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Actitud de los congresales cambia la situación en Corrientes

El 9 de Mayo de 1878 prestaron juramento los nuevos ministros. Representaban al Partido Nacionalista los doctores Bonifacio Lastra y Manuel A. Montes de Oca, ciudadanos de figuración política poco destacada. Victorino de la Plaza continuó atendiendo los negocios de Hacienda, previa una carta explicativa del presidente; y Julio A. Roca, repuesto de su providencial enfermedad, se consagró a preparar la última campaña contra los indios, que tanta gloria habría de reportarle.

Hízose cargo de la cartera del Interior el doctor Saturnino M. Laspiur, a la sazón miembro de la Corte Suprema. Avellaneda calificó de moderado al Gabinete. Decía:

He querido alejar de la composición del Ministerio las luchas de partido, que concluyen por comprometer al Gobierno y por paralizar su acción; he tratado de que el Ministerio, por su organización y su conjunto, pueda ofrecer garantías a todos los partidos, sin romper con ninguno; por eso he puesto en el Ministerio del Interior un ministro con el carácter y la severidad del verdadero juez(1).

(1) Avellaneda. Carta al gobernador Helguera (Mayo 13 de 1878), en: Avellaneda. “Escritos y Discursos”, tomo XI, p. 209. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Arias manejó los asuntos correntinos como la generalidad sospechaba. Subordinó a su mando todas las autoridades militares y políticas de la campaña y les previno que debían obrar según sus instrucciones(2).

(2) Arias. Nota circular a los Comandantes Militares y Jueces de Paz (Mayo 19 de 1878), en el periódico “La Tribuna”, Nro. 8.316, Mayo 14 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El gobernador reclamó:

No existe, porque no ha podido existir, resolución alguna declarando en acefalía los poderes legalmente constituidos en esta provincia y, por consiguiente, no hay razón ni siquiera pretexto para que se implante en esta provincia un Gobierno Militar como el que el coronel Arias se cree autorizado a ejercer”.

Recordó que su autoridad no había sido desconocida por los poderes de la Nación y sí juzgaba legítima por los provinciales, únicos competentes para el caso(3).

(3) Derqui. Nota al ministro del Interior (Mayo 4 de 1878), en: “Memoria presentada por el Ministro Secretario de Estado en el Departamento del Interior al Honorable Congreso Nacional en 1878” (1878)” (1878), p. 10. Ed. “La Tribuna”, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El Ejecutivo desechó la protesta, expresando que “la Intervención tiene derecho para asumir la dirección política y militar de la provincia en que se ejerce, en cuanto aquélla fuese necesaria para asegurar sus designios". El texto de la Resolución, de Mayo 14 de 1878, es el que sigue:

Departamento del Interior

Buenos Aires, Mayo 14 de 1875

Contéstese que la comisión dada al coronel Arias significaba atribuirle el carácter de Interventor Interino.
Dígase además que la Intervención tiene derecho para asumir la dirección política y militar de la provincia en que se ejerce, en cuanto aquélla fuese necesaria para asegurar sus designios que son, por ahora, en el presente caso, pacificar la provincia, mantener el orden y evitar toda molestia o persecución que tuviese por móvil un disentimiento político.
Agréguese que se han dado instrucciones al coronel Arias para que proceda, dentro de estos límites, con la mayor prudencia y reduciendo su acción a lo necesario.
Publíquese.

AVELLANEDA
S. M. Laspiur

El 13 de Mayo, Derqui pidió al Congreso el retiro de la Intervención, cuyos procedimientos de fuerza fomentaban la anarquía despojándole de recursos para dominarla(4).

(4) Derqui. Nota al Congreso, en: “Documentos relativos a la Intervención en la provincia de Corrientes” (1878), p. 29. Ed. Imprenta del Porvenir, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Arias había licenciado las milicias, alentado por Laspiur y aplaudido por los liberales, que comenzaron a creer que el ministro podía ser un óptimo presidente.

Radicado el pleito en el Congreso, Derqui se trasladó a Buenos Aires y dejó el Gobierno en manos del presidente de la Legislatura. El 30 de Junio terminó el mandato del tercio de los legisladores, sin que se hubieran designado los reemplazantes; y como la nueva Legislatura se hallaba sin quorum, tuvo -en minoría- que nombrar presidente al ciudadano que estaba a cargo del Gobierno.

Los liberales, reunidos en un teatro, declararon acéfala la provincia y eligieron gobernador provisorio a Gregorio Pampín, quien demandó del Comisionado el reconocimiento de su investidura.

A la respectiva consulta de Arias, el Ejecutivo contestó que debía desestimar el petitorio. Por respeto a dos razones se adoptó esta medida, según Laspiur:

Primera, porque una porción de habitantes, sea en el número que fuere, no tiene derecho para declarar en acefalía a la provincia y, menos, en presencia de la Intervención Nacional; y, segunda, porque la elección de gobernador y demás autoridades -bajo el imperio de una Constitución- no puede admitirse que se haga sino en la forma que ella establece y no por reuniones irregulares en la plaza pública o en cualquier otro lugar, que usurpan y desconocen los derechos del pueblo"(5).

(5) Laspiur. Telegrama al comisionado Arias (Julio 5 de 1878), en: “Senado”, sesión de Julio 10 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Eran las ideas emitidas un año antes con motivo de la insurrección de San Juan. Días después Derqui reasumió el Gobierno.

Siete largas reuniones de la Cámara de Diputados y dos del Senado fueron dedicadas a la discusión del caso de Corrientes, que absorbió las actividades del Congreso por más de un mes. En la sesión inicial, el presidente de la Cámara, Félix Frías, dirigió a los “señores de la barra” y a los Diputados mismos la alocución de las grandes ocasiones, incitándoles a la circunspección y la compostura.

El interés por el debate pudo colegirse del hecho de no faltar ningún Diputado, fuera del correntino Cabral. De vez en cuando, el público prorrumpía en manifestaciones estrepitosas. Discutíanse tres proyectos: el de Laspiur, que preceptuaba el proseguimiento de la Intervención con facultad para movilizar milicias y efectuar gastos; el de la mayoría de las comisiones de Negocios Constitucionales y Legislación -Amancio Alcorta, Miguel Cané, Delfín Gallo, Juan M. Garro, Luis Lagos García, Carlos G. Marenco, Vicente G. Quesada- que prescribía el cese de la injerencia; y el de la minoría -Francisco de Elizalde, Norberto Quirno Costa, Miguel M. Ruiz- que optaba por el del Ejecutivo, con el agregado de que correspondía restablecer el régimen constitucional.

En el Senado, de los miembros encargados del dictamen, Aristóbulo del Valle y Benigno Vallejo, prohijaron el despacho de la mayoría; Abel Bazán, Leónidas Echagüe y Luis Vélez, el de la minoría; y Rafael Igarzábal reemplazó ambos por otro que ordenaba el retiro de la Intervención y el desconocimiento de Derqui.

Laspiur participó en los debates, secundado por Montes de Oca y Lastra; Plaza y Roca no hicieron acto de presencia.

Pocas novedades aportaron a la doctrina constitucional los partidarios del derrocamiento. Quirno Costa manifestó que el fraude había subvertido la forma republicana y que algunos Electores carecían de las condiciones constitucionales; además, estaba comprometida en el caso la fe de la Nación, porque se había desamado a los sediciosos bajo la promesa de hacerles justicia(6).

(6) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 5 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Laspiur dedujo del artículo 5to., no el derecho de Intervenir, pero sí la amplitud de éste cuando la Intervención se produce: las garantías fijadas por dicha cláusula se hacen efectivas cada vez que el Gobierno Federal acude a las provincias por virtud del requerimiento, en cayo caso puede sustituir a sus Poderes Públicos.

Agregó que el régimen republicano estaba pervertido en Corrientes, “porque la guerra civil, que no es forma de Gobierno de ninguna clase, existía en aquel punto”, lo que obligaba la acción federal en cumplimiento del propósito de consolidar la paz interna que estatuye el Preámbulo de la Constitución...(7).

(7) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 7 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Luego expresó que el federalismo argentino tendría terreno adecuado donde prosperar si las provincias fuesen tan poderosas como los Estados de la Unión norteamericana en habitantes, riquezas, civilización y educación política, tipo al que sólo Buenos Aires se aproximaba. En tanto, mientras las autoridades menoscabaran la voluntad de los pueblos, el Gobierno Federal debía protegerlos toda vez que fuese solicitado.

El diputado, doctor José A. Terry, dijo que el Agente Interventor no era ciego ni autómata: su espíritu avizor y su albedrío lo autorizaban a transformar ipso facto una Intervención requerida en otra de oficio(8).

(8) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 11 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Montes de Oca abundó en conceptos análogos: “debe proceder el Gobierno según su criterio propio, consultando únicamente su ciencia y conciencia y no inspiraciones extrañas(9).

(9) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 12 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El doctor Hermógenes Ruiz, Diputado por San Juan, apeló directamente al artículo 5to.:

Esta palabra ‘garantía’ -expuso- supone personalidades entre las cuales deben existir derechos y obligaciones. Supone un acreedor que, en el caso de la Constitución, es el pueblo; acreedor a la libertad electoral, acreedor al ejercicio, a la práctica de las Instituciones.
Supone un deudor principal y, ese deudor principal, son los Gobiernos, obligados a hacer efectivo el derecho electoral, el sistema representativo republicano, en favor del acreedor, que es el pueblo.
Y, sobre todo, supone un garante, obligado como el deudor principal para cuando éste no cumple la obligación: es el Gobierno Nacional, que garantiza al pueblo el ejercicio de sus instituciones(10).

(10) Cámara de Diputados”, sesión de Junio 14 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El doctor Federico Espeche, miembro de la misma Cámara, consideraba indispensable juzgar con todo el rigor de las pruebas y defensas si Derqui era autoridad legítima; como el Congreso, por ser muy numeroso, resultaba inadecuado para constituirse en tribunal, propuso que se formara uno con el presidente de la Corte Suprema, el ministro del Interior, el vicepresidente del Senado y el presidente y el vicepresidente primero de la Cámara.

El diputado Ocantos citó como autoridad el dictamen que en 1872 suscribió con Rawson y otros -en asunto también relativo a Corrientes- y aseveró que en él se había establecido que las Intervenciones no están obligadas a retraerse cuando lo piden los autores del requerimiento(11).

(11) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 17 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El senador Vélez predijo que llegaría la ocasión en que la primera parte del artículo 6to. se entendiese como la salvaguardia de la libertad de sufragio(12).

(12) “Senado”, sesión de Julio 10 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Los partidarios de que cesase la Intervención se movieron en un terreno más cómodo. Cuando el gobernador requiriente demanda el retiro de la ayuda -dijo Lagos García-, hay que acceder a la solicitud. Por otra parte, una elección juzgada y fallada por los Cuerpos políticos de la provincia, escapa de la jurisdicción federal aunque grupos de pueblo la protesten con las armas.

Gallo expresó que, reconocido Derqui por el Ejecutivo, no había por qué averiguar si en su elección hubo fraude; de cualquier modo esta materia incumbe a los jueces.

Lo sostengo con profunda convicción -añadió-; corresponde a los Poderes Judiciales de la Nación y de las provincias garantir los derechos sociales y políticos creados por las Instituciones federales y locales; y son, por consiguiente, los centinelas colocados para guardar la libertad electoral e impedir los abusos de los Gobiernos y de los partidos”.

Recordó que Rawson había enseñado cómo en el régimen federal existen dos Intervenciones: la política o momentánea y la judicial o permanente(13).

(13) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 7 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Quesada manifestó que nunca habrían imaginado los constituyentes que pudiera surgir -de los textos que elaboraron- el derecho federal de rever las elecciones provinciales y mucho menos de inmiscuirse en ellas. Cuando hay requerimiento, el Congreso y el Ejecutivo pueden aquilatar la legalidad de las autoridades antes de decidir la Intervención, jamás luego de concederla.

La segunda cláusula del artículo 6to. aleja toda duda:

Después que ha Intervenido, su misión queda limitada a sostener o a reponer, porque de otra manera sería inútil que se hubiese puesto esta cláusula y se hubiese suprimido el juicio político de los Gobiernos de provincia por el Congreso”.

Preguntó:

¿Cuál es la prescripción constitucional que haya modificado la del artículo 105 de la Constitución y que haga necesario que bajo la tutela, bajo la dirección del Poder Ejecutivo Nacional elijan sus gobernadores?

Nadie pediría socorro el día en que se sentase a algún requiriente en el banquillo de los acusados.

En cuanto al artículo 5to., declaró que sus garantías se ejecutan ante los tribunales(14).

(14) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 10 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El diputado Pellegrini sustentó el principio de que donde la Constitución dice “sostener y restablecer” no se puede leer “deponer”; “todos los esfuerzos de la dialéctica no bastarán a destruirlo”.

Agregó que, aun derrocado Derqui, el Gobierno Federal carecería de potestad para introducirse en Corrientes, pues la Constitución de la provincia establecía que a falta de gobernador asumiese el cargo el presidente de la Legislatura. Por otra parte, había que detenerse ante el fallo de los jueces únicos, ya pronunciado.

Si se permite que de una sentencia inapelable del Colegio Electoral de Corrientes se apele ante el Congreso porque esa sentencia no satisface, ¿ante quién se apelará de una sentencia del Congreso cuando ésta tampoco satisfaga? Ante la revolución y la montonera: ésta es la lógica...”.

La manida cuestión de si el Comisionado debe ser ciego o vidente, mereció estas palabras del diputado Wilde:

Nosotros no pedimos que vaya como autómata ni que deje de tener su propio criterio; pedimos que vaya en nombre de la ley, para hacer lo que la ley manda y nada más(15).

(15) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 14 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

La tercera propuesta, o sea, desistir de la Intervención y desconocer a Derqui, fue apoyada por el diputado, doctor Guillermo San Román y el senador, doctor Rafael Igarzábal. Expuso el primero que la Intervención debía concluir, visto que Corrientes carecía de autoridades legítimas; en 1853, las provincias se declararon mayores de edad, sintiéndose capaces de ser árbitros de su vida y, desde entonces, rechazaban toda tutela(16).

(16) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 17 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El segundo desarrolló temas originales, cuya paráfrasis conviene intentar. Opúsose a que la prestación o negación de la ayuda se decidiera siempre antes de Intervenir: esta palabra encierra cierta idea de “acudir” o “ir”; “y acudir o ir a donde se le llama, para ver lo que pasa y saber en consecuencia lo que se debe hacer, no es sostener, no es restablecer, como tampoco no es derrocar”.

En territorios extensos, los Poderes Federales ignoran a veces la marcha de los situados en puntos lejanos; e interesa entonces que respondan al llamamiento, aún con la reserva de retirarse si la Constitución de éstos fuera irregular(17).

(17) “Senado”, sesión de Julio 10 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Estudió luego el artículo 5to., del que dijo que confirmaba la materia de los artículos 104, 105 y 106, esto es, la libertad de las provincias para manejar sus negocios internos.

La consecuencia de que una de las provincias tenga sus autoridades fuera de las condiciones del artículo 5to., o sus instituciones, o su pueblo, no es otra ni da lugar a otra cosa sino a que la nación falte a las promesas hechas, es decir, a que ella no respete los actos de esas autoridades, los actos de ese pueblo; y así, una provincia que ha violado el artículo 5to. se expone sólo a que no sean aceptadas sus elecciones de diputados o senadores, a que no valgan las de presidente y vicepresidente de la República, a que no se dé fe a los actos públicos y procedimientos judiciales de sus autoridades y a que el Gobierno General no reconozca a su gobernador como el agente natural que le da el artículo 110 de la Constitución”.

La reforma de 1860 borró del artículo 5to. la cláusula que autorizaba al Congreso a revisar las Constituciones provinciales, conceptuándola atentatoria contra las autonomías; ¿y quién puede creer que haya suprimido el examen -con el peligro consiguiente de que subsistan preceptos repugnantes a las garantías que el artículo prescribe- y consentido en cambio el derecho de Intervenir para asegurarlas?

Excluida del Congreso la facultad de rever las Constituciones locales, mal puede alterarlas Interviniendo en las provincias. Así como está permitido a los jueces no aplicarlas leyes del Congreso cuando afectan principios de la Constitución, pero sin derogarlas directamente, así también el Gobierno Federal puede desconocer los actos provinciales que contravengan las normas del artículo 5to., pero sin destruirlos por medio de una injerencia imperativa.

En cuanto a la garantía del goce y ejercicio de las instituciones, pensaba Igarzábal que ella no admite la acepción del derecho privado referente a los conceptos de deudor, acreedor y fiador, de los que se pretendía deducir una nueva causa de intervención política. De ajustarse a esta pauta, “las Intervenciones serían a cientos por día”, correspondiendo hasta cuando alguna cárcel estuviese desaseada...

La Convención de 1860 modificó el artículo 6to. para restringir los avances federales. ¿Dejó acaso el 5to. a fin de que se realizasen con amplitud extraordinaria? Finalmente, era menester considerar que las provincias conservan las atribuciones no delegadas a la Nación, lo que significa que las cláusulas constitucionales deben interpretarse con criterio restrictivo: si se emplea la palabra ‘intervenir’ únicamente en el artículo 6to., es porque éste sólo se refiere a la materia”.

Igarzábal estudió después la primera parte del artículo precitado. Surgía claro, a su juicio, el concepto de forma republicana.

El artículo 5to. dice que las provincias dictarán una Constitución con varias condiciones y, entre esas condiciones, una que prescribe que sea republicana. Esto quiere decir que, según el artículo 5to. de la misma Constitución, las demás condiciones que él enumera no son condiciones republicanas”.

¿Qué había de comprenderse por tal?

Entendiendo que la ciencia ha llegado a marcar el número de condiciones que deben tener todos los Gobiernos civilizados, contesto a la pregunta diciendo que forma republicana, según el artículo, es lo que de esas condiciones de todo Gobierno civilizado no están enumeradas en el artículo 5to.; es decir, algo que no es justicia, municipalidad o educación aseguradas, algo que no es ninguna de las declaraciones, derechos y garantías de la Constitución Nacional ni que se desprenda de todo ello.
Y resultará que no es sino lo que falta de esas condiciones de Gobierno civilizado; es decir, institución de funcionarios con plazo y responsabilidad”.

Imposible confundir la garantía de la forma republicana con la del goce y ejercicio de las instituciones. Una Nación que disfrute de la plenitud institucional -con excelentes regímenes judiciales, municipales y escolares y con derechos civiles y políticos perfectamente asegurados a sus habitantes y poseyendo aún un sistema representativo- no será republicana si sus autoridades ejecutivas eluden las reglas de la periodicidad y responsabilidad, tal algunas monarquías europeas.

En cambio, una Nación puede tener subvertidas sus Instituciones -mala justicia y municipios y escuelas, derechos individuales conculcados, deficiente sistema representativo-y ser, sin embargo, republicana por cumplir las normas de la renovación periódica de los gobernantes y por responder los mismos de su conducta ante el pueblo: se tratará de una República atrasada, pero no le podrá negar ese nombre...

En Corrientes existía una subversión institucional, según su juicio: de modo que procedía el desconocimiento del gobernador, pero sin Intervenir(18).

(18) “Senado”, sesión de Julio 11 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Cabe recoger conceptos de otra índole emitidos en los debates. El diputado doctor Julio P. Acuña, impaciente por las alusiones que oía acerca de la pureza del voto, declaró que habría que soportar a los gobernadores electores mientras el derecho electoral estuviese en manos de los gauchos ignorantes, “de los cuales cualquiera se atrae doscientos con darles un poco de carne con cuero o una empanada(19).

(19) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 11 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

De mayor importancia fue el discurso de Sarmiento. Comenzó:

Nosotros tenemos un Senado, Señor Presidente, pero yo no sé si están bien llenadas entre nosotros las condiciones de esta Institución. Cuando vuelvo los ojos hacia mis compañeros, tengo el sentimiento de ver muy raras canas en el Senado: la juventud ha entrado en este Cuerpo.
Se llenan las formas; pero el objeto de la Institución, a mi juicio, queda burlado. Pueden ostentar mis concolegas, en su mayor parte, instrucción, talento y cuántas calidades se requieren para manejar los negocios públicos; pero nunca podrán suplir, no diré la falta de experiencia, sino aquéllas modificaciones del espíritu humano que vienen sólo con los años.
Y yo me pregunto, ¿dónde están los ancianos de la República Argentina? ¿No tenemos viejos que sobrevivan a nuestros pasados desastres, que ocupen el lugar que las leyes y la Constitución les habían designado aquí?

Ganada la emoción de los oyentes, el orador recordó que si al Senado se le asigna nueve años de término por individuo, es precisamente para que pueda enlazar cada hecho nuevo a la historia, y no tomarlo aisladamente sin reparar que remata una serie de acontecimientos que lo produjeron y prepararon.

Manifestó que deseaba calificar sus años y su experiencia, y creía propicio el momento porque acababa de celebrarse el 9 de Julio y podía referir sobre esa fecha algo que todos ignoraban.

Relató que en 1829, días antes de la batalla de La Tablada -“que es el comienzo de la guerra de treinta años que terminó por la Constitución de la República Argentina y en virtud de la cual estamos sentados aquí”-, asistió al combate de Niviquil, dado contra el fraile Aldao.

Un sujeto que huía en su compañía, pronunciada la derrota, se le apartó en cierto lugar no obstante sus advertencias:

Nos separamos, y a él lo mataron a media cuadra de distancia: yo vi cuándo lo tomaron. Era, señor, el presidente del Congreso que declaró la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el doctor don Narciso Laprida; y pediría a mis compañeros nos pusiéramos de pie un momento en homenaje a su memoria”.

Estas palabras produjeron su efecto; “el presidente del Senado -se lee en el Diario de Sesiones-, los Senadores todos y la numerosa concurrencia que llenaba la barra, pusiéronse de pie en medio del más religioso silencio”.

Remembranzas de tal linaje obligaban a Sarmiento a disentir de los colegas que consideraban el de Corrientes como un caso aislado:

Yo juzgo, Señor Presidente -agregó- con el carácter de Senador, con el carácter de viejo: ligo este hecho con los hechos pasados y veo si tiene algún significado en que se puede encontrar la verdad”.

La historia de las convulsiones correntinas -desde 1852- era la de la lucha entre seis o siete comandantes de campaña; siempre los mismos.

A estos personajes los había descripto en el “Facundo” hacía treinta y cinco años:

El Gobierno de las ciudades es el que da el título de Comandante de campaña; pero como la ciudad es débil en el campo, sin influencia y sin adictos, el Gobierno echa mano de los hombres que más temor le inspiran, para encomendarles ese empleo a fin de tenerlos en su obediencia, manera muy conocida de proceder de todos los Gobiernos débiles”.

No había que forjarse ilusiones: nadie desconocía las campañas, compuestas de pobres gauchos obedientes a la voz del caudillo. Las milicias siguen a sus comandantes y “van a enarbolar las tacuaras de que se ha hablado y que es un hecho real y positivo y no un hecho trivial y vulgar: las provincias que están situadas en los climas ecuatoriales tienen arsenales de armas, porque basta poner un cuchillo en la punta de una caña para tener ‘lanza’”.

Faltaba puntualizar otro fenómeno:

Es tradición inmemorial en Corrientes una revolución tras de cada elección, y eso depende de nuestras costumbres. No es el guaraní, que se habla allí con frecuencia, el idioma más adecuado para nuestra Constitución; y no hay que decir que haya mucho de nuevo en esto, cuando el castellano en la provincia de Buenos Aires -la más adelantada de todas, la plata labrada que tenemos en materia de elecciones- sirve para lo que todos saben...
Yo daría una explicación: que somos argentinos, y nada más. Pueblos novicios, que se están educando lentamente, que tienen malos antecedentes de raza; porque el pueblo español, en Europa, se encuentra en peores condiciones electorales, si es posible. ¿Y qué pueden haber agregado los indios fundidos en nuestra raza para mejorar la capacidad electiva, la facultad de crear Gobiernos electorales?
Hago todas estas observaciones para los teóricos en esta cuestión, para que vean que estamos en un mundo muy sublunar, en que las cosas marchan de otra manera que lo deseáramos los que hemos trabajado por mejorar estas condiciones y que, a pesar de todo, van mejorándose”.

Dicho lo anterior, sólo se necesitaba situar en el cuadro al gobernador de Corrientes:

El doctor Derqui es hijo de un presidente y, tanto en los países monárquicos como en los republicanos, eso es lo que llamaríamos caudal político, medio de principiar la vida”; era un joven educado, ministro provincial en dos ocasiones, plenipotenciario en una misión que desempeñó correctamente, suma de circunstancias que califican al hombre a quien los romanos llamaban consular.

Ninguna duda cabía de que a los Comandantes de campaña les disgustaba ese mocito de modales elegantes, que acaso tratara de sacar a la provincia de un círculo vicioso. Las conclusiones se desprendían netas:

El Senado debe tener presente, al resolver esta cuestión, que es legal un Gobierno como el de Corrientes -que ningún derecho aja, que fue electo con regularidad- porque recayó en persona idónea(20).

(20) “Senado”, sesión de Julio 11 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que ordenaba el retiro de la Intervención por treinta y nueve votos contra treinta y cuatro; y el Senado, por dieciseis contra seis. El Ejecutivo promulgó la ley el 15 de Julio. La ley Nro. 917 es la que sigue:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etcétera, sancionan con fuerza de

Ley:

Art. 1.- Declárase terminada la Intervención Nacional en la provincia de Corrientes, decretada por el Poder Ejecutivo con fecha 20 de Febrero del corriente año.
Art. 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a once de Julio de mil ochocientos setenta y ocho.

                         MARIANO ACOSTA                                      FELIX FRIAS
                          Carlos M. Saravia                                       J. Alejo Ledesma
                       Secretario del Senado                      Secretario de la Cámara de Diputados

Departamento del Interior

Buenos Aires, Julio 15 de 1878

Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

AVELLANEDA
Saturnino M. Laspiur

El 17 de dicho mes, ausentáronse de Corrientes el comisionado y las fuerzas de línea. Los liberales -reunidos y organizados delante de Arias- quedaron de hecho dueños del territorio, frente al gobernador sin armas ni milicias. El rumor de la lucha llegó hasta el propio barco en que aquél se retiraba...

Con todo, establecido el asedio de la Capital, Derqui pudo repeler tres ataques. El Congreso se sintió afectado por este desenlace. Pellegrini requirió la concurrencia del ministro del Interior a la Cámara de Diputados para que informara sobre las medidas que el Ejecutivo pensase adoptar en presencia de los sucesos correntinos. Creía Pellegrini que la guerra civil era intolerable en cualquier parte.

Hay -afirmó- una perturbación de ideas que ya es tiempo de destruir”: las que consentían que los ciudadanos se armasen sin autorización del Congreso...

Mitre adhirió al nuevo punto de vista:

Todas las provincias tienen su Ejército -declaró- y de aquí nace el profundo malestar porque está pasando la República”.

En sesión extraordinaria realizada la misma noche con asistencia de los ministros Laspiur, Lastra y Montes de Oca, el primero manifestó que el Ejecutivo acataría lo que el Congreso determinase.

Pellegrini presentó entonces un proyecto de ley, que ordenaba el desarme de la provincia y la organización de su Legislatura. Desintegrado ese Cuerpo, el Gobierno Federal podía procurar que se completara, corriendo con la convocatoria las autoridades locales.

Aquel Gobierno -decía Pellegrini- “no puede declarar caduco un gobernador; él no tiene facultad para convocar a elecciones de gobernador a una provincia; declarar caduco a un gobernador o hacerlo cesar en su puesto es facultad exclusiva de las Legislaturas de provincia, que pueden llegar a ese resultado por medio del juicio político”. El proyecto pasó a estudio de Comisión(21).

(21) “Cámara de Diputados”, sesión de Julio 19 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Al día siguiente, el Senado dirigió al Ejecutivo una minuta redactada por Pizarro, Rocha y Sarmiento y aprobada por catorce votos contra nueve. Expresábase en ella:

Todo hace creer que, al retirarse la Intervención -según la ley del Congreso, con aprobación del Ejecutivo- se deja a la provincia de Corrientes presa de una sedición, apoyada por armas y jefes nacionales”.

Habíase infringido el artículo 22 delante del Comisionado. El Ejecutivo debía pronunciar el solemne desconocimiento de las autoridades sediciosas y auxiliar al gobernador a objeto de que se destruyesen los hechos anómalos producidos durante la actuación de su agente(22).

(22) “Senado”, sesión de Julio 20 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Avellaneda contestó que “no podía, según su juicio, continuar una Intervención cuando se ordenaba su retiro(23).

(23) Avellaneda. Mensaje al Senado (Julio 23 de 1878), en: “Senado”, sesión de Julio 25 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El Congreso abandonó el asunto al producirse el triunfo de la insurrección. No concluido el mes, Derqui huyó de la provincia y, a fin de año, Cabral inauguró un nuevo período de gobierno.

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