El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

La política en tiempos de Manuel Derqui

- Control electoral y exclusión de opositores

El sistema político impuesto en la presidencia de Nicolás Avellaneda y, posterioremente solidificado en los tiempos de Julio Argentino Roca, usó los instrumentos del Estado para dirigir los resultados comiciales y anuló la competencia entre partidos.

El siglo XIX mostró períodos de alta competencia electoral, tal como ocurrió en las décadas de 1820 o 1860. Sin embargo, ésta no siempre era aceptada: muchos políticos e intelectuales procuraron instaurar otras formas de hacer política que, sin cuestionar los principios republicanos, garantizaran el desarrollo sin sobresaltos de las votaciones que legitimaban la representación y el acceso a los cargos de gobierno.

Por lo tanto, durante el siglo XIX, a los momentos de alta competencia electoral con disturbios y enfrentamientos, siguieron otras etapas en las que se privilegiaron, o los acuerdos o el control del voto.

Durante los años de la Confederación rosista, por ejemplo, los candidatos se imponían desde arriba, mediante una lista única, y no se toleraba ninguna clase de oposición. Tras la derrota de la insurgencia mitrista de 1874 -motorizada por las denuncias de fraude electoral en contra de las candidaturas de su partido- el flamante presidente Nicolás Avellaneda propuso un sistema conciliatorio, que finalmente fracasó.

Se trataba de acordar las listas electorales entre los partidos enfrentados, para evitar confrontaciones el día de la elección. La lista pactada terminaría con la competencia electoral y, por lo tanto, con los conflictos.

Ante el fracaso de esta política, el sucesor de Avellaneda, Julio Argentino Roca, solidificará una etapa en la que se impondrá una política de control de las elecciones sobre la competencia y los acuerdos. La exclusión lisa y llana de la oposición, mediante el uso de los instrumentos del Estado, hizo que muy pronto se denunciara a este sistema como un verdadero régimen oligárquico.

La primera etapa de este régimen fue la que se desarrolló entre 1880 y 1890, bajo el liderazgo de Roca. Una vez en el poder, uno de sus objetivos centrales fue pacificar la vida política y controlar los resultados electorales, especialmente aquellos vinculados con la elección presidencial, mediante el manejo del sufragio desde el Gobierno.

Para esto ideó estrategias que garantizaran la contención de los conflictos y de los enfrentamientos entre partidos, sobre todo, en tiempos electorales. Si la sucesión presidencial era controlada por el presidente en ejercicio, si la oposición más extrema era neutralizada y si los opositores moderados eran cooptados, es decir, incorporados al partido oficial mediante acuerdos y negociaciones recíprocas, la política adquiriría una dinámica diferente.

Roca deplorará estos conflictos en tanto, según su particular visión de la política, entorpecían la marcha de la Argentina hacia el progreso económico: el progreso, la competencia y la violencia política no podían coexistir. La noción de “revolución” debía ser eliminada del vocabulario político: lejos de ser una expresión de la virtud ciudadana -como creían Mitre y sus allegados- era la causa de todos los males de la República.

El resultado de esta concepción tuvo como consecuencia la instauración de un régimen político que se articuló a partir de una fortísima influencia del Gobierno de turno en los procesos electorales y que gozó de un notable éxito durante una década. En efecto, fue recién a partir de 1890 cuando mostró su primera gran fisura.

En el marco del esquema republicano, representativo y federal -instituido por la Constitución de 1853- cuatro fueron las Instituciones que, a partir de 1875, adquirirán particular centralidad en el desarrollo de la vida política: el Poder Ejecutivo Nacional, el Senado de la Nación, el Colegio Electoral y los gobernadores.

Los gobernadores fueron una pieza clave en su coordinación y articulación y el PAN (Partido Autonomista Nacional) fue el instrumento utilizado por la presidencia para materializar y garantizar el éxito de este régimen. El presidente tenía por objetivo central ser “el gran elector”, es decir, controlar la sucesión presidencial desde el Gobierno.

El principio constitucional de la no reelección presidencial -no se podía ser presidente por dos períodos seguidos- exacerbó la ambición del presidente en ejercicio por imponer a su sucesor, con la esperanza de que -en la próxima elección- éste le devolviera el favor.

Para esto, fue fundamental el diseño y puesta en funcionamiento de un complejo juego de intercambios y reciprocidades entre distintas Instituciones de la República y sus miembros.

En cada distrito (las provincias y la capital) los ciudadanos votaban por una lista de Electores y la que obtenía el mayor número de votos ganaba la totalidad de los Electores correspondientes al distrito. Los Electores eran designados mediante un sistema de lista completa, sin representación de las minorías.

En general, los Electores actuaban en bloque, según los distritos, y votaban sin fisuras. Eran entonces los acuerdos entre el presidente saliente y los gobernadores (jefes políticos de los Electores de segundo grado), los que definían una elección.

Usualmente, los acuerdos fueron exitosos: a partir de 1886, los presidentes solían ganar con, por lo menos, el 80 % de los votos de segundo grado. Un grupo amplio y estable de provincias conformó una especie de coalición que, invariablemente, prestó apoyo a la fórmula presidencial victoriosa: Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero.

Otras integraron una oposición circunstancial: Mendoza en 1892 y Entre Ríos en 1904. Otras, una oposición reiterada: Buenos Aires en 1880, 1886 y 1898; Tucumán, en 1886, 1892 y 1904; la Capital Federal, en 1898 y 1904; Corrientes, en 1880 y 1898.

En general, las provincias de coalición invariable no sumaban más del 50 % de los Electores. Por lo tanto, resultaba esencial lograr el fraccionamiento de los Electores de las provincias de oposición eventual o repetida, para lograr la mayoría. Estas negociaciones se realizaban fuera de la práctica electoral. En esta instancia, las provincias y los gobernadores gozaban de un rol central.

Los gobernadores asumieron la función de agentes del presidente en las provincias y de una u otra manera se incorporaron al juego político roquista. Intervenían en la confección de listas de los legisladores provinciales y nacionales, lideraban las negociaciones en la Legislatura local para la elección de los Senadores Nacionales y prestaban especial atención a la confección de la lista de Electores a presidente y vicepresidente.

Las negociaciones en el seno de las élites provinciales en torno a las elecciones legislativas locales, gozaban del mismo entramado de negociaciones que una elección presidencial y las reuniones y tertulias previas a la elección, así como las estrategias de cooptación del electorado estaban a la orden del día. De hecho, una elección legislativa provincial tenía clara repercusión nacional porque eran las Legislaturas Provinciales las que votaban a los Senadores Nacionales y al propio Gobernador provincial.

El gobernador saliente solía negociar su apoyo electoral para su sucesión, a cambio de un cargo de Senador Nacional. Así, el Senado se mostró como una Institución conservadora; acogió a gran número de ex presidentes y ex gobernadores. El Senado Nacional conectaba a las élites políticas provinciales, para convertirlas en una verdadera élite nacional.

El acuerdo entre el presidente, el Senado y los gobernadores otorgó muy buena salud al sistema de pactos y alianzas sobre el que se sostuvo el régimen.

Además, el presidente gozaba de un instrumento que podía usar si los acuerdos o los rumbos provinciales no eran de su conveniencia: la Intervención Federal. Si bien la Constitución señalaba que ésta sólo debían ejecutarse cuando las Instituciones republicanas estuvieran en peligro, las Intervenciones tuvieron muchas veces un estricto sentido político.

Desde 1880 y, por lo menos hasta 1890, su intensidad y repetición fue muy baja: entre 1854 y 1880 hubo 35, mientras que en el primer mandato de Roca hizo efectivas sólo dos, lo cual revela su habilidad para articular alianzas sin recurrir a este mecanismo.

- El gran partido

Se puede identificar otro instrumento fundamental -de lo que luego se dará en llamar el “roquismo”- sin el cual el sistema de alianzas, tejidas a nivel institucional, hubiese sido decididamente imposible: el Partido Autonomista Nacional (PAN). Este partido fue inicialmente una liga de gobernadores fundada en tiempos del presidente Avellaneda (el gobernador correntino Manuel Derqui formaba parte de ese entramado).

Pero la insurgencia liberal de 1877/1878 cambiará esa situación y en esa Liga estarán todos los gobernadores provinciales, menos los de Corrientes y Buenos Aires, que apoyarán la candidatura de Carlos Tejedor.

El PAN se formó a partir de la alianza de dirigentes provenientes del viejo Partido Federal urquicista y del Partido Autonomista porteño, dirigido por Adolfo Alsina. Desde la derrota de la sedición bonaerense de 1880 y hasta la nueva insurgencia de 1890, el PAN contó con las 14 gobernaciones provinciales. Sólo emergerá una leve y poco próspera oposición en 1885, liderada por el llamado Partidos Unidos, bajo el mando de Dardo Rocha y Bernardo de Irigoyen, opositores a la candidatura de Miguel Juárez Celman.

El PAN no era un partido de principios ni una estructura destinada a organizar la práctica electoral. No tenía ninguna forma de organización interna ni un sistema para promover candidaturas. Se sostenía a partir de los acuerdos entre los gobernadores y las diferentes élites provinciales.

Por ello, a la hora de las elecciones era imbatible. Sin embargo, o tal vez por esa razón, los conflictos y los enfrentamientos, que no habían sido erradicados de la política argentina pese a las pretensiones de Roca, se trasladaron ahora a su Interior, a través de la formación de ligas que competían entre sí.

De 1880 a 1886, las ligas fueron cuatro: la liga roquista, sostenida por el presidente de la Nación y presidente del partido; la liga de Dardo Rocha, gobernador de Buenos Aires entre 1880 y 1884 y aspirante a la presidencia en 1886; la liga de Juárez Celman, cuñado de Roca, líder del PAN en Córdoba, exitoso forjador de alianzas provinciales y presidente en 1886; y la liga de Bernardo de Irigoyen, ministro de Relaciones Exteriores y ministro del Interior durante la presidencia de Roca.

La interacción de estas ligas al interior del PAN provocó serios conflictos, que se manifestaron en choques electorales, insurgencias, intervenciones federales, juicios políticos o asesinatos.

En el caso de Jujuy, por ejemplo, la provincia permaneció aliada a Roca. Sin embargo, los conflictos derivados de las elecciones presidenciales de 1880 provocaron, en 1882, la renuncia a la gobernación del tradicional líder de la dirigencia jujeña, Plácido Sánchez de Bustamante. Para evitar que la provincia adhiriera más a la liga de Rocha que a la de Roca, el presidente hizo rápidas negociaciones con miembros de las facciones opositoras jujeñas, que actuaron contra Sánchez de Bustamante y se constituyó como garante en un compromiso entre ambos bandos.

Este compromiso consistía en compartir el poder alternándose en los principales cargos de Gobierno provincial y nacional. Por este acuerdo, Roca se aseguró el apoyo jujeño y una injerencia directa en su política interna.

Además de los acuerdos protagonizados por el presidente, otro mecanismo que caracterizó la disputa y el juego entre las ligas fue la competencia electoral a nivel provincial. En esos momentos, los grupos provinciales, que respondían a diferentes ligas a nivel nacional, medían sus fuerzas.

Esto ocurrió, por ejemplo, en Entre Ríos. Allí, las ligas roquista y juarista -inicialmente enfrentadas- se unieron en las elecciones de 1882 para impedir que Ramón Febre, presunto rochista, llegara a la gobernación.

En los comicios presidenciales de 1886, Tucumán expresó el enfrentamiento electoral de dos ligas, la de Juárez Celman y la de Irigoyen, que obtuvo el triunfo.

En otras cuatro provincias, los enfrentamientos entre las ligas generaron conflictos graves. Por ejemplo, Santiago del Estero, donde las tres principales ligas del PAN (la de Roca, la de Juárez Celman y la de Rocha) rivalizaban y poseían fuerzas electorales bastante equilibradas.

Luego de las elecciones de 1882, en las que los juaristas se adjudicaron el triunfo sobre los rochistas, una intervención de Roca -en 1883- dejó en sus manos la gobernación. Pero en 1885, una revuelta devolvió el Gobierno a los roquistas, luego de que el gobernador negociara con Rocha.

En San Juan, la competencia entre las ligas tuvo como consecuencia el asesinato de Agustín Gómez, en 1884. Este fuerte dirigente había apoyado a Roca en 1880 pero, en 1882, estaba aliado con Rocha. Roca alentó a los opositores de Gómez a terminar con su influencia en la provincia. Frente a ello, Gómez restableció sus vínculos con Roca y el grupo de opositores, defraudados por la reactivación de la alianza Roca-Gómez, decidió asesinarlo en una emboscada.

Este juego “interligas” buscó ser atenuado en vísperas de las elecciones presidenciales al reactivarse negociaciones y acuerdos entre estos grupos para lograr una candidatura mayoritaria.

La suerte de dos dirigentes son muestras más que elocuentes:

* Dardo Rocha: por prestar su acuerdo a la federalización de Buenos Aires, obtuvo el respaldo del Gobierno Nacional en su designación como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fue el fundador de la ciudad de La Plata, en 1892.
* Bernardo de Irigoyen: frustada su candidatura para suceder a Roca en 1886, se alejó del PAN y, en 1890, adhirió a la Unión Cívica. Tras su escisión, se unió a la Unión Cívica Radical, partido con el que se postuló a las elecciones presidenciales de 1892.

- Colegios Electorales: un gran juego de alianzas

Sabemos ya que el Colegio Electoral remitía a un sistema de elección indirecta que depositaba en un grupo de Electores la responsabilidad de la elección del presidente de la Nación.

La ley 140 de 1857, adoptó el sistema estadounidense: un Colegio Electoral -o Junta de Electores- designaba al presidente y vicepresidente. Su número de integrantes equivalía al doble de la suma de Diputados Nacionales y Senadores. Por ejemplo, si había 50 Diputados y 26 Senadores, el Colegio debía tener 152 integrantes.

Entre 1880 y 1910, el Colegio Electoral tuvo entre 200 y 300 electores. Este Cuerpo colegiado tenía un doble propósito: mediatizar el ejercicio de la soberanía popular y mantener el delicado equilibrio entre Nación y provincias.

Para alcanzar este último objetivo, el Colegio operaba segmentado en Juntas Provinciales que votaban al presidente y vicepresidente en cada una de las provincias. La federalización de Buenos Aires, luego de 1880, partió el número de Electores bonaerense: 36 para la provincia y 18 para la flamante Capital Federal.

Este desmembramiento de Electores acortó las diferencias que había entre Buenos Aires y el resto de las provindas. Debido a ello, las provincias con mediana cantidad de Electores fueron las que predominaron en las decisiones del Colegio Electoral hasta fines de la década de 1890.

A partir de ese año, el abrupto aumento poblacional provocado por la inmigración masiva, hizo que nuevamente crecieran -en proporción- los Electores porteños y bonaerenses. En los Colegios Electorales, los Electores de segundo grado no estaban sujetos al mandato imperativo de los votos populares; por el contrario, tenían el derecho a elegir al presidente con total libertad.

De esta manera, desde 1880, la definición de la candidatura presidencial triunfante, estuvo subordinada a un juego de alianzas políticas sin precedentes.

En 1902, el Gobeirno dividió al país en distritos electorales. La Capital y las provincias incluían circunscripciones. Por cada una de ellas, los votantes podían elegir dos Electores de presidente y viceprecsidente. Este sistema se utilizó en las elecciones presidenciales de 1904.

Información adicional