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Levantamiento de la Intervención en Corrientes por el Congreso

Fracasadas las tentativas de acuerdo entre el gobernador Manuel Derqui y sus opositores, la Cámara de Diputados se ocupó de la cuestión.

En el Congreso de la Nación se debatió el asunto de la Intervención a la provincia de Corrientes, pues ésta había sido decretada por el P. E. Nacional el 27 de Febrero de 1878, por estar en receso el Organismo legislativo y se había puesto en práctica el artículo 6to. de la Constitución Nacional.

Con respecto a este problema, al iniciarse las sesiones ordinarias, en el mes de Mayo de 1878, el presidente Nicolás Avellaneda dijo en su Mensaje:

Las provincias constituyen sus Poderes Públicos con independencia completa del Gobierno Nacional (...) (quien) debe reconocer, sin vacilaciones a quien se le presente con los caracteres exteriores de la legalidad (...), porque no es juez de la querella (...).
Pero cuando, tras el debate electoral, sobreviene inmediatamente un movimiento revolucionario y el Gobierno Nacional es llamado a intervenir por requerimiento, la faz del asunto cambia radicalmente, porque interviniendo en la provincia, puede ya y debe examinar lo que se hallaba en situación anterior, fuera de su alcance constitucional(1).

(1) Marta Isabel Sánchez de Larramendy, “Un debate parlamentario: Intervención a la provincia de Corrientes”, separata de la Academia Nacional de la Historia, p.463. // Citado por Antonio Emilio Castello, “Corrientes,Tejedor y la Revolución de 1880” (2002). Moglia Ediciones, Corrientes.

En Junio de 1878, el P.E. Nacional remitió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, de acuerdo al artículo 44 de la Constitución Nacional que da iniciativa a esa Cámara, “en todo proyecto sobre reclutamiento de tropas y el proyecto de ley pide autorización para hacer movilizaciones de milicias, hechos ambos que -según opinión general- son idénticos(2).

(2) Mensaje del Poder Ejecutivo remitido al Honorable Senado, respondiendo a una nota pidiendo informe sobre “Cuestión Corrientes”, en: “Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, Período 1878” (1910), p. 20. Ed. El Comercio, Buenos Aires.

Por el artículo 1ro., el Congreso autorizaba al P. E. para continuar con la Intervención pendiente en la provincia de Corrientes. El artículo 2do., lo autorizaba para movilizar milicias y verificar los Gastos que ella demandase; y el artículo 3ro. establecía que el P. E. daría cuenta al H. Congreso del uso que hiciere de esta autorización(3).

(3) “Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Año 1878” (1878), tomo I, p. 95. Imprenta y Librería de Mayo, Buenos Aires.

La discusión inició el 5 de Junio de1878. Tiempo hacía que un asunto del Congreso no despertaba el interés de aquél; su naturaleza, los hechos productores, la conducta del presidente, la composición de la Cámara, las complicaciones o nuevos rumbos que podía abrir el país, prometían una batalla brillante, en que se lucharía con erudición y talento.

Dentro y fuera de la Cámara había impaciencia de triunfo, según las afecciones e intereses de cada uno, y se cruzaban los trabajos sin perdonar medio lícito de robustecer las fuerzas. Tanto para la mayoría liberal del Gabinete, como para los insurgentes correntinos y para los republicanos autonomistas, era cuestión de preponderancia y base de evoluciones futuras. La elección futura presidencial de 1880 era el objetivo último.

La barra del Congreso fue estrecha para los espectadores; el mismo Cuerpo diplomático, en general indiferente, asistió a los debates, y las transmisiones telegráficas al exterior se ocuparon, en primera línea, del giro del asunto.

Siete largas reuniones -de la 12da. a la 18va. sesión ordinaria- entre el 5 y el 14 de Junio, se debatió en la Cámara de Diputados la actitud por asumir en Corrientes, a las que se deben agregar dos sesiones del Senado, que fueron dedicadas a la discusión del caso de Corrientes, que absorbió las actividades del Congreso por más de un mes.

En la sesión inicial, el presidente de la Cámara, Félix Frías, dirigió a los “señores de la barra” y a los Diputados mismos, la alocución de las grandes ocasiones, incitándoles a la circunspección y la compostura.

El interés por el debate pudo colegirse del hecho de no faltar ningún Diputado, fuera del correntino Felipe José Cabral. De vez en cuando, el público prorrumpía en manifestaciones estrepitosas.

Discutíanse tres proyectos:

* el del ministro del Interior, Saturnino María Laspiur, que preceptuaba el proseguimiento de la Intervención con facultad para movilizar milicias y efectuar Gastos; y la Comisión de Negocios Constitucionales y Legislación presentó dos proyectos de ley, uno por la mayoría y otro por la minoría:

* el de la mayoría de las Comisiones de Negocios Constitucionales y Legislación -Amancio Alcorta, Miguel Cané, Delfín Gallo, Juan M. Garro, Luis Lagos García, Carlos G. Marenco, Vicente G. Quesada- que prescribía el cese de la injerencia:

Declárase terminada la Intervención Nacional en la provincia de Corrientes, decretada por el Poder Ejecutivo, con fecha 20 de Febrero del corriente año, a requisición de sus autoridades constituidas”.

* y el de la minoría -Francisco de Elizalde, Norberto Quirno Costa, Miguel M. Ruiz- que optaba por el del Ejecutivo, con el agregado de que correspondía restablecer el régimen constitucional:

Autorízase al Poder Ejecutivo para continuar la Intervención pendiente en la provincia de Corrientes, a objeto de restablecer el régimen constitucional”.

Ambos despachos diferían del proyecto del Poder Ejecutivo: el primero, en que declaraba legal el Gobierno del doctor Manuel Derqui y, el segundo, en que determinaba, expresamente, cuál debía ser el fin de la Intervención.

El Ministerio, con mayoría liberal, adhirió al segundo. El despacho de la minoría, aún con la modificación introducida en el proyecto del Gobierno, no satisfacía a los liberales correntinos, porque encerraba el peligro de la actitud presidencial en la ejecución; más, como era lógico, con la actitud de los conciliados nacionalistas después de Ifrán, tuvieron que aceptarlo, con riesgo para echar, sobre los republicanos, todo el peso de los elementos favorables. La composición de la Cámara, sin embargo, alejaba el peligro.

Ninguno de los proyectos tenía mayoría; sus sostenedores estaban equilibrados en número pero, en minoría en relación al total de Diputados. Los árbitros de la victoria iban a ser doce Diputados, que no aceptaban el reconocimiento de Derqui, ni tampoco la Intervención, sosteniendo que la solución debía abandonarse al pueblo de Corrientes; el doctor Manuel Quintana los encabezaba y él, amigo de uno de los delegados del Club Constitucional, garantizaba el desconocimiento de Derqui y el retiro de la Intervención: es decir, la solución deseada por los elementos sediciosos de Corrientes.

En el Senado, de los miembros encargados del dictamen, Aristóbulo del Valle y Benigno Vallejo, prohijaron el despacho de la mayoría; Abel Bazán, Leónidas Echagüe y Luis Vélez, el de la minoría; y Rafael Igarzábal reemplazó ambos por otro, que ordenaba el retiro de la Intervención y el desconocimiento del doctor Manuel Derqui.

Saturnino M. Laspiur participó en los debates, secundado por Manuel Montes de Oca y Bonifacio Lastra, ministros de Relaciones Exteriores y Hacienda, respectivamente; Victorino de la Plaza y Julio Argentino Roca no hicieron acto de presencia.

El informante de la minoría fue el diputado Norberto Quirno Costa, siendo defensores del proyecto los diputados José Antonio Terry, Miguel Ruiz, Francisco Elizalde y Blas y los ministros del Interior y Relaciones Exteriores, doctores Saturnino María Laspiur y Manuel Augusto Montes de Oca, respectivamente.

La defensa se basó, principalmente, en los hechos ocurridos en Corrientes y en la obligación del Gobierno de "consolidar la paz interior" y "asegurar los beneficios de la libertad", de acuerdo al Preámbulo de la Constitución. De acuerdo con lo anterior, consideraba que la elección de Derqui había sido fruto de la presión oficial para imponerlo, violando, de esa manera, el artículo 22do. de la Constitución de Corrientes.

Pocas novedades aportaron a la doctrina constitucional los partidarios del derrocamiento. Quirno Costa manifestó que el fraude había subvertido la forma republicana y que algunos Electores carecían de las condiciones constitucionales; además, estaba comprometida -en el caso- la fe de la Nación, porque se había desarmado a los sediciosos bajo la promesa de hacerles justicia(4).

(4) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 5 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

- La postura del ministro del Interior, Saturnino Laspiur

Laspiur dedujo -del artículo 5to.- no el derecho de Intervenir, pero sí la amplitud de éste cuando la Intervención se produce; las garantías fijadas por dicha cláusula se hacen efectivas cada vez que el Gobierno Federal acude a las provincias por virtud del requerimiento, en cayo caso puede sustituir a sus Poderes Públicos.

Agregó que el régimen republicano estaba pervertido en Corrientes, “porque la guerra civil, que no es forma de Gobierno de ninguna clase, existía en aquel punto”, lo que obligaba la acción federal, en cumplimiento del propósito de consolidar la paz interna que estatuye el Preámbulo de la Constitución...(5).

(5) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 7 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Luego expresó que el federalismo argentino tendría terreno adecuado donde prosperar, si las provincias fuesen tan poderosas como los Estados de la Unión estadounidense en habitantes, riquezas, civilización y educación política, tipo al que sólo Buenos Aires se aproximaba. En tanto, mientras las autoridades menoscabaran la voluntad de los pueblos, el Gobierno Federal debía protegerlos toda vez que fuese solicitado.

El ministro Laspiur hizo la siguiente acusación:

"El Gobierno Elector (...) apareció en el horizonte (...) y el ministro Derqui (...) fue proclamado (...) candidato y, su colega, el ministro de Gobierno, ha visitado todos los Departamentos, poniéndose en contacto con todas las autoridades; dándoles la regla por la cual debían proceder para asegurar el triunfo, movilizando milicias en la provincia (...) y tomando medidas para impedir al pueblo que tranquilamente ejerciese el derecho del sufragio"(6).

(6) “Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Año 1878” (1878), tomo I, p. 150. Imprenta y Librería de Mayo, Buenos Aires. // Citado por Antonio Emilio Castello, “Corrientes,Tejedor y la Revolución de 1880” (2002). Moglia Ediciones, Corrientes.

Y, como prueba de lo anterior, Laspiur leyó una carta del senador nacional Miguel V. Gelabert, en la época de las elecciones generales de la Legislatura de Corrientes, al Jefe Político de Goya, Angel Soto, del 7 de Octubre de 1877, en la que decía:

"... muchos temen perder la elección de Electores y, antes de perder, más bien convendría hacerla fracasar; pero lo que más necesitamos es vencer allí, en el gentío (...) por más que chillen los opositores, nada podrán hacer"(7).

(7) “Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Año 1878” (1878), tomo I, pp. 151-152. Imprenta y Librería de Mayo, Buenos Aires. // Citado por Antonio Emilio Castello, “Corrientes,Tejedor y la Revolución de 1880” (2002). Moglia Ediciones, Corrientes.

“Todos los oradores que defendieron la posición de la minoría y del Poder Ejecutivo, dieron datos sobre la persecución oficial, y dijeron que, a más de ser una elección viciosa por la coacción oficial en el Colegio Electoral que eligió a Derqui, era nulo, ya que para tener el quorum necesario no sólo hizo uso del fraude, sino que hizo figurar entre los electores a funcionarios a sueldo del Poder Ejecutivo y a un menor de edad, en total violación de lo que estipulaba el artículo 55 de la Constitución Provincial.
“El diputado Quirno Costa (...) en la sesión del 5 de Junio, analizó uno por uno los Electores que designaron a Derqui, señalando sus ocupaciones. Figuraban Jueces de primera instancia, Pedáneos, de Paz, Receptores de Rentas, Diputados, Defensor de Menores.
“En la sesión siguiente, el ministro del Interior, en sostén de su afirmación sobre la minoría de edad de un Elector, presentó su Fe de Bautismo”(8).

(8) Marta Isabel Sánchez de Larramendy, “Un debate parlamentario: Intervención a la provincia de Corrientes”, separata de la Academia Nacional de la Historia, p. 463. // Citado por Antonio Emilio Castello, “Corrientes,Tejedor y la Revolución de 1880” (2002). Moglia Ediciones, Corrientes.

Como los informantes de la mayoría sostuvieron que existía incompatibilidad y no inhabilidad y, además, pusieron en duda la validez de la Fe de Bautismo con otra que la contradecía, el diputado Miguel Ruiz respondió:

"Pero sea incompatibilidad o inhabilidad, lo que se ha probado (...) es que la posición de esos Electores en el Colegio, era inconstitucional y, por consiguiente, nulo"(9).

(9) “Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Año 1878” (1878), tomo I, p. 230. Imprenta y Librería de Mayo, Buenos Aires. // Citado por Antonio Emilio Castello, “Corrientes, Tejedor y la Revolución de 1880” (2002). Moglia Ediciones, Corrientes.

El ministro Laspiur justificó la sedición liberal de Corrientes, al decir que cuando se suprime

"la voluntad popular, que es la fuente y origen de toda autoridad gubernativa (...) (se produce) (...) un mal gravísimo, porque coloca al Gobierno fuera de su base fundamental, fuera de su verdadera constitucionalidad, fuera de la forma republicana; y el derecho popular, desconocido, reprimido, violentado, se ve en la necesidad de hacer explosión"(10).

(10) “Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Año 1878” (1878), tomo I, pp. 149-150. Imprenta y Librería de Mayo, Buenos Aires. // Citado por Antonio Emilio Castello, “Corrientes,Tejedor y la Revolución de 1880” (2002). Moglia Ediciones, Corrientes.

Los liberales del Congreso se ufanaron por demostrar que la Intervención no favoreció a los insurgentes, sino que los había desarmado, presentando como prueba de esto la intimación que hizo el presidente de la República al coronel Raymundo Fernández Reguera para que depusiera las armas ante la Comisión Nacional (claro que esto fue al principio y no dijeron nada de cómo los favoreció el coronel José Inocencio Arias posteriormente).

Luego, sobre la base de los informes de los rebeldes y de la Nota del gobernador de Corrientes al Congreso pidiendo el levantamiento de la Intervención, pues esta favorecía a los primeros, sostuvieron que Corrientes no estaba pacificada, por lo que no era conveniente dar por finalizada la Intervención, pues se volvería a la guerra civil o tendrían que enviarse nuevas Intervenciones.

También, en defensa de esa postura, el ministro Laspiur presentó correspondencia del doctor Avellaneda al doctor Derqui, al goberndor de Entre Ríos (Ramón Febre), al doctor Victorino de la Plaza, a los sediciosos correntinos y al propio doctor Laspiur, quedando demostrado por ella lo siguiente:

1.- Que la insurgencia de Corrientes no fue sorpresiva y que se la vio venir, desde que se pusieron en acción las causas que debían producirla.

2.- Que la Intervención Nacional no fue a Corrientes a fomentar la sedición, sino a impedir, por el contrario, su triunfo, y que sus objetivos fueron:

* La Intervención fue a Corrientes a evitar nuevas escenas de sangre;
* que era humanaen su proceder;
* que buscó la pacificación de la provincia, estorbando persecuciones personales;
* que era patriótica.
* declarando que las insurgencias armadas no crean derechos, ni constituyen autoridades, ni fundamentan situaciones legítimas;
* que era conforme a nuestras Instituciones;
* que intentó impedir el mal ejemplo de una sedición armada victoriosa; y, finalmente,
* que tenía un significado altamente político.

Se quiso evitar que la provincia de Corrientes cayera en manos de la insurgencia armada, y fue puesta en manos de la Intervención Nacional que podría, en caso necesario, fundar legítimamente -esclareciendo una elección dudosa- una situación que fuera capaz de servir como base a la paz y el orden durante medio siglo.

Nunca tuvo la Intervención el propósito de sostener ciegamente el Gobierno del doctor Derqui, sin examen de los hechos y sin juicio.

3.- Estas cartas demostraban también que no hubo fluctuaciones ni retardos calculados en la acción del Ejecutivo (...).

La acción del Gobierno Nacional había sido, hasta aquí, protectora y conservadora, reprimiendo una sedición armada y pacificando una provincia. Se pensababa que sería igualmente protectora y conservadora, creando en Corrientes, bajo su amparo y el de los Poderes Provinciales -cuya legitimidad era incontrovertible- una situación clara, que excluyera, por muchos años, esas turbulencias que eran tan contrarias al crédito y al progreso de la Nación(11).

(11) “Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Año 1878” (1878), tomo I, p. 156. Imprenta y Librería de Mayo, Buenos Aires. // Citado por Antonio Emilio Castello, “Corrientes,Tejedor y la Revolución de 1880” (2002). Moglia Ediciones, Corrientes.

El Diputado, doctor José A. Terry, dijo que el Agente Interventor no era ciego ni autómata: su espíritu avizor y su albedrío lo autorizaban a transformar ipso facto una Intervención requerida en otra de oficio(13).

(13) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 11 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Montes de Oca abundó en conceptos análogos: “debe proceder el Gobierno según su criterio propio, consultando únicamente su ciencia y conciencia y no inspiraciones extrañas(14).

(14) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 12 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El doctor Hermógenes Ruiz, Diputado por San Juan, apeló directamente al artículo 5to.:

Esta palabra ‘garantía’ -expuso- supone personalidades entre las cuales deben existir derechos y obligaciones.
Supone un acreedor que, en el caso de la Constitución, es el pueblo; acreedor a la libertad electoral, acreedor al ejercicio, a la práctica de las Instituciones.
Supone un deudor principal y, ese deudor principal, son los Gobiernos, obligados a hacer efectivo el derecho electoral, el sistema representativo republicano, en favor del acreedor, que es el pueblo.
Y, sobre todo, supone un garante, obligado -como el deudor principal- para cuando éste no cumple la obligación: es el Gobierno Nacional, que garantiza al pueblo el ejercicio de sus instituciones(15).

(15) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 14 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El doctor Federico Espeche, miembro de la misma Cámara, consideraba indispensable juzgar con todo el rigor de las pruebas y defensas si Derqui era autoridad legítima; como el Congreso, por ser muy numeroso, resultaba inadecuado para constituirse en tribunal, propuso que se formara uno con el Presidente de la Corte Suprema, el ministro del Interior, el Vicepresidente del Senado y el Presidente y el Vicepresidente Primero de la Cámara.

El diputado José A. Ocantos citó, como autoridad, el dictamen que -en 1872- suscribió con Guillermo Rawson y otros -en asunto también relativo a Corrientes- y aseveró que en él se había establecido que las Intervenciones no están obligadas a retraerse cuando lo piden los autores del requerimiento(16).

(16) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 17 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El senador Luis Vélez predijo que llegaría la ocasión en que la primera parte del artículo 6to. se entendiese como la salvaguardia de la libertad de sufragio(17).

(17) “Senado”, sesión de Julio 10 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

- El proyecto de la mayoría

El proyecto de la mayoría fue sostenido por el miembro informante Luis Lagos García, y los diputados Delfín Gallo,Vicente G. Quesada, Carlos Pellegrini y Eduardo Wilde. Se rechazó el proyecto del Ejecutivo y propuso el siguiente en su lugar:

Art. 1.- Declárase terminada la Intervención Nacional en la provincia de Corrientes, decretada por el Poder Ejecutivo, con fecha 20 de Febrero del corriente año, a requisición de sus autoridades constituidas(18).

(18) “Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Año 1878” (1878), tomo I, p. 94. Imprenta y Librería de Mayo, Buenos Aires. // Citado por Antonio Emilio Castello, “Corrientes,Tejedor y la Revolución de 1880” (2002). Moglia Ediciones, Corrientes.

La minoría sostuvo que Derqui no era "autoridad constituida", pero la mayoría adujo que había sido reconocido por el P. E. Nacional al mandar la Intervención y en diferentes documentos oficiales, como el Mensaje al Congreso, en la apertura de las sesiones ordinarias; al felicitarlo por haberse hecho cargo del Gobierno, en un telegrama del 27 de Diciembre de 1877; en una Circular dirigida por el minsitro de Relaciones Exteriores al Cuerpo diplomático; como así también al remitir a dos de sus ministros en comisión mediadora ante el "gobernador de Corrientes"(19).

(19) Marta Isabel Sánchez de Larramendy, “Un debate parlamentario: Intervención a la provincia de Corrientes”, separata de la Academia Nacional de la Historia, p.463. // Citado por Antonio Emilio Castello, “Corrientes,Tejedor y la Revolución de 1880” (2002). Moglia Ediciones, Corrientes.

Los partidarios de que cesase la Intervención se movieron en un terreno más cómodo. Cuando el gobernador requiriente demanda el retiro de la ayuda -dijo Lagos García-, hay que acceder a la solicitud. Por otra parte, una elección juzgada y fallada por los Cuerpos Políticos de la provincia, escapa de la jurisdicción federal, aunque grupos de pueblo la protesten con las armas.

Esta posición era sustentada por el argumento de que la Intervención a Corrientes se había hecho por requerimiento de autoridad constituida, de acuerdo con el artículo 6to. de la Constiución Nacional y, habiendo esta autoridad solicitado el retiro de la Intervención y obtenido el reconocimiento del Gobierno Nacional, por la Intervención, ésta debía darse por terminada.

Lo anterior se argumentaba de la siguiente forma:

Es tan evidente que se Intervino a requisición (...) y la requisición, ¿de quién puede ser?
No hay requisición de quien no tiene facultades para requerir. Si hubo requisición fue por una autoridad constituida.
Luego, acceder a la requisición es reconocer la autoridad constituida(20).

(20) “Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Año 1878” (1878), tomo I, p. 240. Imprenta y Librería de Mayo, Buenos Aires. // Citado por Antonio Emilio Castello, “Corrientes,Tejedor y la Revolución de 1880” (2002). Moglia Ediciones, Corrientes.

Finalmente, si se hizo la Intervención por requisición de autoridad constituida, se consideraba inconstitucional el proyecto de ley del P. E., puesto que, en ese caso, el artículo 6to. de la Constitución Nacional era claro y señalaba que sólo debía sostener la Intervención a las autoridades que la requirieran o, restablecerlas en el caso de que hubieran sido derrocadas.

También se argumentó que la Constitución no autorizaba a deponer gobernadores o juzgarlos y las reformas de 1860 habían reducido las atribuciones del P. E. en esa materia, para tratar de evitar el uso del poder discrecional. Además, de acuerdo con la Constitución correntina, el único juez de la legalidad de la elección de su gobernador era el Colegio Electoral y si éste había aceptado a Derqui, no se lo podía cuestionar.

Por otra parte, la acusación de que las designaciones de Electores eran inconstitucionales, el mismo Colegio Electoral era el encargado de revisar la validez de eso y, si los aceptó, no se podía poner en duda la capacidad de esos Electores, máxime que la Legislatura, por consulta del gobernador, había declarado la validez de la resolución del Colegio.

Al respecto dijo Lagos García:

“Si basta, Señor Presidente, para que se altere el orden en una provincia, por medio de la sedición para que el Poder Nacional pueda juzgar de la legalidad de las autoridades constituidas de esa provincia, legalidad que está juzgada y fallada por los Cuerpos Políticos que tienen la facultad de hacerlo, los elementos anárquicos de todas las provincias han de encontrar un recurso en esta doctrina, para ir a la anarquía.
“Si los actos de las Legislaturas locales, de los Colegios Electorales de cada provincia, pueden ser traídos a juicio ante el Congreso y ante el Poder Ejecutivo, si los Poderes de la Nación pueden revisar esos actos, modificarlos y revocarlos, está completamente anulado el sistema federal”(21).

(21) “Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Año 1878” (1878), tomo I, p. 240. Imprenta y Librería de Mayo, Buenos Aires. // Citado por Antonio Emilio Castello, “Corrientes,Tejedor y la Revolución de 1880” (2002). Moglia Ediciones, Corrientes.

También se argumentó que hubo libertad previa al acto electoral, pues el Partido opositor y su prensa, pudieron actuar sin trabas. Además, las Mesas Receptoras de votos fueron mixtas en la mayoría de las Secciones y, en la Capital, el gobernador del Chaco presenció y vigiló los comicios, dándoles validez en consecuencia.

Delfín Gallo expresó que, reconocido Derqui por el Ejecutivo, no había por qué averiguar si en su elección hubo fraude; de cualquier modo esta materia incumbe a los jueces:

Lo sostengo con profunda convicción -añadió-; corresponde a los Poderes Judiciales de la Nación y de las provincias garantir los derechos sociales y políticos creados por las Instituciones federales y locales; y son, por consiguiente, los centinelas colocados para guardar la libertad electoral e impedir los abusos de los Gobiernos y de los partidos”.

Recordó que Rawson había enseñado cómo en el régimen federal existen dos Intervenciones: la política o momentánea y la judicial o permanente(22).

(22) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 7 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Posteriormente se trató de demostrar la buena voluntad del gobernador Manuel Derqui para encontrar una fórmula conciliatoria que acercara a ambos Partidos. Delfín Gallo manifestó que el gobernador correntino había ofrecido ministros mixtos; que había ofrecido repartir -entre ambos Partidos- todos los cargos de la Administarción; que se repartieran también los cargos de Diputados, nacioanles y provinciales, pero -según Gallo- la oposición

"quería algo más, que ningún hombre que estime su dignidad podía admitir: se quería que (...) principiara por reconocer que su elección no había sido legal"(23).

(23) “Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Año 1878” (1878), tomo I, p. 124. Imprenta y Librería de Mayo, Buenos Aires. // Citado por Antonio Emilio Castello, “Corrientes,Tejedor y la Revolución de 1880” (2002). Moglia Ediciones, Corrientes.

Vicente Gregorio Quesada manifestó que nunca habrían imaginado los constituyentes que pudiera surgir -de los textos que elaboraron- el derecho federal de rever las elecciones provinciales y mucho menos de inmiscuirse en ellas.

Cuando hay requerimiento, el Congreso y el Ejecutivo pueden aquilatar la legalidad de las autoridades antes de decidir la Intervención, jamás luego de concederla. La segunda cláusula del artículo 6to. aleja toda duda:

Después que ha Intervenido, su misión queda limitada a sostener o a reponer, porque de otra manera sería inútil que se hubiese puesto esta cláusula y se hubiese suprimido el Juicio Político de los Gobiernos de provincia por el Congreso”.

Preguntó:

¿Cuál es la prescripción constitucional que haya modificado la del artículo 105 de la Constitución y que haga necesario que bajo la tutela, bajo la dirección del Poder Ejecutivo Nacional, elijan sus gobernadores?

Nadie pediría socorro el día en que se sentase a algún requiriente en el banquillo de los acusados.

En cuanto al artículo 5to., declaró que sus garantías se ejecutan ante los Tribunales(24).

(24) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 10 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El diputado Carlos Pellegrini sustentó el principio de que, donde la Constitución dice “sostener y restablecer”, no se puede leer “deponer”; “todos los esfuerzos de la dialéctica no bastarán a destruirlo”.

Agregó que, aún derrocado Derqui, el Gobierno Federal carecería de potestad para introducirse en Corrientes, pues la Constitución de la provincia establecía que, a falta de gobernador, asumiese el cargo el Presidente de la Legislatura. Por otra parte, había que detenerse ante el fallo de los jueces únicos, ya pronunciado.

Si se permite que de una sentencia inapelable del Colegio Electoral de Corrientes se apele ante el Congreso porque esa sentencia no satisface, ¿ante quién se apelará de una sentencia del Congreso cuando ésta tampoco satisfaga?
Ante la revolución y la montonera: ésta es la lógica...”.

Pero lo notable fue la argumentación del doctor Carlos Pellegrini para justificar las influencias ejercidas sobre las masas:

“Esa masa de ciudadanos que, con su voto, contribuye a fundar los destinos de nuestro país, no pudiendo pedir consejo a la ciencia propia, que les falta, tiene forzosamente que pedirlo a la influencia extraña que la suple.
“Y aquí tenemos (...) la causa madre (...) de todas las influencias ilegítimas de nuestras elecciones.
“Todos los que hayan ejercido autoridad y, todo aquél que la ejerza, tiene influencia sobre esa masa (...); cuando aceptamos ciertas Instituciones, tenemos que aceptar sus consecuencias; hemos aceptado el voto universal (...) que (...) significa armar a la inmensa mayoría con el arma terrible del voto inconsciente”(25).

(25) “Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Año 1878” (1878), tomo I, p. 226. Imprenta y Librería de Mayo, Buenos Aires. // Citado por Antonio Emilio Castello, “Corrientes,Tejedor y la Revolución de 1880” (2002). Moglia Ediciones, Corrientes.

Otro argumento que esgrimió la mayoría era que, en los casos de los Electores denunciados, no existía inhabilidad política, sino incompatibilidad para ejercer el cargo, pero que esa incompatiblidad había desaparecido al renunciar a los cargos que anteriormente ocupaban.

Por otra parte, respecto a la minoría de edad de un Elector autonomista, se cuestionó la validez de la documentación presentada por el diputado Quirno Costa, presentando, a su vez, una Fe de Bautismo que la contradecía y que establecía la mayoría de edad del Elector cuestionado.

La manida cuestión de si el Comisionado debe ser ciego o vidente, mereció estas palabras del diputado Eduardo F. Wilde:

Nosotros no pedimos que vaya como autómata ni que deje de tener su propio criterio; pedimos que vaya en nombre de la ley, para hacer lo que la ley manda y nada más(26).

(26) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 14 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

A su vez, Eduardo Wilde se hizo eco del telegrama que había enviado uno de los mediadores, el ministro José María Gutiérrez que, para dar más fuerza al argumento, era mitrista:

He encontrado la mejor disposición (...) en el Dr. Derqui; he encontrado también facilidades para los arreglos (...) y hasta la Vicegobernación podría entregarse al Partido disidente (...), teniendo por base de este arreglo el reconocimiento del Dr. Derqui como gobernador (...).
Pero la noche en que debía firmarse el convenio, estalló la revolución...
La Conciliación no es una palabra, es un sentimiento y, los que tienen este sentimiento, son dignos de elogio(27).

(27) “Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Año 1878” (1878), tomo I, pp. 240-250. Imprenta y Librería de Mayo, Buenos Aires. // Citado por Antonio Emilio Castello, “Corrientes,Tejedor y la Revolución de 1880” (2002). Moglia Ediciones, Corrientes.

Luego, Gallo y Lagos García sostuvieron que la forma republicana de gobierno establecida por las Constituciones nacional y provincial, no estaba en peligro ni en disusión, lo que no justificaba un movimiento armado y que, como la Constitución prescribía que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, cualquier movimiento o reunión, por numerosa que fuera, debía ser sancionado por el delito de sedición.

Por su parte, Pellegrini sostuvo que ningún fraude eleccionario justifica los tremendos perjuicios acarreados por los sediciosos, para expresar finalmente que "no se fundan sociedades sobre las revueltas y sobre los pronunciamientos".

Pero como los ministros y diputados de la minoría sostuvieron que  había un derecho de sedición previo a toda Constitución, el diputado Lagos García replicó que esta teoría significaba incitar a la insurgencia y que ésta era

"un crimen que la ley condena; quedaría erigida en sistema de gobierno y los partidos políticos acaso encontrarían más fácil y expeditivo el recurso de la violencia y de las armas que los medios pacíficos y constitucionales con que en el orden regular de las sociedades deben luchar unos y otros"(28).

(28) “Argentina, Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Año 1878” (1878), tomo I, p. 100. Imprenta y Librería de Mayo, Buenos Aires. // Citado por Antonio Emilio Castello, “Corrientes,Tejedor y la Revolución de 1880” (2002). Moglia Ediciones, Corrientes.

En la sesión del 17 de Junio de 1878 se dio por finalizada la discusión de los proyectos y se los sometió a votación en general, consiguiendo el de la mayoría 39 votos contra 34 del de la minoría.

Votado en particular el artículo 1ro. -ya que el segundo era de forma- sólo obtuvo mayoría de 43 votos contra 30 la primera parte, que decía:

"Declárase terminada la Intervención Nacional en la provincia de Corrientes, decretada por el Poder Ejecutivo con fecha 20 de Febrero del corriente año".

Por 42 votos contra 31 fue rechazada la segunda parte, que decía: "a requisición de sus autoridades constituidas".

Con esto lograban ventaja los que no querían reconocer la legalidad del Gobierno del doctor Manuel Derqui.

- En el Senado de la Nación

 Por su parte, en su primera sesión del año 1878, el 9 de Mayo, el Senado de la Nación aprobó un proyecto de comunicación al P. E., al que solicitaba le fueran remitidos todos los antecedentes de la Intervención a la provincia de Corrientes.

En la sesión siguiente entró la respuesta del Ejecurtivo por la que se informaba que dichos antecedentes habían sido remitidos a Diputados, de acuerdo al artículo 44to. de la Constitución Nacional, que daba iniciativa a esa Cámara en lo relativo al reclutamiento y movilización de tropas.

Por fin, el problema de la Intervención a la provincia litoraleña fue debatido en las sesiones 18va. y 19na. de la Cámara Alta, llevadas a cabo los días 10 y 11 de Julio.

Tres proyectos salieron de la Comisión de Negocios Constitucionales y del Interior, siendo uno por la mayoría, otro por la minoría y un tercero en disidencia.

El primero fue defendido por los senadores Abel Bazán, Leónidas Echagüe, Juan Eusebio Torrent y Luis Vélez; el segundo por Aristóbulo del Valle, Domingo Fasutino Sarmiento y Benigno Vallejos; y el tercero por Rafael Igarzábal, que coincidía con la minoría en el retiro de la Intervención y con la mayoría en el desconocimiento de Derqui como gobernador. Este último proyecto no recibió el apoyo de ningún Senador.

Iniciaremos el relato por esta tercera propuesta, o sea, desistir de la Intervención y desconocer a Derqui, la que ya había sido apoyada por el Diputado, doctor Guillermo San Román y ahora lo será por el Senador, doctor Rafael Igarzábal. Expuso el primero que la Intervención debía concluir, visto que Corrientes carecía de autoridades legítimas; en 1853, las provincias se declararon mayores de edad, sintiéndose capaces de ser árbitros de su vida y, desde entonces, rechazaban toda tutela(29).

(29) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 17 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El segundo desarrolló temas originales, cuya paráfrasis conviene intentar. Opúsose a que la prestación o negación de la ayuda se decidiera siempre antes de Intervenir: esta palabra encierra cierta idea de “acudir” o “ir”; “y acudir o ir a donde se le llama, para ver lo que pasa y saber, en consecuencia, lo que se debe hacer, no es sostener, no es restablecer, como tampoco no es derrocar”.

En territorios extensos, los Poderes Federales ignoran, a veces, la marcha de los situados en puntos lejanos; e interesa entonces que respondan al llamamiento, aún con la reserva de retirarse si la Constitución de estos fuera irregular(30).

(30) “Senado”, sesión de Julio 10 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Estudió luego el artículo 5to., del que dijo que confirmaba la materia de los artículos 104, 105 y 106, esto es, la libertad de las provincias para manejar sus negocios internos:

La consecuencia de que una de las provincias tenga sus autoridades fuera de las condiciones del artículo 5to., o sus instituciones, o su pueblo, no es otra ni da lugar a otra cosa sino a que la Nación falte a las promesas hechas, es decir, a que ella no respete los actos de esas autoridades, los actos de ese pueblo; y así, una provincia que ha violado el artículo 5to., se expone sólo a que no sean aceptadas sus elecciones de Diputados o Senadores, a que no valgan las de Presidente y Vicepresidente de la República, a que no se dé fe a los actos públicos y procedimientos judiciales de sus autoridades y a que el Gobierno General no reconozca a su Gobernador como el agente natural que le da el artículo 110 de la Constitución”.

La reforma de 1860, borró del artículo 5to., la cláusula que autorizaba al Congreso a revisar las Constituciones Provinciales, conceptuándola atentatoria contra las autonomías; ¿y quién puede creer que haya suprimido el examen -con el peligro consiguiente de que subsistan preceptos repugnantes a las garantías que el artículo prescribe- y consentido en cambio el derecho de Intervenir para asegurarlas?

Excluida del Congreso la facultad de rever las Constituciones locales, mal puede alterarlas Interviniendo en las provincias. Así como está permitido a los jueces no aplicar las leyes del Congreso cuando afectan principios de la Constitución, pero sin derogarlas directamente, así también el Gobierno Federal puede desconocer los actos provinciales que contravengan las normas del artículo 5to., pero sin destruirlos por medio de una injerencia imperativa.

En cuanto a la garantía del goce y ejercicio de las instituciones, pensaba Igarzábal que ella no admite la acepción del derecho privado referente a los conceptos de deudor, acreedor y fiador, de los que se pretendía deducir una nueva causa de Intervención política. De ajustarse a esta pauta, “las Intervenciones serían a cientos por día”, correspondiendo hasta cuando alguna cárcel estuviese desaseada...

La Convención de 1860 modificó el artículo 6to. para restringir los avances federales. ¿Dejó acaso el 5to., a fin de que se realizasen con amplitud extraordinaria?
Finalmente, era menester considerar que las provincias conservan las atribuciones no delegadas a la Nación, lo que significa que las cláusulas constitucionales deben interpretarse con criterio restrictivo: si se emplea la palabra ‘intervenir’, únicamente en el artículo 6to., es porque éste sólo se refiere a la materia”.

Igarzábal estudió después la primera parte del artículo precitado. Surgía claro, a su juicio, el concepto de forma republicana:

El artículo 5to. dice que las provincias dictarán una Constitución con varias condiciones y, entre esas condiciones, una que prescribe que sea republicana. Esto quiere decir que, según el artículo 5to. de la misma Constitución, las demás condiciones que él enumera no son condiciones republicanas”.

¿Qué había de comprenderse por tal?

Entendiendo que la ciencia ha llegado a marcar el número de condiciones que deben tener todos los Gobiernos civilizados, contesto a la pregunta diciendo que forma republicana, según el artículo, es lo que de esas condiciones de todo Gobierno civilizado no están enumeradas en el artículo 5to.; es decir, algo que no es justicia, municipalidad o educación aseguradas, algo que no es ninguna de las declaraciones, derechos y garantías de la Constitución Nacional, ni que se desprenda de todo ello.
Y resultará que no es sino lo que falta de esas condiciones de Gobierno civilizado; es decir, institución de funcionarios con plazo y responsabilidad”.

Imposible confundir la garantía de la forma republicana con la del goce y ejercicio de las instituciones. Una Nación que disfrute de la plenitud institucional -con excelentes regímenes judiciales, municipales y escolares y con derechos civiles y políticos perfectamente asegurados a sus habitantes y poseyendo aún un sistema representativo- no será republicana si sus autoridades ejecutivas eluden las reglas de la periodicidad y responsabilidad, tal algunas monarquías europeas.

En cambio, una Nación puede tener subvertidas sus Instituciones -mala justicia y municipios y escuelas, derechos individuales conculcados, deficiente sistema representativo-y ser, sin embargo, republicana, por cumplir las normas de la renovación periódica de los gobernantes y por responder los mismos de su conducta ante el pueblo: se tratará de una República atrasada, pero no le podrá negar ese nombre...

En Corrientes existía una subversión institucional, según su juicio: de modo que procedía el desconocimiento del gobernador, pero sin Intervenir(31).

(31) “Senado”, sesión de Julio 11 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Cabe recoger conceptos de otra índole emitidos en los debates. El Diputado, doctor Julio P. Acuña, impaciente por las alusiones que oía acerca de la pureza del voto, declaró que habría que soportar a los gobernadores electores mientras el derecho electoral estuviese en manos de los gauchos ignorantes, “de los cuales cualquiera se atrae doscientos con darles un poco de carne con cuero o una empanada(32).

(32) “Cámara de Diputados”, sesión de Junio 11 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

- El proyecto de la mayoría senatorial

El proyecto de la mayoría no aceptaba el proyecto remitido en revisión por Diputadpos y proponía otro, muy similar al de la minoría de dicha Cámara, que decía:

“Art. 1.- Autorízase al Poder Ejecutivo para continuar la Intervención en la provincia de Corrientes, a objeto de restablecer el orden constitucional.
“Art. 2.- Queda igualmemnte autorizado para movilizar las milicias y verificar los Gastos que ella demande.
“Art. 3.- El Poder Ejecutivo dará cuenta al Congreso del uso que hiciere de esta autorización”.

Luis Vélez y Juan E. Torrent defendieron este proyecto, con similares argumentos a los de la minoría de la Comisión de Diputados. Sostenía que debía continuar la Intervención, porque la acción del P. E. aún no se había terminado y que debía investigar la verdadera situación y, además, porque Corrientes no estaba pacificada y, retirarla, podía significar la guerra civil.

También se sostuvo que la Intervención fue a Corrientes no sólo por haber sido solicitada, sino por derecho propio, al estar alterada la forma republicana de gobierno por causa del fraude y de la coacción oficial.

Y Vélez agregaba:

"Hoy tenemos gobernadores por herencia; el que baja designa al sucesor (...); el gobernador Madariaga ha impuesto al doctor Derqui por la fuerza..."(33).

(33) “Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores. Período1878”, pp. 160-161. // Citado por Antonio Emilio Castello, “Corrientes,Tejedor y la Revolución de 1880” (2002). Moglia Ediciones, Corrientes.

Torrent, a su vez, dijo que el Partido Liberal era mayoría en la provincia y que había procurado, por todos los medios, llegar a un arreglo amistoso, siendo el único obstáculo para ello, la imposición de Derqui como gobernador.

También dijo que los liberales fueron impulsados a la sedición por la presión oficial previa al comicio, por la formación ilegal del Colegio Electoral, por la expulsión de él de sus correligionarios y por la persecución que sufrieron sus dirigentes.

Que el fracaso de la mediación oficial de los ministros nacionales se debió a que habían continuado las persecuciones y que la base de todo arreglo había sido la permanencia de Derqui en el Gobierno, y que si éste continuó la lucha, debe haber sido por sugestiones y promesas externas que le alentaban a continuar.

Sostuvo que el levantamiento armado no sólo es un derecho, cuando no queda otro camino, sino que es un hecho que no se puede evitar.

- El proyecto de la minoría senatorial

El proyecto de la minoría aconsejaba la sanción del proyecto remitido en revisión por la Cámara de Diputados, es decir, que debía darse por terminada la Intervención a Corrientes.

Aristóbulo del Valle rechazó los precedentes estadounidenses y dio importancia a la jurisprudencia argentina. Sostuvo que la Intervención fue llevada de acuerdo con el artículo 6to. de la Constitución Nacional, en lo referente a requisición de autoridad constituida, a fin de reponerla o por estar amenazada de ser depuesta y que esto aparecía en todos los documentos oficiales del Poder Ejecutivo.

Más adelante agregaba que, sólo cuando uno de los Poderes reasumía en sí a los otros dos, se alteraba la forma republicana y, en ese caso, el Poder Federal podía recurrir por derecho propio, pero que esas circunstancias no se daban y que sólo aparecían las típicas protestas posteriores a cada acto electoral, donde las pasiones se exaltaban. Luego, Del Valle se hizo una serie de preguntas que resumían la realidad política del país:

¿Esto importa la violación del Gobierno republicano?
Pero si ésta fuera la violación del Gobierno republicano, ¿cuál sería el Gobierno que nos rige? ¿Cuál sería el Gobierno que rige toda la República? ¿Cuántos son los Gobiernos constituidos en el país, en el cual no hayan tenido alguna participación el poder que le ha precedido?
Pero, ¿no vemos, Señor Presidente, a todos los partidos disputándose los puestos de gobernadores, actualmente, porque se prepara la lucha presidencial y porque se sabe de antemano que esos gobernadores van a ejercer una influencia poderosa en aquella elección?
Y no es que yo justifique todos estos procedimientos; absolutamente no, pero tampoco me dejo seducir por palabras sonoras, ni llego a pensar que estos abusos, estas desviaciones de los Gobiernos libres, sean de tal magnitud que puedan afectar fundamentalmente la existencia misma del sistema de gobierno que nos rige, o cambiarla, dejando de ser forma republicana(34).

(34) “Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores. Período1878”, p. 166. // Citado por Antonio Emilio Castello, “Corrientes,Tejedor y la Revolución de 1880” (2002). Moglia Ediciones, Corrientes.

A su vez, el ex presidente Domingo Faustino Sarmiento agregó, a estos principios, el artículo 22do. de la Constitución Nacional, que dice:

“El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por la Constitución.
“Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione en nombre de éste, comete delito de sedición”.

De la mayor importancia será el discurso del ex presidente, quien había comenzado diciendo que:

Nosotros tenemos un Senado, Señor Presidente, pero yo no sé si están bien llenadas entre nosotros las condiciones de esta Institución.
Cuando vuelvo los ojos hacia mis compañeros, tengo el sentimiento de ver muy raras canas en el Senado: la juventud ha entrado en este Cuerpo.
Se llenan las formas pero, el objeto de la Institución, a mi juicio, queda burlado. Pueden ostentar mis concolegas -en su mayor parte- instrucción, talento y cuántas calidades se requieren para manejar los negocios públicos; pero nunca podrán suplir, no diré la falta de experiencia, sino aquéllas modificaciones del espíritu humano que vienen sólo con los años.
Y yo me pregunto, ¿dónde están los ancianos de la República Argentina? ¿No tenemos viejos que sobrevivan a nuestros pasados desastres, que ocupen el lugar que las leyes y la Constitución les habían designado aquí?

Ganada la emoción de los oyentes, el orador recordó que, si al Senado se le asigna nueve años de término por individuo, es precisamente para que pueda enlazar cada hecho nuevo a la historia, y no tomarlo aisladamente sin reparar que remata una serie de acontecimientos que lo produjeron y prepararon.

Manifestó que deseaba calificar sus años y su experiencia, y creía propicio el momento porque acababa de celebrarse el 9 de Julio y podía referir sobre esa fecha algo que todos ignoraban.

Relató que, en 1829, días antes de la batalla de La Tablada -“que es el comienzo de la guerra de treinta años que terminó por la Constitución de la República Argentina y en virtud de la cual estamos sentados aquí”-, asistió al combate de Niviquil, dado contra el fraile (José Félix Esquivel y) Aldao.

Un sujeto que huía en su compañía, pronunciada la derrota, se le apartó en cierto lugar, no obstante sus advertencias:

Nos separamos, y a él lo mataron a media cuadra de distancia; yo vi cuándo lo tomaron.
Era, Señor, el Presidente del Congreso que declaró la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el doctor don Narciso Laprida; y pediría a mis compañeros nos pusiéramos de pie un momento en homenaje a su memoria”.

Estas palabras produjeron su efecto; “el Presidente del Senado -se lee en el Diario de Sesiones-, los Senadores todos y la numerosa concurrencia que llenaba la barra, pusiéronse de pie en medio del más religioso silencio”.

Remembranzas de tal linaje, obligaban a Sarmiento a disentir de los colegas que consideraban el de Corrientes como un caso aislado:

Yo juzgo, Señor Presidente -agregó- con el carácter de Senador, con el carácter de viejo: ligo este hecho con los hechos pasados y veo si tiene algún significado en que se puede encontrar la verdad”.

La historia de las convulsiones correntinas -desde 1852- era la de la lucha entre seis o siete Comandantes de campaña; siempre los mismos. A estos personajes los había descrito en el “Facundo” hacía treinta y cinco años:

El Gobierno de las ciudades es el que da el título de Comandante de campaña; pero como la ciudad es débil en el campo, sin influencia y sin adictos, el Gobierno echa mano de los hombres que más temor le inspiran, para encomendarles ese empleo, a fin de tenerlos en su obediencia, manera muy conocida de proceder de todos los Gobiernos débiles”.

No había que forjarse ilusiones: nadie desconocía las campañas, compuestas de pobres gauchos obedientes a la voz del caudillo. Las milicias siguen a sus comandantes y “van a enarbolar las tacuaras de que se ha hablado y que es un hecho real y positivo y no un hecho trivial y vulgar: las provincias que están situadas en los climas ecuatoriales tienen arsenales de armas, porque basta poner un cuchillo en la punta de una caña para tener ‘lanza’”.

Faltaba puntualizar otro fenómeno:

Es tradición inmemorial en Corrientes una revolución tras de cada elección, y eso depende de nuestras costumbres.
No es el guaraní, que se habla allí con frecuencia, el idioma más adecuado para nuestra Constitución; y no hay que decir que haya mucho de nuevo en esto, cuando el castellano en la provincia de Buenos Aires -la más adelantada de todas, la plata labrada que tenemos en materia de elecciones- sirve para lo que todos saben...
Yo daría una explicación: que somos argentinos, y nada más. Pueblos novicios, que se están educando lentamente, que tienen malos antecedentes de raza; porque el pueblo español, en Europa, se encuentra en peores condiciones electorales, si es posible.
¿Y qué pueden haber agregado los indios fundidos en nuestra raza, para mejorar la capacidad electiva, la facultad de crear Gobiernos electorales?
Hago todas estas observaciones para los teóricos en esta cuestión, para que vean que estamos en un mundo muy sublunar, en que las cosas marchan de otra manera que lo deseáramos los que hemos trabajado por mejorar estas condiciones y que, a pesar de todo, van mejorándose”.

Dicho lo anterior, sólo se necesitaba situar en el cuadro al gobernador de Corrientes:

El doctor Derqui es hijo de un presidente y, tanto en los países monárquicos como en los republicanos, eso es lo que llamaríamos caudal político, medio de principiar la vida”; era un joven educado, ministro provincial en dos ocasiones, plenipotenciario en una misión que desempeñó correctamente, suma de circunstancias que califican al hombre a quien los romanos llamaban consular.

Ninguna duda cabía de que a los Comandantes de campaña les disgustaba ese mocito de modales elegantes, que acaso tratara de sacar a la provincia de un círculo vicioso. Las conclusiones se desprendían netas:
El Senado debe tener presente, al resolver esta cuestión, que es legal un Gobierno como el de Corrientes -que ningún derecho aja, que fue electo con regularidad- porque recayó en persona idónea(35).

(35) “Senado”, sesión de Julio 11 de 1878. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo II, capítulo XIII: “La Conciliación”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El sanjuanino afirmó que los insurgentes liberales eran culpables del delito de sedición y que, en consecuencia, estaban fuera de la "familia del Estado", agregando después duros, pero muy ciertos conceptos:

Procuraré demostrar que los hechos ocurridos en Corrientes son el fruto de la falta de cultura del pueblo, que aún está aprendiendo a gobernarse y que sufre la infuencia de los ‘comandantes de campaña’, que son, en realidad, los que deciden la elección.
Yo admito (...) la posibilidad de desórdenes, de faltas graves de parte de un partido, con tal que se concedan que de parte del otro sucede lo mismo(36).

(36) “Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores. Período1878”, p. 209. // Citado por Antonio Emilio Castello, “Corrientes,Tejedor y la Revolución de 1880” (2002). Moglia Ediciones, Corrientes.

Después presentó un cuadro demostrativo de la influencia de una serie de personajes civiles y comandantes de campaña que se repetían a lo largo de los años desde 1852 en la elevación de gobernadores y en sediciones victoriosas o fracasadas para derrocarlos a unos o a otros.

Finalmente hizo referencia al convenio de ocho artículos que existío entre los dos partidos, por el que se estipulaba cómo se desarrollarían los comicios, pero que no fue respetado por los opositores luego del ajustado triunfo de los oficialistas.

El senador Torrent contestó, y expresó que el senador sanjuanino Sarmiento no presentó

 

argumentos contra la causa de Corrientes, sino como la Cámara lo había oído y, yo, quizás con más pesar, con una lluvia de desprecios sobre la provincia que represento.
El Señor Senador acusaba al pueblo porque se llamaba a sí mismo ‘Partido Popular’; procesaba a Corrientes porque autorizados hijos suyos, llamaban al pleiteado Gobierno de Derqui, ‘gobierno de hecho’ y, él, no ha vacilado en llamar a la provincia de Corrientes con todos los epítetos y calificativos más injuriosos que pudieron ocurrírsele(37).

(37) “Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores. Período1878”, p. 238. // Citado por Antonio Emilio Castello, “Corrientes,Tejedor y la Revolución de 1880” (2002). Moglia Ediciones, Corrientes.

"Lo que dijo Sarmiento pudo no haber gustado a muchos, porque eran verdades, y las verdades duelen", dijo el profesor Antonio Emilio Castello al relatar estos hechos.

Realizada la votación, se impuso el proyecto de la minoría por 16 votos a 6, estipulando la aceptación del proyecto sancionado por la Cámara de Diputados y convirtiendo en ley el levantamiento de la Intervención Federal a Corrientes.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que ordenaba el retiro de la Intervención por treinta y nueve votos contra treinta y cuatro; y, el Senado, por dieciseis contra seis. El Ejecutivo promulgó la ley el 15 de Julio. La ley Nro. 917 es la que sigue:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etcétera, sancionan con fuerza de

Ley:

Art. 1.- Declárase terminada la Intervención Nacional en la provincia de Corrientes, decretada por el Poder Ejecutivo con fecha 20 de Febrero del corriente año.
Art. 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a once de Julio de mil ochocientos setenta y ocho.

                            MARIANO ACOSTA                               FELIX FRIAS
                               Carlos M. Saravia                                J. Alejo Ledesma
                           Secretario del Senado                 Secretario de la Cámara de Diputados

Departamento del Interior

Buenos Aires, Julio 15 de 1878

Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

AVELLANEDA
Saturnino María Laspiur

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