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Intervención De la Plaza, una Administración preñada de controversias

El interventor Victorino de la Plaza sabía que la Capital de la provincia habría caído en poder de la oposición e inmediatamente hubiera sido derrocado el gobernador constitucional, doctor Manuel Derqui. Por otra parte, los sediciosos querían demostrar que sus correligionarios del diario porteño “La Nación” estaban equivocados y que el movimiento podía fundar una situación normal.

Es por ello que la incógnita que adquirirá importancia será si la intervención, presidida por el doctor Victorino de la Plaza, evitaba o no la efusión de sangre, que se dijo era su objeto. El escollo principal que debía sortear era neutralizar el movimiento sedicioso.

La simple sospecha -por parte de los amotinados- de que la Administración pudiera favorecer lo que consideraban "planes aviesos del presidente", era suficiente motivo para no contribuir y, esa falta de concurso de los ministros nacionalistas -que firmaron el decreto de Intervención- y de su Partido en Buenos Aires, que apoyaron la medida, habría imposibilitádola, porque en la cuestión de Corrientes, “todo se encontraba comprometido, hasta la Conciliación de Buenos Aires(1)Los liberales correntinos tenían la certeza de que Avellaneda no hubiera insistido en sus propósitos, para evitar a su Gobierno serias complicaciones.

(1) Palabras de Avellaneda. // Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

Intervenida la provincia, correspondía al doctor Victorino de la Plaza asumir el mando de ella. El decreto había invocado el artículo 6to. de la Constitución Nacional, que establece los casos siguientes de Intervención:

* por derecho propio, cuando hay invasión exterior o alteración de la forma republicana de gobierno;
* a requisición de las autoridades constituidas, cuando fueren depuestas por la sedición o rebelión.

Los opositores a Derqui aceptaron la Intervención por una única causa, ya que era citado el artículo 6to.: la alteración de la forma republicana de gobierno, es decir, Intervención por derecho propio.

Cuando este caso ocurre, el representante de la Nación reemplaza, transitoriamente, al poder local que existiere o debiera existir. El interventor Victorino de la Plaza estaba, pues, en condiciones de asumir el mando de la provincia, y hasta en la necesidad de hacerlo, para desarmar todas las fuerzas en armas y restablecer el régimen constitucional.

La provincia había caído en manos de la Nación y, si su representante no la gobernase, aquel hecho en parte se desvirtuaba. El proceder de De la Plaza fue, sin embargo, otro. Para ello, se estima que tendría instrucciones privadas del presidente; más, como no eran ésas, sino lo consignado en el decreto de Intervención lo que debía cumplir, desde el primer momento fue visto como parcial su conducta.

Al comunicar a Derqui su nombramiento, en vez de notificarle la Intervención, le dio el tratamiento de gobernador, que importaba reconocerle un carácter que el decreto de Intervención -según la oposición- no le atribuía, despojándose él de la amplitud del suyo.

Es que el punto de vista de la presidencia -y del interventor- era otro: se Intervenía la provincia, “a requisición de las autoridades constituidas”, cuando fueren depuestas por la sedición o rebelión. En Corrientes no se había llegado hasta ese extremo, aunque se estaba muy cerca.

Esto fue lo que despertó la desconfianza de la oposición, dificultando el desarme y la pacificación. Para ellos la alteración del régimen constitucional consistía en la coexistencia de dos gobernadores, siendo -todos los grupos en armas- sostenedores de uno y otro, de modo que, empezando por reconocer en uno de ellos, sin estudio previo, sin medida alguna anterior, el título que se daba, De la Plaza alteraba el orden de los actos prescriptos en su mandato.

Como consecuencia de esta actitud del interventor presidencial, es que Derqui, en su carácter de gobernador, puso a disposición del interventor las fuerzas de que disponía y que, en el círculo de su residencia y en los Departamentos ocupados después por las fuerzas nacionales, ejercerá plenamente el Gobierno como si la Intervención no existiera.

A esto siguieron otras medidas. Lejos de disolver la Fuerza militar de Derqui, De la Plaza la nacionalizó -si así puede decirse- para efectuar con ella el desarme y disolución de las insurrectas, manteniendo en sus puestos a los jefes y oficiales del Gobierno Provincial. Más aún: sin previa notificación a las Fuerzas rebeldes, como lo ordenaba taxativamente el decreto de Intervención, movilizó la Guardia Nacional para desarmar los grupos y fuerzas en armas contra el Gobierno de la provincia.

Luego nombró Jefes de las milicias a los coroneles Manuel Obligado e Hilario Lagos (h), amigos de Derqui, y ellos eligieron para subalternos a Refojos, Muniagurria, Aquino, Teodoro Maciel, Ramón Acosta, Lezcano, Miguel Soto, Wenceslao Lugo, Serapio Sánchez, José Toledo, todos hombres ligados al autonomismo.

Arreglado lo conveniente a sus miras, en la Capital, el interventor se embarcó en el “Resguardo” y partió a Bella Vista, acompañado del gobernador del Territorio del Chaco, Pantaleón Gómez, y de los empleados que el gobernador Derqui mandaba a dicho pueblo en reemplazo de los existentes.

Del puerto hizo llamar al Juez de Paz, Eduardo Carbone, y al Jefe de la División Bella Vista, comandante Amado Artaza, los que concurrieron en el acto. El interventor De la Plaza les manifestó su resolución de retenerlos consigo, por convenir así a los objetos de su misión, a fin de que sus reemplazantes ocupasen sus puestos.

Los aparentemente detenidos se limitaron a observar que, si las nuevas autoridades no traían un batallón, no durarían en esa condición una hora; que el arresto de ellos provocaría desórdenes en la poblacion y, siendo mayores los males que las ventajas esperadas por el Interventor, que mientras el Gobierno del cual dependían no se instruyera del hecho, el Departamento no acataría la innovación.

Ora que realmente se convenciera De la Plaza de su proceder ligero, o que temiera un conflicto, el hecho es que permitió al Juez de Paz que continuase al frente de su empleo y, a Artaza, que bajase a dar instrucciones a su segundo, y luego volver. Artaza no volvió. Desengañado, De la Plaza siguió a Goya. Fue la primera vez que el interventor se percató de las desconfianzas y recelos de que estaban imbuidos los jefes de la oposición.

- La visión del presidente Avellaneda

Las subsiguientes actitudes de Avellaneda fueron aclarando sus miras. En carta a Manuel Derqui, expuso que el envío de los ministros conciliadores obedeció a sanos propósitos, cuales eran los de obtener una solución pacífica frente al alzamiento por él previsto.

Los resultados han podido ser diversos -concedía- pero la intención fue buena y amistosa para usted en el mayor grado”.

Y agregaba:

El error estuvo en el acto mismo, porque enervó al Gobierno y dio tal vez alas al pensamiento revolucionario”.

Tras esta confesión, añadía que su idea fundamental era impedir que la provincia cayese en poder de los sediciosos(2).

(2) Nicolás Avellaneda. Carta al gobernador Derqui (Febrero 27 de 1878), en: Avellaneda, “Escritos y Discursos”, tomo XI, p. 218. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

A estos les aconsejó el desarme, asegurándoles que debían confiar en el Ejecutivo que “juzgará con imparcialidad completa(3).

(3) Nicolás Avellaneda. Telegrama (a Juan Rivera, Valentín Virasoro y Miguel G. Morel), Febrero 28 de 1878, en: Avellaneda, “Escritos y Discursos”, tomo XI, p. 224. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Nadie advertía la solución, sin embargo; y Avellaneda evitaba precisarla, sabiendo que ella conduciría a una crisis. En tanto, Mantilla escribía:

La ola popular de la resistencia era una avalancha, que iba a hacer zozobrar la nave del usurpador, si con una protección más abierta no fuese sostenido; y Avellaneda ocurrió en su ayuda"(4).

(4) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

- De la Plaza en Goya

Un cañonazo anunció a la población de Goya, a la 1 a.m. del 25 de Febrero de 1878, que un buque de la Armada Nacional fondeaba en el puerto. Pantaleón Gómez dijo después, en un folleto que publicó, que ese disparo de cañón fue para dar tono a la llegada del ministro. Al cabo de media hora, un Ayudante del coronel Manuel Obligado buscaba al coronel Juan Esteban Martínez, con una nota urgente del interventor. La Nota decía: “Inmediatamente de recibir la presente, se presentará a bordo”.

Martínez pensó que el llamado no podía ser para bien y en su reemplazo concurrió el doctor Manuel Florencio Mantilla. Según éste, De la Plaza mostró “mucho desagrado” al verlo, a tal extremo que “ni le ofreció asiento”.

- “Con Vd. nada tengo que ver -dijo- sino con el Jefe de las Fuerzas”, dijo el interventor.
- “Ese jefe -le contestó Mantilla- depende del Gobierno del que formo parte y a quien represento en este momento, y nada puede hacer de cuenta propia”.
- “Yo no reconozco ese Gobierno, ni quiero saber nada de él”, replicó el interventor.
- “En horabuena; pero lo acata el pueblo de Corrientes y esto basta”, dijo Mantilla, y se retiró(5).

(5) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

Siempre según el testimonio de Mantilla, el objetivo del interventor De la Plaza habría sido detener a Martínez, pues, al desembarcar Mantilla, el sargento mayor Alfredo Danell -que estaba en el portalón- le dijo al pasar:

- “¡Qué no venga; van a prenderlo!

Conocido el propósito de De la Plaza, era difícil seguir ocupando la ciudad sin peligro de un choque con las fuerzas del coronel Manuel Obligado, y no convenía comprometer la resistencia en una rebelión. Para alejar el conflicto, se evacuó la plaza a las 4 a.m., acampando las Fuerzas insurgentes a unos cinco kilómetros de distancia.

De allí, los rebeldes despacharon una comisión, compuesta del agrimensor Valentín Virasoro, doctores Juan M. Rivera y Miguel G. Morel, para conferenciar con el interventor; pero ya no lo encontraron. Al saber la retirada, había ordenado De la Plaza a Zúniga y demás autonomistas refugiados en la casa de Obligado, que se apoderasen de la ciudad, y regresó a Bella Vista, llevando consigo a Toledo y los oficiales que lucharon en Ifrán.

La comisión telegrafió al presidente sobre los objetos de su encargo y, como no tuviese pronta contestación, regresó al Campamento, en vista de lo que ella transmitió; las Fuerzas de la rebelión marcharon a incorporarse al ejército, acampado en Salinas, para esperar juntos el desarrollo de los sucesos.

El doctor De la Plaza demoró minutos en el puerto de Bella Vista, con el solo objeto de mandar un chasque al coronel Raymundo Fernández Reguera, con nota conminatoria, ordenando el desarme. Vuelto a la Capital sin haber innovado el estado de las cosas, dirigió al presidente de la Nación el siguiente despacho telegráfico:

Derqui no cuenta sino con doscientos infantes y trescientos de caballería.
Yo, en cumplimiento del decreto, no puedo contar sino con esta pequeña fuerza aquí, y la de Obligado en Goya. Con ellas haré resistencia.
Mándeme, sin pérdida de tiempo, la cañonera Paraná, el 6 de línea, el Batallón Avellaneda y algunos otros Cuerpos.
El ejército de la revolución es grande y bien armado”.

¡Quería llevar las cosas a sangre y fuego! El mismo Avellaneda se alarmó y, tanto para acallar la grita levantada por los primeros actos del interventor, como para evitar una rebelión, le contestó:

Es necesario mucha calma. La sublevación no es, hasta ahora, sino provincial, y no hay motivo para que se convierta en una rebelión nacional.
Vd. debe anunciar la Intervención, ordenando, por una Proclama, el desarme de todos y la disolución de las Fuerzas”.

Con esto se apaciguó un tanto el ímpetu de De la Plaza y hasta mudó de tono, pues en una Proclama, dada el 26 de Febrero, con fecha del día anterior, trató ya, a la resistencia, con moderación, pidiéndole su patriótico concurso para la pacificación general, y anunció haber asumido el mando político de la provincia.

Avellaneda contuvo a su alter ego no sólo por justicia, sino por necesidad; sostendría a Derqui sin jugar por él su presidencia, y los actos de su interventor y los que importaba su pedido de Fuerzas iban a levantar, contra él, un mundo de peligros gravísimos.

Así comenzó la Intervención. Telegramas y cartas de los agentes de la resistencia en Buenos Aires, mandados por expresos por la vía de Concordia, tenían orientado a los sediciosos, en todo lo concerniente a la Intervención.

Las autoridades y Fuerzas de la dependencia de aquél fueron instruidas convenientemente para no ceder ni a la amenaza ni a la violencia, mientras no recibieran órdenes expresas, cuidando, sí, de ser prudentes y discretas, a fin de no comprometer a destiempo las cosas.

La situación se complicaba y reclamaba mucho tacto, pero también firmeza. Como el decreto de Intervención ordenaba que, primeramente, se desarmase y pacificase la provincia y enseguida se restableciera el régimen constitucional, aunque el interventor cobijaba a Derqui, no podía, según su mandato, comenzar por desconocer lo efectuado administrativamente por los insurgentes, ni sus actos públicos en la provisión de los empleos de la parte de la provincia que dominaba.

Por todo ello, y a pesar de los actos de De la Plaza, el doctor Juan Esteban Martínez -elegido vicegobernador por los insurgentes- se sentía con derecho a esperar ser tratado en las mismas condiciones que Derqui, y debió asumir la actitud que fijó como regla de conducta. Nadie pensó en la rebelión, pero ello podía ser una fatalidad y era prudente prevenirse.

- El interventor solicita la disolución de las Fuerzas

El interventor federal, Victorino de la Plaza se portó correctamente. El 28 de Febrero de 1878 convocó a las milicias para que procediesen a la disolución de las fuerzas y grupos que en la provincia se hallaban en armas -términos todos del decreto- “contra el Gobierno de la misma”, añadidura que resolvió por su cuenta fijando a aquél un sentido constitucional y lógico(6).

(6) Victorino de la Plaza. Resolución, en el periódico “La Tribuna”, Nro. 8.257, Febrero 28 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Enseguida pidió armamento y tropas a Buenos Aires y suplió, por lo pronto, con exhortaciones su falta de poder material. Hubo nucleos rebeldes que cumplieron las órdenes; no así el más importante, dirigido por Fernández Reguera, quien solicitó que, previamente, se estableciese la ilegalidad del Gobierno de Derqui.

El interventor adujo que dicha subsistencia era asunto ajeno a sus atribuciones, las cuales sólo podían ser modificadas por el presidente(7) y éste atemperó aquella respuesta con la solemne promesa “de juzgar las cuestiones pendientes con imparcialidad y con verdad(8).

(7) Victorino de la Plaza. Telegrama al doctor Morel (Marzo 7 de 1878), en: “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 5 de 1878.
(8) Nicolás Avellaneda. Telegrama al coronel Fernández Reguera (Marzo 8 de 1878), en: Avellaneda, “Escritos y Discursos”, tomo XI, p. 226.
// Todo citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Las seguridades ofrecidas por el presidente Avellaneda surtieron su efecto y Victorino de la Plaza quedó dueño de una enorme cantidad de tacuaras provistas de cuchillo en la punta, que tales eran algunas de las armas de los paisanos. Avellaneda se sintió satisfecho.

Una guerra civil queda suprimida -telegrafió a De la Plaza- habiéndose mantenido al mismo tiempo incólume la autoridad de la Nación; le discierno los honores de la jornada, ya que no puedo hacerlo general sobre los campos de batalla...(9).

(9) Nicolás Avellaneda. Telegrama al comisionado Victorino de la Plaza (Marzo 17 de 1878), en: Avellaneda, “Escritos y Discursos”, tomo XI, p. 202. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Paralelamente, sucedían algunos hechos que dejaban al descubierto la situación de violencia que se vivía, y que cualquier fricción podía desatar una desgracia. Sucedió, por ejemplo, que el senador nacional Miguel Victorio Gelabert, fue detenido en Mercedes por el coronel Azcona. Enterado, el ministro del Interior ordenó, a dicho jefe, la inmediata libertad de aquél, con la amenaza de ir la Nación a garantir los fueros del Senador, en caso de desobediencia(10).

(10) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor. Mantilla, que odiaba a Gelabert -al igual que otros correligionarios suyos-, afirmó que éste no había sido molestado. Pero no quedó ahí; dijo más del Senador Nacional: “Con su natural genio diabólico -agregó- se ocupaba, en su casa de Mercedes, en matar sus aves de corral con un largo arreador, haciendo de cuenta que eran los liberales de la resistencia y, cuando no le quedó bicho alguno, marchóse a Buenos Aires".

Otro suceso de consideración fue cuando el presidente de la Nación solicitó -a la Comandancia General de Armas- la nómina de los jefes y oficiales de línea que servían en las filas de los sediciosos, recomendando, especialmente, que fuesen bien revisados los archivos, a fin de comprender en el número al coronel Plácido Martínez.

Un soldado de sus méritos -decía- es imposible que no sea Jefe de la Nación”.

La lista le fue presentada, con estos únicos tres nombres: coroneles Marcos Azcona, Celestino Araujo y sargento mayor Antonio Baibiene. Era muy limitada para lo que esperaba. Consultó con algunos militares cuál de los contendientes tenía probabilidades de triunfo y, siéndole contestado que los de la rebelión, pues disponían de lanzas como la de Azcona y de jefes como Plácido Martínez, ordenó que se impartiesen las disposiciones necesarias a fin de que Araujo y Azcona disolvieran sus fuerzas y se presentasen a rendir cuenta de su conducta ante la Comandancia General de Armas de la Nación.

El coronel Manuel Obligado recibió la comisión de notificar a Azcona y Araujo la resolución, y hacerla cumplir. La importancia de esta medida -para Derqui- la había expresado días atrás el ex ministro de José Luis Madariaga, Severo Fernández, en carta privada, en los siguientes términos:

Obligado recibió la orden del presidente para transmitir a Azcona la de disolver sus fuerzas y presentarse; aún no ha contestado Azcona, pero Obligado me asegura que tiene orden para perseguirlo y someterlo por la fuerza, y he aquí la Intervención sin necesidad de pedirla”.

Azcona, que veía en la orden una parcialidad, pues en su caso estaba el comandante Ramón Acosta -servidor de Derqui, que no fue llamado-, se sustrajo a los chasques de Obligado, hasta "esquilar las ovejas federales con sus tijeras", como decía.

La interrupción frecuente del telégrafo fue otra de las quejas presidenciales. El mismo Obligado, encargado de someter a Azcona, dirigió una comunicación al coronel Reguera, invocando instrucciones de Avellaneda, responsabilizándolo -como Jefe Superior de las fuerzas rebeldes- de las interrupciones del telégrafo, con la amenaza de salir a batirlo en caso que no hiciera respetar la línea. Reguera contestó con el silencio e hizo caso omiso del reclamo.

El presidente Avellaneda no abandonó nunca al gobernador Derqui y trató por varios medios de fortalecer la posición de este último. Por ejemplo, le había remitido armas del Parque Nacional -tomadas después en Ifrán- flamantes y con marca. Hay una carta del ministro Severo Fernández, que había sido remitida al ahora desaparecido Luciano Cáceres, que relata esto último:

Los cien Remington que Vd. recibirá -decía Severo Fernández a Cáceres, en carta del 16 de Febrero- son mandados por Avellaneda(11).

(11) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

Los actos presidenciales tenían de reserva una promesa solemne:

Si una batalla nos es adversa -decían los ministros Severo Fernández y Desiderio Rosas al coronel Cáceres- hay instrucciones, venidas de abajo, de resistir en la Capital, para venir en el acto la Intervención para apoyarnos(12). Avellaneda había, pues, dado y ofrecido a Derqui cuánto podía.

(12) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

- La diatriba liberal y su rosario de dicterios

Pero, ¿cuál era el pensamiento de los sediciosos en esos momentos? ¿Qué hacer? Evidentemente vivían en su mundo y lo que menos pensaban era en rendirse. Estaban llenos de reproches hacia el Gobierno Nacional. Por ejemplo, les parecía inexplicable que el doctor Felipe José Cabral solicitara igual protección que el gobernador Derqui, el 25 y el 26 de Diciembre de 1877, "para evitar un conflicto armado", y ni respuesta tuvo; que los ministros comisionados por el presidente procuraron conciliar a las dos partes, tomando por base y como sustento, el Gobierno del doctor Derqui; y que "y el fracaso de la misión dejó las cosas como las habían encontrado".

Consideraban que “el Gobierno de Derqui no había sido reconocido por la Nación" (¿?), y levantaban como bandera que "la resistencia triunfante" demostraba "cuál era la opinión mayoritaria del pueblo". Acusaban al Gobierno de la la Nación de haber "presenciado, impasible, el derramamiento de sangre en Corrientes, sin creerse autorizada para Intervenir y evitarla".

Por ello se preguntaban: “¿Qué razón, pues, hubo -después de Ifrán- para Intervenir, que no existiera antes?” Y la respuesta era:

Fuera de la derrota de Derqui, ninguna. Habiendo dejado, el Gobierno Nacional, que ambos bandos definieran por las armas su cuestión, no podía lógicamente inmiscuirse en la contienda que tocaba a su fin; necesitaba un hecho nuevo, que no se produjo, para justificar su conducta y fundar sus facultades”.

Agregaban a sus explicaciones que, el presidente Avellaneda "quería Intervenir para salvar su obra, e intervino, a pretexto de evitar la efusión de sangre y restablecer el régimen constitucional, hechos anteriores a Ifrán". Cuando Derqui asumió el P. E., y después de estallar la resistencia, "garantizó, en todos los tonos, que su base era inconmovible, que la oposición era un puñado de vociferadores que la provincia lo sostenía".

Y para demostrar esa afirmación tenían "1.600 Remigtons; los resortes oficiales usurpados; la complicidad del presidente; fuerzas reunidas, elementos suficientes -en su concepto- para continuar oprimiendo la libertad y presentar el engendro de la fuerza como resultado del sufragio libre”.

Para la resistencia sediciosa no había vuelta atrás. Aquellas garantías y promesas de los funcionarios representantes del Gobierno Nacional, “importaban el compromiso solemne de cumplirlas o sucumbir con honor”.

Por supuesto los improperios hacia el gobernador se sucedían uno tras otro permanentemente. Un odio africano embargaba a los insurrectos, no dejando pasar una, por más minúsculo que sea lo declarado o actuado por el Primer Mandatario provincial..

Decían de éste que “se manchó con la adulteración de la verdad, a fin de cohonestar su derrota y pedir la Intervención”, y se basaban en el texto del telegrama del 20 de Febrero, en el que Derqui solicitaba la Intervención Federal.

Es que el gobernador había calificado la batalla de Ifrán "de pequeño contratiempo", "¡cuando constaba a la República entera la destrucción de su único ejército!"; lo acusaban de haber atribuido "el pequeño revés", a la falta de armas y también a la superioridad del armamento del ejército sedicioso,

"siendo de pública notoriedad que había invertido 38.247 pesos fuertes de los dineros del Estado, sin autorización, en comprar mil cien fusiles Remington, doscientas carabinas, del mismo sistema, cuatrocientas carabinas rayadas y trescientos treinta sables; que mandó construir más de dos mil lanzas; que del Parque Nacional recibió unos trescientos fusiles, a más de los facilitados directamente por el coronel Manuel Obligado".

Sostenían insistentemente que (los insurgentes) "abrieron la campaña sin armas; que las presentadas en Ifrán fueron tomadas al enemigo en combates anteriores pues, dada la vigilancia de las autoridades provinciales y nacionales, fue materialmente imposible recibirlas de afuera(13).

(13) Todo citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

La verdad de los hechos es que ambos bandos estaban armados hasta los dientes, ya que los dos sectores recibieron ayuda en material y dinero desde el exterior de la provincia. La lucha era entre el liberalismo mitrista y los autonomistas nacionales y el doctor Mantilla fue el ariete para reproducir en la provincia una lucha electoral nacional.

La “revolución” de los liberales tenía por objetivo sumar electores a presidente para el hombre que se les indicase en su momento. En 1880 lo harán por Carlos Tejedor y no por Julio Roca, lo que tendrá consecuencias desastrosas para la provincia.

¡Precisamente, en las armas y soldados de que disponía, había fundado Derqui su esperanza! Anunció que el coronel Cáceres se reorganizaba y, tanto él como Aguirre y ocho jefes más, estaban muertos y enterrados, y el ejército reducido a polvo; habló de Divisiones y ejércitos en pie, y no tenía más de seiscientos hombres en la Capital; dijo que se bastaba para dominar la resistencia..., habiendo sido derrotado en todas partes; denunció que los rebeldes recibían ayuda de tropas extrañas, como si en Lomas, San Luis, Caá Catí, Empedrado, Mota, Ifrán, Yatay fueran brasileños, orientales o paraguayos los que vencieron; finalmente, acusó al coronel Azcona de haberse encontrado en Ifrán, exactamente como hacen los chiquillos que recurren al papá en demanda de protección contra los más grandes.
Y para que el cuadro se completase, declaró que, si bien la provincia sostenía su autoridad, ¡reclamaba la Intervención para evitar males y derramamiento de sangre! ¡El, que había producido todo!(14).

(14) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

Lo que sucedió con Marcos Azcona era una ironía del destino y de la historia. Se hace referencia a la solicitud del presidente Avellaneda de sacar del medio a Marcos Azcona, por ser integrante del ejército de línea; la idea era desplazar al competente soldado, alejándolo de las filas de la sedición. Avellaneda lo podía hacer por su condición de Comandante en Jefe.

La situación era un remedo de lo que, años atrás, el presidente Bartolomé Mitre había hecho con Nicanor Cáceres, también oficial del ejército de línea. En 1868, el presidente lo amenazó con un Consejo de Guerra, so pena de ser declarado desertor y rebelde por apoyar al Gobierno legítimo de Evaristo López Soto, que había sido derrocado por una insurgencia liberal.

Pese a que Mitre reconocía a López Soto como gobernador constitucional, fue él quien fogoneó el derrocamiento del Primer Mandatario de la provincia. Con su amenaza a Cáceres, dejó en la disyuntiva al gobernador: si López Soto insistiese en conservar a Cáceres al frente de sus fuerzas, éstas serían perseguidas, hasta detener al jefe rebelde; si López Soto lo abandonase, el asunto quedaría reducido a una lucha armada entre los correntinos, de la cual prescindiría totalmente la autoridad nacional no requerida. López Soto no recuperó nunca más el P.E. de la provincia.

Lo de Marcos Azcona en algún sentido era diferente: éste formaba parte de fuerzas insurgentes que querían derrocar a un gobernador legítimo, mientras que Cáceres luchaba por reponer al gobernador constitucional.

El conspicuo historiador arrimó algunos conceptos más:

En la decadencia de un pueblo oprimido y martirizado, la falsedad y el engaño hacen la atmósfera del poder; pero cuando la reacción quebranta el yugo opresor, recobrando la sociedad su acción propia, la mentira cae de su pedestal. Así pasó con Derqui; su sempiterno engañar le dio frutos, mientras la resignación del pueblo no destruyó su base de fuerza; después, su habitual sistema mató hasta la sombra de su crédito de hombre.
Ya por la informalidad de los fundamentos del pedido de Intervención o, porque el Gobierno usurpado no había sido reconocido, el decreto declarando Intervenida la provincia de Corrientes se fundó en las facultades del presidente de la República, para evitar la guerra civil, y no en el reclamo de Derqui; no escapó, sin embargo, a la opinión, que la causa determinante del acto no era el evitar la guerra civil, sino la situación de Derqui(15).

(15) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

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