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Análisis de Mantilla sobre la estrategia liberal

Mucho se dijo en la prensa y, más tarde, en el Parlamento argentino, en defensa de la elección del doctor Derqui y contra de la del doctor Cabral; eran ecos de la pasión del partidario o del amigo particular, adulterando los hechos y condenando las buenas doctrinas; pero, así como el poder del doctor Derqui no resistió al de la oposición en los hechos, los argumentos que se adujeron, las versiones caprichosas, las mentiras fraguadas para defender su elección, no resistían a una argumentación racional(1).

(1) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor. En el texto, en bastardillas, las palabras más indecorosas o belicosas del doctor Mantilla.

Nos adelantamos a los sucesos, para agrupar y analizar en este lugar, que es el propio, cuánto se dijo en pro y en contra del doble Colegio y de la doble elección.

Se deprimió la obra de los Electores opositores, tachándola de nulidad insanable:

1.- Porque “la expulsión de los Electores del recinto legislativo no fue general, sino puramente de los que no habían presentado sus diplomas en la anterior sesión, lo cual era legítimo, porque los exhibidos eran irregulares, no expedidos por Mesas Electorales constituidas según la ley”;
2.- Porque “son nulas las resoluciones tomabas fuera de la Legislatura, y en ella misma no debieron ser aprobados diplomas otorgados directamente por el pueblo”.

En cambio, pretendióse justificar la legalidad de la elección del doctor Derqui, sosteniendo que la provincia había gozado de plena libertad, en todo sentido, pues fue respetada la prensa y el derecho de reunión; que la Junta Oficial había sido la única legal, porque sus miembros fueron diplomados por las Mesas y, siendo ella, el juez único de su propia elección, sus actos eran perfectos e inapelables; porque ninguno de los Electores oficiales había estado impedido -por las disposiciones de la Constitución- para el ejercicio del cargo.

Sobre cada uno de estos tópicos se publicaron numerosos artículos y se pronunciaron larguísimos discursos, con gala de erudición. ¿De qué parte había mayor suma de verdad, de moralidad, de principios de orden, de libertad y de justicia? ¿En la Junta que nombró a Cabral o en la que nombró a Derqui?

Preciso es considerar cada objeción y cada justificativo de Derqui ante los principios fundamentales del Gobierno libre, ajustándose estrictamente a la verdad de los hechos, para deducir una conclusión neta; porque, como suceso anormal, el caso en cuestión escapaba a la economía de las leyes escritas, si bien estaba comprendido en ellas virtualmente.

La orden de expulsión por la fuerza, dada por Gelabert contra los Electores "del pueblo" (opositores), fue general, sin excepción alguna, particularizándose en el doctor Rivera, la de hacheamiento; es inexacto que hubiese comprendido sólo a los inasistentes a la primera sesión.

Como no se extendió por escrito, sino que fue dada a gritos feroces, no hay documento que compruebe el aserto; pero lo suple, concluyentemente, el testimonio que pueden dar cuántos la oyeron.

Los federales tenían un plan fijo, cuya ejecución excluía la presencia de Electores liberales; para llevarlo a efecto, cometieron la perfidia del día seis y, el día diez, fueron citados los liberales para una hora después de reunidos los gubernistas.

Esos actos importaban una exclusión real de todos, pues el no haberse efectuado como lo deseaban, no les quita su carácter. Si los liberales no hubiesen desconfiado y prevenídose para la segunda reunión, los federales les habrían anunciado la desaprobación de sus Poderes, cuando ignoraban que se trataba de ellos.

¿Para qué otra cosa pretendían reunirse solos? Si a ello hubiesen llegado, habríase dicho, con verdad, que los Electores "del pueblo" fueron excluidos del recinto donde tenían derecho a entrar para defender sus diplomas, y que dicho atentado se había ejecutado con la complicidad del Gobierno.

Hubo empeño y se excogitaron medios para cerrar las puertas de la Legislatura "a los del pueblo" y, cuando sin la violencia no lo consiguieron, la torpeza habitual de Gelabert y su carácter, hizo intervenir la fuerza pública.

La disculpa de la orden limitada se inventó días después. Si los gritos atronadores de Gelabert, por todos oídos, no fuesen una prueba; si la orden brutal de hachear al doctor Rivera, no bastase para convencer, la conducta ulterior de los Electores oficiales demostraría la inexactitud de la disculpa.

En efecto, producida la expulsión, correspondía suspender la Sesión hasta volver a ella los Electores no comprendidos en la orden, pues el caso no era para menos; o constatarse -de un modo innegable- su resistencia, para lo cual el presidente Gelabert estaba en el deber de explicarles su conducta y darles una satisfacción cual cumplía, no ya como funcionarios, sino como caballeros.

Más, nada hicieron; apenas quedaron solos, como lo desearon desde un principio, sancionaron -a puerta cerrada- la aprobación de sus respectivos diplomas, declarando a la vez nulos los de los expulsados, con excepción de cinco, aceptados por fórmula, hecho lo cual, se retiraron a sus casas sin la menor muestra de arrepentimiento, no obstante haber recibido comunicación de la instalación de la "Junta Popular".

De los Electores liberales se acordaron cuando les faltó quorum, pero ni entonces pusieron en práctica medios honestos para atraerlos pues, acusados criminalmente, primero, fueron después perseguidos para ser prendidos.

Los procedimientos inmediatos de los Electores oficiales justifican que la expulsión fue general, aun prescindiendo de las terminantes palabras de Gelabert; de otro modo, no se habrían aprovechado de ella.

Quien conozca el carácter y la índole arbitraria de Gelabert, capaz de los mayores desatinos, y la connaturalización de los federales con todo lo depresor de las Instituciones y de la dignidad humana, y se penetre, por otra parte, de la situación crítica creada por la presencia de dieciocho Electores liberales, comprenderá la naturalidad de la expulsión general.

Más grave que ella fue la orden de hachear al doctor Rivera -no desmentida- y el que la dio y quiénes la consintieron en silencio, ¿se escrupulizaron de ella? No entró en las cuentas oficiales la instalación de la "Junta Popular"; creyeron que la expulsión terminaría con una simple protesta, perdida en el vacío; persuasión revelada en estas palabras de don Ramón Saráchaga: Los derquistas tenían bien aprendida la lección; pero los liberales han sido más diablos”.

Sólo cuando de la violencia cometida arrancó la oposición el derecho de constituir la Asamblea, comprendieron la enormidad del escándalo y sus consecuencias, y pretendieron suavizarlo, inventando la disculpa de la expulsión parcial. Aquel atentado está escrito, tal como lo referimos, en la conciencia del pueblo de Corrientes.

La expulsión era doblemente atentatoria, por falta de facultades en quien la ordenó y por flagrante desconocimiento de los derechos y fueros de los Electores.

Ninguna Constitución ni Reglamento interno de las Asambleas Políticas argentinas, atribuye al presidente la facultad de expulsar a uno o más miembros del recinto de deliberaciones; ese derecho lo ejerce el Cuerpo entero, en determinados y extremos casos, requiriéndose -por regla general- el voto de las dos terceras partes.

Al presidente corresponde, simplemente, hacer cumplir las Resoluciones de ese carácter, no tampoco por derecho propio, sino por delegación. De este modo, se garante la independencia de los miembros de un Cuerpo Colegiado y la existencia misma de él.

Los Electores reunidos el día seis, adoptaron el Reglamento de Debates de la Cámara Legislativa, para su manejo interno, quedando en lo demás sujetos a las prescripciones constitucionales. Eran todos presuntos Electores, por la simple exhibición de los títulos, buenos o malos, que los acreditaban tales, como podían ser otros y los había, que se presentasen en iguales condiciones.

Tanto por las disposiciones del Reglamento adoptado, cuánto por la práctica y la necesidad de una cabeza que dirigiera las discusiones, designaron provisoriamente a Gelabert para presidirlos.

El día diez se presentaron nueve Electores más de la oposición, con diplomas, y dos gubernistas, sin ellos, inasistentes a la reunión anterior; los primeros, por no haber sido avisados y, los segundos, porque no se consideraban Electores; y debiendo ser recibidos como los otros y examinados sus títulos, fueron expulsados los liberales, juntamente con sus correligionarios ya admitidos, y aceptados los dos gubernistas.

Ni Gelabert presidente, ni todos los Electores oficiales tenían mandato superior al de los expulsados, ni prerrogativas de ley de que los otros carecieran; sus diplomas eran buenos o malos, pero sin prioridad alguna; ante la Constitución, la Ley de Elecciones, el Reglamento, las prácticas constantes de las Asambleas deliberativas, había perfecta igualdad entre todos, pues el fallo establecido por la Constitución -el del Cuerpo Electoral-, no se había dado sobre ningún diploma; con razón o sin ella, con diplomas falsos o verdaderos, por el ministerio de la coacción oficial o por el de la opinión libre, cada ciudadano de ésos, tenía derecho a ocupar un asiento en la Asamblea, discutir y votar los diplomas de otros.

Debía ser después, cuando los Electores hubiesen estudiado sus títulos, los discutiesen, aprobasen o rechazasen, que habrían entre ellos superiores e inferiores, legítimos e ilegítimos, fraudulentos y genuinos y, recién entonces, podría decirse: éste es Elector; aquél no lo es.

Pero como la expulsión se consumió en el momento en que todos eran perfectamente iguales y con iguales derechos aún, el acto de fuerza no tenía disculpa en el Reglamento ni en principio alguno. El presidente se abrogó, autoritariamente, facultades de la Asamblea ya constituida y, sin juicio ni discusión previa, erigiéndose en criterio y fallo del Cuerpo, tachó de nulos diplomas que no conocía, que ni permitió se exhibiesen, para arrojar a la calle a sus dueños.

Unicamente la pasión puede impulsar a justificar tal atentado, con razonamientos basados en los mismos principios violados.

En todos los pueblos regidos por el sistema representativo -decía el diputado Delfín Gallo, en el Congreso Nacional- existen ciertas garantías tutelares, sin las cuales sería imposible la organización de los Cuerpos Colegiados necesarios para el Gobierno. Entre esas garantías, es una de las primeras, la presentación del diploma otorgado por la autoridad a quien la ley haya encargado de esa facultad.
El diploma es el documento probatorio de los poderes delegados por el pueblo a sus Representantes, y su fuerza es tal, que surte todos los efectos legales hasta tanto el mismo pueblo, por sus Organos correspondientes, no haya declarado que los Poderes han sido otorgados de una manera nula o viciosa. Así, pues, el presidente del Colegio Electoral hizo perfectamente bien en negar la entrada al pretendido elector(2), que no acompañaba diploma(3).

(2) Intencionalmente, hablaba en singular, pues los expulsados fueron dieciocho.
(3) Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, sesión del 7 de Junio de 1878; discurso del doctor Gallo. Derqui gastó quinientos duros del Tesoro Público en la impresión, en hoja suelta, de ese discurso.
// Todo citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

No es exacta la enunciación del principio, ni su aplicación al caso. La garantía tutelar del Gobierno libre es la verdad perfecta del sufragio popular. Las formas para constituir una Asamblea elegida por el pueblo, son medios más o menos prudentes de reconocer el resultado de la emisión espontánea del sufragio, pero en manera alguna es la base fundamental del criterio que debe sancionar o anular un acto exclusivo de la opinión.

Por eso, atribúyese cierta presunción de verdad al diploma que se exhibe, sin que por ello deje de quedar sujeto a discusión, a fin de comprobarse si realmente tiene el origen puro de la voluntad propia del mandante; y tanto en las Asambleas ya constituidas como en las que están por constituirse, tienen entrada y derecho a contradecir un diploma expedido con las formalidades de ley, los que se consideran verdaderos Representantes del pueblo y, aún sin esto, más de una vez ha ocurrido que las mismas Asambleas han desconocido las pretensiones de los diplomados y llamado, en lugar de ellos, a los no munidos de títulos, pero realmente elegidos.

La presunción dispensada al diploma dimana de otra presunción: la de suponer que la ley se cumple estrictamente, porque el legislador no puede esperar que los Poderes Públicos salgan del círculo de sus deberes, y ella responde a llenar la necesidad de comenzar por lo más aproximado a la verdad, al menos en apariencia y sin hechos contrarios, en la constitución de un Cuerpo Colegiado.

Pero, como toda presunción está sujeta a la prueba contraria, a la demostración de su falsedad, según los hechos, so pena de resultar la monstruosidad de una legalidad a priori contra la evidencia de su ilegalidad y, en vez de garantía tutelar del sistema representativo, convertirse los diplomas en su negación más completa, bajo la coacción y el fraude que les dieran formas legales.

¿Sería un Gobierno representativo, engendro de la opinión del pueblo, tal como lo establece la Constitución, aquél cuyo origen fuese una Asamblea de individuos patentados por el Poder Público, mediante la fuerza, en la forma que la ley prescribe para los diplomas?

Esos individuos aprobarían sus Poderes, fabricados en la Secretaría de su amo, el mandón, con sujeción a las formas, y con la garantía tutelar de los diplomas; usurparían la representación popular, para sustentar, con servilismo y degradación, una tiranía o un Gobierno de casta o de familia.

Rosas, López, del Paraguay, los mandones de las provincias, antes y ahora, y todo atrevido audaz, han mostrado que, sin faltar a esas formas tan encomiadas, se puede suprimir totalmente las leyes y la Constitución.

La Legislatura de Buenos Aires se renovó durante los veinte años de la tiranía y, como ella, las de las otras provincias sometidas a la Federación, con sujeción estricta a las formas de los diplomas, y no por eso hubo libertad ni Gobierno representativo.

Si la garantía ésa es tutelar, ¿por qué dio por resultado Asambleas de imbéciles esclavos del tirano? No era el pueblo, exterminado y disperso, el representado en ellas; no tenía ni derecho a la vida; era la voluntad del tirano. ¡No! La simple posesión de un papel y la ocupación de un local determinado, no bastan para imponer al pueblo el capricho de unos pocos. Esa doctrina es liberticida. No se han inventado las formas para suprimir los principios; ellas son signos excogitados para cumplirlos y verlos cumplirse.

Entre el ideal filosófico del Gobierno libre y la práctica de él, el choque de los intereses y de las pasiones levanta obstáculos que alejan la realidad de la vida política de la concepción intelectual de ella; en absoluto, la idea abstracta del Gobierno es distinta de su fórmula concreta y, por eso, el progreso político consiste en la mayor aproximación a aquélla.

Un sistema de Gobierno es la combinación de una serie de principios armónicos y complementarios, cuyo conjunto asegura el bien y la felicidad del pueblo que lo adopta y, la manera de hacerlos prácticos, los procedimientos a través de los cuales son cumplidos y respetados, constituyen las formas, que sólo valen en cuanto garanten la verdad y el imperio de aquéllos.

Aunque necesarias, las formas son secundarias, alterables, al paso que los principios son primordiales y permanentes; ellas se subordinan a estos, buscando, en lo posible, su más infalible garantía. Un diploma de Elector expedido por las Mesas que la ley crea, para recibir los votos de sufragantes libres, crea la presunción de su legitimidad, pero no la verdad de haberse respetado, al expedirlo, el principio de la soberanía del pueblo, en cuya garantía se diera la ley reglamentaria por la cual es necesaria aquella forma; porque, una complotación de los Poderes Públicos, dueños de la fuerza y del Tesoro, podría violar el principio aparentando cumplir la ley, y si se atribuye a la simple exhibición del diploma, la importancia decisiva que el doctor Gallo le daba, quedaría invertido el orden normal de las Instituciones, subordinándose los principios a las formas.

Lo que desvirtúa la pureza de un principio fundamental, lo que conduce a la opresión, negándolo, no es ni puede ser su práctica verdadera; es espurio, es nocivo, y debe desecharse y condenarse. En esta condición estaba el hecho defendido por el doctor Gallo en nombre de una garantía tutelar.

La verdadera garantía de una democracia -el sufragio libre- había sido pisoteada por el Gobierno y por Gelabert, apoyados en la fuerza; lo habían sido los derechos y los fueros acordados a Delegados del pueblo. Los expulsados no eran ciudadanos particulares: llevaban títulos justificativos del mandato popular (si bien irregulares, algunos), no juzgados todavía por el Cuerpo de Electores, juez único.

¿En virtud de qué facultad los expulsó Gelabert?

El Reglamento no le autorizaba; la Junta no dio resolución, ni podía aún darla; la Constitución Provincial prescribía lo contrario; los principios generales condenan la violencia como medio legítimo. Queda solamente la fuerza como derecho y, efectivamente, ella fue el único fundamento y el medio del atentado.

El mismo presidente Gelabert, adelantándose a la oposición, puso en transparencia el móvil de su inicuo abuso, expulsando a todos los Electores "del pueblo" y admitiendo a Antonio Molina y Martín Ballejos, que no solamente carecían de diplomas, sino que fueron llevados ex profeso, porque eran instrumentos del candidato oficial.

¿Cuál fue la razón de la diferencia, si la garantía tutelar legitimaba lo primero? Si intrusos eran los expulsados con diplomas, ¿qué privilegio tenían los respetados, que ni un simple papel exhibieron?

La garantía tutelar acomodaticia sirvió para garantir el éxito de la candidatura oficial. ¿Obró ahí la razón; imperaron los principios; o fueron la fuerza y la conveniencia política las que engendraron el acto? No hay tratadista ni Constitución que consagre como principio conservador y de orden, el derecho de expulsión en las condiciones y formas practicadas por Gelabert; eso es brutal.

En cuanto al valor de los diplomas de forma popular, en ningún momento sostuvieron sus dueños que reuniesen todos los requisitos exteriores de una legalidad completa; comprendíase bien que faltaba en ellos la formalidad de ser expedidos por las Mesas Electorales establecidas por la ley; pero, al mismo tiempo, negaban la validez constitucional de los exhibidos por los Electores oficiales, con aquél requisito, porque no eran la expresión de la voluntad popular, sino el resultado de la coacción criminal del poder y de la supresión del sufragio.

Así, la cuestión a resolver consistía en determinar cuáles diplomas eran mejores: si los que adolecían de vicios de forma o los que tenían defectos radicales de fondo; y si la aprobación de los que reuniesen mejores condiciones importaría o no una violación de los principios fundamentales de la Constitución

El debate sobre este tópico debió trabarse en el Colegio Electoral; consumado el atentado de la expulsión, los Electores "del pueblo" se vieron privados de hacerlo en unión con los del poder, y lo llevaron a cabo entre sí, recta e imparcialmente, en la única forma dejada libre por el atentado.

La discusión habida al respecto fue del conocimiento general; las detalladas Actas de las Sesiones de la "Junta Popular" fueron publicadas y profusamente repartidas en Corrientes y en la República.

Los hechos notorios y escandalosos que antecedieron y siguieron a la elección del 16 de Noviembre, fueron examinados, “ante la letra y el espíritu de la Constitución de la Provincia, ante la letra y el espíritu de la Ley de Elecciones, ante los principios generales del Derecho Público”; y, como en dicho estudio, los diplomas oficiales nacidos de aquellos atentados no resistían al parangón, fueron declarados nulos, y válidos los opuestos.

No fue por espíritu de partido ni por necesidad del momento que a tal resultado se llegó; planteada la cuestión en los términos ya enunciados, la lógica condujo a dicha solución, como habría sucedido en una deliberación con los del poder, siempre que el procedimiento hubiera sido imparcial y recto.

El sufragio popular es la única fuente legítima de poder en las democracias; todo Organismo político regido por Instituciones republicanas, reposa sobre la base del sufragio. No es una fórmula: es una verdad conquistada tras largos padecimientos y largas luchas, primero por la inteligencia, después por los pueblos.

La monarquía misma ha tenido que inclinar su orgullo ante la soberanía popular, dándole casi igual puesto que a su origen divino, en algunas partes, o arrancando de ella su razón de ser, en otras. En la moderna filosofía política, en la letra de las Constituciones democráticas vigentes en el mundo, el pueblo es el rey y señor único de sí mismo, para el Gobierno y la administración de sus intereses; el que manda y obedece a la vez por las reglas de conducta que él mismo ha fijado.

De ahí la necesidad de poner en segura guarda, intocables, ciertas facultades y derechos que le conservan la integridad de su poder originario, so pena de exponerse, en caso contrario, a la esclavitud

El sufragio libre es el principal y más importante de todos esos derechos, porque constituye la fuerza creadora de las Instituciones y del Gobierno; en su verdad, en la pureza de su emisión libre, estriba la práctica real de la vida democrática, y sólo allí reside la garantía efectiva de la libertad política, como en el fraude o en la fuerza que lo desvirtúa; para imponer como voluntad general la de audaces opresores, está la causa de los Gobiernos personales y de las dictaduras.

Por eso, cuando un Estado se constituye bajo el sistema democrático republicano, al propio tiempo que -fundamentalmente- consagra el principio de la soberanía del pueblo, rodéalo de garantías, que en todo tiempo sustraigan su ejercicio de los abusos que lo desnaturalizan y destruyen.

La Constitución Nacional y las particulares de cada una de las provincias argentinas, tienen artículos expresos al respecto, siendo el más categórico y terminante el de la de Corrientes, que dispone:

Es inviolable la libertad electoral del ciudadano, y se prohíbe al gobernador de la provincia y también a sus ministros toda injerencia directa o indirecta en las elecciones populares.
Cualquier autoridad de la ciudad o campaña que por sí u obedeciendo órdenes superiores, ejerza coacción directa o indirectamente en uno o más ciudadanos, comete atentado contra la libertad electoral y es responsable individualmente ante la ley”.

Las formalidades bajo las cuales se emite el sufragio son para garantir el cumplimiento del precepto constitucional, que está sobre toda ley; la electoral es, así, una derivación de la Constitución y, del mismo modo que es nula toda ley que se opone a la Carta Fundamental, es también de ningún valor lo que, en virtud de la Ley de Elecciones, se haga en contravención al principio general, que preserva el sufragio de la corrupción.

En materia Civil y Criminal no hay inconstitucionalidad de leyes, sin previa declaración de la Corte Suprema; pero, tratándose de hechos inconstitucionales de carácter electoral, es un Cuerpo político -Legislatura o Colegio Electoral, según el caso-, el que los juzga.

Estos eran los principios que debían guiar a los Electores expulsados. De un lado, tenían diplomas expedidos popularmente, sin intervención de las Mesas establecidas por la Ley de Elecciones, pero que encarnaban la espontánea voluntad de los ciudadanos privados de ejercer el sufragio; del otro, estaban los diplomas hechos por los Jueces de Paz y los Comandantes Militares, con el visto bueno de Mesas constituidas ad hoc con apariencias de legalidad.

En los primeros, constaba el sentimiento verdadero del soberano, para la renovación del personal Ejecutivo del Gobierno; en los otros, se encubría la usurpación de la soberanía con el formulismo de la ley, sin que tampoco éste se hubiese observado estrictamente.

Los diplomas populares tenían, pues, irregularidades de forma, pero expresaban, en el fondo, la verdad del sufragio; los oficiales revestían las solemnidades de la forma, pero eran la prueba del delito de coacción y de la supresión del voto libre.

¿Cuál debía ser el criterio ajustado a los principios y a la Constitución, respecto de ellos? El de la "Junta Popular". La actitud de las autoridades, respondiendo a órdenes e instrucciones superiores, era un delito, un atentado contra el soberano, según los términos de la Constitución.

Un delito no funda derecho, provoca castigo; no da validez a los actos que engendra; destruye, por el contrario, la que sin él pudieran revestir. Absurdo sería sostener que al declarar la Constitución atentado la coacción de las autoridades, admita, sin embargo, la validez de una elección nominal hecha por ellas en provecho propio, con exclusión violenta del pueblo.

La nulidad de los diplomas oficiales procedía, pues, de la misma Constitución, y no había poder que la subsanase. El derecho del pueblo para elegir sus Representantes es originario; en ningún poder público lo ha delegado. El encargo conferido por la Ley Electoral a ciertas autoridades inferiores, de presidir los actos populares de elección, tiene el objeto primordial de garantir la libertad y la emisión del voto.

Siendo ese derecho de elegir, reservado al pueblo, no es admisible que la infidencia de esas mismas autoridades pueda producir el efecto de nulificarlo; esto sería lo mismo que decir que altas atribuciones no delegadas en los Poderes Públicos pueden ser abdicadas en favor de la traición.

La ley no confiere a las autoridades la facultad de suprimir una elección, ni de simularla o sofismarla. Reconocer efectos absolutos a semejantes actos, ejecutados intencionalmente para despojar al pueblo de derechos que nadie puede arrebatarle, equivaldría a sancionar un medio práctico decisivo de destruir ese fundamento del orden político constitucional.

Por consecuencia, si las autoridades encargadas de garantir al pueblo, la emisión libre de su voluntad, se niegan intencionalmente a cumplir su deber, ya no organizando las Mesas Receptoras de votos, ya instalándolas dentro de Cuarteles, cerrando la entrada con fuerza, ya disolviendo al pueblo; éste, soberano en ese acto(4), en cualquier forma que manifieste su voluntad y emita su sufragio, lo hace válidamente.

(4) Como una prueba de que el autor ha propendido siempre al triunfo de este principio fundamental, reproducimos el siguiente documento:
“Ministerio de Gobierno. Corrientes, 31 de Diciembre de 1879 -Circular-. El domingo, primero de Febrero próximo, debe elegir el pueblo tres Diputados al Congreso Nacional, a cuyo objeto es convocado en el decreto adjunto.
“La elección debe ser libre, absolutamente libre. La autoridad tiene la misión de garantir la verdad del sufragio en el acto electoral y antes; todo otro uso que haga de sus facultades, es criminal.
“En una elección, el pueblo es originariamente soberano y nada hay sobre él. Será destituido cualquier empleado que, directa o indirectamente, se mezcle en la elección, ya sea en los trabajos preparativos, ya sea en el acto de votar.
“Saludo a Vd. M. F. Mantilla”.
// Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

Consagrar este principio en el juicio trascendental de una elección, es el único medio de acabar con los Gobiernos electores y de consolidar la libertad, extirpando de raíz el germen de la revolución, fatal necesidad de los pueblos expoliados en sus derechos y sacrificados.

Las formas tienen su importancia relativa para la solemnidad y la más legítima verificación de los actos populares, bajo el imperio normal de la ley; pero la coacción y el fraude desnaturalizan, desde su origen, los actos oficiales.

Eso ocurría en Corrientes y, lo que en circunstancias ordinarias habría sido preferible -practicar nueva elección en aquellos Departamentos donde las formalidades legales no fueron rigurosamente guardadas- se hacía inaceptable. Conferir a las mismas autoridades refractarias el encargo de presidir nuevas elecciones, habría sido confesar, contradiciéndose, su capacidad moral para llenar esas funciones, y provocar a sabiendas los mismos escándalos.

Por otra parte: en los mismos instantes que los Electores "del pueblo" discutían sus diplomas, los oficiales aprobaban los suyos, y no quedaba otro temperamento porque optar, para salvaguardar los derechos del pueblo, que resolver definitivamente la aprobación de unos diplomas y la nulidad de los otros.

Los defectos de forma, emanados de las leyes reglamentarias, son ordinariamente dispensados en las Asambleas políticas, consultando, ante todo, la causa que los produce y la verdad moral del mismo acto; mientras que los vicios de fondo, que violan la Ley Fundamental, no son dispensables en ningún caso.

Había, aún, otro poderoso motivo para la anulación de los diplomas oficiales. Diez de los Electores gubernistas eran inhábiles para el electorado, según los artículos 27 y 55 de la Constitución, porque eran empleados a sueldo del Poder Ejecutivo y del Judicial, Diputados a la Legislatura, insolventes y menor de edad, uno.

La Constitución determina las cualidades precisas para ser Diputado y fija la diferencia que hay entre la capacidad de ser elegido y la capacidad para el ejercicio del puesto; de aquí se tomó argumento para defender el electorado oficial de los Diputados.

Pero, tratándose de Electores, la Constitución no establece diferencia alguna, pudiendo y debiendo haberlo hecho, si la hubiese; se limita a una prohibición general para todos los excluidos, resumida en esta frase: no pueden ser electores; de lo cual resulta que el inhibido, para ser elector, no puede ser elegido, so pena de caer en el absurdo de poderse elegir, por ejemplo, a un bancarrotero, que no puede ejercer el cargo. La diferencia constitucional tiene su razón de ser.

El electorado es una misión especial, de corta duración, sujeta a multa, creada así para facilitar la integración de la Junta y el lleno de su cometido; y tanto el desempeño de dicha comisión como la sanción penal establecida, serían ineficaces si aquélla dependiese de la voluntad del electo o electos.

Fluye de aquí, que es contraria a la letra y también al espíritu de la Constitución la interpretación rebuscada para sostener la validez de los diplomas de Diputados electores; es decir, que un Elector nombrado durante el ejercicio de un empleo incompatible con el electorado, puede aceptar la comisión renunciando aquél.

Esta teoría compromete la integridad de los Poderes de Estado y, hecha ley, establecería la injerencia del poder en las elecciones populares, echando por tierra la Constitución. La Asamblea Popular procedió correctamente al aprobar unos diplomas y desechar los otros.

La circunstancia de haber celebrado sus Sesiones en una casa particular, no comprometía su derecho. En una situación normal, libre de obstáculos, no tienen valor alguno los actos legislativos o del Colegio Electoral celebrados afuera del recinto ordinario donde se dictan las leyes; pero, en las anormales, aquéllas en que la ley se viola y la Constitución se escarnece; cuando hay imposibilidad material de ocupar el local preciso, ¿debe abandonarse el mandato popular para que los conculcadores de la ley se beneficien de serlo?

De ordinario, nadie tiene el derecho de matar, pero en defensa propia puede hacerlo. El derecho a la existencia atacada justifica la muerte del asesino. Del mismo modo, el Gobierno, que abusando de la fuerza, impide brutalmente a los "elegidos del pueblo" el ejercicio de su mandato, dónde y cómo la ley determina que debe ejercerse, no puede destruir, con su delito, los derechos atacados y, mucho menos arrancar de él legalidad para sus actos posteriores o los de los suyos.

Tanto en el orden civil como en el político, las violaciones de la ley crean responsabilidades, no prerrogativas. Los Electores expulsados no podían deliberar en la Legislatura; si hubiesen callado, si el atentado hubiese dominado en sus espíritus, habrían faltado a sus deberes.

Pacífica y normalmente pidieron el respeto de la Constitución, y fueron rechazados con la fuerza; entonces, entre el deber y el atentado, se instalaron en una casa deshabitada. La irregularidad nació de la expulsión; no fue voluntaria; la impuso la fuerza. Estaba, pues, justificada.

Para ese caso excepcional, imprevisto en la Constitución, no es racional exigir un procedimiento regular. En la alternativa de abandonar al delito el camino fácil o sostener los derechos del pueblo, ¿por cuál de los extremos se decidirá la rectitud?

Si la noción de la verdad y de la justicia tiene cabida en un alma; si el amor patrio inflama el corazón; es indudable que estimará natural y lógica la actitud asumida por los "electores del pueblo"; y aunque de ley no era el local, ante los hechos ocurridos, la imposibilidad de cumplir la ley era patente y eximía la desviación de ella en una formalidad.

Muchos ejemplos hay de Asambleas reunidas afuera del local de sus Sesiones, por motivos menos graves, habiendo sido sus actos perfectamente reconocidos. Los mismos adversarios de Corrientes, los que en todos los tonos condenaron a la "Junta Popular", hicieron peor en 1880, llevando por la fuerza al Salón Municipal de Belgrano el sedicente Congreso Nacional y, desde allí, en minoría, destituyeron a la mayoría y dieron leyes que, por tales, son tenidas en la República.

Los congresales de Belgrano fueron, sin embargo, traidores al deber y a la Constitución. Por espíritu de partido, sin motivo alguno que en la Capital de la República les impidiese el ejercicio tranquilo de sus funciones en el recinto ordinario del Poder Legislativo, desertaron de sus puestos, para coadyuvar en los planes de un presidente elector y de un candidato de fuerza, con la personalidad del Congreso Nacional, caricaturizada en una reunión de facciosos.

¡Y ellos decían, dos años antes, que era nulo cuando hizo la "Junta Popular", expulsada de la Legislatura por la fuerza! La pasión lleva hasta el absurdo. La validez del acto, como hecho normal, no fue sostenida; pero su legitimidad ante el escándalo que lo provocó, fue y será siempre inlevantable, y es, en casos semejantes, que el rigorismo de las leyes de forma, puede excusarse.

Bajo otros aspectos se defendió también la elección del doctor Derqui.

No hubo coacción oficial; hubo, sí, prensa libre y derecho de reunión garantido”, decía el doctor Gallo. ¡Maldita sea la historia si es escrita con la veracidad de aquella afirmación! El doctor Gallo repetía las protestas del doctor Derqui: ¿Qué delincuente confiesa su delito espontáneamente?

Algunos han existido que, flotando ya entre la vida y la muerte, aún proclamaban su inocencia. Los hechos de la "mazorca" rosista son grandes actos de patriotismo para sus autores y los secuaces del tirano; Solano López no reconoció jamás sus crueldades; los asesinatos y torturas consumados en el Estado Oriental durante Latorre y Santos, no han arrancado un anatema a sus agentes en todas partes; y siempre sucede lo mismo.

Cuando el doctor Gallo tomó sobre sí la responsabilidad de una afirmación tan solemne en el Congreso argentino, debe suponerse, la tuvo por cierta; pero, en su posición, era deber suyo verificar antes su exactitud, para no dejar tras sí la duda sobre el móvil de su actitud, desautorizado que fuese.

Si en Corrientes no hubo coacción oficial en las elecciones; si el pueblo gozó de libertad, porque había prensa libre y derecho de reunión; preguntamos: ¿Qué entendía el doctor Gallo, en aquel tiempo, por coacción y libertad?

Ser candidato a la Gobernación un ministro de Estado, cuando la Constitución prohíbe hasta la influencia oficial indirecta en una elección; matar, azotar, encarcelar y perseguir a los ciudadanos que resistían votar por el Ministro; militarizar la provincia para ahogar las manifestaciones de la opinión; prohibir el ejercicio de la soberanía, suprimiendo la elección popular... y tantos otros hechos, ya relatados, ¿eran pruebas de una situación libre, no ya ante la Constitución de Corrientes, sino ante cualquiera de pueblo civilizado; o, por el contrario, constituían una coacción inicua?

Perseguir a los periodistas; encarcelarlos; prohibir la circulación de diarios y hasta de boletines; abrumar con acusaciones oficiales una publicación; cerrar imprentas, ¿era garantir la libertad de la prensa? Disolver Clubes Políticos a balazos, prendiendo a sus miembros; someter a previa autorización de la Policía las reuniones menos ofensivas, ¿era respetar el derecho de reunión? Así fue la libertad cantada por el doctor Gallo.

Seguramente, él no la habría querido para sí; y también, si alguna vez hubiese experimentado lo que es la vida de los opositores y del pueblo en las provincias con gobernantes como Madariaga y Derqui, no habría dejado escapar de sus labios lo que oyó el Congreso.

Hay ciertos políticos en la República que no saben cuál es el aire de más allá de los suburbios de Buenos Aires. Llevan una existencia cómoda, propia del gran centro que habitan, con respeto amplio bajo todos los Gobiernos para el ejercicio de sus derechos civiles; son políticos por los puestos públicos que el favor del gobernante les concede, no porque hayan actuado en el más insignificante movimiento de opinión; no están en contacto con el pueblo, ni conocen los sacrificios y los merecimientos necesarios para serle querido y simpático.

Esos son, sin embargo, los que más hablan del pueblo y de la libertad, que si respetados fuesen, bien distanciados los tendrían de la vida pública. Cuando tratan de un hecho político provincial, argumentan con las prácticas, los usos y las costumbres de la población en que viven respetados en sus vidas, intereses, honor y hogar por sus adversarios políticos; y no dan crédito o aparentan no creer, que afuera de la Capital hay degüellos, robos, allanamientos de domicilio por asuntos electorales.

Viendo diariamente discusiones ardientes en la prensa, no creen posible que por el úkase de un gobernador, de un ministro, de un simple Juez de Paz, se cierre o se empastele una imprenta, se prenda a un periodista y se dé de palos a repartidores de diarios.

Connaturalizados con el respeto de los agentes de la autoridad a los ciudadanos, que no infringen la ley, no comprenden que aquéllos desnuden a un hombre en media calle para registrarle.

Con el criterio de esos políticos, juzgaba el doctor Gallo. Cuando se critica la actitud viril de un pueblo, amante de su libertad, no es la palabra de los felices sin sacrificios para asegurarse su estado la que más peso tiene; ellos jamás encuentran malos los medios que han servido para elevar a sus benefactores. El doctor Gallo no conocía Corrientes, ni sus hombres, ni los sucesos ocurridos.

Un día solo que le hubiesen conducido a la cárcel sin causa, o que se hubiese visto condenado a perder pleitos justos por ser enemigo del Gobierno, o registrado en la calle, o asaltado en su casa, o puesto en la necesidad de escribir artículos de diario con una pistola sobre su mesa, o rechazado de una elección por la fuerza pública, o echado de un centro político o social por soldados de policía -atentados y vejaciones a que estaban sometidos los opositores a la candidatura del doctor Derqui-, jamás habría concluido de maldecir la tiranía aquélla.

En igual caso que la afirmación referente a la libertad electoral, están las relativas a los actos de la Junta Oficial, declarados válidos porque era juez único de la elección y sus miembros no tenían impedimento legal. Decir que las resoluciones de los Electores oficiales fueron legales porque las adoptó el juez único, era resolver la cuestión por la cuestión misma. Eso constituía, precisamente, el punto discutido.

Admitida la legalidad de sus poderes, había que aceptar sus procedimientos; pero, dicha legalidad no existió ni fue reconocida más que por ellos mismos; desde un principio fueron tachados de nulos y fraudulentos; y por la ocupación de la Legislatura, con exclusión violenta de los Electores "del pueblo", no se subsanaron los vicios.

¿Cuál era, pues, la Junta, juez único por la Constitución? O ninguna, según los hechos ocurridos, o la "Popular" por la superioridad de su composición, ante la ley y los principios generales.

Aunque la Junta Oficial no hubiese expulsado a los "electores del pueblo", la inhabilidad constitucional de sus miembros bastaba para nulificar sus actos. Los defensores del doctor Derqui negaban igualmente esto; su verdad tenía por desmentido los actos oficiales del Gobierno.

Lucio Alfonso, Elector por Itatí, era Juez de Paz del pueblo de Santa Ana, nombrado por decreto del 26 de Diciembre de 1876; Ramón Lotero, Elector por Santo Tomé, era Juez de Paz de Candelaria, nombrado en la misma fecha; Nicasio Vedoya, Elector por Bella Vista, era Juez de Campaña en San Roque, nombrado en la misma fecha; Manuel Fernández Gómez, Elector por Curuzú Cuatiá, era Juez de 1ra. instancia en lo Civil, Comercial y Criminal de la jurisdicción de Goya, interinamente, según propia declaración del doctor Gallo en el Congreso; Abelardo Torres, Elector por Paso de los Libres, era Agente Fiscal del Tribunal del mismo Departamento, nombrado por decreto del 23 de Octubre de 1877.

Estos empleados a sueldo del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, ejercían sus funciones durante las elecciones, y continuaron en sus puestos, a pesar del electorado, antes y después de nombrado el doctor Derqui. Además: tres Electores eran Diputados: Gelabert, Gallino y Pujol; uno era menor de edad, Antonio Ramayón, y otro insolvente, Segundo Ramírez(5).

(5) Demandado por cobro de cuatrocientos pesos ante el Juez Nacional de Sección, se dio orden de embargo, y manifestó que nada tenía. Nombrado, poco después, Diputado, por los federales, la Legislatura federal desaprobó su elección, porque era insolvente. El expediente de la demanda debe existir en el archivo del Juzgado Federal. // Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

La Constitución ordena que los ciudadanos de las condiciones de los nombrados, no pueden ser Electores. ¿Podrían ser elegidos?

El Diputado, doctor Carlos Pellegrini, sostuvo la afirmativa, “con tal que en el momento de ejercer el electorado estén libres de la tacha”, decía. Defendió un error. En el momento de ser elegido y en aquél en que ejerce el cargo, debe todo Elector reunir las condiciones constitucionales; no puede ser Elector y no puede ser elegido Elector, son términos sinónimos a los objetos del cargo.

Un insolvente, un bancarrotero no puede ser Elector y si, no obstante, fuese elegido y por un azar de la fortuna, paga sus deudas y recobra su crédito en la época en que debe ejercer el cargo, ¿sería un Elector legal? No; porque las condiciones precisas puestas por la ley para fundar la capacidad política de un ciudadano para un cargo, deben reunirse en él en el instante de ser investido del cargo pues, de otro modo, no puede ser elegido; y como la investidura del electorado nace de la elección y no del ejercicio, la inhabilidad es evidente.

Lo mismo sucede con el empleado a sueldo y el Diputado, colocado en la misma línea que el insolvente y el bancarrotero. El objeto de la prohibición, para ellos, ha sido alejar de las elecciones populares la injerencia oficial, de acuerdo con la prohibición constitucional que responsabiliza a los miembros del Ejecutivo y a sus empleados, de la intervención directa o indirecta que tomen en elecciones.

No se cumpliría la mente de la Constitución, si a pretexto de la diferencia rebuscada, pudiese elegirse a los que no pueden ser Electores. De gobernador abajo, todos los empleados serían elegibles y, en un mal Gobierno, elegidos, renunciando por fórmula sus puestos uno o dos días antes de reunido el Colegio, para llenar la forma, con la seguridad de continuar en ellos después. Eso sería una farsa grosera, un escándalo permanente.

El Comandante Militar, azote de un Departamento, y el Juez de Paz, sultán irresponsable de una circunscripción de campaña, ambos elementos de los Gobiernos electores, ¿tendrían freno para sus tropelías y crímenes, estando a su alcance el electorado y sus inmunidades?

La máquina gubernativa sería una guillotina para el sufragio popular, y el Poder Público el único elector. La Constitución, lejos de abrir puerta a semejantes despropósitos, las cierra con sus perentorias declaraciones, garantiendo con repetición el principio fundamental del Gobierno libre -la soberanía popular- fantasma aterrador para los malos.

Prescindiendo, sin embargo, de las anteriores consideraciones, los Electores oficiales no podían hacer nombramiento válido, según la tesis del doctor Pellegrini, porque ninguno hizo dimisión aceptada de su empleo. Gelabert, Gallino y Pujol continuaron siendo Diputados; Torres siguió en la Fiscalía de Paso de los Libres; Lotero, Alfonso y Vedoya, permanecieron al frente de sus respectivos Juzgados; Fernández Gómez dejó el Juzgado de Goya, cuando se hizo cargo de él, el doctor González, y después del nombramiento de Derqui. Estas afirmaciones están basadas en el Registro Oficial de la época y en “La Verdad”: pruebas intachables.

Juzgue ahora el lector, cuál de las dos elecciones se armonizó más con los principios constitucionales y los generales del sistema republicano; y, por consecuencia, de qué lado estuvo la razón. Para el pueblo no había duda: Su terreno era firme, su derecho incuestionable. Llevó, pues, adelante su defensa.

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