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El presidente presenta la cuestión correntina al Congreso

El presidente Nicolás Avellaneda, luego de la designación como interventor interino de Corrientes del coronel José Inocencio Arias, presentó la cuestión Corrientes al Congreso de la Nación, próximo a instalarse, dando la solución que propiciaba e implicando el asunto provincial como un caso político.

Pero el presidente dio otro paso, todavía más grave, cual fue el de manifestar que solicitaría del Congreso el derrocamiento de Manuel Derqui. Esta actitud colocó en situación dificil al ministro del Interior, Bernardo de Irigoyen, que era incapaz de comprender cómo una Intervención requerida puede ejercerse con propósitos distintos de los señalados en las claras palabras del texto: sostener o restablecer.

El 6 de Mayo de 1878 se abrió el Congreso con la pompa de costumbre. El presidente -caso extraordinario- se presentó con el único ministro que le restaba, o sea, Victorino de la Plaza. Entre loas a la tan quebrantada Conciliación de los partidos, Avellaneda reprodujo los conceptos de su carta a Victorino de la Plaza. Apoderóse del manoseado argumento de que “la acción del Interventor no puede ser mecánica ni ciega”.

El Mensaje de apertura fue sometido a la aprobación del general Bartolomé Mitre, en la parte relativa a Corrientes, consulta que demostró el efecto producido en Avellaneda por las consecuencias que provocó la crisis. El Mensaje presidencial presentó la cuestión correntina en los términos previstos siguientes:

La provincia de Corrientes aguarda tranquila el juicio de la Nación, y yo debo pronunciar el mío, que se halla también comprometido dentro del límite de mis facultades contitucionales.
Habría deseado verificar ciertos hechos sobre su teatro mismo, valiéndome de un comisionado imparcial y recto, pero han habido dificultades para adoptar este temperamento, y lo he suplido por el estudio atento de los documentos y por informes que debo reputar exactos.
En verdad y en justicia, poniendo mi espíritu en una esfera superior a las combinaciones de los partidos, teniendo en cuenta las instituciones de Corrientes y la prosperidad y la paz de esta provincia, declaro que la provincia de Corrientes debe ser llamada nuevamente a elecciones para designar su gobernador, bajo los auspicios de la Intervención Nacional...”.

La declaración del presidente fue una solemne condenación de la conducta de Victorino de la Plaza y del Gobierno del doctor Manuel Derqui. Y desde las desiertas bancas ministeriales, Victorino de la Plaza oyó decir a su jefe que arribaba a ese juicio, aún cuando hubiese preferido verificar ciertos hechos en su propio teatro, valiéndose “de un Comisionado imparcial y recto(1).

(1) Nicolás Avellaneda. Mensaje al Congreso (Mayo 6 de 1878), en: H. Magrabaña, “Los Mensajes (Historia del desenvolvimiento de la Nación Argentina redactada cronológicamente por sus gobernantes. 1810-1910)”, tomo III, p. 473. Buenos Aires, Comisión General del Centenario, 1910, (5 volúmenes). // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. El Ateneo, Buenos Aires.

Terminada la ceremonia, el solitario ministro Victorino de la Plaza se retiró a su casa para redactar la renuncia. El Gabinete de la Conciliación desaparecía a los siete meses de constituido. El ex interventor había escuchado el discurso presidencial con impasibilidad, desde su asiento de ministro, junto a los congresales que asistieron al evento. Al siguiente día renunció.

Pero Avellaneda plegó sus labios con una triste sonrisa al leer su nota; no quiso deshacerse de él; lo persuadió de que el honor estaba salvado, y continuó en su puesto. No así el doctor Quesada, que inmediatamente se excusó de un modo indeclinable del cargo de interventor.

Hay que agregar que los liberales preferían que fuera el Interventor, en nombre del P. E. Nacional, el que resolviera la situación, y no una resolución emanada del Congreso Nacional, porque sabían que éste buscaría una solución imparcial; en cambio, Arias los favorecería.

Comprometido el presidente por la declaración de su Mensaje, constituyóse definitivamente el Gabinete, el 7 de Mayo de 1878. El difería del anterior en que los nuevos ministros no eran miembros del Partido Liberal nacionalista únicamente, como José María Gutiérrez y Rufino de Elizalde; sólo el doctor Bonifacio Lastra (Hacienda) pertenecía a esas filas, siendo Manuel Montes de Oca (Relaciones Exteriores) autonomista y Saturnino María Laspiur (Interior) sin vinculación alguna con los Partidos locales de Buenos Aires. Se completaba el Gabinete con el doctorVictorino de la Plaza, que pasó a la cartera de Justicia e Instrucción Pública y, el general Julio Argentino Roca, en Guerra y Marina.

Este Ministerio fue quizás más favorable que el anterior para la oposición, por la presencia de Laspiur en reemplazo del doctor Bernardo de Irigoyen. Este significaba -para el nacionalismo- un obstáculo destruido y una posición ganada.

Si bien nada se podía decir de la honorabilidad del ministro saliente, éste era favorable al gobernador Manuel Derqui, mientras que Laspiur jamás habría desertado del Partido Liberal, estaba disciplinado su espíritu y había dado pruebas notorias como político en sus luchas durante la Confederación Argentina.

Por su largo retraimiento de la política activase caracterizaban Montes de Oca y Lastra, representantes de los partidos conciliados, de manera que, entendidos los tres para hacer efectiva una política uniforme, podían esperar mejor éxito que los doctores Gutiérrez y Elizalde.

El 9 de Mayo de 1878 prestaron juramento los nuevos ministros. Representaban al Partido Nacionalista los doctores Bonifacio Lastra y Manuel A. Montes de Oca, ciudadanos de figuración política poco destacada. Victorino de la Plaza continuó atendiendo los negocios de Justicia e Instrucción Pública, previa -como se dijo- una carta explicativa del presidente; y Julio A. Roca, repuesto de su providencial enfermedad, se consagró a preparar la última campaña contra los indios, que tanta gloria habría de reportarle.

Hízose cargo de la cartera del Interior el doctor Saturnino M. Laspiur, a la sazón miembro de la Corte Suprema. Avellaneda calificó de moderado al Gabinete. Decía:

He querido alejar de la composición del Ministerio las luchas de partido, que concluyen por comprometer al Gobierno y por paralizar su acción; he tratado de que el Ministerio, por su organización y su conjunto, pueda ofrecer garantías a todos los partidos, sin romper con ninguno; por eso he puesto en el Ministerio del Interior un ministro con el carácter y la severidad del verdadero juez(2).

(2) Nicolás Avellaneda. Carta al gobernador de Tucumán, Juan Antonio F. Helguera (Mayo 13 de 1878), en: Avellaneda. “Escritos y Discursos”, tomo XI, p. 209. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

- ¿Revolución o sedición? Los fundamentos de la rebelión

El alzamiento armado liberal de 1877/78, ¿era una revolución?

En primer lugar hay que distinguir entre “revolución” y “sedición o insurgencia”. Una revolución es un cambio violento y radical en las instituciones políticas de una sociedad; también se puede emplear esta palabra cuando se registra un cambio brusco en el ámbito social, económico o moral de una sociedad. La Revolución de Mayo, es un ejemplo.

Una sedición o insurgencia es el levantamiento de un grupo de personas contra un Gobierno con el fin de derrocarlo. El levantamiento liberal de 1877/78 es un ejemplo. Y además era subversivo, porque pretendía alterar el orden social y destruir la estabilidad política de la provincia.

Mantilla concuerda en parte con estos conceptos. El señala que, “el movimiento... no fue una revolución, como se afirmaba. Hay revolución cuando un Gobierno legítimo es desconocido y atacado por el pueblo”.

Pero luego, deriva su razonamiento hacia otra vertiente:

Derqui no era gobernador constitucional; era engendro del fraude, de la violación de las leyes, desconocido desde un principio; y tenía otro gobernador al frente, verdadero representante de la opinión”.

El doctor Mantilla pasa a reproducir actos de supuesta corrupción del gobernador Derqui, como si los actos de corrupción definen el derrocar a un Gobierno o no. Más allá de si Derqui era o no corrupto, era el gobernador.

Para los liberales de la época, el alzamiento armado era “el principio de la defensa natural, aplicado a las colectividades”, y ponían como ejemplo, “las grandes conquistas de la Humanidad”, y el nacimiento “de las nacionalidades de América”.

El hombre tiene, por la naturaleza, derechos imprescriptibles para el cumplimiento de su destino; antes que le rigiera la ley escrita, ya ha estado sujeto al código universal y eterno de la moral, por el que es libre y debe conservar y desarrollar su libertad.
La sociedad es la agrupación de los hombres cuyos atributos le comprenden. La ley positiva y, especialmente, la de organización política, tiene por objeto garantir la felicidad individual y colectiva; fuera de esto, la ley y los Gobiernos son contrariedades a la naturaleza.
Esa felicidad consiste en el goce tranquilo y garantido de la libertad, en todas sus manifestaciones(3).

(3) Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Resistencia Popular de Corrientes. 1878” (1891). San Martín, Escuela de Artes y Oficios de la provincia de Buenos Aires. Editor.

Luego, Mantilla resume en tres principios generales las condiciones de la libertad política:

- la Ley, expresión de la voluntad general, reemplazando la voluntad arbitraria;
- la consagración en ella de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre;
- la no representación en el Gobierno del derecho e interés exclusivos del mandatario, sino el general.

Las Constituciones responden a esto -dice- y a condición de que el imperio de ellas sea una verdad, existe en los ciudadanos la obligación de obediencia. Pero, hombres susceptibles de caer en error o de inclinarse a la usurpación, son los que hacen ejecutar las Constituciones y, cuando ellos faltan, cuando son traidores al deber, ¿qué hace la sociedad, el pueblo, si con los mismos elementos de fuerza que han sido confiados a aquéllos para el bien, se alzan contra las Instituciones, sin dejar medio pacífico de represión?

Y el mismo Mantilla responde cómo se debe resolver esta cuestión:

O el crimen prepondera, lo que es imposible, porque la sociedad no puede vivir en él sin perecer; o se le destruye con la fuerza. Por eso, sin contar las Declaraciones de los Derechos del Hombre, en los países más libres del mundo, los Estados Unidos de América e Inglaterra, las mismas leyes constitucionales reconocen, implícitamente, el derecho de resistencia armada, derecho del que han nacido sus grandes Códigos Políticos y su gloria y esplendor.
El derecho de tener y de llevar armas, que es para un inglés o un americano del Norte tan sagrado como el de interpretar la Biblia, no es otra cosa que la deducción lógica del de resistencia o revolución contra la opresión”.

Finalmente, Mantilla trae a colación palabras del jurista inglés William Blackstone, las que las hace suyas, quien dijo:

El quinto y último derecho auxiliar del súbdito (inglés), es el de tener armas para su defensa, correspondiente a su condición y grado; y es a la verdad una concesión pública del derecho de resistencia, cuando las sanciones de la sociedad y las leyes son insuficientes para contener la violencia y la opresión.
El derecho de los ciudadanos para tener armas ha sido considerado como el paladium de las libertades de una República, por cuanto pone freno moral a la usurpación de un poder arbitrario en los gobernantes; y aunque estos tuviesen éxito en los primeros momentos, habilita al pueblo para luchar y obtener el triunfo sobre ellos”.

Los conceptos, estaban claros para los insurgentes: el movimiento armado era el ejercicio de un derecho genuino del sistema republicano. Por supuesto que estaban conscientes que estaban sometidos al Estado y que la Constitución Federal los privaba de dicho “derecho”.

El pueblo estaba sujeto a dos órdenes de leyes -nacionales y provinciales-, siendo las últimas las que más de cerca tocaban la vida, y que el Poder Central tenía el deber de garantir, por lo menos, la libertad de los ciudadanos.

Las conveniencias de la paz no estaban sobre la libertad. La paz sin libertad es la muerte; sólo los pueblos libres hacen fecunda la paz. Cuando las instituciones hablan de paz y de respetos debidos a los poderes públicos, presupone la existencia de la libertad y el respeto a los derechos del ciudadano.
A toda obligación, es correlativo un derecho, y si el pueblo tiene la obligación de obediencia, es a condición de ser respetado. Un Gobierno puede exigir e imponer acatamiento cuando cumple fielmente sus deberes; si este equilibro se destruye... no hay deber de obediencia, y el pueblo tiene que ser libre, porque la libertad es la esencia de la vida humana”.

Por estos conceptos que enarbolaban los jefes liberales fue que la Intervención de Victorino de la Plaza careció de base sólida, desde el punto de vista del carácter del movimiento insurgente. Los que fueron a un campo de batalla no pedían compasión. Por eso consideraron inoportuno el sentimiento humanitario que mostró De la Plaza, cuanto que muy poco o nada iba a conseguirse, pues el sacrificio principal ya estaba consumado.

Los jefes liberales consideraron que no debían abandonar la conducta seguida hasta ese momento, que era luchar con las armas en las manos.

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