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Administración del gobernador Felipe J. Cabral

El gobernador provisorio de facto de Gregorio María Pampìn convocó a elecciones para integrar el Cuerpo Legislativo, cuyos Diputados titulares intervinieron con los electos en la aprobación de los diplomas, según lo establecía la Constitución y, el mismo día que la Legislatura se instaló, aquél entregó el mando al presidente de ella, Nicolás Ferré(1).

(1) Agosto 27 de 1878. Ferré confirmó en sus cargos de ministros a los doctores Manuel F. Mantilla y Miguel G. Morel. // Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Crónica Histórica de la provincia de Corrientes” (1928), tomo II, capítulo XXVI: “Período Constitucional. 1870-1880”, parágrafo 263. Notas biográficas por Angel Acuña, Buenos Aires. Ed. Juan Ramón y Rafael Mantilla.

Desde ese momento funcionaron regularmente dos de los altos Poderes del Estado, los cuales reorganizaron la Magistratura respetando el personal existente. El Gobierno de la Nación reconoció la legalidad de la nueva Administración.

La provincia eligió entonces Electores de Gobernador, y ellos nombraron, el 14 de Octubre gobernador al doctor Felipe J. Cabral; vicegobernador, al doctor Juan Esteban Martínez. Los hechos recibieron así la confirmación del Derecho escrito. El doctor Cabral(2) ejerció el poder sin oposición a la vista, por la emigración de los dirigentes autonomistas y el cierre del periódico "La Verdad", que era su órgano de expresón. Cabral es el 26to. Gobernador constitucional propietario de la provincia y su Administarción debía extenderse hasta el 25 de Diciembre de 1880, completando el trienio iniciado por el doctor Manuel Derqui en 1877.

(2) Designó ministros al doctor Manuel Florencio Mantilla, Gobierno; y al agrimensor Valentín Virasoro, Hacienda e Instrucción Pública; Noviembre 11 de 1878. // Citado por Manuel Florencio Mantilla. “Crónica Histórica de la provincia de Corrientes” (1928), tomo II, capítulo XXVI: “Período Constitucional. 1870-1880”, parágrafo 263. Notas biográficas por Angel Acuña, Buenos Aires. Ed. Juan Ramón y Rafael Mantilla.

- Política militar agresiva

Una de las cosas más llamativas de este período fueron las reformas llevadas a cabo -con toda seguridad, para seguir manteniendo el control en toda la provincia- en las fuerzas militares y en las de seguridad.

Fueron aumentados los efectivos de los batallones de la Guardia Provincial "3 de Febrero", denominación ésta en homenaje al día en que comenzó la sedición armada liberal, y de la policía "Coronel Arias", nombre adoptado en homenaje al interventor interino que allanó el camino para el triunfo liberal.

También se agregó un escuadrón de artillería perfectamente pertrechado. El Gobierno surgido de la insurgencia parecía querer consolidarse por medio de sus fuerzas armadas.

Se impuso una esticta vigilancia militar en la frontera con Entre Ríos, por hallarse en esa provincia la mayoría de los emigrados autonomistas y temerse una invasión sorpresiva. El vasto y bien preparado aparato militar fue organizado personalmente por el coronel Plácido Martìnez.

Otra de las razones que llevó a este refuerzo militar pone de manifiesto el espíritu federal que caracterizó siempre a Corrientes y surge de la Memoria ministerial de 1878, que expresaba:

"Las soberanías provinciales deben estar a cubierto de la absorción nacional, fácil entre nosotros por ciertas prácticas unitarias sostenidas por principios unitarios que deberán borrase del código político de la República".

- Situación económica al finalizar el año 1879

La obra de su Administración fue dificil por las dificultades financieras y los males engendrados por las frecuentes anormalidades de una década fecunda en trastornos.

El sistema rentístico sufrió modificaciones, fundadas en el principio económico de que los impuestos -y no recursos eventuales- deben costear los Gastos Ordinarios del Estado. Aumentadas con los años las necesidades públicas, crecieron también las erogaciones indispensables, más no las Rentas normales, y era uso establecido echar mano a la venta de tierras fiscales, al canon y arrendamiento de las mismas, a la subvención nacional, al crédito, para equilibrar los Presupuestos, cerrados empero con déficits que, año tras año, pesaban sobre el Tesoro y se convertían en “bonos” de amortización e intereses perjudiciales.

Podía sostener holgadamente la provincia un régimen de impuestos correlativos a los Gastos Públicos, reservándose los recursos de otro origen para aplicaciones de progreso.

El conjunto calculado a la Renta particular de los valores imponibles era de cuatro millones de pesos fuertes, en una población de 172.753 habitantes próximamente, cada uno de los cuales representaba un promedio anual de tres pesos de Gastos del Estado y una producción de impuestos que no alcanzaba a dos pesos.

Las emisiones de “bonos” de Deuda Pública era la única forma de crédito usada por el Estado: dañosa, sin medida, al capricho de sanciones legislativas disconformes. Habían ellas completado veinticinco series y, no obstante que las amortizaciones eran rápidas y onerosas al Tesoro, los títulos no llegaron jamás a buenas cotizaciones ni se abrieron mercados, porque tenían el defecto de ser especiales, para la compra de tierras fiscales únicamente.

Abandonóse dicho procedimiento y se fundó una Junta de Crédito Público para administrar los títulos de Rentas que emitiese el Estado en las condiciones de un sistema regular de crédito, habiéndose autorizado -por vía de ensayo- la emisión de “fondos públicos” destinados a la construcción de una Cárcel Penitenciaria y al pago de deudas reconocidas.

Con fines de legislación y fomento industrial, se levantó el Censo Estadístico del territorio, comprendido entre los ríos Uruguay, Miriñay, Laguna Iberá hasta la Tranquera de San Miguel, y los ríos Paraná e Iguazú(3).

(3) La codicia disputaba esa región a la provincia, dueña de ella por título histórico, por dominio pleno, ejercido sin contradicción desde 1844, y por haberla repoblado después que la guerra provocada por las invasiones brasileñas y la defensa del territorio por los pobladores originarios, la dejaron desierta y talada.

En 1879, la población llegaba -por la costa del Paraná- hasta Pira’i y por la del Uruguay hasta Paggi, bajo el dominio de autoridades correntinas. El Censo reveló la existencia de 32.472 habitantes. Dicha cifra representaba un aumento de 120 por ciento en relación al Censo Nacional de 1869, y de 632 por ciento desde el año 1854.

En la totalidad de la población argentina, 99 por ciento aproximadamente era correntina y un poco más de uno por ciento de las demás provincias. Entre Iberá, Miriñay y los arroyos Javeviri y Mbororé, la densidad de la población era de 32 habitantes por cada dos hectáreas, inferior únicamente entonces a la de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán.

En lo demás, Corrientes, en todo el territorio, era mayor que la densidad medida de la población de la República y, más también, que la de Jujuy, Catamarca, La Rioja, Mendoza y San Luis.

La industria pastoril poseía 972.023 hectáreas de propiedad particular, con 520.000 cabezas de ganado vacuno, 118.000 de yeguarizo y caballar, 3.800 mulas, representando $ 250.000 las casas y establecimientos rurales.

Las casas urbanas equivalían a $ 800.000; la agricultura ocupaba 3.157 cuadras cuadradas, que producían anualmente $ 681.318; la industria yerbatera elaboraba 163.000 arrobas por año; el comercio sostenía 294 casas de negocios.

En cinco Departamentos y dos Secciones estaba organizado el territorio misionero: los pueblos Santa Ana y Concepción eran de reciente fundación (Octubre de 1878); produjo aquel año $ 61.500 de Renta e insumió $ 85.298 en Gastos generales y locales.

El Gobierno correntino aumentó la Policía y los caminos de la región yerbatera, estableció en ella nuevas autoridades y oficinas, reformó el Reglamento de los yerbales, subvencionó líneas de mensajerías entre las costas del Alto Uruguay y Paraná, mejoró la ayuda prestada a la navegación del Alto Paraná, contrató la construcción de un tranvía entre Ituzaingó y Solís Kue, para combinar las líneas fluviales obstaculizadas por el Salto de Apipé.

Una ley especial dividió las tierras fiscales de la zona empadronada en Secciones para pueblos, agricultura, explotación de maderas, de yerba mate, poniéndoles en venta o arriendo a precios cómodos, bajo un plan de población fiscalizado por dos miembros del Departamento Topográfico, establecidos en Santa Ana y San Javier.

La propiedad rural estaba expuesta a cambios de ubicación, por la movilidad del meridiano magnético al que habían sido relacionadas siempre las operaciones de mensura, inconveniente grave que fue suprimido por la innovación de las relaciones con el meridiano verdadero.

Este proceso de poblamiento del territorio misionero ya se había acelerado durante la Administración de José Luis Madariaga. Desde los tiempo del gobernador Santiago Baibiene se hablaba en Buenos Aires del nuevo destino que se quería dar al terriotorio misionero, escindiéndolo de Corrientes. Por supuesto, la élite política provincial temía este cecenamiento. Sólo faltaba la chispa que avale la medida y esta vendrá con los acuerdos fronterizos firmados con el Brasil tras la guerra de la Triple Alianza.

De ahí la ceguera de librar una guerra civil en lucha por el poder, dejando de lado intereses primaarios de la provincia.

- Finanzas y Educación

Se proyectó fundar un Banco mixto, por acciones, con un capital de 500.000 pesos. La Educación Pública recibió fecundas reformas.

Puesta en vigencia la ley del 31 de Diciembre de 1875, concentróse la administración y la dirección de la enseñanza en manos de un Consejo Superior; se hizo efectiva la instrucción obligatoria, el plan de estudios y el Reglamento de las escuelas implantaron las reglas y los principios adoptados en pueblos adelantados; la Inspección escolar fue, por primera vez, metódica, eficaz y constante; funcionaron 197 escuelas oficiales y particulares, más dos Graduadas, establecidas en la Capital y Goya, éstas y aquéllas provistas de mobiliario, aparatos escolares, libros y útiles adquiridos por conducto de la Comisión Nacional de Educación; construyóse el edificio de la Escuela Normal de Maestras de la Capital; establecióse el concurso para conceder cincuenta becas de maestros y maestras normales; catorce bibliotecas populares recibían subvenciones del Estado. El Presupuesto de Instrucción Pública era de $ 128.508.

Un pequeño Código Administrativo regularizó las atribuciones, deberes y responsabilidades de las autoridades de campaña dependientes del Poder Ejecutivo, las cuales procedían sin sujeción a ley especial o reglamento, organizando, a la vez, el servicio, las atribuciones y las responsabilidades de la Policía urbana y rural, que también carecía de reglas fijas, menos en la Capital.

Para cortar el abuso inveterado de convertir los puestos políticos de campaña en algo como patrimonio de ciertos ciudadanos, se limitó a un año la duración de las funciones de un Jefe Político o Juez de Paz y, contra la vacancia y la cuatrería, vicios igualmente arraigados, se estableció la Justicia popular, administrada por jurados que las Municipalidades y Comisiones Departamentales constituían por sorteos.

En la Administración de Justicia se estableció la organización modificada bajo el Gobierno de Madariaga; creóse el puesto de Procurador General; adoptóse el Código Penal de la provincia de Buenos Aires; y se dio principio a los trabajos para construir una Cárcel Penitenciaria.

El Gobierno cambió el régimen de contratar las obras públicas, haciendo obligatoria la licitación previa, y estableció la fianza para todo empleado de Rentas, Jefe de repartición. El Departamento Topográfico ejecutó trabajos de desagüe y saneamiento en Lomas y en el pueblo de Bella Vista.

Adquirió el Estado varios edificios para escuelas, reparó templos y mejoró la Casa de Gobierno, el Cabildo, los Cuarteles de la Capital, algunos de campaña, la mayor parte de las Jefaturas y Juzgados de Paz. Empresas de gas de leña, de fabricación de cerveza y de azúcar, recibieron de la Legislatura concesiones de estímulo, habiendo prosperado tan sólo la última, fundadora del ingenio que se situó en el Departamento San Cosme.

En cumplimiento de una ley del 2 de Septiembre de 1875, el Gobierno decretó la elección de Convencionales para reformar la Constitución, y el Cuerpo Constituyente se instaló en Febrero de 1879. Fueron Convencionales:

                            Por la Capital                                  doctor Carlos Luna
                            Por la Capital                    doctor Juan Eusebio Torrent
                            Por Lomas                                       doctor Emilio Díaz
                            Por Itatí                                                 Federico Gauna
                            Por Saladas               doctor Manuel Florencio Mantilla
                            Por San Luis                  doctor José Miguel Guastavino
                            Por Mercedes                                doctor Avelino Verón
                            Por Bella Vista                         doctor Pedro T. Sánchez
                            Por Santo Tomé                             Roberto Billinghurst
                            Por Caá Catí                        doctor Juan Manuel Rivera
                            Por Caá Catí                                 Eudoro Díaz de Vivar
                            Por San Cosme                          doctor Juan Valenzuela
                            Por Monte Caseros   doctor Manuel Florencio Mantilla
                            Por Curuzú Cuatiá               doctor Agustín Pedro Justo
                            Por Lavalle                               doctor José Luis Cabral
                            Por Candelaria                               Roberto Billinghurst
                            Por San Miguel                         doctor José R. Amarilla
                            Por Empedrado                         Gregorio María Pampín
                            Por Mburucuyá                        doctor Lisandro Segovia
                            Por Concepción                agrimensor Valentín Virasoro
                            Por San Roque                     doctor Pedro R. Fernández
                            Por Goya                                            Santiago Baibiene
                            Por Goya                          doctor Juan Esteban Martínez
                            Por Esquina                 doctor José Benjamín de la Vega
                            Por Paso de los Libres               doctor Angel M. Esquer
                            Por La Cruz                               doctor Miguel G. Morel

Estudios aproximados a la verdad de una estadística regular, bien fundados, daban a la provincia de Corrientes, a fines de 1879, la población y la situación económica que resulta de las cifras siguientes: Habitantes: 172.753; propiedad rural particular: 2.300 leguas cuadradas; propietarios rurales, dueños de ganado, 15.000; campos fiscales hasta una línea imaginaria entre Posadas y Concepción: 600 leguas cuadradas; desde allí hasta las fronteras del Pepiri y San Antonio Guasu: 1.500 leguas; ganado vacuno: 2.760.000; ganado yeguarizo y caballar: 447.000; ganado lanar: 696.000; consumo y exportación anual de hacienda vacuna: 600.000 a 700.000; zona inutilizada por la Laguna Iberá, los esteros y anegadizos: 500 leguas cuadradas; Deuda Pública: $ 269.450; pagarés hipotecados, en la cartera fiscal: $ 700.000; Rentas de impuestos, Renta proveniente de contratos: $ 190.000.

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