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El enfrentamiento armado se hace inevitable

La hora era realmente de crisis. Alarmado con antecedentes que aseguraban el conflicto armado, el presidente de la Nación, doctor Nicolás Avellaneda, acreditó una misión de paz y conciliación, confiándola a sus Secretarios de Estado, doctores José María Gutiérrez y Victorino de la Plaza, en las carteras de Justicia, Culto e Instrucción Pública y Hacienda, respectivamente.

Esta mediación amistosa del presidente de la República abrió un paréntesis de tregua en los sucesos. Las fórmulas planteadas no podían tener otra base que la permanencia del doctor Manuel Derqui en el P. E., desde que su magistratura enlazaba en el orden cronológico de las Instituciones, y porque en ningún momento se pusieron en debate los actos del gobernador cesante, José Luis Madariaga.

El Gobierno Nacional, al mantener comunicaciones con éste y al abrirlas con el doctor Derqui, creó también un orden de cosas cuyo respeto debía perseguir. Con este criterio, se brindó a la oposición una serie de soluciones prácticas, que le habrían entregado el control de los actos institucionales de la provincia, poniéndola en condiciones de impedir y castigar excesos o renovar la cuestión política desde planos más lógicos.

A pesar de las razones expuestas y de otras manifestadas a los mediadores del presidente Avellaneda, estos no dieron por fracasada su misión y creyeron, todavía, poder llevar a los liberales al terreno del acuerdo. Comenzaron nuevos trabajos. Llamaron uno a uno, a todos los miembros del Club Constitucional, a fin de comprometerlos personalmente. Inútil expediente.

Teniendo como base la permanencia del legítimo Gobierno de Derqui, la misión propuso varias fórmulas que, finalmente, no fueron aceptadas por los liberales. Los más intransigentes eran los nacionalistas, encabezados por el seudovicegobernador Juan Esteban Martínez, quienes mantenían gente armada en los campos y en los montes, estando al frente de ella el hermano de aquél, Plácido Martínez.

El Partido Liberal no aceptó. Su reciente unidad politica se hubiera dislocado, tanto más cuanto los liberales del grupo nacionalista, que habían aceptado en el acuerdo interno una situación de inferioridad -pues tenían en la fórmula, el segundo término, con el doctor Juan Esteban Martínez- extremaban los procedimientos.

Lo habían hecho desde el acto electoral, el 16 de Noviembre, en la zona de su mayor influencia -Goya y Esquina- adueñándose con cantones bien armados del lugar de los comicios y continuaban haciéndolo, conservando grupos en armas en los campos y los bosques impenetrables. Uno de sus dirigentes, Plácido Martínez, era el jefe de esta resistencia aparentemente pasiva, pero en cuyo fondo bullían elementos listos para una lucha franca.

La intransigencia se cubrió con el argumento de que el liberalismo no reducía la cuestión a un reparto de empleos y, fracasada la misión y retirados los ministros nacionales, estallará la insurrección de acuerdo a planes largamente madurados.

Como hombres y como partidarios, todos se negaron decididamente a contribuir “a la santificación del escándalo”. Los empeños no fueron ya entonces de simple amistad o por convencimiento; iban acompañados de la prevención que el Gobierno Nacional estaba resuelto a sofocar cualquier movimiento armado. La idea de los Comisionados parecía haber sido arrancar el asentimiento para el arreglo por medio de la amenaza.

Ninguno retrocedió; uniformemente, reprodujeron todos las razones ya aducidas en contra de las bases rechazadas, agregando que “si el Gobierno Nacional no hacía justicia al pueblo (liberal)”, definiendo constitucionalmente el conflicto, y “reconocía la legalidad de la usurpación, preferían sucumbir con honor a salvarse con deshonra, defendiendo sus derechos en la forma que les permitiera el abandono de que eran víctimas y sin despreciar medios lícitos, pues la actitud del pueblo jamás podría ser clasificada de revolucionaria desde que había cumplido con abnegación sus deberes patrióticos y no había para él otro gobernador que el doctor (Felipe José) Cabral(1).

(1) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

Esto era un grito de guerra. Era un soborno a los comisionados federales; si no tenían el poder total, habría sangre. "Cabral o sangre", fue la consigna. Eran aspiraciones excesivas las solicitadas por la oposición.

Desde la oposición señalaban que los ministros pretendían de los liberales “lo que (Derqui) imponía, siendo él el único cuya opinión no debieron consultar, por haber sido el causante de todos los males; pedían a los despotizados, al dueño originario del poder, con encubiertas amenazas, lo contrario de los que tenían el deber de imponer al (gobernador)”.

Para los liberales, la misión presidencial reclamaba -en nombre del patriotismo-, “la consagración (del Partido Autonomista) y la vergüenza eterna del Partido Liberal, el arraigo del arbitrario y la muerte de las Instituciones”.

"Los ministros De la Plaza y Gutiérrez -decía un telegrama del ministro Desiderio Rosas-, hacen esfuerzos patrióticos para traer a la oposición a un terreno amistoso y conciliador, pero ella tiene pretensiones desmedidas, que los Señores Ministros han tenido que desechar y condenar abiertamente.
El doctor Derqui secunda patrióticamente los nobles esfuerzos de los señores De la Plaza y Gutiérrez(2).

(2) Telegrama del ministro Desiderio Rosas al Jefe Político de Goya, Angel Soto. // Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor. Se refiere a uno de los ministros del gobernador Derqui, Desiderio Rosas.

De estas afirmaciones del ministro de Derqui, transmitidas como datos ciertos a las autoridades de campaña, es a las que se aferran los liberales para señalar que era mentira que “la misión fue hostil al Gobierno”, especializando el cargo contra el doctor Gutiérrez.

Mientras los nuevos empeños corrían, llegaron de la campaña malísimas noticias. Es que se había retomado la violencia, después de una corta tregua iniciada al recibir la visita de los mediadores.

Se supo que el coronel Marcos Azcona fue asaltado en su casa, en horas de descanso, por una banda de asesinos, que descargaron sobre él varios tiros que, felizmente, sólo dieron en la almohada y el colchón. Despertado por las detonaciones y seguido de sus asistentes y peones, persiguió a los asesinos, prendiendo a uno de ellos; por él supo quién los mandaba: era nada menos que el Comandante General del Sur, Luciano Cáceres.

Con aquella grandeza moral que había dentro de su físico humilde, díjole: “Vete y di a quien los ha mandado que al fin me obliga a tomar mi lanza”.

Quince días después, el mismo individuo fue hecho prisionero por un ayudante del Coronel, en un encuentro cerca de Mercedes y, traído a su presencia, dándole una onza de oro, le dijo: “Vete pronto de aquí y con cuidado, porque mis soldados podrían darte muerte, por lo de vez pasada”.

Este era el temple moral del hombre condenado a morir por la Federación. Sus opiniones y su influencia eran su delito.

El coronel Marcos Azcona, la primera lanza de la República -como decían de él- había ganado sus galones, uno a uno, en los campos de batalla, a la sombra de la bandera nacional. Carecía de instrucción y, aunque de humildísima familia, llegó a una elevada jerarquía militar en el Ejército de línea, por su valor y por sus naturales cualidades para la guerra.

Las campañas del Paraguay y de Entre Ríos hicieron su fama en la República. Un soldado de sus méritos y servicios, manso e inofensivo, retirado en su estancia de Paiubre, era acreedor al aprecio de sus conciudadanos.

Ninguno mejor que él podía pretender, en Corrientes, la influencia ilegítima del caudillo militar, porque tenía gloria, fama y prestigio en las masas; pero nunca dio abrigo en su alma a semejante error que, a no dudarlo, hubiera marchitado sus laureles. Fuera del servicio activo, era su vida la de un honrado y laborioso hacendado.

Por sus ideas y por su índole, pertenecía al Partido Liberal, siguiendo la tradición de su padre y de su tío, soldados de los generales José María Paz y Joaquín Madariaga. En la lucha electoral contra la candidatura oficial, ocupó su puesto cívico en las filas del Partido Liberal, sin que los desaciertos del poder le arrancasen de la línea pacífica de conducta que se había trazado.

Para sus adversarios no tenía, sin embargo, ni la inmunidad de la gloria, ni el derecho a ser respetado en su hogar; haber consagrado su vida al país y defendido sus Instituciones, “hacían de él un estorbo que debía desaparecer a golpes de asesinos”.

Los liberales influyentes, “más felices que el coronel Azcona”, eran perseguidos y prendidos; de ese modo, los más dignos y notables de la campaña fueron obligados a buscar refugio en los montes, como delincuentes o malhechores, u ocuparon prisiones. Robos y saqueos destruían propiedades de los liberales.

Pero estos no se quedaron atrás. Por fin, dada por fracasada la mediación y retirados los comisionado, estalló la sedición, a pesar de que en el periódico “La Libertad” se negaba terminantemente que ello fuera a ocurrir.

De acuerdo a los planes trazados con anterioridad, Plácido Martínez salió de los bosques de su refugio -en Concepción- y al frente de 500 hombres sorprende y toma las Guardias que el Gobierno tenía en los pasos Chañaral y Borda -del río Batel- y Lucero y Caá Guazú, del Corriente.

Incorporado a sus fuerzas, el coronel Raymundo F. Reguera -jefe que antes se había distinguido por estar siempre al servicio del orden constitucionalquien levantó la campaña de San Roque, avanzaron sobre este pueblo, chocando en Cañada Mala con fuerzas del Gobierno, a las órdenes del coronel Soto, a quien vencieron.

En Mercedes se pronunció a favor de la insurrección el coronel Marcos Azcona, -popular por su valor- se pronuncia en armas y con la cooperación de Romero, Acuña, Llopart, Araujo, Avalos, Verón, Salazar, Reina, Ocampos y Torres forma una División que se interpone entre las fuerzas pronunciadas en el centro de la provincia y el coronel Luciano Cáceres, jefe de las del Gobierno, organizadas en Curuzú Cuatiá.

Por el lado autonomista, Onofre Aguirre hizo arrear toda la caballada y un trozo de trescientos animales vacunos del establecimiento de Enrique Romero, en el Departamento de Goya, destinando al capataz del mismo a tropas de línea, porque Romero no había sido capturado(3).

(3) Telegramas del ministro Desiderio Rosas al Jefe Político de Goya. // Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

Las casas de campo de Juan Maidana, Perfecto Solís, Manuel Benítez, Ramón Canteros, Francisco Bolaños, Félix Maidana, Pastor Sánchez -todos vecinos liberales de Concepción- fueron saqueadas e incendiadas por orden de la autoridad. Las estancias de Galárraga, Cabral y señoras Lagraña, también fueron saqueadas, arreándose de una de ellas, para el consumo, trescientos animales de cuenta y en buen estado(4).

(4) Orden de Wenceslao Lugo, publicada en el periódico “La Libertad”. // Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

Las caballadas de todos los establecimientos pastoriles fueron arrebatadas y repartidas a las fuerzas de Derqui. En la misma Capital, a las barbas de los Ministros, fue asaltada y saqueada la casa de Benito Fava.

Naturalmente, los nuevos atentados fueron denunciados a los Ministros. Victorino De la Plaza, que en todo repetía los datos y las afirmaciones del gobernador, atribuía a exageraciones de partidistas las denuncias, “mientras que su colega (Gutiérrez) veía, tristemente, la realidad, sin poderla remediar”.

El 1 de Febrero de 1878, se recibió de Goya el siguiente telegrama:

Buscan a Plácido Martínez; van a matarlo si lo encuentran.
Benigno (hermano de Plácido), está preso; el mayor Enrique Romero, con grillos; están presos, también, Cocheré y Servando Martínez. Piensan prender a todos. Me he ocultado.
Salen fuerzas a campaña. No hay más alternativa: o nos defendemos con las armas o esclavos.
V. Virasoro”.

Momentos después, llegó este otro, de Bella Vista:

Soto sale con fuerzas a prender a Reguera en su estancia. Los capitanes Niz, Domínguez y Correa remitidos presos a ésa.
Mañana embarcarán fuerzas de aquí a Esquina. ¿Qué hay?
F. Delfino”.

Derqui había ordenado un movimiento general contra el movimiento subversivo liberal, cuya avanzada se refugiaba en los montes. A Soto, de San Roque, le ordenó lo siguiente:

Hostilizar cuánto antes a Plácido Martínez, a quien saldrán a perseguir fuerzas de Goya, y trate de asegurar a Reguera”.

El ministro (Desiderio) Rosas salió de la Capital, en un buque expreso, con armas y soldados de infantería, para la mencionada operación. “No satisfecho Derqui con haber tomado por asalto el poder, y perseguir y oprimir, quiso todavía obligar a las víctimas a resistirse con las armas; por ese camino creía triunfar más pronto, pues conceptuaba fuerte su base militar(5).

(5) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

La oposoción pasó a la resistencia armada. Intentonas de asesinato, robos, prisiones, engollamientos, campaña militar abierta, se registraron de ambos lados. El arreglo era, pues, imposible, aun estando en vías de solución; ¡la perfidia rompía con todo!

Llegaba, por consiguiente, la necesidad fatal de la lucha armada, ese recurso último de los pueblos oprimidos que no quieren ser esclavos. Autonomistas y liberales habían agotado sus medios pacíficos, habían resignado en la esperanza de una solución tranquila. Las acusaciones por el inicio de la lucha fratricida fueron mutuas.

- Imputan al presidente el “reconocimiento de la usurpación”

La oposición decidió imputar la crisis al presidente Avellaneda. Las palabras de Mantilla nos permite observar el momento:

La misión oficiosa del presidente Avellaneda, como se ve, no tuvo otro objeto que el afianzamiento de Derqui; el máximum de las proposiciones de sus Ministros fue el reconocimiento de la usurpación. ¿Prescribía eso el deber; era ése el resultado de la Conciliación?
La época calamitosa de las imposiciones brutales había preparado, a los pies del mandatario sin escrúpulos, un volcán próximo a arrojar lava y, para conjurar el peligro, él se vio en la necesidad de reconocer los derechos del pueblo, declarando cerrado el régimen de la fuerza. Fuéle preciso temblar para proclamar su deber.
Pues bien; lo que los Ministros de la Conciliación pretendieron hacer triunfar en Corrientes, fue lo condenado en ella. El conflicto nacía de la supresión completa de las libertades públicas, por el abuso criminal de la fuerza, y la solución propuesta daba el triunfo al delincuente, reduciendo al pueblo a la categoría de siervo.
¡La muerte política de un pueblo! ¡Entre el interés personal de un hombre y los legítimos y permanentes de una provincia argentina, el presidente y sus ministros no hallaron otra solución que hacer el gusto a Derqui!
Con la máscara de mentida concordia, ante los temores sombríos de una conflagración nacional y de una guerra con Chile, se quiso poner la cadena del esclavo al cuello de un pueblo viril y meritorio cuando, precisamente, por esos motivos, debieron salvar los principios para asegurar la paz en el derecho y en la justicia.
A esa política, que se decía consultar los intereses generales, respondió el pueblo excluido del bien con firme resistencia y enérgica actitud. Si él no cuidaba de sí, ¿quién lo haría? Solo y abandonado, sin merecer atención ni inspirar respeto, era el único llamado a defender sus derechos y salvar sus instituciones; su patriotismo y su paciencia estaban agotados en la esfera de la paz, y su libertad, su tranquilidad, la religión de su pasado, su porvenir, atropellados estrepitosamente, dependían únicamente de su esfuerzo.
¡Sonaba la hora del deber supremo! Si los Ministros cumplían su misión, defendiendo las pretensiones de Derqui, sin resultado alguno, el pueblo iba a cumplir también su deber, mostrando con sangre que valía más que el usurpador(6).

(6) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

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