenir si hubiese requerimiento, y Sánchez de Bustamante propuso que en lugar de decirse intervendrá, que es imperativo, se dijese podrá intervenir, que es facultativo. Piñero declaró que la variación mejoraba el proyecto(6).

(6) Senado, sesión de Agosto 24 de 1869. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo IX: “La Cuestión San Juan”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

La Cámara de Diputados aceptó las reformas en la sesión del 25 de Agosto; y ambos proyectos pasaron al Ejecutivo para su promulgación(7). Los ministros no habían asistido a los debates.

(7) He aquí el texto exacto de las dos leyes que, en todas las publicaciones, incluso las oficiales, aparece con errores:
Ley número 320 1|2. “Artículo 1: Mientras se dicte la ley general sobre la materia, toda intervención en el territorio de las provincias deberá ser previamente autorizada por ley especial. Artículo 2: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, durante el receso del Congreso, el Poder Ejecutivo podrá intervenir en el territorio de las provincias, a requisición de sus autoridades constituidas, para sostenerlas o restablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia. Artículo 3: Queda autorizado el Poder Ejecutivo para movilizar las milicias y hacer los gastos necesarios, en los casos del artículo precedente. Artículo 4: Dentro de los diez días siguientes a la apertura del Congreso, el Poder Ejecutivo someterá a su aprobación todas las medidas tomadas en virtud de los dos artículos anteriores”.
Ley número 316. “Artículo 1: Queda autorizado el Poder Ejecutivo para hacer los gastos necesarios y movilizar las milicias al objeto de hacer cumplir las leyes del Congreso, sofocar la guerra civil entre dos o más provincias o repeler las invasiones exteriores. Artículo 2: En la primera oportunidad, el Poder Ejecutivo dará cuenta al Congreso de las medidas que tomare en virtud del artículo anterior”. // Todocitado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo IX: “La Cuestión San Juan”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

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