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Victoria de los antiintervencionistas en Jujuy

A los pocos meses de que el presidente Avellaneda los uniera, abriéronse -en pronunciada hostilidad- los partidos rivales de Jujuy, capitaneados esta vez por Aparicio y Bárcena, gobernador el primero y senador nacional y presidente de la Legislatura el segundo. Tratábase de elegir nuevo gobernador, designación que competía a la Legislatura, duplicada al efecto con electores nombrados popularmente.

El adversario más temible de Aparicio proseguía siéndolo el comandante Uriburu, a quien aquél achacaba algunos conatos de revolución. La vecindad de este jefe también despertaba zozobras en el espíritu del gobernador de Salta. De ahí la inteligencia que se estableció entre ambos mandatarios y la aparición de la candidatura de don Martín Torino, comisario de la policía salteña, para el cargo de gobernador de Jujuy.

La noche del 22 de Febrero de 1878, víspera de las elecciones, los adeptos a Bárcena se retiraron a pernoctar en una casa con ánimo de dirigirse luego juntos al comicio. Sabido esto, los gubernistas se lanzaron a medianoche sobre el local en compañía de algunos elementos policiales, deshicieron a tiros las puertas y dispersaron a los reunidos, matando a dos de ellos.

Argumentos de igual eficacia se emplearon en otros parajes de la provincia. Casi huelga agregar que los gubernistas triunfaron en los comicios. Hubo que pensar luego en que las elecciones obtuviesen la sanción legislativa, hecho que se presentaba problemático debido a la afiliación opositora de la mayoría de los legisladores.

Propalóse entonces la especie de que la Legislatura sería disuelta a balazos si se mostrase hostil. Ante perspectiva tan lúgubre, se reunieron secretamente los diez miembros de la mayoría y solicitaron la intervención a objeto de garantir la existencia del cuerpo(1).

(1) “Legislatura de Jujuy”, sesión de Febrero 24 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Enseguida escaparon de la ciudad. Al cabo de diez días, Uriburu entró en la provincia y se situó en Palos Blancos con una pequeña fuerza, más sin pasar de ese punto. El 20 de Marzo, cuatro legisladores de la minoría destituyeron a los diez colegas ausentes y el gobernador firmó la correspondiente convocatoria para reemplazarlos.

En este estado del conflicto, el ministro del Interior -todavía lo era Irigoyen- pidió al ex comisionado Ibarguren que, trasladándose a Jujuy, informara sobre la situación de la provincia e interpusiera sus buenos oficios para serenar los ánimos y templar las disidencias(2).

(2) Irigoyen. Telegrama al juez Ibarguren (Marzo de 1878), en: “Documentos relativos a la intervención solicitada por los diputados de la Legislatura de Jujuy destituidos por la minoría” (1878), p. 20. Ed. “La Nación”, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Ibarguren aceptó el encargo pero fracasó en su desempeño. La Legislatura formó quorum con nuevos legisladores y aprobó la elección pendiente.. El 25 de Abril, Torino inauguró su período de gobernador y el Ejecutivo se abstuvo de reconocerlo,aunque sin tomar ninguna iniciativa.

El Congreso no se mostró más diligente. El 25 de Junio, el doctor Pablo Carrillo, legislador provincial destituido y senador nacional, fundó un proyecto de intervención a los fines de reponer a la Legislatura depuesta y garantir sus funciones mientras se organizasen los poderes constitucionales. Caso único en los anales parlamentarios, éste de una autoridad de la nación que acordaba la medida solicitada por él mismo en su carácter de autoridad de provincia.

El 20 de Julio, en dictamen suscripto por Igarzábal, Valle y Vélez, la Comisión de Negocios Constitucionales despachó favorablemente el proyecto. El voto del Senado fue unánime en lo relativo a la reinstalación de la Legislatura y a la garantía de su funcionamiento: todos coincidieron con Vélez en reputar ilegal la expulsión de los legisladores, apoyada en el abandono de cargos que se les impedía ejercer.

La parte referente a la organización de los poderes constitucionales fue aprobada por quince sufragios contra siete. La propugnó el ministro Laspiur, quien juzgaba indispensable que Torino cesase por cuanto en su elección no actuó la Legislatura legítima.

Atacaron este extremo los senadores Argento, Cortés y Torrent, opinando que la ley debía limitarse a la Legislatura, la cual decidiría lo que correspondiese acerca del gobernador. Se controvirtió la conducta de Uriburu; sus defensores admitían que se hubiera mezclado en la política, cosa tolerada a los militares aunque poseyese mando de fuerzas, pero negaban que hubiese empleado recursos violentos(3).

(3) “Senado”, sesión de Julio 25 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

En la Cámara de Diputados precedió al debate de fondo una solicitud de informes dirigida a los ministros de Interior y de Guerra, a raíz de haber comunicado Torino que el 31 de Julio se había visto forzado a proteger el cuartel de policía contra sesenta soldados de línea que lo asaltaron(4).

(4) “Cámara de Diputados”, sesión de Agosto 5 de 1878. (Martín Torino) “Mensaje del Poder Ejecutivo de la provincia a la Honorable Legislatura en las sesiones ordinarias del año de 1879” (1879), p. 3. Ed. El Pueblo, Jujuy. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El proyecto en revisión fue discutido el 11 de Septiembre. Lo prohijaron Alcorta, Gallo y Quirno Costa -mayoría en la Comisión de Negocios Constitucionales-, exceptuando la frase que en el Senado levantó oposición.

Cané y Quintana -la minoría- pidieron su rechazo. Quirno Costa afirmó que en Jujuy estaban violados los principios del artículo 5to. y subvertida la forma republicana a que alude la primera parte del 6to. y que se debía intervenir en virtud del requerimiento, conforme lo prescribe la segunda parte de dicho artículo.

Quintana pronunció un inspirado discurso. No aceptó que los sucesos de Jujuy revistiesen suma gravedad pues, acontecimientos análogos eran comunes a todos los comicios, aún a los de Buenos Aires: “Historia -aunque triste- real, verídica y frecuente en la República”.

En cuanto a la expulsión de los legisladores, defendió el derecho de las minorías a conservar la vida del cuerpo separando a los colegas remisos.

Protestó contra “una nueva y alarmante doctrina” que se difundía con el propósito de disminuir la personalidad provincial y que era un mero juego de palabras: la que niega la soberanía de las provincias y sólo admite la de la nación.

Si hubiera una sola soberanía, no sería la de los poderes públicos nacionales, sino la del pueblo argentino, que la distribuyó en aquellos poderes para los asuntosde carácter general y en los provinciales para los de índole local; y tan legítima, sagrada e inviolable debía considerarse la parte entregada a los unos como la depositada en los otros.

Recordó que para accederse al requerimiento es menester que haya sedición o invasión, que en Jujuy no existían:

No hay sedición de poder a poder: toda sedición supone levantamiento en armas de particulares contra todos o alguno de los poderes públicos del país”. Tampoco existía conflicto de poderes, los cuales, por lo demás, no dan derecho a intervenir.

Terminó expresando que veinticinco años de intervenciones frecuentes no habían mejorado al pueblo y propuso que por otros veinticinco olvidara el Gobierno Federal las injerencias inconstitucionales, clandestinas, innecesarias y funestas.

Votado el despacho de la mayoría, se le rechazó por cuarenta y seis sufragios contra dieciseis.

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