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Veto presidencial

El presidente Sarmiento vetó las dos leyes, declarando que ejercía esa facultad con más consagración que nunca, y las devolvió a la Cámara de Diputados con el mensaje del 2 de Septiembre de 1869, que firmó también el ministro Vélez Sársfield.

No admitía el Ejecutivo que el Congreso dictase una ley para cada caso ocurrente. Disposiciones especiales, elaboradas en presencia del hecho mismo y con calidad de no proveer a emergencias análogas, quitarían a la ley su carácter básico de universalidad y destruirían en el pueblo la noción del derecho y la justicia.

Una ley especial es la negación de principios reconocidos, de derechos preexistentes, de obligaciones aceptadas; consignar en el texto mismo de la ley que no habrá ley conocida antes de ocurrir el hecho a que ha de aplicarse, ¿no es negar la existencia de principios, derechos y deberes y exponerse el Congreso mismo a encontrarse sorprendido en presencia de lo arbitrario?

El Ejecutivo protestaba además, con mayor vigor, contra un principio que reputaba absurdo: la obligación que se le imponía de someter sus actos a la aprobación del Congreso, máxime siendo que no se le fijaban reglas firmes de conducta.

El Poder Ejecutivo Nacional, cualesquiera que sean los que lo desempeñen -afirmaba el mensaje-, temblaría de obrar en receso del Congreso en cuestiones que tienen eco en las Cámaras mismas, sin saber por quiénes estará una futura mayoría, si por las autoridades depuestas y restablecidas o por los insurrectos reprimidos y burlados en sus propósitos”.

La Cuestión San Juan anticipaba lo que hubiera podido ocurrir si dispusiese el Congreso de tan cómoda atribución. También observaba el Ejecutivo el proyecto que le concedía facultades para ejecutar en las provincias las leyes del Congreso. ¿Significaba tal limitación prohibirle el empleo de la fuerza si se desobedeciese a la Constitución Nacional, los tratados extranjeros, las sentencias judiciales o sus propios decretos?

La observación era exacta, pero injusto el cargo, pues en el proyecto que patrocinó, el Ejecutivo sólo había hablado de resistencia contra las leyes, prescindiendo de Constitución, tratados, sentencias y decretos...

Fuera de estos reparos, el Ejecutivo expresó algunas consideraciones referentes a la doctrina constitucional. No concebía la deliberación del Congreso frente a un requerimiento legalmente formulado.

Si las autoridades constituidas fuesen derrocadas o amenazadas por la sedición o invasión, el poder material de la Nación, cuando sea requerido, tendrá el imperioso deber de restablecerlas o sostenerlas; éste es un simple vínculum faederis entre el Gobierno Federal y el Gobierno Provincial”.

La reserva de la ley significaba que el Congreso podía otorgar o negar su auxilio.

¿Es éste el objeto de la Constitución en el único caso en que da a cada provincia el derecho de reclamar la asistencia de todas las otras, representadas colectivamente en el Poder Federal? ¿Hay en él la facultad de conceder o no lo que se le exige?

Si esta reflexión fuera insuficiente, había que recordar que la Constitución entera combate las insurrecciones. Ahora bien: la sedición existe en una provincia cuando el requerimiento se formula; ¿y la ley especial iba a discutirse mientras aquélla se extendiera y consolidara?

El Ejecutivo sentaba, pues, la buena doctrina de que se debe intervenir siempre que las autoridades lo requieran; pero se atribuía una extraordinaria latitud de facultades cada vez que actuase.

Descontentaba a los partidos políticos, según el Ejecutivo, que las elecciones burlasen la voluntad popular o bien que las autoridades no estuviesen constituidas con arreglo a las respectivas normas constitucionales; de ahí las frecuentes sediciones y el instinto de prejuzgar en cada caso, antes de decidir la Intervención, si las autoridades requirientes merecían la protección federal o si fuera mejor abandonarlas, pactando con los sediciosos.

Este mal (expresó el Ejecutivo) -inherente a la ignorancia de sus propios derechos de los electores, en unas partes, a la presión que sufren, en otras-, no debe agravarse sin embargo con establecer un juicio previo antes de sofocar la insurrección. Los medios de mantener la paz deben obrar rápidamente hasta restablecerla; y, restablecida ésta, tiempo hay de estudiar tranquilamente las causas de la perturbación para hacerla desaparecer”.

El gran deber, por consiguiente, era reprimir las revueltas, fueren justas o injustas; luego se vería si las autoridades estaban bien constituidas, para reponerlas en caso afirmativo o para negarles protección en caso contrario...

El Ejecutivo, como para disculpar este concepto, expresaba a continuación su creencia de que muchos de los males públicos entonces subsistentes iban a desaparecer con una buena ley de elecciones y sobre todo con la difusión de un vasto sistema educativo.

Entretanto, quedaba lanzada la monstruosa tesis, ofreciendo el ejemplo de tan alta autoridad a los futuros presidentes, ministros y legisladores que la buscasen para cohonestar sus transgresiones.

Para mayor gravedad, la tesis apareció en un documento suscripto también por Vélez Sársfield, el mismo que en la Convención de 1860 había asegurado, con tono de profundo conocedor de las instituciones, que ante una sedición, el Poder Federal podía intervenir o abstenerse de ello, pero nunca intervenir dejando depuestas las autoridades.

El mensaje se elevaba luego sobre estas consideraciones técnicas y doctrinarias, y refería la situación general del país para deducir las consecuencias de que la fuerza armada garantía la paz de las provincias y de que la acción del Ejecutivo debía ser fortalecida y no coartada.

Interesa ese examen, porque permite explicar ideas y actitudes situándolas en su propio ambiente. La mitad de las provincias estaban guardadas por tropas del Ejército o milicias movilizadas por la Nación, que atendían las fronteras contra los indios; y gran parte de las otras pedían fuerzas nacionales, creyendo que la autoridad federal aseguraba eficazmente el orden público.

Después de jurada la Constitución -expresaba el mensaje- la pasada Administración tuvo el dolor de presenciar el espectáculo de desórdenes que acabaron por el desastre de ocho provincias recorridas por bandas armadas en desprecio de la Constitución y las leyes. Algunas aún no vuelven de su quebranto. El Poder Nacional que habían creado los pueblos no estuvo pronto con la fuerza para reprimir en tiempo tamaños desmanes.
"Las frecuentes sublevaciones de contingentes, las fuerzas leales que fue necesario distraer de la guerra del Paraguay, doblaron los costos y la duración de aquella guerra y han dejado el recargo de millones de deuda, a cuyo pago deben proveer esos mismos pueblos saqueados por falta de poder en el Gobierno que crearon para defenderlos.
"La Administración actual encontró la guerra civil ardiendo en Corrientes; las fronteras, expuestas; y los caminos y desiertos de La Rioja, Córdoba, San Luis, poblados de salteadores. Aun está lejos de devolver a todos los pueblos la seguridad completa que necesitan para gozar de la existencia siquiera, porque es de existir que muchas veces se trata en provincias apartadas.
"El Congreso, conocedor de esta situación, debiera preocuparse de proveer de medios más eficaces aún, a fin de curar males demasiado hondos para ser extirpados en un golpe. Multitud de personas hay que han salvado no hace tres años de ser degolladas, sin que sus fortunas hayan escapado al pillaje, y hace un año o dos que el peligro de la vida hacía pasar en vela la noche a los que tenían que atravesar extensiones del país.
"No es posible que ellos quieran hoy rodear el uso de la fuerza pública de tal red de trabas que hagan imposible o demasiado morosa la acción del Gobierno para destruir esos peligros”. Remataba luego con la inevitable apreciación personal, dictada por un Sarmiento que no admitía que se le sospechase de adversario de las autonomías y del régimen imperante.
El Poder Ejecutivo cree deber recordar con íntima satisfacción que su jefe fue el primero en aceptar la forma federal que los hechos habían impuesto a la República unitaria, con tal que se ajustase a los principios y garantías de la única federación digna de servir de modelo. Cúpole la honra, en el transcurso de los años, de contribuir a la reforma de la Constitución, ajustándola más y más a esos principios y sobre todo en el artículo 6to., que hoy quiere someterse al extraño expediente de leyes especiales para su cumplimiento. ¿Quién tendría título y derechos para juzgarse más celoso de la preservación de ese sistema a cuyo regular establecimiento consagró su vida?(3).

(3) Mensaje, en Senado, sesión de Septiembre 28 de 1869. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo IX: “La Cuestión San Juan”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Tocando al Congreso pronunciarse de nuevo, en la Cámara de Diputados se obtuvieron los dos tercios de votos necesarios para la insistencia; pero no así en el Senado, donde once de sus miembros se opusieron a ella, sobre un total de veinticuatro presentes.

Se perdió por tal manera la oportunidad de dotar a la República de una indispensable ley orgánica; y por mucho tiempo el fracaso de 1869 agotó los deseos, fervientes hasta entonces, de poner orden en tan grave asunto, siendo quizá consecuencia suya el hecho de que ni aun hoy -con sesenta años más de vida política- aparezca síntoma revelador de que tal ley se dicte.

Si el Congreso hubiese limitado a su exclusiva competencia las intervenciones para garantir la forma republicana, sometiendo las otras al cuidado del Ejecutivo, es de creer que éste hubiera aceptado la ley, puesto que al vetarla nada argüyó contra aquella competencia y sobre todo, porque ella habría quedado igual a la de sus preferencias, o sea, a la de Estados Unidos.

Pero al Congreso poco le interesaron las Intervenciones en sí mismas, pues no fijó la índole de cada una ni los procedimientos pertinentes: le importaba acentuar su predominio sobre el Ejecutivo.

Faltó el sentido de la medida. En lugar de prescindir de personas y afectos utilizando los elementos disponibles para fortalecer las instituciones, el Congrso prefirió convertirlos en armas contra el presidente; intento vano, porque a Sarmiento asistían una voluntad y un coraje capaces de vencer todos los obstáculos.

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