El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

La muerte de Alsina cataliza mediación presidencial

El equilibrio buscado por Nicolás Avellaneda quedó inopinadamente roto a fines de 1877, al registrarse -el 29 de Diciembre de 1877- la muerte de Adolfo Alsina. Aunque la desaparición física del líder autonomista libraba al presidente de un obstáculo serio a sus planes íntimos, no podía deshacer sobre su misma tumba -abierta aún- la combinación política que produjo un Acuerdo entre el poder y la opinión, porque en el asiento de su Gobierno habría perdido hasta el prestigio de su autoridad, exponiéndose a perderla toda. Como contrapartida, el mitrismo se fortaleció de sobremanera, no sólo con Tejedor en el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino también al quedar dueño de la Conciliación.

Esta circunstancia, que garantía la subsistencia del Gabinete de la Conciliación, y la enérgica presión de la prensa mitrista nacional, hacían entrever a los liberales correntinos una solución que garantizaría cambios en las instituciones de la provincia y, por supuesto, la paz. Pensaban que la complicidad del presidente cedería tal vez a una política que, dentro de la Conciliación, evitase la necesidad de la lucha armada.

La situación general era grave. La oposición veían fatalmente próximo el enfrentamiento armado en Corrientes si Derqui predominaba, lucha que podía ser el principio de una conflagración general, en momentos en que las relaciones con Chile se encontraban vidriosísimas, siendo opinión hecha -en ambos países- la inminencia de una guerra.

La prudente habilidad, pues, de los que sabían contenerse en la paz, por una parte, y el orden de cosas nacionales en aquellos momentos, por otra, comprometían al mismo Avellaneda a hacer algo en favor del desgraciado pueblo correntino.

Entre las conveniencias de su Presidencia, sus miras futuras, y la suerte de Derqui, tenía que estar por lo primero, tanto más cuanto que era de su carácter y de sus manejos reservar los recursos con los cuales deshacía su propia obra con tal de salir bien, como todo buen político de buen saber.

Así fue; comprometido por el cúmulo de elementos puestos en acción por los liberales correntinos, resolvió llevar la autoridad del Gobierno Nacional al teatro del desorden, en forma rara, nueva y hasta inconducente para la oposición, dadas las facultades que era del caso ejercer, pero medio, al fin, que podía impedir el choque armado.

- Roca, en el Gabinete presidencial

Pero antes de ilustrar el proceder presidencial en Corrientes, es importante citar que una de las primeras medidas adoptadas por el presidente, tras la muerte de Alsina (jefe del Partido Autonomista), fue nombrar en su reemplazo al general Julio Argentino Roca, quien había criticado la supuesta actitud defensiva de aquél en su avance hacia el sur. El 4 de Enero de 1878, Roca se incorporaba al Gabinete.

En contraste con su antecesor, que había intentado incorporar a los pobladores originales a la civilización occidental, Roca creía que la única solución contra la amenaza de los indígenas era su sometimiento definitivo. Plasmó su posición en el discurso que dio ante el Congreso Nacional, el 13 de Septiembre de 1878, en cual planteó la "absorción y asimilación" del indio:

"Tenemos seis mil soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra, para oponerlos a dos mil indios que no tienen otra defensa que la dispersión, ni otras armas que la lanza primitiva"(1).

(1) Citado por Guillermo Gasió y María Cristina San Román, “La conquista del progreso” (1984), en: “Memorial de la Patria”, pp. 126-132. Ed. La Bastilla, Buenos Aires.

Sobre la base de esa premisa, propuso un proyecto de ley para ocupar todo el territorio indígena hasta los ríos Negro y Neuquén en dos años. La ley Nro. 947 de distribución de la tierra será sancionada el 4 de Octubre de 1878, acordando 1.600.000 pesos fuertes al proyecto, cuando el plan ya estaba en marcha.

En los considerandos de la ley se afirmaba que, "... la presencia del indio impide el acceso al inmigrante que quiere trabajar", y en el artículo 1ro. de su texto se estableció la línea de fronteras, "... previo sometimiento o desalojo de los indios bárbaros de la Pampa..."(2).

(2) Juan José Cresto, “Roca y el mito del genocidio”, en: diario “La Nación”, (Buenos Aires), edición del 23 de Noviembre de 2004. Cresto fue Director del Museo Histórico Nacional y Presidente de la Academia Argentina de la Historia.

Ubicar a los indios en reservas fue una parte despreciable de la historia, porque básicamente atacaron el alma del poblador originario. Cuando enviaron a los indígenas a reservas se acabó el espíritu de mucha gente, les robaron el orgullo, la vida, les quitaron la hombría porque ya no podían cazar. Mucha gente murió, no de alguna enfermedad, sino por el espíritu quebrantado.

El Gobierno Nacional no se conformó con decirle a los indios dónde vivir; estaba determinado a cambiar su cultura. Un gran número de misioneros cristianos fueron enviados al sur para hacer -según decía la gente del siglo XIX- el trabajo de "civilizar" a los nativos de Argentina. Era la política conocida como "asimilación". Quizás ésta no haya sido del todo mala ya que la intención era buena, pero lo que querían era cambiarlos para protegerse.

Creían que eran salvajes, por lo que fueron "deportados por la fuerza a reservas indias, museos o trasladados para servir como mano de obra forzada"(3).

(3) Enrique Mases, “Estado y cuestión indígena (El destino final de los indios sometidos en el fin del territorio. 1878-1910)” (2002). Prometeo Libros/Entrepasados,Buenos. Aires.

El presidente Avellaneda apoyó el proyecto de Roca, debido a que temía la ocupación y conquista de esos territorios por el ejército chileno, ya que el área al sur del río Colorado estaba en disputa entre las dos naciones. En efecto, una vez concluida la Guerra del Pacífico, Chile se dedicaría de lleno a dominar a los indígenas al sur del río Bío-Bío -antigua frontera entre el Imperio Español y el pueblo mapuche- a través de la denominada Ocupación de la Araucanía(4).

(4) El 14 de Febrero de 1879, Fuerzas chilenas ocuparán la provincia de Antofagasta -hasta ese momento, perteneciente al territorio de la República de Bolivia- dando inicio a la denominada Guerra del Pacífico, del Guano o del Salitre. Aun cuando la Argentina mantenía fuertes disputas territoriales con Chile, la Argentina no intervino en ese conflicto, lo que permitió el aplastante triunfo chileno en la misma. De hecho, durante la presidencia de Julio Argentino Roca -sucesor de Avellaneda- y en pleno conflicto bélico, la Argentina y Chile suscribirían el Tratado de Límites de 1881.

Pero había también motivos políticos internos para el aval del presidente, ya que se incorporarían -bajo jurisdicción nacional- territorios que eran considerados parte de la provincia de Buenos Aires. Así lo explica Carlos Tejedor, entonces gobernador de la provincia:

"El Dr. Avellaneda perseguía su plan de destruir el poder económico de la provincia. La ocasión era propicia. Acababa de morir el Dr. Alsina, y lo había reemplazado con el general Roca.
"Conseguía así un doble objeto: elevar con pretexto loable la candidatura de éste y hacer daño a Buenos Aires, su sueño dorado de siempre. Era como para refregarse las manos.
"Luego no más, el Ministro presentó al Congreso (Agosto 1878) un proyecto para la ocupación militar del Río Negro, como frontera de la República sobre los indios de la pampa, declarando tierra nacional la comprendida entre la línea efectiva de aquella época, y la que debía establecerse.
"El Congreso reformó este proyecto, declarando límite de las tierras nacionales la línea del Río Negro, desde su desembocadura en el océano, remontando su corriente hasta encontrar el grado 5to. de longitud occidental del meridiano de Buenos Aires.
"Por esta traza, quedaban pertenecientes al Gobierno Nacional, no sólo las tierras al sud del Río Negro, que la provincia entendía haber poseído como suyas, aunque no las ocupaba efectivamente, sino también una población fundada con el nombre de Mercedes, en la margen derecha del río"(5).

(5) Carlos Tejedor, “La Defensa de Buenos Aires. 1878 - 1880” (1881), pp. 46-47. M. Biedma Editor, Buenos Aires.

El 11 de Octubre de 1878, mediante la ley Nro. 954, se creó la Gobernación de la Patagonia, con sede en Mercedes de Patagones, actual Viedma, cuyo primer gobernador fue el coronel Alvaro Barros; su jurisdicción alcanzaba hasta el Cabo de Hornos(6).

(6) Norberto Ras, “La guerra por las vacas” (2006), p. 390. Ed. Galerna, Buenos Aires.

- Corrientes, un mundo de facciones. Mediación presidencial

Ante el fracaso de su solicitud al gobernador José Luis Madariaga, Felipe José Cabral -el gobernador electo por la oposición- se dirigió al presidente de la República, urgiendo el envío de la Intervención Federal a la provincia. Manuel Derqui fue reconocido por el mandatario saliente y la Legislatura y el 25 de Diciembre de 1877 tomó posesión de su puesto. Cabral quedó de gobernador in pártibus: no contando con autoridad real en la provincia ni con el auxilio vanamente solicitado de Avellaneda, continuó en el desempeño de una Diputación Nacional.

El presidente Avellaneda estaba dispuesto a hacer por el doctor Manuel Derqui todo género de sacrificios, menos el de comprometer su Presidencia, especialmente en los momentos que, por muerte de Alsina, su poder carecía de apoyo en Buenos Aires, sin la Conciliación.

En otras condiciones de más garantía, hubiera sostenido al amigo y, en él, su inspiración y su obra -a cara descubierta- “sin importarle nada el lastimoso clamor de un pueblo martirizado, ni la resistencia pacífica de los que defendían sus derechos, ni la opinión nacional uniforme en condenar las atrocidades”, como rezaban desde la oposición(7).

(7) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

La situación en Buenos Aires no era estable, por lo que Avellaneda, sosteniendo a Derqui, intervino amistosamente en la cuestión correntina. La forma del acto descubría la lucha que el presidente mantenía consigo mismo. Los sucesos de Corrientes implicaban una cuestión constitucional altamente grave que, juzgada con la imparcialidad y la altura que correspondía a los deberes del Poder Ejecutivo Nacional, demandaba una actitud definida.

Existía un conflicto real e insoluble en la esfera local: dos Juntas Electorales habían nombrado dos gobernadores; ambos electos, habían prestado juramento, asumiendo, uno, el P. E. y solicitando, el otro, la Intervención Nacional, para hacerse respetar en los que consideraba "sus derechos desconocidos"; los dos, en sus distintas situaciones, se tenían y eran conceptuados mandatarios legales; el uno, por los elementos oficiales; el otro, por una decidida oposición, con marcada vocación a la sublevación armada. ¿Cuál era el verdadero gobernador?

Mirando retrospectivamente, no existía tal dualidad. Derqui y Cabral no estaban compitiendo en paralelo. Derqui era el gobernador, votado por el pueblo. Cabral también tenía apoyo popular por supuesto. Lamentablemente no sabemos el porcentaje de aceptación de uno u otro en esos momentos. La estrategia liberal fue un ardid, engendrado en un proceso histórico socialmente difícil y, uno de sus líderes, Manuel F. Mantilla, vio la oportunidad de burlar el sistema de por sí violento.

Lo sucedido en Corrientes fue sólo el reflejo de la lucha sostenida a nivel nacional. La estructura montada por Sarmiento y Avellaneda, que culminará en el roquismo, era lo que el Partido Nacionalista pretendía destruir. El origen del conflicto estaba en Buenos Aires. Un hombre inteligente, ambicioso y con una fuerte dosis de violencia, catalizó el proceso en la provincia de Corrientes. Mantilla fue clave en todo este proceso.

El litigio estaba concebido con el fin de provocar una situación de violencia institucional y con ello causar la Intervención Nacional, que se esperaba pudiera favorecer a los liberales o, por lo menos, truncar la gobernación del Partido Autonomista. Poco interesaba, en este momento, la política de Conciliación que había sido iniciada por el presidente Avellaneda en Mayo de 1877 y concretada en un solemne acto cívico el 7 de Octubre de ese mismo año.

El gobernador José Luis Madariaga había hecho entrega del Gobierno, como era de esperarse, al doctor Derqui y, poco después, Fuerzas del Gobierno disolvieron a un grupo de setecientos liberales que se levantaron en el pueblo de Esquina. Además, a los pocos días de asumir el nuevo titular del P. E., el ministro del Interior, Bernardo de Irigoyen, reconoció a Derqui como gobernador.

Ante el cariz que tomaron las cosas, Avellaneda decidió enviar -en misión pacificadora- a dos de sus ministros, José María Gutiérrez y Victorino de la Plaza, ambos partidarios de la Conciliación, pero el primero de extracción nacionalista -o mitrista- y autonomista el segundo.

El presidente temió que los sucesos correntinos causasen el fracaso de la Conciliación. Sabía que le estaba vedado Intervenir y lamentaba verse forzado a permanecer inerte en presencia de provincias anárquicas. Parecíale mal que hubiera que proteger a las autoridades locales y se careciera de medios para vigilarlas, dirigirlas o siquiera aconsejarlas.

La Constitución primitiva -meditaba- era más lógica, haciendo a los gobernadores responsables en la esfera nacional; pero la enmienda, borrando la cláusula, dejó en pie el contrasentido que es en verdad un inconveniente del sistema(8).

(8) Avellaneda. “Escritos y Discursos”, tomo XI, p. 185. Según lo declara el editor, Avellaneda escribió las citadas reflexiones en Diciembre de 1877, al margen de un documento político. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Rechazada la injerencia imperativa, resolvió que dos Ministros de distinta tendencia, De la Plaza y Gutiérrez, se trasladasen a la provincia en procura de un arreglo y con carácter amistoso(9).

(9) Avellaneda. Telegrama al gobernador Madariaga (Diciembre 19 de 1877), en: “Documentos relativos a la Intervención en la Provincia de Corrientes” (1878), p. 6. Ed. Imprenta del Porvenir, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Enviar mediadores estaba en la mente del presidente antes de asumir Derqui el P. E. El fallecimiento de Alsina y las muertes de Esquina, alentaron la toma de decisión. El asunto era uno de ambos (gobernadores); no los dos; y el interrogante fue: ¿Cuál era el juez llamado a dirimir el conflicto?

La rebelión y la utilización de la fuerza, o la autoridad nacional; lo primero, conduciría a la resistencia armada y, lo segundo, a la Intervención del Poder Federal. Las autoridades locales no tenían misión decisoria. Según la Constitución Provincial, ningún Poder podía introducirse en los actos de la Junta de Electores, ya que ella era exclusiva y soberana.

Para la oposición liberal, la aprobación que los Poderes locales prestaron a los actos de la Junta Oficial carecía de legitimidad, así como la nulidad fulminada por los mismos contra los de la Junta propia. La mediación presidencial obedecía a la certidumbre que, desde la oposición, se tenía el convencimiento que la sublevación por las armas era una facultad decisoria "como soberano de los Poderes no delegados", en defecto de un juez erigido expresamente por la Constitución local.

Esta conclusión lógica, no era, sin embargo, sostenible todavía como término definitivo, porque siendo Corrientes parte componente de la República Argentina, tenía sobre sus Poderes locales y sobre el vacío de su Constitución, la Constitución General de la Nación, en una de cuyas disposiciones terminantes estaba comprendido el caso.

La insurgencia, sin recurrir a la fuerza para imponer una situación, no era solución, porque el Gobierno, dueño de los elementos oficiales, los usaría para resistir, por lo que la serenidad aconsejaba evitar escenas de sangre, que no son los medios normales de disipar los conflictos constitucionales.

¿Los liberales engañaron a propios y extraños en las negociaciones que sostendrán con los mediadores presidenciales y con los representantes del Gobierno? La decisión de ir por las armas, ya estaba clara desde el comienzo para ellos. Esta es una verdad controvertida.

El Gobierno General era el único juez, dados los hechos. La forma republicana de gobierno, cuya alteración funda una Intervención Nacional por derecho propio, "no existía en Corrientes, ni en las prácticas de la autoridad local, ni en el modo cómo se habían hecho las elecciones, ni en el resultado de éstas: dos gobernadores".
"Aquéllo no debía continuar; el vínculo de la Unión Federal y las atribuciones que, en virtud de él, están conferidas al Gobierno Nacional, han sido creados, precisamente, para evitarlo, bajo el amparo de Instituciones democráticas del conjunto de la Nación; es absurdo que las provincias, elementos de ella, sean el juguete de dictaduras”, al decir de la oposición, aunque la Administración de Derqui no podía ser catalogada de dictadura a esa altura de los acontecimientos, ya que no llevaba ni un mes en el poder.

Es más; los gobernadores de provincia son agentes natos del Poder Federal, en cuya virtud tiene éste acción fiscalizadora indirecta sobre la forma de su elección; carece del veto para oponerse a ella, pero está en sus facultades "negarse a reconocer su resultado, no entrando en relaciones con el elegido; no puede imponer formas de elección, ni mezclarse en ella pero, cuando la elección destruye el sistema republicano, que la Nación está en el deber de garantir a las provincias, la acción indirecta se convierte en Intervención real".

En el caso de Corrientes, los liberales consideraban que "el Poder Nacional carecía de fundamentos legítimos para reconocer a uno de los gobernadores sin estudiar la elección, a cuyo efecto debía Intervenir, sino que la forma de Gobierno estaba destruida materialmente. Causas menos graves habían motivado innumerables Intervenciones en otras provincias, con propósitos menos patrióticos que los de evitar una guerra civil".

En aquellas circunstancias, la Intervención era, "además de legítima, la detención del crecimiento de un mal que, rectamente, conducía a una catástrofe de sangre; y si el Gobierno Nacional hubiera dirigido su acción en ese sentido y con austera imparcialidad, el conflicto hubiese terminado"(10).

(10) Todo citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

La estrategia de la oposición con la Presidencia era discutible y coercitiva, ya que intentaba forzar la conducta de Avellaneda. El mensaje era claro: “derrocas a mi enemigo o bañamos en sangre la provincia”. Por supuesto, la Presidencia no se prestó a ello, aunque cabe deducir que su intención estaba condenada al fracaso; ya estaba prefijada. En Corrientes, los comisionados federales sólo podían fracasar, porque una de las partes no quería arreglo alguno.

El presidente Avellaneda desvió el consejo del patriotismo y la imposición del deber, inventando una misión oficiosa, para puerta de escape de su situación. Intervenir para juzgar la cuestión dentro de la Constitución y de la política de la Conciliación era, sino garantir de antemano el triunfo del pueblo, por lo menos asegurar la condenación del doctor Derqui, mientras que la oficiosidad dejaba terreno en qué maniobrar”, subrayará Mantilla.

La actitud del presidente no fue un rasgo de intención sana, sino una de las tantas argucias que ponía en juego para distraer o engañar a la opinión, yendo él recto a su objeto, y a fin de que produjese mayor efecto, se desprendió de dos de sus Secretarios de Estado, encargándoles el desempeño de ella"(11), dirá en otro párrafo.

(11) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

Los ministros liberales del Gabinete no podían imponer al presidente, porque la Conciliación no estaba afianzada en el poder y temían comprometerla, haciendo cuestión de Estado de la Intervención; contemporizaron, pues, aceptando el medio propuesto.

Los ministros comisionados fueron el doctor José María Gutiérrez -Secretario en los Departamentos de Justicia, Culto e Instrucción Pública-; y el doctor Victorino de la Plaza, Secretario de Hacienda. Los caprichos de la política argentina los había reunido en un Gabinete, y les confiaban una misión conjunta, siendo -aparentemente- verdaderos polos opuestos, en opiniones y en cualidades.

Aunque debían proceder de consuno, para los liberales “sólo Gutiérrez representaba la política de Conciliación; De la Plaza llevaba el pensamiento íntimo del presidente”. Esta es una consecuencia directa de la muerte de Alsina. Ya juega en la mente de la oposición el embanderamiento de la Conciliación. El mitrismo se estaba haciendo muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, ya bajo la batuta de Carlos Tejedor, y ello se reflejaba en Corrientes. 

El doctor Gutiérrez era todo un carácter; el doctor De la Plaza toda una fatuidad; aquél, de principios austeros, con nombre y tradición política cimentada en sus grandes cualidades y en sus servicios importantes al partido que hizo la unidad nacional; el otro, hombre público improvisado por los apuros de Avellaneda, sin méritos ante el país ni partido alguno, de opiniones maleables y de carácter acomodaticio. Gutiérrez, político de vistas claras y corazón sano, hombre de bien, patriota, desinteresado; De la Plaza, servidor complaciente de su benefactor, y nada más. Si momentáneamente los tenía juntos la política, sus principios los separaban profundamente; los hechos se encargaron de probar cuál era la distancia entre uno y otro(12).

(12) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor. El escrito revela el espíritu faccioso y rebelde de la oposición, que estaba a flor de piel.

- Derqui ordena liberar a jefes de la oposición

Derqui, que “tenía conocimiento de la brillante disposición del presidente y ministros íntimos, en favor de su Gobierno(13), hizo poner en libertad, dos días antes de la llegada de los comisionados, a detenidos capitalinos en el Campamento de Lomas, generosidad aprovechada también por los que habían escapado a la captura, saliendo de sus escondites.

(13) Carta de José de Caminos al doctor Derqui, del 1ro. de Enero de 1878. // Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

Era evidente que el gobernador buscaba producir así efecto en los Ministros. La situación de rebeldía de la oposición no permitía a su Gobierno el equilibrio necesario para administrar la provincia. Pero no todos los opositores serán liberados, ya que eligió sólo aquéllos que consideraba más influyentes. Los presos políticos, encerrados en la Policía y Cárcel Pública, y los mortificados en los Cuarteles de los Juzgados de campaña y en los Campamentos militares, continuaron sufriendo, sin tampoco cesar las persecuciones y las muertes fuera de la Capital. El sistema siguió en pie.

Con fecha 11 de Enero de 1878, dirigió a Luciano Cáceres el siguiente telegrama:

Recibo su Parte del paradero de Juan C. Romero y sus cómplices (de los asesinados en Esquina).
Me dirijo, con esta misma fecha, a las autoridades de Concordia (provincia de Entre Ríos), pidiendo sean capturados.
No cese de perseguir montoneros o amontados; capture los cabecillas y remítalos a ésta, con sumario (sic) para destinarlos a la frontera(14).

(14) Telegrama del doctor Derqui a Luciano Cáceres. // Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

Cáceres contestó:

Cúmplanse las instrucciones que me dá(15).

(15) Contestación de Luciano Cáceres. // Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

Wenceslao Fernández, vicegobernador, “al propio tiempo que se burlaba de la farsa de su elección”, diciendo:

¿Hay alguna combinación o fin político para tratarme siempre de Vicegobernador?
Vd. que debe saber, comuníquemelo reservadamente”; y avisaba que “estaban reclamando fuertemente los refugiados en Entre Ríos(16).

(16) Carta de W. Fernández a Angel Soto. // Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

Información adicional